BORRACHOS PELEANDO POR UNA BOTELLA VACÍA
Alfredo García Deffendini | septiembre 13,
2017 | Web del Frente Patriotico
Al final de libro intitulado El corazón de las tinieblas,
de Joseph Conrad (escrito entre 1898 y 1899), Marlow, el narrador, regresa a
Europa desde África, y su tía al verlo tan agotado se preocupa por su salud y
él le expresa: “No era mi fortaleza la que necesitaba cuidado, sino mi imaginación
la que deseaba sosiego”.
Un país como Venezuela –donde la justicia ha perdido su
cualidad fundamental como es la majestad que representa la imparcialidad e
independencia de los poderes públicos, muy en particular la majestad de la
justicia, por el arropamiento ideológico del Ejecutivo–, se está preparando
para los peores desórdenes y su hundimiento como país civilizado. Más, cuando
quienes deberían ser los contrapesos del secuestro institucional, la oposición
tradicional, partidos y líderes políticos, no lo son. No terminan de entender
que quienes gobiernan representan una dictadura comunista que afortunadamente
perdió el disfraz de democracia. No como dicen muchos de los líderes opositores
cuando le preguntan: ¿Qué tipo de sistema impera en Venezuela? y al unísono
responden: “Bueno, esto no es una democracia, pero tampoco es una dictadura o
quienes de ellos se refieren que sí es una dictadura, pero todos terminan
participando en elecciones”, qué contradicción.
Mientras mantengan tan absurdo criterio político y
jurídico confunden y se hacen cómplices, ya que una de las principales fuentes,
entre otras de las bondades del sistema democrático, son las elecciones, que le
otorgan la legitimidad de origen –la gente–, pero entendiéndose que para poder
concurrir a un proceso electoral tanto el administrador de los comicios (CNE),
imperativamente tiene que ser un árbitro imparcial y autónomo del Poder
Ejecutivo y muy en particular que su base fundamental el registro electoral, y
el registro civil, sean confiables y no estén adulterados. En caso contrario,
cuando ha sido demostrado una y otra vez por estudios de técnicos electorales,
matemáticos y estadísticos de nuestras mejores universidades, y en el mes de
agosto pasado por la misma empresa privada, Smartmatic, encargada por el Estado
de la inspección y confiabilidad del procedimiento electoral, que
sorpresivamente declara en un comunicado público que las elecciones del 30 de
julio para la escogencia de los constituyentes fueron manipuladas. Y a pesar de
todo ello los partidos y dirigentes de la oposición continúan participando en
nuevas elecciones, actitud que le otorga al régimen, lo que tanto la dictadura
comunista requiere: legitimidad de origen.
Ese es el meollo, que los políticos y los partidos se
niegan a enfrentar y por ello, tozudamente, les permiten al régimen,
paulatinamente ir desbancando todos los demás controles de una verdadera
democracia: la división e independencia de los poderes, en particular del
Judicial, Legislativo y Electoral, que constituyen requisitos sine qua non para
su calificación y aceptación como Estado democrático, e indudablemente lo
oxigenan para continuar corrompiendo, socavando e ideologizando a la fuerza
armada. Cuando estos son secuestrados, queda una sola calificación, se vive en
dictadura y en nuestro caso en una comunista. De ese secuestro institucional,
fundamentalmente son corresponsables, por participar en elecciones totalmente
amañadas, los partidos y dirigentes que dejan inexistente el necesario
contrapeso a todo gobierno al concurrir a procesos viciados y manipulados, así
colaboran en el gran engaño al colectivo nacional. Terminando todos, engañados
y engañadores, por no estar a la altura de la tragedia que vivimos,
suicidándose colectivamente con cada proceso electoral al cohonestar el fraude.
El régimen tiene su medio “electoral” muy claro, este
–las elecciones– le permite que con cada interregno, entre uno y el próximo
proceso electoral, continuar con su andar de involución y destrucción.
Proceso que ensambla y ejecuta con precisión matemática de uno a dos por año
–van 21 elecciones en casi 19 años–, y la oposición sigue sin entender que aun
triunfando, cuando imprevista y excepcionalmente lo ha hecho, el régimen gana
porque terminan legitimándolo ante el país y el mundo. Las elecciones, que
originan a toda democracia, cuando se hacen como mascaradas electorales les
facilita a la dictadura comunista afianzarse e ir destruyendo todos los valores
republicanos y judeo-cristianos. Aun, cuando el estatus quo de los partidos y dirigencia
opositora participacionista, y parte del país no lo quieran entender basándose
en una metáfora y en un chantaje como son los “espacios” que no se pueden
perder. Con su concurrencia le están permitiendo al régimen ejecutar un
genocidio a los valores más arraigados del gentilicio venezolano. Indiferencia
insisto, por parte de los partidos y de los líderes colaboracionistas en el
circo electoral que los convierten en cómplices voluntarios o involuntarios de
la tragedia nacional. Ignoran que ellos tambien están a punto de ser destruidos
porque del genocidio de los valores se avanza al genocidio como jurídicamente
es aceptado por la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas
del 11 de diciembre de 1946, al considerar al genocidio como un crimen, según
la ley internacional.
Sin duda alguna, esa falta de contrapeso es la que
ocasiona a muchos “el desosiego a la imaginación y al espíritu”. Cuesta
comprender cómo una sociedad a la que le están destruyendo todos sus valores
morales y materiales, –la gente– no termina de entender que con el aval que les
dan a sus líderes políticos y partidos, participando en procesos electorales
fraudulentos, se hacen también cómplices de su propia destrucción.
A pesar de ello, todavía quedan hombres, unos presos,
otros asilados y muchos luchando en el país a pesar de los riesgos que cada dia
corren, que edifican su vida sobre el estricto valor de la dignidad, de la
ética y el deber, de allí saldrá el Lucio Quincio Cincinato. Estos conseguirán
salir enteros en sus valores de la tragedia nacional, aún cuando los otros
traten de empujarlos al tenebroso círculo de la mentira y del engaño, como son
los procesos electorales manipulados. Hoy, ya ni siquiera hay alegría en el
resplandor del Sol; por el lado de quienes gobiernan el mal está escondido en
las profundas tinieblas del corazón, por el otro lado, la de la mayoría de la
gente, no sé cuánto sentimiento acumulan de agravio y de ira. El magma del
volcán se acumula para una guerra civil.
Ojalá, después de la próxima “gran estafa electoral con
los comicios regionales”, esa población electoral de la oposición reaccione
cuando el CNE declare que solamente obtuvieron unas cuantas gobernaciones y
felicite a los partidos opositores por ello. De esta forma el CNE, como apéndice
del Ejecutivo nacional, logrará su tan ansiada necesidad de un baño de
legalidad como arbitro imparcial. El daño estará hecho y nuevamente el régimen
se arropará con la legitimidad necesaria, mientras tanto la oposición que
participó como si fuesen borrachos peleando por una botella vacía se sentirá
complacida por ganar “espacios vitales”, espacios estos, que no son otra cosa
que un chantaje para que la gente asista a esa parodia de acto electoral.
Quienes participen se sumarán al festejo de bufones de los
presuntos líderes de la oposición, quienes celebrarán que con estos resultados
ahora sí vencerán a la ignominia en las próximas elecciones presidenciales,
continuarán corriendo la arruga. El colectivo tiene que entender después de la
nueva “gran estafa electoral”, que no se les puede seguir engañando porque ya
no podrán decir que se les “engaña”, se harán entonces cómplices de la
tragedia. Cito las reflexiones de Octavio Paz (escritor y diplomático mexicano,
premio Cervantes y premio Nobel), cuando escribió sobre el engaño: “Y aquellos
que se autoengañen, hasta qué punto el mentiroso de verdad miente, de veras se
propone engañar, y se preguntaba ¿no es la primera víctima de sus engaños y no
es a sí mismo a quien engaña?”. La historia juzgará.
