Hugo Chávez tiene madera de traidor. Así lo afirmé en mi anterior artículo al reseñar como, sin importarle sus compromisos ideológicos, había entregado al gobierno de Colombia dos importantes jefes guerrilleros. Ahora, después del nuevo endeudamiento aprobado por la Asamblea Nacional, debo decir responsablemente que esa actuación no puede calificarse sino de traición a la patria. La deuda pública genera tal dependencia de los centros de poder internacional que la soberanía queda debilitada totalmente. Esa es la verdad. No soy especialista en el tema, pero creo mi obligación tratar de explicarles a mis lectores la gravedad de lo que ocurre. Nuestro país sufrió, en el siglo XIX, circunstancias muy dolorosas por haberse endeudado irresponsablemente.
La deuda contratada por la Gran Colombia como consecuencia de la guerra de independencia fue repartida proporcionalmente: Colombia, 50%, Venezuela, 28,5 %, Ecuador, 21,5 %. Nuestro país tenía que cancelar 34 millones de pesos a distintos acreedores internacionales. Esa cantidad, en lugar de disminuir fue incrementándose como consecuencia de las guerras civiles, las desfavorables condiciones de negociación, las reclamaciones exageradas e injustas de gobiernos y súbditos extranjeros, y la corrupción generalizada. El retraso en el pago del servicio de la deuda produjo, en 1903, una crisis internacional que condujo al bloqueo de nuestras costas y a la toma militar de La Guaira y Puerto Cabello por Inglaterra, Alemania e Italia.
Dos tesis se han esgrimido sobre las razones del bloqueo: la primera: la renuencia de Venezuela de cancelar las reclamaciones pendientes por daños y perjuicios causados a las personas y propiedades de súbditos de las potencias atacantes, así como el cobro de la deuda externa que el país mantenía en crónico estado de mora con Inglaterra y Alemania. La segunda, basada fundamentalmente en razones de rivalidades geopolíticas entre esos países europeos y Estados Unidos. El motivo: obligar a la naciente potencia americana a revisar la doctrina Monroe. El bloqueo fue levantado en virtud de los protocolos de Washington en donde Venezuela se comprometía a cancelar Bs. 165.300.000 y reconocer los daños a extranjeros por Bs. 35.500.000.
Esta crisis va a impactar de una manera permanente a las generaciones de venezolanos que vivieron tan delicadas circunstancias internacionales. A partir de ese momento, se estableció casi un principio sagrado e inmodificable en nuestra hacienda pública: no contratar, por ningún motivo, empréstitos extranjeros. Juan Vicente Gómez logró, mediante la utilización de la naciente riqueza petrolera, cancelar la deuda pública en 1930. Esta prudencia fiscal se mantuvo por mucho tiempo: en la década de los cuarenta, apenas existió una pequeña deuda interna que alcanzó en 1948 a $6.000.000. Durante la dictadura militar, la deuda pública se incrementó a montos relativamente importantes al alcanzar cerca de $1.000.000.000.
La deuda externa en el primer período de la democracia (1959-1973) alcanzó a $2.000.000.000, de cuya cantidad correspondía a deuda externa $1.200.000.000. Al iniciarse el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se rompió el principio fundamental que había regido la hacienda pública hasta ese momento: evitar el endeudamiento. Al finalizar su gobierno la deuda pública había aumentado a $15.000 millones. Durante el gobierno de Luis Herrera Campíns la deuda aumentó a $27.000 millones, creándose las condiciones de desconfianza que produjeron el Viernes Negro. A partir de ese momento, la deuda pública se mantuvo estable lográndose, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, una disminución cercana a $2.000 millones.
