Carlos Andrés Pérez en los actos de la Nacionalización Petrolera, 1 de enero de 1976
1974-1979
En su primer año de gobierno desarrolló dos iniciativas relacionadas con el ámbito cultural: la Biblioteca Ayacucho (calificada colección de las obras maestras de las letras latinoamericanas) y el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, para la capacitación de millares estudiantes venezolanos en los centros universitarios más prestigiosos del mundo. Ese mismo año decreta la creación de nueve parques nacionales, para garantizar la protección de los ecosistemas y fauna endémica. En 1975 nacionaliza la industria del hierro y al año siguiente, laindustria del petróleo, creando la empresa Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA) con el propósito de proporcionar al Estado una herramienta para la administración de los recursos petroleros. Al fin de su mandato pudo afirmar la absoluta normalidad registrada en el orden militar durante todo el ejercicio de su quinquenio. Por su desvelo insistente en la protección a la naturaleza y en pro de la recuperación ecológica, recibió en 1975 el reconocimiento mundial del Premio Earth Care otorgado por primera vez a un jefe de Estado de América Latina.En 1976 se convirtió en el vicepresidente de laInternacional Socialista.
De la Privatización a la Nacionalización de la Industria Petrolera en Venezuela
En el contexto de los años 70 del pasado siglo XX se producen una serie de hechos geopolíticos de gran trascendencia internacional como por ejemplo, la
crisis energética y el fortalecimiento de la
OPEP en la defensa del negocio petrolero frente al cartel de las compañías. Ello viene a favorecer una nueva orientación en la política petrolera nacional, expresada en la reforma del Impuesto Sobre la Renta a los fines de aumentar el impuesto sobre los
ingresos netos petroleros, la fijación estatal de los
precios de exportación del petróleo venezolano, la Ley de Reversión Petrolera (1971), la Ley que Reserva al Estado la Industria del
Gas Natural (1971) y la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos (1973).
Con la promulgación el 30 de julio de 1971 de la Ley de
Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, el Estado venezolano se propuso desarrollar las disposiciones constitucionales y las de la entonces vigente Ley de Hidrocarburos de 1943 para que se cumpliera eficientemente la finalidad de que, vencidas las concesiones en 1983, fueran transferidos al Estado los bienes, instalaciones y equipos incorporados a todas las fases de la industria, sin indemnización alguna. Después de promulgada esta Ley se detectaron infracciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones petroleras y en la reducción del nivel de
inversiones en la industria, porque creían tales compañías que el
capitalinvertido en la adquisición de bienes y equipos no serían indemnizados.
Una vez sancionada la Ley empezó a tomar cuerpo la argumentación de emprender en lo inmediato la Nacionalización del petróleo. Es así como el recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, aprovechando el
nacionalismo en boga, interrumpió el
debate sobre los
proyectos de Ley introducidos en el Congreso Nacional por el
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido COPEI, y decide adelantar con una
acción ejecutiva la reversión petrolera.
De esta manera, el Ejecutivo Nacional, reunido el 22 de marzo de 1974 en Consejo de Ministros, dictó el Decreto N° 10 cuyo artículo 1 establecía la creación de una Comisión Ad Honorem que tendría por objeto garantizar que el Estado asumiera el control de la industria petrolera.
Para la fecha, y antes que Venezuela, ya habían nacionalizado su petróleo países como México (1938), Indonesia (1965), Argelia (1971),
Irak y Libia (1973). Arabia Saudita lo haría en 1979.
El 16 de mayo de 1974 fue instalada la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera que debía analizar la posibilidad de rescate inmediato de la industria. Es importante señalar que dicha Comisión estaba integrada por todos los sectores de nuestra
sociedad, desde los
partidos políticos hasta las universidades.
Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos, elaborada por la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la República, en acto solemne, el 23 de diciembre de 1974, surgió la esperanza de abrir caminos en la búsqueda de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo venezolano, que creara y afianzara la autonomía de decisión.
Paradójicamente, el Ejecutivo Nacional (Carlos Andrés Pérez) formuló e introdujo una modificación sustancial al
proyecto original de la Ley (que fue promulgada como la Ley Orgánica el 29 de agosto de 1975, con vigencia desde el 1° de enero de 1976) que desvirtuó la esencia, propósito y razón de ser de una auténtica nacionalización, como la
historia reciente lo demuestra.
Ciertamente, el Ejecutivo Nacional incluyó en el artículo 5°, el siguiente contenido:
"En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes."
