Himiob: Acusaciones de Rodríguez Torres son falsas y rayan en la ficción
El abogado y miembro del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, calificó de mentiras los señalamientos de desestabilización realizados por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en su contra y manifestó estar preocupado porque la seguridad del país esté en manos de "una persona con esa capacidad inventiva".
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El abogado indicó que el Gobierno se ha encargado de atacar a las ONGs venezolanas (Archivo)
MANUEL RUBÉN TRUJILLO | EL UNIVERSAL
viernes 2 de mayo de 2014 07:53 PM
Caracas.- El abogado y activista de los derechos humanos, Gonzalo Himiob, rechazó los señalamientos hechos por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre estar vinculado con un plan internacional para desestabilizar el Gobierno nacional.
"Para abril del año del 2012, se celebró un encuentro de Organizaciones No Gubernamentales, el cual contó con la participación de la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Suju, Gonzalo Himiob, Lorent Saleh, líderes de Javu, Operación Libertad y jóvenes estudiantes de la oposición, donde se planificaron operaciones callejeras para derrocar al gobierno del Comandante Supremo, Hugo Chávez", dijo el ministro Rodríguez Torres.
Gonzalo Himiob aclaró que desde el año 2002, cuando se involucró en el activismo por los derechos humanos, ha hecho todo "limpia y abiertamente", al tiempo que apuntó que "hemos sido completamente abiertos en el Foro Penal Venezolano. Si el gobierno quiere investigarme que lo haga no tengo nada que ocultar", y que tampoco se irá del país a causa de las acusaciones que reiteró, son falsas.
El abogado y activista de los derechos humanos, indicó estar sorprendido, no solo como abogado sino como escritor, por la "capacidad inventiva y desarrollo de historias ficticias que tiene el ministro. Creo que su razonamiento raya más en la ficción que en la realidad del país".
A su vez, señaló estar preocupado porque la seguridad del país esté en manos de una persona "que lejos de encontrar empeño en la verdad lo que haga es construir sin base historias para involucrar personas indebidamente en actos criminales conspirativos".
Himiob mencionó que la prueba que usó Rodríguez Torres para acusarlo fue una foto de "Facebook (...) si el ministro quiere más fotos actualizadas con gusto se las doy. Esa foto fue en un acto de defensa de derechos humanos. Tovar y yo somos amigos desde hace mucho años".
Por otra parte, negó tener contacto con Otto Reich de ningún tipo. Admitió ser abogado de Eligio Cedeño cuando fue encarcelado y que perdió contacto con él desde que se fue del país.
Calificó de irresponsable "ir contra las Organizaciones No Gubernamentales que representamos los derechos humanos. Es muy amplio historial de persecución de derechos humanos por su trabajo. Es torpe también, porque no hay mejor confesión y prueba de que en Venezuela se persigue los derechos humanos. Hay una larga cadena de hechos que el poder no le gusta que se vea lo de Venezuela".
Consideró que es una contradicción que Rodríguez Torres lo señale como un conspirador cuando la Cancillería de la República llamó al Foro Penal Venezolano para participar en la mesa de diálogo con los cancilleres de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la víspera de la primera jornada de diálogo entre Gobierno y oposición.
"Para abril del año del 2012, se celebró un encuentro de Organizaciones No Gubernamentales, el cual contó con la participación de la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Suju, Gonzalo Himiob, Lorent Saleh, líderes de Javu, Operación Libertad y jóvenes estudiantes de la oposición, donde se planificaron operaciones callejeras para derrocar al gobierno del Comandante Supremo, Hugo Chávez", dijo el ministro Rodríguez Torres.
Gonzalo Himiob aclaró que desde el año 2002, cuando se involucró en el activismo por los derechos humanos, ha hecho todo "limpia y abiertamente", al tiempo que apuntó que "hemos sido completamente abiertos en el Foro Penal Venezolano. Si el gobierno quiere investigarme que lo haga no tengo nada que ocultar", y que tampoco se irá del país a causa de las acusaciones que reiteró, son falsas.
El abogado y activista de los derechos humanos, indicó estar sorprendido, no solo como abogado sino como escritor, por la "capacidad inventiva y desarrollo de historias ficticias que tiene el ministro. Creo que su razonamiento raya más en la ficción que en la realidad del país".
A su vez, señaló estar preocupado porque la seguridad del país esté en manos de una persona "que lejos de encontrar empeño en la verdad lo que haga es construir sin base historias para involucrar personas indebidamente en actos criminales conspirativos".
Himiob mencionó que la prueba que usó Rodríguez Torres para acusarlo fue una foto de "Facebook (...) si el ministro quiere más fotos actualizadas con gusto se las doy. Esa foto fue en un acto de defensa de derechos humanos. Tovar y yo somos amigos desde hace mucho años".
Por otra parte, negó tener contacto con Otto Reich de ningún tipo. Admitió ser abogado de Eligio Cedeño cuando fue encarcelado y que perdió contacto con él desde que se fue del país.
Calificó de irresponsable "ir contra las Organizaciones No Gubernamentales que representamos los derechos humanos. Es muy amplio historial de persecución de derechos humanos por su trabajo. Es torpe también, porque no hay mejor confesión y prueba de que en Venezuela se persigue los derechos humanos. Hay una larga cadena de hechos que el poder no le gusta que se vea lo de Venezuela".
Consideró que es una contradicción que Rodríguez Torres lo señale como un conspirador cuando la Cancillería de la República llamó al Foro Penal Venezolano para participar en la mesa de diálogo con los cancilleres de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la víspera de la primera jornada de diálogo entre Gobierno y oposición.
Sala Constitucional blindó su poder de revisar fallos de otros jueces
La intérprete de la Carta Magna anuló nueve artículos de la Ley Orgánica de lo Contencioso Administrativo y un numeral de la suya propia, ambas dictadas por la Asamblea Nacional en 2010
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No es la primera vez que la Sala Constitucional defiende sus amplísimas potestades (Archivo)
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
sábado 3 de mayo de 2014 04:34 PM
Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no acepta competencia en lo que a la revisión de las decisiones de tribunales inferiores se refiere y así lo dejó en claro al anular nueve artículos de la Ley Contencioso Administrativo y un numeral de su propia ley.
Para la intérprete de la Carta Magna el "recurso especial de juridicidad" previsto en las normas anuladas, el cual le confería a la Sala Político Administrativa la facultad de revisar las decisiones de los tribunales superiores contencioso administrativos que "trasgredan el ordenamiento jurídico" y aquellas referidas a la destitución de jueces, invadía las competencias que el texto fundamental en su artículo 336, numeral 10, le da para revisar y anular cualquier dictamen de cualquier juzgado del país.
"El establecimiento del recurso especial de juridicidad mimetiza en su objeto y alcance a la revisión constitucional, subrogando las potestades de control de esta Sala Constitucional, y generando un desequilibrio, no solo por la invasión de competencia antes señalada, sino por interponer como carga para los justiciables, el ejercicio de otro medio recursivo que se confunde con la potestad de control de esta Sala", señaló en el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
El pronunciamiento lo emitió la Sala al responder un recurso de nulidad interpuesto por los abogados del Hotel Tamanaco contra ambas leyes.
La instancia rechazó los argumentos de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General de la República, según los cuales este recurso no era otra cosa más que una especie de recurso de casación.
Esta no es la primera vez que la Sala Constitucional defiende hasta con las uñas sus amplísimas potestades, pues años atrás ya anuló un artículo de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que autorizaba a la Sala Social a revisar los fallos de los tribunales laborales y además ordenaba a éstos a guiarse por su jurisprudencia.
Aunque ciertamente la Constitución le permite a esta instancia revisar los fallos, deja en claro que solamente en los casos de "amparo" y de "control de la constitucionalidad de leyes". No obstante, en la práctica ella viene analizando todos los que deseen bajo el argumento de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.
¿Y los casos por decidir y decididos?
En el dictamen se instruye a la Sala Político Administrativa a que no tramite ni decida ninguno de los recursos anulados que tenga en su poder en estos momentos y sobre los que ya decidió ordenó lo siguiente: "aquellas causas que hayan sido decididas en los términos expuestos por parte de la Sala Político Administrativa sean objeto de un nuevo pronunciamiento declarando expresamente la culminación y que se den por terminadas totalmente su tramitación desde el punto de vista de la fase cognitiva del juicio".
Para la intérprete de la Carta Magna el "recurso especial de juridicidad" previsto en las normas anuladas, el cual le confería a la Sala Político Administrativa la facultad de revisar las decisiones de los tribunales superiores contencioso administrativos que "trasgredan el ordenamiento jurídico" y aquellas referidas a la destitución de jueces, invadía las competencias que el texto fundamental en su artículo 336, numeral 10, le da para revisar y anular cualquier dictamen de cualquier juzgado del país.
"El establecimiento del recurso especial de juridicidad mimetiza en su objeto y alcance a la revisión constitucional, subrogando las potestades de control de esta Sala Constitucional, y generando un desequilibrio, no solo por la invasión de competencia antes señalada, sino por interponer como carga para los justiciables, el ejercicio de otro medio recursivo que se confunde con la potestad de control de esta Sala", señaló en el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
El pronunciamiento lo emitió la Sala al responder un recurso de nulidad interpuesto por los abogados del Hotel Tamanaco contra ambas leyes.
La instancia rechazó los argumentos de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General de la República, según los cuales este recurso no era otra cosa más que una especie de recurso de casación.
Esta no es la primera vez que la Sala Constitucional defiende hasta con las uñas sus amplísimas potestades, pues años atrás ya anuló un artículo de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que autorizaba a la Sala Social a revisar los fallos de los tribunales laborales y además ordenaba a éstos a guiarse por su jurisprudencia.
Aunque ciertamente la Constitución le permite a esta instancia revisar los fallos, deja en claro que solamente en los casos de "amparo" y de "control de la constitucionalidad de leyes". No obstante, en la práctica ella viene analizando todos los que deseen bajo el argumento de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.
¿Y los casos por decidir y decididos?
En el dictamen se instruye a la Sala Político Administrativa a que no tramite ni decida ninguno de los recursos anulados que tenga en su poder en estos momentos y sobre los que ya decidió ordenó lo siguiente: "aquellas causas que hayan sido decididas en los términos expuestos por parte de la Sala Político Administrativa sean objeto de un nuevo pronunciamiento declarando expresamente la culminación y que se den por terminadas totalmente su tramitación desde el punto de vista de la fase cognitiva del juicio".
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