Al iniciarse este gobierno, la deuda pública alcanzaba a 25 mil millones de dólares. En estos últimos cinco años, con el barril de petróleo a más de 100 dólares, la deuda pública venezolana aumentó inexplicablemente a más de 140.000 millones de dólares. Al mismo tiempo Pdvsa, cerró el año 2010, con una deuda de 24.950 millones de dólares, siendo su patrimonio sólo de 74.720 millones de dólares. Entre esas locuras, está la negociación con China. Se endeudó a Venezuela por 20.000 millones de dólares pagaderos en petróleo a futuro valorado apenas a 50 dólares el barril. No contento con esto, se negocia un nuevo crédito con el Japón por 1.500 millones de dólares. Además, ¿dónde está la obra pública realizada?, ¿es o no es Hugo Chávez traidor a la patria?
fochoaantich@gmail.com
Así se desprende del caso del diputado demócrata estadounidense, Anthony Weiner, quien tuvo que renunciar hace unos días por exhibicionismo sexual, mientras en Brasil, el jefe de gabinete ministerial, Antonio Palocci, dimitió por denuncias de enriquecimiento ilícito; ambos por presión de sus colegas y ciudadanos.
Bajo el mismo patrón de conducta de Palocci, en Latinoamérica casi todos los días explotan casos ligados a enriquecimiento ilícito, fraude, soborno, malversación de fondos o se descubre que alguna campaña electoral está siendo subvencionada con fondos foráneos, como acostumbra hacer el presidente Hugo Chávez. Mientras tanto, en Estados Unidos, el de Weiner, a pesar de ser un caso con alta repercusión en los medios, tanto por sus fantasiosos argumentos para negar los hechos como por la exhibición creativa de sus genitales a través de Twitter, se trató de un caso menor comparado a otros escándalos sexuales aún frescos en la memoria.
El más patético lo protagonizó el famoso exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger. No fue un simple caso de adulterio; su amante por 20 años, empleada doméstica con quien tuvo un hijo, convivía bajo el mismo techo con su esposa y sus otros cuatro hijos. Un caso hasta más enfermizo le correspondió al ahora expresidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, a quien se acusó de intento de violación contra una camarera en un hotel neoyorkino.
Otros hechos tuvieron líneas difusas entre el sexo y el dinero, acabando con las aspiraciones de los involucrados. Como las mentiras del senador John Edwards, quien habría usado fondos de la campaña electoral para tapar una relación e hijo extramaritales, mientras su esposa batallaba contra un cáncer que terminó por vencerla en diciembre. O las del gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, quien acabó confesando que usaba dineros públicos para visitar a su amante en Argentina, mientras su señora y electores lo creían de vacaciones.
En América Latina no es que los políticos rehúyan a líos de faldas, pero no ocasionan polémicas mayores. La cultura machista diluye pormenores, calla denuncias y todo lo convierte en anécdotas y chacota. Las infidelidades o desviaciones sexuales no cortan carreras políticas ni activan renuncias. Los ejemplos sobran. Así sean las aventuras sexuales del exobispo católico y presidente del Paraguay, Fernando Lugo; las infidelidades y tardanza de Alejandro Toledo y Carlos Menem para reconocer a sus hijos fuera del matrimonio o las evasivas de Daniel Ortega sobre las imputaciones de violación sexual que le hizo su hijastra.
En los países desarrollados también algunos políticos logran inmunidad sexual. Así sobrevive el italiano Silvio Berlusconi, pese a sus filmadas orgías con menores, o resistió Bill Clinton, argumentando que el coito oral con Mónica Lewinsky no era sexo. Tampoco en estos países del llamado primer mundo se pueden descartar problemas de fraude y corrupción, pero son delitos más perseguidos. En general, la corrupción está más enquistada en la actividad privada que en la administración pública, debido a una mejor cultura de transparencia y más regulaciones sobre rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Los problemas suceden con más frecuencia en compañías privadas, a través de personajes estilo Madoff o en las multinacionales que sobornan en el extranjero, como la sueca Skanka en Argentina, la noruega Discovery Petroleum en Perú o la estadounidense Dole en Colombia.
En realidad no importa tanto que la corrupción esté ligada a delitos económicos, libidos desbocados o a faltas éticas; lo importante es que los ciudadanos deben exigir conductas ejemplares, como la renuncia de Weiner, para que se incentive una cultura de mayor honestidad en la función pública.
La gran diferencia sobre la conducta corrupta por mentiras, sexo o dinero, no radica tanto en sus causas, como sí en el nivel de severidad y eficiencia judicial con la que se castiga y trata de controlar.
trottiart@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario