El Estado venezolano abandonó a las cárceles y la corrupción prostituyó el sistema
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La pregunta no es si el Gobierno Nacional puede o no hacer uso de la fuerza del Estado para desarmar y poner orden dentro de un establecimiento penitenciario. Por supuesto puede y debe hacerlo, siempre que garantice y se esfuerce en respetar los derechos humanos de quienes allí cumplen condena o están siendo procesados. La pregunta debe ser: ¿por qué se permitió que la situación puertas adentro de las cárceles llegara al extremo de hacerlas incontrolables, de tener presos armados hasta los dientes y de permitir que algunos se hayan convertido en los reales directores de los retenes?
Años de abandono y corrupción crearon una situación insostenible que terminó produciendo a lo interno un enfrentamiento entre "pranes", con varios muertos por armas de fuego. Esto derivó en lo que vemos: el Gobierno tomó acciones contundentes para retomar el control que perdió hace mucho tiempo o nunca tuvo.
Es el Gobierno Nacional -y ningún otro ente- el único responsable de que la situación haya llegado al límite. El Gobierno ha mantenido bajo su control todos los centros penitenciarios del país, en contra de la Constitución Nacional que ordena transferirlos a las gobernaciones. Consideró el constituyente que, en un Estado federal descentralizado, las cárceles debían responder a ese mismo esquema y ser gestionadas por cada gobernador, para que así éste ejerciera un control más directo sobre cada centro de reclusión. El Gobierno Nacional, que sistemáticamente desacata todos los mandatos descentralizadores que marca la Constitución, imponiendo una política centralista, tratando de fabricar un Estado unitario, restándoles competencias y recursos a gobernaciones y alcaldías para absorberlas él, en esta materia también ha sido centralista. Y, otra vez, fracasó.
Las cárceles venezolanas se encuentran hoy en la misma situación en que se encontraban El Rodeo I y II antes de la intervención del Gobierno con la Fuerza Armada. Unos individuos denominados pranes, que cumplen condena por diversos delitos, se convirtieron en reyezuelos a lo interno de esos muros y lo controlan todo. Tienen poder absoluto hasta para decidir quién vive y quién fallece, imponiendo la pena de muerte a quien no pague o no obedezca sus órdenes. Están fuertemente armados y poseen su escuadrón de la muerte para ejecutar sus mandatos. Obtienen ingresos de varias fuentes. Le cobran a cada preso por permitirles vivir. Los familiares lo saben y son quienes deben llevar ese dinero para pagar este peaje. Controlan el tráfico de drogas dentro de los penales. Para ello cuentan con una red interna de cómplices corruptos entre quienes los custodian externa e internamente, para permitir su ingreso, almacenamiento y venta.
Otra fuente de ingresos consiste en realizar llamadas telefónicas al azar a ciudadanos libres a quienes amenazan con secuestrarlos a él o a sus familiares si no se les paga una suma. Muchos han caído en este montaje. Ante el miedo que producen las llamadas, terminan pagando. Cuando el ciudadano se niega a pagar, normalmente porque no tiene los recursos que el preso exige, terminan exigiéndole una cantidad de claves de tarjetas telefónicas para recargar sus teléfonos móviles y poder seguir tratando de extorsionar a otros. Nadie se explica cómo estos delincuentes poseen a placer celulares dentro de los penales y pueden estar todo el día haciendo llamadas para chantajear a ciudadanos.
Algunos pranes están ligados o aún pertenecen a bandas delictivas que están en libertad cometiendo delitos, ya sea de tráfico de drogas, de secuestros, de robo y hurto de vehículos o de traficantes de armas ilegales. Con la absoluta libertad de acción interna que poseen y la confianza de poder comunicarse a cualquier hora con sus "socios" externos por medio de sus celulares, desde las cárceles dirigen bandas de delincuentes. De esos hechos también reciben su cuota parte.
El Estado venezolano abandonó a las cárceles y la corrupción prostituyó el sistema. Antes era muy deficiente, pero ahora sin duda está mucho peor. No es creando un nuevo ministerio para las penitenciarías como va a cambiar la situación. El constituyente tenía razón: las cárceles deben ser descentralizadas y entregadas a los gobernadores para que cada uno controle directamente a cada establecimiento. Mientras las tenga éste o cualquier otro gobierno central, el problema persistirá pues un gobierno no puede abarcarlo y controlarlo todo, desde la producción de alimentos, la construcción de casas, la generación eléctrica, el mantenimiento de vías y puentes hasta el control de cada cárcel, por sólo nombrar algunas de las cosas que pretende hacer solo el Gobierno Nacional.
gblyde@gmail.com
La ostentosa prepotencia, con la que los funcionarios del Gobierno Nacional nos tiene acostumbrados a responder cuando deben dar explicaciones sobre responsabilidades directamente atribuibles a ellos, solo se compara con las grotescas respuestas llenas de una total falta de respeto, y manifiesto desprecio hacia todos y cada uno de los compatriotas que tratamos de sobrevivir en este país asolado por una especie de plaga, dispuesta a terminar de una vez por todas con nuestra cultura, creencias y manera de ser, por medio de la desesperanza y la siembra del odio y la lucha de clases.
Hemos insistido en recordar, que este régimen tiene más de doce años mandando, ha recibido millones y millones de dólares por impuestos, regalías y petróleo, ha ejercido el poder total y absolutamente como le ha venido en gana, arrollando y pasándole por encima a la Constitución sin ningún tipo de escrúpulos y sobre todo ha utilizado toda su fuerza para amedrentar, encarcelar, perseguir y anular totalmente a quienes se interpongan en sus planes, en definitiva ha actuado a sus anchas, con real y sin obstáculos, esa es la verdad.
Por eso, cuando hoy explota el drama de nuestras cárceles, nos embarga la impotencia y la rabia de ver, como cada día esta gran nación se desangra ante la incapacidad de una burocracia corrupta y mentirosa, lo que actualmente sucede en los centros penitenciarios ha sido mil veces advertido por serias organizaciones civiles dedicadas a trabajar y ofrecer alternativas y posibles soluciones a la compleja maraña, de un sistema judicial completamente desquiciado, que hace muchísimo tiempo debió ser cambiado de raíz, nada de los hechos de los últimos días es fruto de la casualidad, oídos sordos, insensibles ojos y manifiesta deshumanización de quienes deben tomar las decisiones adecuadas, nos han llevado a este oscuro callejón que parece no tener una salida firme y clarificadora.
Armas de guerra como si de un gran MERCAL de municiones se tratara, cárceles que amontonan, cual despojos humanos, a 40 mil reos cuando fueron inicialmente construidas para solo 10 mil, PRANES que deciden quien vive o quien muere, que ordenan y tienen muchísimo más poder que cualquiera de estos funcionarios del régimen, no llegaron por obra del espíritu santo, mucho menos se instalaron en los últimos treinta días, no la cosa es más seria, forman parte de toda esta descomposición en la que se ha convertido una justicia por negocio, donde de ultimo esta la condición básica del ser y fueron literalmente despellejados, cualquier noción de ciudadanía que podía existir anteriormente.
Ojala por un momento este gobierno, en todas sus instancias, reflexionara por primera vez e intentara tratar de buscar soluciones consensuadas y adecuadas a esta nueva crisis que golpea frontalmente, como siempre, a los más desvalidos y no se dedique a despotricar a quienes han denunciado el conflicto, a inventar cuanta locura se les ocurra para justificar lo injustificable, en vez de sentarse con los grupos religiosos y ONG que tienen años haciendo un trabajo diario, en silencio y con una gran entrega, sin ningún tipo de especulación a favor de los derechos de la gente.
Una tierra arrasada no nos sirve, un país ingobernable tampoco, así solo gana el mezquino y perdemos todos los demás.
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