Un sistema perverso es aquel que no dice la verdad. No dice lo que piensa, y no hace lo que dice. Cuando la perversidad es la esencia de un régimen de dominación, todos sus participantes, víctimas y victimarios, tienen que hacer esfuerzos superlativos para tratar de saber cuál es el verdadero curso e intención de las acciones que se deciden. De más está decir que tratar de convivir con la perversidad implica una lucha constante para mantener la sensatez y no desvincularse de la realidad. La perversidad es una relación insana, enloquecedora, crecientemente costosa y fraudulenta en sus resultados...En los socialismos todo es su inverso. Los héroes son los villanos, y los que ellos califican como villanos seguramente serán héroes y mártires. En eso consiste la perversidad.

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Notitarde 15/03/2014 

Diez señales de perversidad y sus efectos

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  Columnista, Notitarde, Victor Maldonado (Notitarde / )

Víctor Maldonado

Un sistema perverso es aquel que no dice la verdad. No dice lo que piensa, y no hace lo que dice. Cuando la perversidad es la esencia de un régimen de dominación, todos sus participantes, víctimas y victimarios, tienen que hacer esfuerzos superlativos para tratar de saber cuál es el verdadero curso e intención de las acciones que se deciden. De más está decir que tratar de convivir con la perversidad implica una lucha constante para mantener la sensatez y no desvincularse de la realidad. La perversidad es una relación insana, enloquecedora, crecientemente costosa y fraudulenta en sus resultados. ¿Vivimos un régimen perverso? Sin dudas, porque toda su actividad está concentrada en la retroalimentación siniestra de una maquinaria de propaganda cuyo único objeto es mantener en el poder al socialismo del siglo XXI. Como bien lo especifica el primer objetivo nacional del plan de la patria, de lo que se trata todo esto es de "garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana" a pesar de los errores y de su inviabilidad. Aquí un inventario parcial de la perversidad chavista:

1. Revolución Bolivariana es la consigna que encubre la toma del poder por un grupo de militares y civiles de ideología radical convencidos que "vinieron para quedarse" aun al costo de destrozar las instituciones democráticas y "refundar" la República.

2. Poder Popular es la frase que encubre la práctica autoritaria y excluyente del Gobierno socialista. A partir de este planteamiento dejan sin efecto la práctica del pluralismo y los que están en el poder se atribuyen en exclusiva la interpretación de las demandas y sentimientos del pueblo.

3. La patria grande es la excusa para un proceso creciente de intervención de Venezuela en la política del resto de los países latinoamericanos y el principal argumento para el financiamiento a fondo perdido con el que nuestra economía petrolera contribuye al fortalecimiento de las opciones políticas de los países aliados: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina, El Caribe.

4. La tarjeta de abastecimiento seguro que no es otra cosa que el eufemismo que encubre la institucionalización del racionamiento de alimentos y bienes esenciales en los 22 mil puntos de distribución del Gobierno.

5. Los colectivos de paz es el nombre dado a los grupos paramilitares patrocinados por el Gobierno, protagonistas infaltables de los sucesos de violencia y terror que han ocurrido en los últimos días.

6. La guerra económica es el término utilizado para encubrir el fracaso del modelo socialista para combatir la inflación y paliar la escasez. Además sirvió para justificar el saqueo de los inventarios del sector privado, violar derechos y escurrir el bulto en época electoral.

7. La eficiencia energética es la expresión que encubre una trama de corrupción, ineptitud y abandono del mantenimiento y las inversiones en el sector eléctrico nacional. Es el programa que ha formalizado un régimen de apagones que se alternan en todo el país con excepción del Distrito Metropolitano de Caracas.

8. La propiedad social es el calificativo que se le da a diversas modalidades de propiedad estatal, financiada por el presupuesto público y sin ninguna exigencia de rendición de cuentas o control de gestión.

9. Privados de libertad eufemismo que esconde el drama de hacinamiento y corrupción en la que viven los presos comunes venezolanos, para los cuales la justicia llega mal y tarde.

10. Violencia fascista es el calificativo dado a todo acto de protesta pacífica adelantado por la alternativa democrática. Y la derecha es el insulto con el que se saluda a todo aquel que no comparte la ideología del Gobierno

Los gobiernos socialistas se curan en salud. Presumen ser y tener lo que no son ni tienen. Y esta es una de las claves para entenderlos. En la realidad siempre serán lo contrario a lo que predican. Si hablan de eficiencia serán ineficientes. Si se jactan de la seguridad habrá crisis de inseguridad. Si dicen respetar los derechos humanos entonces nadie estará a salvo de la arbitrariedad. Si alardean del bolívar fuerte ya sabemos que la moneda está perdiendo valor. Si proclaman estabilidad entonces hay que prepararse para la turbulencia. Si convocan a un diálogo ya sabemos que será un monólogo inflexible. Si se ufanan de la disminución de la pobreza muy seguramente esta condición social estará expandiéndose. Si cacarean pleno abastecimiento hay que estar alertas porque se incrementará la escasez. Si hablan de la dignificación ciudadana entonces vendrá exclusión y represión. Si presumen del humanismo de las ciudades socialistas y comunales no podemos descontar la división de esas urbes entre varios colectivos violentos. Y mientras más hablen de paz más dispuestos están a ejercer la violencia desproporcionada.

En los socialismos todo es su inverso. Los héroes son los villanos, y los que ellos califican como villanos seguramente serán héroes y mártires. En eso consiste la perversidad.

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Notitarde 15/03/2014 

La tortura banalizada

Luis Izquiel

Supongamos que la Defensora del Pueblo no quiso decir realmente que la "tortura tiene un sentido". Demos por cierto que se enredó en su explicación. Es lamentable que una funcionaria que ostenta tan alto cargo no sepa expresarse. Pero, lo que sí es cierto, es que Gabriela Ramírez, en sus recientes declaraciones, tergiversó completamente el concepto de tortura establecido en la legislación nacional e internacional. Eso, en las delicadas circunstancias que vive el país, resulta algo de suma gravedad.  

Es mentira que la tortura se produzca solo cuando el fin del autor material es obtener una confesión. El artículo 5 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la AN el año pasado, establece que también se consuma este crimen cuando a una persona se le inflija intencionalmente dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, para castigarla, intimidarla o coaccionarla, por cualquier razón discriminatoria. El autor de este delito siempre es un funcionario público u otra persona que actúa por instigación de éste o con su consentimiento. 

El Estatuto de Roma, el cual califica a la tortura como un crimen de lesa humanidad (los culpables pueden ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya), tampoco establece que la única intención del torturador sea la búsqueda de la confesión de la víctima (Art.7). Lo mismo señala la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984. La Defensora del Pueblo pareciera desconocer estos tratados.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos del país han contabilizado, por lo menos, 40 casos de tortura desde el pasado 12 de febrero. El Relator Especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, consideró que las denuncias que ha recibido desde Venezuela se refieren a "torturas muy, muy graves". La mayoría de las víctimas de estos crímenes han sido jóvenes estudiantes que solo ejercían el derecho constitucional a la protesta pacífica. Muchos resultaron detenidos arbitrariamente, sin orden judicial y en ausencia de flagrancia, tal como ocurrió con dos jóvenes la semana pasada en Chacao, quienes fueron secuestrados por funcionarios del Sebin (este tipo de casos eran comunes en Chile, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet). 

Desde el pasado 12 de febrero, además de los asesinatos (la cifra oficial, al momento de escribir estas líneas, se elevaba a 28), torturas y detenciones arbitrarias, funcionarios del Estado también han sido acusados de haber cometido allanamientos ilegales y atentados a la propiedad privada. En varios sitios del país, hasta las casas y apartamentos han sido objeto de ataques a través del lanzamiento directo de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones, algo que es contrario a nuestra Constitución y a tratados internacionales como el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra (ni en guerra está permitido atacar los edificios civiles).

La Defensoría del Pueblo debe encargarse de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Quien dirige esta institución debe ser una persona independiente, que no esté sujeta a instrucciones provenientes de ninguna autoridad. Gabriela Ramírez no reúne estas condiciones. Antes de ejercer su actual cargo, era diputada del Psuv en la Asamblea Nacional. Hoy sigue formando parte de una parcialidad política. Basta ver su avatar de Twitter para saber qué intereses defiende realmente. Moralmente debería renunciar.

Que la Defensora del Pueblo modifique el concepto universal de la tortura, para de alguna forma banalizar, justificar o encubrir la comisión de este crimen, es un asunto lamentable y preocupante. Éstas son las consecuencias de la ausencia de separación de poderes en Venezuela.

Motorizados rojos con licencia para matar

Cuantos más crímenes cometan más claro estará el mundo de que en Venezuela hay una dictadura

MARTA COLOMINA |  EL UNIVERSAL

domingo 16 de marzo de 2014 

La violencia ordenada por Maduro está fuera de control. Sus motorizados al servicio del Gobierno disparan enloquecidos a quienes encuentran a su paso por las calles de Valencia, Maracay, San Cristóbal, Mérida y otras, asesinando, destruyendo propiedades, mientras cuerpos de seguridad del Estado los protegen y encubren. Cada día la represión oficial contra las protestas estudiantiles es más feroz y violadora de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la vida. Esta semana cientos de manifestantes han sido detenidos, algunos hasta torturados y asesinados. Maduro, como si se tratase de una guerra contra el imperio, mientras habla de paz y amor, ordena a la GNB, la PNB, a sus motorizados y hasta al Ejército, arremeter contra el democrático y valiente empeño estudiantil de no abandonar las calles como forma de lucha contra la ilegitimidad y conducta dictatorial de un gobierno cada vez más contrario a los intereses del país.

El miércoles hubo 3 muertos y 15 heridos en Valencia. Según testimonios de vecinos, unos 50 motorizados dispararon indiscriminadamente en La Isabelica, al norte de Valencia, dejando dos personas muertas: Jesús Enrique Acosta (23) recibió un tiro en la cabeza y el preparador deportivo Guillermo Alfonso Sánchez (42) murió por un balazo en el tórax. Ninguno de los dos fallecidos estaban participando en las protestas. Acosta se dirigía al gimnasio y Sánchez pintaba la casa de sus padres. Cuando escuchó las detonaciones, corrió para protegerse, pero los motorizados que gritaban consignas a favor del Gobierno, lo interceptaron. Sánchez, dicen los testigos, se subió la camisa para que los delincuentes vieran que no estaba armado, pero le dispararon sin piedad. Su viuda, denunció a los medios: "a mi esposo lo mataron los colectivos armados y no un francotirador, como dice el gobernador Ameliach. Eso es una patraña".

Los motorizados de Maduro tienen licencia para matar, destruir y saquear bienes públicos y privados, según se comprueba de las declaraciones públicas del propio Maduro, del vicepresidente Arreaza ("comportamiento de los colectivos motorizados es ejemplar") y de la "Defensora", quien mientras motorizados asesinaban a Acosta y Sánchez en Valencia, ella rechazaba que medios "atribuyan muertes a colectivos". Con tantos testigos en el país que han visto y sufrido cómo esos "colectivos" (deberíamos llamarlos "delictivos") disparan indiscriminadamente, Maduro riposta que "la prensa burguesa tituló: tres muertos y 14 heridos en Carabobo, pero no dice que fueron obra de francotiradores de grupos guarimberos". Acusa a la "derecha fascista" de demonizar a los motorizados, a quienes calificó de "multiplicadores de la paz". Solo esta semana, además de los asesinatos ya descritos, "ataque de colectivos dejan 2 heridos y destrozos en urbanización Maracay" (EU 14-03-14), vecinos de Chacao denuncian que quienes destruyeron las oficinas públicas de la Torre Británica fueron transportados en camionetas y protegidos todo el tiempo por la GNB. "Mientras vándalos ingresaban y prendían fuego en la torre, varios de los que protestaban y vecinos de la zona buscaron mangueras para apagar las llamas", reporta agencia Reuters. Tan implicado está el Gobierno, que los empleados públicos de los pisos bajos de la torre fueron trasladados antes del ataque hacia el PH. Vecinos de Candelaria denuncian que fueron atacados a tiros por "colectivos motorizados". Asesinos del estudiante Tinoco en el Táchira llegaron en motos y hasta emboscados en una ambulancia, crimen de lesa humanidad. Copei acusa que "la FANB y colectivos operan juntos para reprimir en el Táchira", horror que se repite en todo el país. La lista de delitos es interminable.

Maduro está tan al descubierto dentro y fuera de Venezuela (por eso su ausencia en la toma de posesión de Bachelet) que ya ni los suyos le creen cuando acusa a la MUD y a estudiantes de los delitos que cometen sus facinerosos: 840 bombas lacrimógenas lanzaron contra la marcha de la UCV. Con los millones de $ que ha dilapidado Maduro en gas del malo, perdigones, tanquetas, y otros, podría haber dotado al país de medicinas y alimentos, e impedir que 100 mil pacientes de cáncer mueran por falta de equipos e insumos. Mientras ocurre represión tan abominable, la Fiscal y "Defensora" juran en Ginebra que aquí no hay estudiantes detenidos o maltratados; el TSJ, brazo político de Maduro, pretende acorralar a los alcaldes opositores y los valientes estudiantes resisten embestidas tan brutales. 

Maduro no quiere entender que cuantos más crímenes cometan sus "delictivos" y esbirros, más claro estará el mundo de que en Venezuela hay una dictadura y más persistirán los estudiantes en su lucha liberadora... tic, tac. 

mcolomina@gmail.com