Además, contra lo previsto, el Estado venezolano pasó a indemnizar a las concesionarias por más de cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs. 4.300.000.000), cantidad que superaba los beneficios que ellas pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha prevista para la reversión en las respectivas leyes anteriores. Por otra parte, estas compañías habían ya recuperado varias veces su
inversión inicial. El pago de esta indemnización fue "justificado" en el Proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera en
atención al artículo 101 de la
Constitución Nacional de esa época.
Un día después de la promulgación de la Ley de Nacionalización es creada Petróleos de Venezuela, S.A. por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975. Es importante señalar que desde su inició se organizó bajo una
estructura casi idéntica a la preexistente.
Amén de la empresa pública nacional CVP fundada en 1960, cada concesionaria privada fue convertida en una filial, con sus respectivos contratos de asistencia técnica y
comercialización. Así la Creole pasó a llamarse Lagoven; la Shell, Maraven; la Mobil, Llanoven y otras diez filiales, todas ellas con nombres terminados en "ven". Esta irracional estructura fue defendida argumentando que la nacionalización debería producir la menor alteración en la actividad operativa diaria. La alta
gerencia de esas compañías transnacionales pasó a constituir los equipos gerenciales de estas "nuevas" filiales y los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron prácticamente inalterados, todo ello bajo el pretexto de que el Estado venezolano desconocía los
procesos de comercialización internacional del petróleo y no contaba con la
tecnología apropiada para garantizar que la industria siguiera operando con la misma
eficiencia.
Así, la actividad petrolera en el país quedó bajo la
responsabilidad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), como casa
matriz, y sus 14 filiales, pero en realidad quedó en manos de los mismos que habían dominado el negocio petrolero antes de esta "nacionalización". En 1977 se produjo la primera reorganización, reduciendo las filiales operativas de 14 a 7 al absorber las más grandes a las pequeñas. Más tarde ese mismo año se redujeron las filiales a cinco (5). En 1978, a cuatro (4) y en 1986, a tres (3): Lagoven, Maraven y Corpoven. En julio de 1997 se aprobó una nueva reestructuración que eliminó esas filiales y creó tres grandes empresas funcionales de
negocios que integraran la corporación: PDVSA Petróleo y
Gas; PDVSA Exploración y Producción; PDVSA
Manufactura y
Mercadeo y PDVSA
Servicios, responsables de ejecutar la actividad operativa. Éstas entran en acción desde el 1° de enero de 1998.
En orden de jerarquía, el Ministerio de Energía y Minas ocupaba el más alto nivel y bajo su responsabilidad quedaba definir el lineamiento principal para el sector petrolero. Le seguía en jerarquía PDVSA, la cual supervisa y controla a las operadoras. Finalmente, las filiales se encargan de ejecutar los planes y
programas operativos de la industria. Esta estructura, sin embargo, será desconocida por PDVSA, la cual llega a convertirse en el centro principal, y casi exclusivo, del
diseño de
políticas nacionales en
materia petrolera.
En medio de este proceso de disminución del rol del Estado, el petróleo pasó de ser el tema central en el debate político en Venezuela, salvo en coyunturas muy particulares, a estar ausente de la confrontación pública y democrática. Así como a
principios del siglo XX las concesiones petroleras fueron el mecanismo de penetración del capital transnacional, la vieja PDVSA se encargó de propiciar las condiciones para una nueva entrega del petróleo y se fue convirtiendo en un enclave, una agencia capturada, al
servicio de intereses no nacionales.
La estatal petrolera venezolana se montó desde su surgimiento bajo un esquema que iba en detrimento de nuestra soberanía, con diversas
estrategias como la Internacionalización o adquisición de capacidades refineras en el exterior desplegada a principios de los años 80 del pasado siglo y posteriormente en otras que se concibieron bajo la denominada Apertura Petrolera, con la cual se abre puerta franca al capital transnacional en correspondencia con la
globalización neoliberal.
La Apertura Petrolera: Reprivatización del Negocio
La Apertura Petrolera fue, sin duda, la más importante de las fórmulas adoptadas durante la última década del siglo XX, para responder acríticamente a las exigencias y condiciones de la globalización neoliberal. Con ella se inició un proceso que transfirió del sector público al sector privado, fundamentalmente al capital transnacional, importantes actividades de la industria de los hidrocarburos en el país, que desde la nacionalización habían estado reservadas al Estado venezolano. Además, los pasos dados en esa
dirección acarrearon muy elevados
costos para el fisco nacional. Con la Apertura se avanzó hacia una profundización de la autonomía de PDVSA y sus filiales respecto al Estado, tratando de hacer de ella un Estado dentro del Estado.
Muy variados factores participaron en esa historia de debilitamiento del anterior Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente a una PDVSA que escapaba cada vez más a los lineamientos y control del Estado venezolano. Factores que van desde la instauración de un nuevo orden mundial y la globalización de orientación neoliberal, hasta la crisis venezolana expresada en la deslegitimación que sufrió su
sistema político y el deterioro de sus partidos, pasando por el surgimiento y fortalecimiento de un
liderazgo "tecnocrático" dentro de la industria y el reclamo de tinte neoliberal en la redefinición del papel del Estado. La calidad de la
función del MEM se fue deteriorando con el pasar de los años, mientras PDVSA se fue fortaleciendo y consolidando, alcanzando mayores niveles de
independencia y autonomía frente al Estado, con gran menoscabo del aporte
fiscal al mismo y a contracorriente de los más altos intereses del pueblo venezolano, el auténtico propietario del recurso petrolero.
Fue en este marco que PDVSA llegó a convertirse, por iniciativa propia y por omisión de otros, forzando caminos y llenando vacíos, en el centro principal, y casi exclusivo, de diseño de políticas antinacionales en materia petrolera. La Apertura Petrolera tuvo aquí su origen, y su justificación se fundamentó en el polémico artículo 5°, el mismo que modificara "oportunamente" Carlos Andrés Pérez, durante la aprobación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en el Congreso Nacional, para permitir la participación privada en el negocio petrolero.
Entre 1986 y 1987 se volvió al viejo régimen de concesiones, al iniciarse lo que se llamó la "Apertura Petrolera", esta vez bajo la modalidad de convenios operativos y asociaciones estratégicas para reactivar campos, producir crudo, explotar gas natural costa afuera, explorar áreas prospectivas, crear empresas mixtas, competir libremente en los
mercadospetroleros, y explotar y comercializar el carbón. En 1992, la vieja PDVSA inició un proceso masivo de "tercerización" que ocasionó una pérdida, nunca antes vista, de la efectividad nacional para manejar la industria petrolera y terminó dejándola prácticamente en manos de compañías extranjeras.
Inicialmente, la Apertura Petrolera generó 2.000 millones de dólares en inversiones extranjeras para PDVSA. Pero, a partir de 1992, la visión de los ejecutores del proceso de Apertura afectó negativamente la capacidad tecnológica y gerencial nacional para manejar la empresa y, por ende, la soberanía venezolana sobre la industria.
En 1996, las exploraciones en áreas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros (Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; Veba, de Alemania; Elf Aquitane, de
Francia; British Petroleum, de Inglaterra; Nipón, de
Japón; Maxus, de Argentina; Norcen, de Canadá;
China NPC, de China; y Repsol, de
España). Igualmente ocurrió con los convenios operativos, en los cuales participaron también empresas nacionales de capital privado, tal como Polar, Inelectra y Arco, dejando al pequeño inversionista un máximo de participación de 10%.
A partir de 1992, la alta gerencia de PDVSA, que hasta entonces se nos había presentado como un
modelo de eficiencia gerencial y empresarial, comenzó a perder control de la
rentabilidad de la empresa. Mientras que la producción se elevó un 50%, los costos operativos se incrementaron en un 175%, de manera que la diferencia entre
costo de producción y
preciode
venta de cada barril se redujo tanto que, de seguir esa tendencia, la empresa no sería rentable para Venezuela, pero sí para el capital inversionista extranjero.
La Apertura petrolera, con sus esquemas de convenios operativos para la reactivación y explotación de áreas nuevas y asociaciones estratégicas para la producción, tuvo como uno de sus
objetivos principales el control de la producción y comercialización de los crudos pesados de la Faja del Orinoco. Más aun, el sector privado buscaba, aplicando la cartilla neoliberal, controlar definitivamente las áreas petrolera, industrial y de servicios. Bajo mecanismos de tercerización (
outsourcing), la
estrategia se centró especialmente en la producción de gas natural y el área de servicios, que resultó ser un aspecto medular, particularmente la
informática.
PDVSA, punta de lanza de estos intereses, llega a ser considerada para ese momento un ‘Estado’ dentro del Estado. Prueba de ello es lo que se generó a partir del descubrimiento realizado por Lagoven, filial de PDVSA, de grandes yacimientos de gas libre en el oriente venezolano. Inmediatamente, Shell International Gas Limited promueve la idea de exportar gas licuado a Estados Unidos y Lagoven, para tramitar la viabilidad del negocio propuesto por la Shell,
demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de varios artículos de la
Ley de Hidrocarburos y de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, los cuales protegían a la Nación contra los intereses de las empresas extranjeras. Fue tanta la
presión ejercida, que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Lagoven, creando así el marco legal para la realización del proyecto, el cual recibió el nombre de "Cristóbal Colón".
La internacionalización de la empresa degeneró en la transferencia de
recursos e ingresos petroleros venezolanos hacia el exterior. Otro agravante fue la existencia de empresas que resultan no auditables para Venezuela, debido a trabas contables y jurídicas propias de la internacionalización. Además, algunas refinerías en el exterior, donde se invirtieron más de 2.500 millones de dólares, fueron un mal negocio, ya que en muchos casos se adquirieron equipos técnicamente obsoletos e instalaciones pertenecientes a compañías en graves dificultades financieras. De hecho, muchas de ellas no podían refinar crudos pesados venezolanos, por lo que PDVSA comenzó a comprar crudos a otros países para poder utilizar dichas refinerías.
Quizás el mayor de los
problemas gerenciales lo constituyó la "tercerización" (outsourcing). Para la década de los 90, PDVSA ya había logrado la experticia en materia tecnológica necesaria para manejar sus actividades, incluyendo los aspectos administrativos y la
automatización de los procesos técnicos de la empresa. Pero, repentinamente y sin explicaciones justificadas, se entregó este
conocimiento a empresas de servicios extranjeras, las cuales comenzaron a satisfacer las necesidades de PDVSA de manera tan excluyente que afectaron la capacidad gerencial y tecnológica nacional para manejar la empresa. Este factor impidió la generación de empresas de servicios nacionales e incrementó desproporcionadamente los costos operativos de PDVSA.
De haber continuado esta tendencia privatizadora, la situación de la Corporación se agravaría en la década 2000-2009. El costo del
Plan de Inversiones de PDVSA en ese período sería de 50 a 55 millardos de dólares (75 a 82 billones de bolívares), de los cuales solamente el 38% se destinaría a actividades propias de la empresa, mientras que el 42% (unos 33 billones de bolívares) se destinaría a la tercerización.
En 1997, durante la
gestión de Luis Giusti, quien actualmente es un alto funcionario de la Shell y asesor en el área de energía del presidente Bush, se creó la empresa de servicios informáticos INTESA. Ella contó con 40% de capital accionario de PDVSA y 60% de SAIC (Science Applications International Corporation). SAIC es
una empresa que ha montado los
sistemas de defensa y ataque aeroespacial mundial del Departamento de Defensa de Estados Unidos y tiene como administradores al general Wayne Downing (ex comandante en jefe de las fuerzas especiales de Estados Unidos), al general Jasper Welch (ex coordinador del Consejo Nacional de
Seguridad de Estados Unidos) y al almirante Bobby Ray Inman (ex director de la Agencia Nacional de Seguridad y antiguo director de la CIA). SAIC también presta sus servicios a otras empresas petroleras del mundo, incluyendo las competidoras de PDVSA.
INTESA terminó controlando desde sus
servidores todos los
datos financieros, presupuestarios, de instalaciones físicas operativas y de negocios de PDVSA. De esa manera,
información que se califica como confidencial, y que es de importancia fundamental para la seguridad y defensa de nuestra soberanía, volvió a quedar en manos de una empresa transnacional. Es importante señalar que diversos miembros de PDVSA, así como parlamentarios del Congreso Nacional, se opusieron sin éxito a que INTESA manejara de esa manera toda la información y
operaciones de la empresa petrolera venezolana. Finalmente, en junio de 2002, debido a un
informe de la Contraloría General de
la República que objetó el contrato de servicios entre PDVSA e INTESA, se decidió rescindir este contrato y reestructurar el manejo informático automatizado de la empresa petrolera.
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos40/nacionalizacion-petroleo-venezuela/nacionalizacion-petroleo-venezuela2.shtml#ixzz2dUbrFozr
Ando atragantado con una opinión que pugna por salir de mi teclado, aunque sé que no me conviene expresarla en este momento. Mas no debo traicionar el propósito que me dicté hace 15 años, de no escamotear mi voz ante cualquier iniquidad o injusticia de la que sea testigo; debo dormir cada noche, y callar sobre esto me lo impedirá. Se aviene esta introducción al caso de la película “Bolívar, el hombre de las dificultades”, patrocinada por el gobierno nacional bajo la dirección de Luis Alberto Lamata y cuya distribución nacional ha sido objeto de un inusitado despliegue de todo el poder del Estado, frente a presuntas agresiones y saboteos del sector comercializador de películas en el país.
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