Por donde andará Lucio Quincio Cincinato.
agarciadeffendini@gmail.com
DE RAMÓN ESCOVAR SALÓM A LUISA ORTEGA DIAZ
Fernando Tineo | septiembre 13,
2017 | Web del Frente Patriótico
Luego de su destitución el 5 de agosto por la recién
electa Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz ya sin el poder
que le otorga la constitución al ser la Fiscal General de la República, logró
escabullirse de los tentáculos de la dictadura que nace al norte de Suramérica.
En lancha y en avión, logró llegar a Colombia y después de recibir el salvo
conducto del gobierno de Juan Manuel Santos, quien inclusive le ofreció asilo
político, emprendió un viaje que ha causado un sismo que empieza a socavar las
bases del gobierno de Venezuela que dirige Nicolás Maduro.
Antes de marcharse, Ortega Díaz citó a varios integrantes
de la Fuerza Armada Nacional (FAN) por violación de derechos humanos y algunas
personas allegadas a funcionarios del gobierno por casos de corrupción, pero
del presidente no hizo referencia directamente. Por qué no lo hizo? La
respuesta podría ser la falta de institucionalidad en Venezuela, el hueco sin
fondo de la impunidad.
Sin embargo, una vez fuera del país señaló al mandatario
y su entorno de estar inmiscuidos en delitos que no prescriben, corrupción y
violación de derechos humanos.
Una vuelta al pasado
Debemos recordar que hace 25 años, el 20 de mayo de 1993,
la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la petición de antejuicio de
mérito contra el Presidente de la República Carlos Andrés Pérez.
El Fiscal General de la nación Ramón Escovar Salóm, hizo
la petición después de la denuncia que hiciera el periodista José Vicente
Rangel sobre posibles hechos de corrupción en el gobierno nacional. Un día
después, el senado aprobó la destitución de Carlos Andrés Pérez.
Constituionalidad, pase de factura de los “adecos”,
complot entre el Fiscal General, adversarios políticos y el alto tribunal. Fue
mucha la tela de araña que se tejió alrededor de la caída de Pérez en 1993, sin
embargo, debemos resaltar que tras una denuncia de un periodista, el mismo no
fue perseguido ni encarcelado y el supuesto hecho se investigó y se “determinó”
que se había desfalcado a la nación por la cifra de 250 millones de dólares,
los cuales fueron destinados para ayudar a asentar la democracia en la
presidencia de Violeta de Chamorros, en Nicaragua, en ese momento inmiscuida en
un conflicto interno entre sandinistas y contras.
Según el politólogo Ricardo Sucre Heredia, existe una
primera coincidencia entre ambos fiscales, y es que se usó la fiscalía
para tratar de sacar a un presidente. En el caso de Escovar Salón se logró,
Luisa Ortega no pudo hacerlo, al menos por ahora. En el 1993, el Fiscal General
contaba con el respaldo de un buen porcentaje de la ciudadanía que quería salir
del presidente porque no estaban de acuerdo con las medidas que éste tomó.
Además el sector político también estaba en contra de
Carlos Andrés Pérez, inclusive dentro de su propio partido Acción Democrática.
“Este escenario llevó a una ruptura en la política que desencadenó en la
destitución del presidente, quien aceptó porque era un demócrata”. Sucre
aseguró que en aquel momento existía más equilibrio de poder dentro del Estado.
“En la actualidad no es así”, afirmó. “Luisa Ortega que era chavista falló en
su estrategia”, dijo el profesor universitario Sucre Heredia.
“Falló porque buscó esa misma ruptura de 1993, y no
ocurrió, ella que era chavista se deslindó del proyecto de gobierno y en
principio utilizó un discurso sobre recomponer el estado de derecho y la
institucionalidad en el país, pero después se radicalizó y no gustó en las
filas de las que desertó”.
El politólogo dijo que en las filas del gobierno, de
donde venía Luisa Ortega, no quieren sacar a Nicolás Maduro, como si ocurría en
1993, por el contrario, quieren permanecer dentro del proyecto político.
Con todas estas denuncias que está haciendo Ortega días,
según Sucre Heredia, “pierde el gobierno pero también el venezolano, el
gobierno porque se ve cercado, con el repudio de otros países que lo observan
como una dictadura, y bueno la gente por lo que estamos viendo ahora, esa
especie de xenofobia que existe contra todos lo venezolanos en cualquier parte
del mundo”, dijo Sucre.
Por otra parte, Eduardo Fernández, abogado, congresista
venezolano hasta 1988 y candidato presidencial que fue derrotado ese año
precisamente por Carlos Andrés Pérez, manifestó a Venepress que en 1993 hubo un
complot del cual formó parte el Fiscal General Ramón Escovar Salón, “quien fue
un instrumento de las circunstancias”.
“Era un clima muy contrario a que Pérez permaneciera en
el poder”, afirmó Fernández.“El Tigre”, como se le conoció a Eduardo Fernández
en la campaña de 1988, aseguró que CAP no cometió ningún delito al utilizar la
partida secreta para ayudar a la estabilización de Nicaragua, que salía de un
conflicto interno.
Con esto, Eduardo Fernández quiso dejar claro la
diferencia entre aquel titular del Ministerio Público y lo que ocurrió con la
actuación de Luisa Ortega Díaz y su deslinde final del madurismo.
“No se cual fue el cálculo político de Ortega Díaz, lo
que sí se es que no se equivocó al defender la constitución, creo que hizo lo
correcto, más bien creo que tardó mucho en defender el estado de derecho”, dijo
Fernández.
Eduardo Fernández coincide con Ricardo Sucre Heredia, en
que la única similitud de ambos casos es que se trató del Ministerio Público y
el poder de la presidencia de la República, en uno se puso fin al mandato del
jefe del Estado, en otro, quien perdió el poder fue el Fiscal General, aunque,
hizo lo que debía hacer, defender la constitución.
Fernando Tineo
fernandotineo1977@hotmail.com
fernandotineo1977@hotmail.com
MADURO DE CARA A LA CONVENCIÓN DE PALERMO
Carlos E. Aguilera | septiembre 13,
2017 | Web del Frente Patriotico
A finales del año 2000, en la ciudad siciliana de
Palermo, en Italia, 124 países de los 189 miembros de la Organización de la
Naciones Unidas firmaron la Convención contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (en adelante la Convención), tratado que tiene dos objetivos
principales: El primero tiene por objeto eliminar las diferencias entre los
sistemas jurídicos nacionales que en el pasado hubiesen podido bloquear la
asistencia mutua. El segundo establece normas para las leyes domésticas, de
manera que se pueda combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada. De
esta manera, el acuerdo está básicamente orientado a promover la cooperación en
la lucha contra la criminalidad organizada, y en él se prevén medidas que los
países firmantes pueden adoptar en áreas como la asistencia legal mutua, el
control de la corrupción o el blanqueo de activos. También se abordan asuntos
como las medidas judiciales, la cooperación informal, las pesquisas judiciales
conjuntas y las técnicas especiales de investigación criminal.
A lo largo de las dos últimas décadas se han dado diversas
situaciones en el campo de la actuación del crimen organizado que sirvieron
como justificación para los esfuerzos conducentes a la firma de la Convención
de Palermo, desde la perspectiva tanto de los Estados más afectados como de la
ONU, por lo que progresivamente se empezó a reconocer el crimen organizado como
un atentado a la soberanía y a la democracia, y una fuente de corrupción
estatal y de contaminación de la actividad económica.
Los esfuerzos de las Naciones Unidas por fortalecer la
cooperación entre países para la lucha contra el crimen organizado no son
recientes, y se fueron consolidando a lo largo de congresos que se realizaron
cada quinquenio sobre la prevención del delito. De tal manera que en el año
1992 la ONU estableció la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. A
finales de 1994 en el contexto de una conferencia mundial sobre el tema se
aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la
Delincuencia Transnacional Organizada, documento que poco después sería
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un principio esta
idea fue acogida con gran entusiasmo por los países en desarrollo. Se
consideraba que la negociación de un acuerdo mundial, con más de un centenar de
firmantes, conduciría a un documento demasiado general y de bajo perfil. Una
serie de conferencias ministeriales de seguimiento sirvieron para crearle un
ambiente más favorable a la idea de una convención mundial sobre delincuencia
organizada
Los textos finales elaborados por el comité fueron
sometidos a la aprobación de la Asamblea General de la ONU en noviembre de
2000. Entre el 12 y el 15 de diciembre del mismo año se realizó en Palermo una
conferencia de alto nivel para la firma de la Convención y los protocolos. Se
escogió esta ciudad como un tributo a la lucha del Estado italiano contra las
mafias sicilianas. El plazo para firma en la sede de las Naciones Unidas siguió
abierto por dos años más, hasta el 12 de diciembre de 2002.
En virtud de los avances significativos en la lucha
contra la delincuencia organizada, los países firmantes del protocolo están
obligados a realizar un esfuerzo conjunto y de cooperación con los organismos
de seguridad, así como los sistemas judiciales de los distintos países, para
proponer un impulso a los procesos de entrenamiento y de cooperación técnica, y
apoyo a la asistencia financiera y material para con los países menos
desarrollados. Dentro de la Convención la cooperación entre países incluye
temas como la extradición y la asistencia legal mutua.
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos, presentó un determinante informe de 39 páginas sobre
Venezuela, en el que denuncian “la existencia de una política destinada a
reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar
las manifestaciones”, así como “el uso generalizado y sistemático de fuerza
excesiva durante las manifestaciones; la detención arbitraria de manifestantes
y presuntos opositores políticos, todo lo cual denota que no se trata
simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”.
En virtud de lo anteriormente indicado, preocupa mucho a
la ONU la precariedad de los derechos humanos en el caso venezolano,
concretamente los procedimientos inquisitivos ejercidos por los organismos de
seguridad relativamente inmunes al control civil, sumados a la prioridad que se
le ha asignado a ciertos delitos, como el tráfico de drogas y migraciones
forzosas, o lo que es igual, del hecho político ha pasado a la violencia y ello
es un delito, porque la política es un servicio social sujeto a la democracia
en la que se respetan las libertades públicas y los derechos humanos.
En este contexto, el énfasis que se le asigna en la
Convención a ciertas conductas, cuyo adecuado control exige necesariamente
fortalecer los métodos inquisitivos de investigación, van en contravía de los
avances recientes logrados en muchas sociedades en materia de derechos humanos
y supervisión civil de los procedimientos de los organismos de seguridad de un
Estado.
Son innumerables los casos de la violación de los
derechos humanos en Venezuela durante los 19 años desde que se instauró en el
poder el llamado socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez, y tras su
fallecimiento su hijo putativo Nicolás Maduro Moros. Delitos cuyas denuncias
reposan en el seno del máximo organismo mundial, por lo que algunas ONG, entre
otras Interamerican Institute for Democracy, que velan por la estabilidad de
las democracias latinoamericanas, exhortan a la comunidad internacional a
solicitar la aplicación de la Convención de Palermo al régimen de Nicolás
Maduro y sus principales colaboradores del régimen.
En consecuencia, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) de
acuerdo con la disposición legal aprobada puede acusar, investigar, juzgar y
capturar a quienes incurran en los delitos anteriormente tipificados, como el
caso venezolano con Maduro y sus huestes, como lo denuncia la fiscal Luisa
Ortega Díaz, quien lo acusa de haber obtenido beneficios materiales, cometido
delitos graves contra la libertad, el Estado y la economía, detentando
ilegalmente el poder político con fines de impunidad, amén de las denuncias
sustanciadas ante el máximo organismo mundial.
Venezuela clama por paz, seguridad, estabilidad social,
política y económica entre sus necesidades más apremiantes, para salir de tan
horrible pesadilla y retornar a una nación altiva y soberana con un gobierno de
respeto, libertad y conducta civilizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario