Siempre se ha dicho que las mujeres de Venezuela han construido con su fuerza y amor a la sociedad bolivariana. En los peores tiempos de su historia, ellas han dado los pasos requeridos para guardar y luchar por sus hijos, sus hombres, su familia y su país, olvidándose de ellas mismas. Veamos la posicion que ante el llamado de la patria en estos terribles dias han demostrado tres mujeres representantes del poder en el pais, en el lugar que a cada una le toco cumplir.
Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela, 11 de enero de 1958) es una abogada venezolana que funge actualmente como Fiscal General del Ministerio Público de ese país, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional, el 13 de diciembre de 2007, por el período entre 2008 y 2014, un lapso de siete años, siendo ratificada por el parlamento por un período igual el 22 de diciembre de 2014 (2014-2021). Obtuvo su título de abogado en la Universidad de Carabobo, ubicada en el estado homónimo. Se especializó en derecho penal en la Universidad Santa María (donde actualmente es profesora) y derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, ambas ubicadas en Caracas. También se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión, ingresando, posteriormente, al Ministerio Público en abril de 2002.
Entre las acciones más importantes durante su gestión, según lo que su oficina ha anunciado, estarían:
- La investigación, procesamiento y detención de dueños y directores de una serie de pequeños bancos no simpatizantes del gobierno incursos en irregularidades en la administración de su patrimonio.
- El adelanto en la investigación del ajusticiamiento de grupos insurgentes, por parte del estado venezolano el 4 de octubre de 1982, conocida como Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el estado Anzoátegui.
- La solicitud de extradición y enjuiciamiento del ex-presidente Carlos Andrés Pérez, por la represión de las protestas y disturbios durante su gobierno, desarrollado entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como El Caracazo, cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación, siguiendo las órdenes de ex-gobernante.
- La creación de la Escuela Nacional de Fiscales, institución docente adscrita al Ministerio Público, que tiene como fin la formación y mejoramiento del material humano que actúa en representación de la fiscalía. La finalización académica acarrea la titularidad en los cargos lo que genera estabilidad profesional e independencia del organismo.
- El mejoramiento de la estructura de investigación criminalística y científica del Ministerio Público venezolano, mediante la creación de laboratorios propios.
- El anuncio de investigación de las declaraciones de Mario Silva sobre corrupción en el gobierno.
- La creación de fiscalías especializadas en áreas de sensibilidad social, como la violencia contra la mujer, protección a niños, niñas y adolescentes, ambiente laboral, así como fiscalías orientadas a la investigación de delitos graves contra las personas (homicidios) o delincuencia organizada (robo de vehículos, extorsión y secuestro).
- La creación de las fiscalías municipales, despachos destinados a atender delitos cuyas penas no excedan los tres años como pena máxima; son fiscalías con mucha funcionalidad en el área de los dólares, trabajando directamente con las comunidades, organizaciones sociales e instituciones educativas.
- El 31 de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, son una ruptura del orden constitucional.
- El 24 de mayo de 2017, declaró que al estudiante Juan P. Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena disparada por la GNB. Desmontando así la versión que ofreció el Ministro de justicia y autoridades importantes del gobierno de que Juan P. Pernalete había si asesinado por una pistola de perno
NO, LA FISCAL NO ESTÁ SOLA Y TIENE PODER
Elizabeth Fuentes @fuenteseliz | mayo 27, 2017/Web
del Frente Patriotico
Cuando una chavista con cuatro soles como Luisa Ortega Díaz
sale del closet y se enfrenta con toda su artillería jurídica a las tropelías
que se vienen ejecutando desde el Palacio de Miraflores, no es únicamente
porque finalmente se avergonzó por el abuso de poder, los asesinatos en serie y
la tortura que como moneda corriente se han ido instalando sin vergüenza alguna
en el Gobierno y su tropa.
Tampoco su cambio de postura obedece, como diría cualquier sexista, a que la Fiscal es mujer y las mujeres solemos ser más sensibles al sufrimiento ajeno. Falso, porque si bien esa virtud acompaña a algunas, valga como ejemplo de lo contrario Tibisay Lucena y el resto de sus amigotas del CNE, cuatro mujeres que llevarán sobre sus hombros la corresponsabilidad en el asesinato de esos 55 venezolanos -hasta este jueves-, la mayoría de los cuales salieron a protestar a las calles porque querían votar, pero las “rectoras” les negaron ese derecho, autoría intelectual que acabó con sus vidas.
Tampoco su cambio de postura obedece, como diría cualquier sexista, a que la Fiscal es mujer y las mujeres solemos ser más sensibles al sufrimiento ajeno. Falso, porque si bien esa virtud acompaña a algunas, valga como ejemplo de lo contrario Tibisay Lucena y el resto de sus amigotas del CNE, cuatro mujeres que llevarán sobre sus hombros la corresponsabilidad en el asesinato de esos 55 venezolanos -hasta este jueves-, la mayoría de los cuales salieron a protestar a las calles porque querían votar, pero las “rectoras” les negaron ese derecho, autoría intelectual que acabó con sus vidas.
No podemos afirmar tampoco que la semana pasada la Fiscal
tuvo una Epifanía o un ataque tardío de justicia o se le apareció la imagen de
la Virgen de Coromoto en una arepa, llorando lágrimas de sangre y pidiéndole
que actuara apegada a la Constitución.
Reelección para el cargo de Fiscal General del año 2014 hasta el año 2021 (camaradas).
Pues no. La fiscal Luisa Ortega Díaz ha hecho lo que ha hecho por una sencillísima razón: Porque no está sola. Porque es una mujer que ha sido lo suficientemente hábil durante 15 años para estar donde está, tejiendo a su alrededor una red segura de sus iguales, lo que le permitió lograr la reelección para el cargo de Fiscal (del año 2014 hasta el año 2021, camaradas), enfrentándose en esa oportunidad nada menos que a Cilia Flores. Porque la esposa del presidente Nicolás Maduro quería imponer a su comadre, la magistrada Miriam Morandy, cuyo nombre no sólo fue apabullado en esa elección sino que resultó un vergonzoso titular el año siguiente, 2015, cuando fue arrestada junto al presunto narcotraficante Richard José Cammarano, en el momento en que ambos pretendían abordar un vuelo de TAP que los llevaría a Portugal. Obviamente, poco después ella fue liberada pero su historia personal quedó al descubierto y se dio a conocer que la aspirante a Fiscal General, comadre de Cilia y amiga de un presunto narcotraficante, también era propietaria del 35% de las acciones de una empresa, Comercializadora Jomira, C.A., dirigida a “la compra, venta e importación al mayor de equipos de oficina; venta de línea blanca, marrón; así como ropa y calzados hasta distribución y venta de alimentos…”, acciones que adquirió cuando era magistrada del TSJ. Lamentablemente, hasta el momento ha resultado inútil acceder al portal del Registro Nacional de Contratistas (RNC) para conocer quiénes son sus socios, porque el motor de búsqueda del organismo asegura que “no se puede encontrar el servidor”, de modo que sus socios siguen en el anonimato, aunque en Florida y Panamá hay varias empresas registradas con ese mismo extraño nombre.
Anecdotario aparte, ya Cilia Flores debe andar detrás de algunos que reeligieron a Ortega Díaz con el clásico macán del “Yo se los dije”. Mientras en paralelo, la Fiscal General se ha colocado no digamos una máscara antigás, sino unos guantes de boxeo rojos-rojitos aupada desde unas butacas multicolores y de lo más bien entrenada y oxigenada desde su esquina, armada con quince años de dimes y diretes entre los pasillos del poder y por eso sabe quién es quién, cuáles son sus delitos, cómo han administrado las joyas de la corona y, en consecuencia, andará buscando expedientes engavetados de esos peleadores que ahora han osado desafiarla para derrumbarlos de un solo golpe frente a las cámaras y los micrófonos.
Basta verla, calmada y segura de lo que dice, mientras en la otra esquina vociferan los asustados. No, la Fiscal no está sola y tiene poder. Tremenda barricada compañeros
Reelección para el cargo de Fiscal General del año 2014 hasta el año 2021 (camaradas).
Pues no. La fiscal Luisa Ortega Díaz ha hecho lo que ha hecho por una sencillísima razón: Porque no está sola. Porque es una mujer que ha sido lo suficientemente hábil durante 15 años para estar donde está, tejiendo a su alrededor una red segura de sus iguales, lo que le permitió lograr la reelección para el cargo de Fiscal (del año 2014 hasta el año 2021, camaradas), enfrentándose en esa oportunidad nada menos que a Cilia Flores. Porque la esposa del presidente Nicolás Maduro quería imponer a su comadre, la magistrada Miriam Morandy, cuyo nombre no sólo fue apabullado en esa elección sino que resultó un vergonzoso titular el año siguiente, 2015, cuando fue arrestada junto al presunto narcotraficante Richard José Cammarano, en el momento en que ambos pretendían abordar un vuelo de TAP que los llevaría a Portugal. Obviamente, poco después ella fue liberada pero su historia personal quedó al descubierto y se dio a conocer que la aspirante a Fiscal General, comadre de Cilia y amiga de un presunto narcotraficante, también era propietaria del 35% de las acciones de una empresa, Comercializadora Jomira, C.A., dirigida a “la compra, venta e importación al mayor de equipos de oficina; venta de línea blanca, marrón; así como ropa y calzados hasta distribución y venta de alimentos…”, acciones que adquirió cuando era magistrada del TSJ. Lamentablemente, hasta el momento ha resultado inútil acceder al portal del Registro Nacional de Contratistas (RNC) para conocer quiénes son sus socios, porque el motor de búsqueda del organismo asegura que “no se puede encontrar el servidor”, de modo que sus socios siguen en el anonimato, aunque en Florida y Panamá hay varias empresas registradas con ese mismo extraño nombre.
Anecdotario aparte, ya Cilia Flores debe andar detrás de algunos que reeligieron a Ortega Díaz con el clásico macán del “Yo se los dije”. Mientras en paralelo, la Fiscal General se ha colocado no digamos una máscara antigás, sino unos guantes de boxeo rojos-rojitos aupada desde unas butacas multicolores y de lo más bien entrenada y oxigenada desde su esquina, armada con quince años de dimes y diretes entre los pasillos del poder y por eso sabe quién es quién, cuáles son sus delitos, cómo han administrado las joyas de la corona y, en consecuencia, andará buscando expedientes engavetados de esos peleadores que ahora han osado desafiarla para derrumbarlos de un solo golpe frente a las cámaras y los micrófonos.
Basta verla, calmada y segura de lo que dice, mientras en la otra esquina vociferan los asustados. No, la Fiscal no está sola y tiene poder. Tremenda barricada compañeros
FISCAL ABRE UN NUEVO Y PELIGROSO FRENTE AL RÉGIMEN DE
NICOLÁS MADURO
El Nuevo Herald/ANTONIO MARÍA DELGADO | mayo 30,
2017 | Web del Frente Patriotico
Tradicionalmente vista como uno de los pilares más
importante del chavismo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha
pasado a convertirse en una de las mayores amenazas para el régimen de Nicolás
Maduro, al crear grandes grietas en su aparato represivo y abrir la puerta a
deserciones masivas.
Y en lo que significa más dolores de cabezas para el
régimen, una eventual destitución de la fiscal podría terminar siendo muy
difícil de ejecutar incluso para los controlados tribunales del chavismo, lo
que exigiría artimañas legales aún más fantasiosas de lo que los venezolanos ya
están acostumbrados a ver, advirtieron expertos.
En unas declaraciones que sacudieron los cimientos del
chavismo, Ortega dijo el miércoles que el régimen es responsable por las
lesiones sufridas por al menos 500 personas durante las manifestaciones de las
últimas semanas y de la trágica muerte de Juan Pernalete, un estudiante de 20
años que murió el 26 de abril.
“Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la
acción de los cuerpos de seguridad”, dijo la fiscal, antes de señalar que un
agente de la Guardia Nacional provocó la muerte de Pernalete.
“Fue impactado por un objeto como éste”, dijo al mostrar una
bomba lacrimógena, en claro desafío al gobierno, que aseguró que el joven había
sido asesinado con una pistola de pernos (de sacrificio de ganado), accionada
por manifestantes durante la protesta.
Aunque las palabras fueron pronunciadas con un tono ecuánime
y muy profesional, las declaraciones brindaron un alarmante mensaje a la
Guardia Nacional, señaló desde Washington Antonio De La Cruz, director
ejecutivo de la firma de asesores Interamerican Trends.
“Hay una serie de mensajes allí [en las palabras de la
fiscal] que les amarra las manos”, resaltó De La Cruz.
“Uno de los más importante es que le está diciendo a la
Guardia Nacional: Mira, al final, esto se va a terminar algún día, y en la
fiscalía estamos documentando los casos de lesa humanidad que se van a utilizar
en tu contra […] Es un mensaje muy demoledor”, agregó.
Y en lo que reforzó la señal de que podría haber futuros
problemas para los represores en Venezuela, la fiscalía anunció el jueves que
tres agentes de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron
encarcelados por presuntamente incurrir en trato cruel contra 10 jóvenes que
fueron sido detenidos en una manifestación el pasado 15 de mayo en el estado
Aragua.
Las declaraciones de la fiscal cayeron muy mal dentro del
régimen.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó
el jueves las declaraciones de la fiscal sobre la muerte de Pernalete.
“Esta hipótesis no solo afecta el espíritu de cuerpo de
nuestros efectivos, sino que podría además instigar a la violencia contra ellos
y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar grupos de derecha”, dijo
Padrino López en un comunicado.
Imputarán a 3 militares venezolanos por muerte durante
protesta del miércoles
Pernalete, de 20 años, murió el 27 de abril tras resultar herido durante una manifestación en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.
Pernalete, de 20 años, murió el 27 de abril tras resultar herido durante una manifestación en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.
Según la Constitución, la fiscal general cuenta con
inmunidad y sólo puede ser destituida tras una sanción de la Asamblea Nacional,
que actualmente está controlada por la oposición.
De La Cruz dijo que Maduro podría intentar de crear alguna
figura legal que le permitiera destituirla de todas maneras, pero ese paso no
tendría ningún tipo de mérito jurídico y aumentaría significativamente los
problemas políticos del régimen.
Las declaraciones de la fiscal se producen después de decir
que en el país había ocurrido una alteración del orden constitucional tras la
emisión de dos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia en que se atribuía
para sí las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
Ese pronunciamiento generó una crisis interna y respaldó a
la oposición venezolana en su aseveración de que Maduro había propinado un
autogolpe.
Posteriormente, la fiscal generó nuevas olas al criticar los
planes de Maduro de convocar a la fuerza a una Asamblea Constituyente que
estará encargada de redactar una constitución a la medida del régimen.
Pero el mayor impacto es el mensaje subliminal que la fiscal
general envía a otros actores del chavismo: el régimen de Maduro es ya
insostenible.
Carlos Blanco, profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Boston, dijo que la fiscal, con su ejemplo, podría haberle
abierto la puerta a otros seguidores del fallecido Hugo Chávez para romper con
Maduro.
“Podría producirse un deslave”, dijo Blanco, ex presidente
de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).
“Muchos de los funcionarios que habían apoyado a Chávez, y
hasta ahora Maduro, se están desmarcando porque ven que el fin del régimen está
cerca”, manifestó.
Blanco dijo tener información de que en los más altos
niveles civiles y militares está ocurriendo un proceso similar al registrado
con la fiscal.
“Lo de la fiscal forma parte de una dinámica indetenible,
cuando un régimen autoritario, una dictadura se derrumba”, manifestó.
“Ya Venezuela tiene una experiencia sobre esto. En 1958, las
últimas semanas del régimen de Marcos Pérez Jiménez, fueron parecidas, porque
los más apegados funcionarios del régimen comenzaron a ser sustituidos,
destituidos, a renunciar y a fugarse al exterior”, añadió.
Eso no ha comenzado a ocurrir todavía, pero es evidente que
la actuación de la fiscal está restándole tranquilidad al régimen, lo cual
puede verse en las declaraciones de sus máximos dirigentes.
“Yo estoy obligado a decir todo esto, porque si no, esta
noche no dormiría. Pido disculpas porque yo era presidente de la Asamblea
cuando esa persona fue designada como fiscal”, manifestó Diosdado Cabello, una
de las principales figuras del régimen.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor
Reverol, coincidió con Cabello en que la fiscal se ha convertido en un problema
para el régimen, afectando particularmente los esfuerzos por contener las
masivas manifestaciones en todo el país.
Militares venezolanos emitieron órdenes para utilizar francotiradores
contra manifestantes que protestan contra el régimen de Nicolás Maduro en una
reunión realizada a finales de abril. En la grabación tomada del encuentro del
alto mando de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara, los generales de los
distintos componentes discutieron la inconstitucionalidad de la operación, la
necesidad de que los hombres seleccionados sean psicológicamente evaluados, y
la implementación de medidas para evitar que no fuesen detectados por
manifestantes y los medios de comunicación.
“Esta espiral de violencia ha generado un clima de
impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su
inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia”, dijo
Reverol.
Este artículo fue complementado con los servicios
cablegráficos de el Nuevo Herald.
Siga a Antonio María Delgado en Twitter:@DelgadoAntonioM
Fuente:elnuevoherald
http://impactocna.com/fiscal-abre-un-nuevo-y-peligroso-frente-al-regimen-de-nicolas-maduro/
QUE SE CALLE LUISA Y HABLÉ LA FISCAL GENERAL
Victor Bolívar | junio 1, 2017 | Web del
Frente Patriotico
Desde hace varias semanas Luisa Ortega Diaz viene haciendo
ruido. Los diarios nacionales e internacionales la titulan como la nueva super
héroe venezolana, los políticos le guiñan el ojo, la gente se llena de
esperanza al escucharla y las redes sociales la convierten en tendencia
nacional. Pero hasta ahora solo hemos escuchado a Luisa, no a la fiscal general
de la república.
Así, Luisa nos ha hablado (con el titubeo que la caracteriza) contándonos un poquito de las historias que hoy en día la gran mayoría de los venezolanos conocemos de cabo a rabo: el carácter dictatorial del gobierno venezolano, la ausencia de estado de derecho, la violación sistemática de los derechos humanos, la escasez de productos y servicios básicos, la destrucción de la economía, y los altos índices delictivos, etc.
Luisa ha dirigido al país cada una de sus ruedas de prensa como si se tratara del encuentro entre dos comadres. Un día casi entre risas declara nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia ha roto el hilo constitucional al asumir las funciones de la Asamblea Nacional, y a los pocos días como si intentara contar un pequeño chisme, suelta que ha habido uso abusivo de la fuerza pública, que hay unos cuantos jóvenes muertos como resultado de ello y que hay tribunales militares juzgando a civiles. Vaya cuentecito.
Esto no tendría nada de malo si Luisa fuese solamente Luisa y no la Fiscal General de la República, pero de hecho Luisa es la titular de la acción penal y quien dirige el Ministerio Público. En cumplimiento de sus funciones Luisa pudiera ser ese super héroe que la prensa titula, los políticos le guiñan el ojo y los venezolanos aclaman, sin embargo, no lo es.
Ella podría (si quisiera) solicitar el antejuicio de mérito del presidente de la república, del ministro de interior y justicia y del ministro de la defensa, por haber ordenado el desproporcionado ataque a manifestantes desarmados, causando la muerte de decenas de venezolanos, la mayoría de ellos por disparos a quema ropa cuyas pruebas abundan (declaraciones de testigos, videos, autopsias) y además son de fácil acceso para una persona que ocupa la investidura de Luisa.
Si realmente Luisa tuviese la intención de ejercer su cargo, podría solicitar el enjuiciamiento de todos aquellos jueces y fiscales militares que obviando el principio constitucional del juez natural han estado violando el debido proceso al enjuiciar a civiles no teniendo competencia para ello.
Incluso ha podido Luisa evitar toda esta calamidad que está viviendo el país hoy en día, instruyendo a sus fiscales con competencia en materia electoral a que se opusieran a las medidas cautelares dictadas el año pasado por jueces penales, evidentemente incompetentes para suspender el referéndum revocatorio que nos habría garantizado una salida democrática de esta calamidad que algunos han calificado de “revolución del siglo XXI.”
Si por algún momento Luisa en su titubeo ha pensado en dedicarse solamente a opinar sobre los asuntos de trascendencia nacional, este servidor la invita a que ocupe el papel que como articulista de este diario desempeña a cambio de que lo deje ejercer sus funciones por un par de días y desplegar los poderes inherentes a su cargo.
La responsabilidad de Luisa (por cómplice) en el Estado forajido que se ha institucionalizado en Venezuela es evidente. La actitud de Luisa hasta ahora ha sido un show, solo dejará de serlo el día en que Luisa decida que su cargo es mucho más que varios escoltas y camionetas que la acompañan a donde va y personas que la llaman doctora por doquier, para convertirse en la fiscal general de la república ejerciendo plenamente las funciones consagradas en los artículos 284, 285 y 286 de nuestra Constitución y acusando a los responsables del mayor desastre de orden social, económico y político que ha conocido la historia del país. Mientras tanto Luisa solo seguirá siendo Luisa y Venezuela seguirá con un vacío en la Fiscalía General de la República.
Así, Luisa nos ha hablado (con el titubeo que la caracteriza) contándonos un poquito de las historias que hoy en día la gran mayoría de los venezolanos conocemos de cabo a rabo: el carácter dictatorial del gobierno venezolano, la ausencia de estado de derecho, la violación sistemática de los derechos humanos, la escasez de productos y servicios básicos, la destrucción de la economía, y los altos índices delictivos, etc.
Luisa ha dirigido al país cada una de sus ruedas de prensa como si se tratara del encuentro entre dos comadres. Un día casi entre risas declara nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia ha roto el hilo constitucional al asumir las funciones de la Asamblea Nacional, y a los pocos días como si intentara contar un pequeño chisme, suelta que ha habido uso abusivo de la fuerza pública, que hay unos cuantos jóvenes muertos como resultado de ello y que hay tribunales militares juzgando a civiles. Vaya cuentecito.
Esto no tendría nada de malo si Luisa fuese solamente Luisa y no la Fiscal General de la República, pero de hecho Luisa es la titular de la acción penal y quien dirige el Ministerio Público. En cumplimiento de sus funciones Luisa pudiera ser ese super héroe que la prensa titula, los políticos le guiñan el ojo y los venezolanos aclaman, sin embargo, no lo es.
Ella podría (si quisiera) solicitar el antejuicio de mérito del presidente de la república, del ministro de interior y justicia y del ministro de la defensa, por haber ordenado el desproporcionado ataque a manifestantes desarmados, causando la muerte de decenas de venezolanos, la mayoría de ellos por disparos a quema ropa cuyas pruebas abundan (declaraciones de testigos, videos, autopsias) y además son de fácil acceso para una persona que ocupa la investidura de Luisa.
Si realmente Luisa tuviese la intención de ejercer su cargo, podría solicitar el enjuiciamiento de todos aquellos jueces y fiscales militares que obviando el principio constitucional del juez natural han estado violando el debido proceso al enjuiciar a civiles no teniendo competencia para ello.
Incluso ha podido Luisa evitar toda esta calamidad que está viviendo el país hoy en día, instruyendo a sus fiscales con competencia en materia electoral a que se opusieran a las medidas cautelares dictadas el año pasado por jueces penales, evidentemente incompetentes para suspender el referéndum revocatorio que nos habría garantizado una salida democrática de esta calamidad que algunos han calificado de “revolución del siglo XXI.”
Si por algún momento Luisa en su titubeo ha pensado en dedicarse solamente a opinar sobre los asuntos de trascendencia nacional, este servidor la invita a que ocupe el papel que como articulista de este diario desempeña a cambio de que lo deje ejercer sus funciones por un par de días y desplegar los poderes inherentes a su cargo.
La responsabilidad de Luisa (por cómplice) en el Estado forajido que se ha institucionalizado en Venezuela es evidente. La actitud de Luisa hasta ahora ha sido un show, solo dejará de serlo el día en que Luisa decida que su cargo es mucho más que varios escoltas y camionetas que la acompañan a donde va y personas que la llaman doctora por doquier, para convertirse en la fiscal general de la república ejerciendo plenamente las funciones consagradas en los artículos 284, 285 y 286 de nuestra Constitución y acusando a los responsables del mayor desastre de orden social, económico y político que ha conocido la historia del país. Mientras tanto Luisa solo seguirá siendo Luisa y Venezuela seguirá con un vacío en la Fiscalía General de la República.
Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es un retroceso en
derechos humanos
La fiscal general de la República aseguró que la Sala
Constitucional debe aclarar si perdió vigencia la democracia participativa
Por EL NACIONAL WEB
01 DE JUNIO DE 2017 03:35 PM | ACTUALIZADO EL 01 DE JUNIO DE
2017 15:46 PM
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
introdujo hoy un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que se aclare la sentencia 378,
en donde se aclaran los artículos 347 y 348 de la Constitución.
“He solicitado que aclare lo referido a la progresividad de
los derechos humanos; esta sentencia es un retroceso en materia de derechos
humanos. Nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna
circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados”, afirmó.
Por otro lado, Ortega Díaz dijo que el proceso Constituyente
planteado por el presidente Nicolás Maduro reduce la participación popular a su
mínima expresión. “Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la
democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia
representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la
democracia participa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”, dijo.
Pidió al máximo tribunal del país que aclare si la soberanía
reside intransferiblemente en el pueblo venezolano. “Es decir que la decisión
emanada de un poder está por encima del pueblo mismo. Queremos que se aclare la
diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria, porque el pueblo
tiene menores posibilidades de convocar a un proceso Constituyente”,
dijo.
El documento introducido ante el TSJ será publicado en la
página web del Minisiterio Público.
La representante penal del país ha sido tildada de traidora
por sectores del chavismo por haber rechazado la Asamblea Nacional
Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue
asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional.
Además, ha sido criticada por su supuesta imparcialidad en
las agresiones cometidas por manifestantes hacia funcionarios de seguridad. El
propio Diosdado Cabello, que la defendió cuando era presidente del Parlamento,
pidió excusas a sus seguidores por haberla apoyado.
Otros pronunciamientos que han alejado a la fiscal del
chavismo han sido su exigencia de que se respete el debido proceso, que se
evite la violencia por parte de los policías y los militares contra las
protestas y por haber afirmado que el orden constitucional había sido
violentado cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó al Poder Legislativo
de sus competencias.
EL EXTRAÑO CASO DE LA FISCAL LUISA ORTEGA DIAZ
Carlos Ramírez López @carlosramirezl3 | junio 6,
2017 | Web del Frente Patriotico
Dra Luisa Ortega Díaz, el pasado 16 de febrero usted viajó a
Brasil a una reunión de fiscales latinoamericanos para acordar mutua
colaboración en la persecución de la trama corrupta de Odebrecht y allí firmó
un convenio con el fiscal general de allá, Rodrigo Janot, entre otros. En dicho
convenio se acordaron ocho puntos entre los que están: crear equipos conjuntos
para la investigación, trabajar en la recuperación de activos para la
reparación de los daños, y aunque en Venezuela se especuló que su asistencia a
tal acto solo era para espiar y alertar al gobierno de Venezuela sobre los
detalles de las investigaciones, muchos esperamos que tal especie no sea
cierta, pero se requiere demostración fehaciente de lo contrario.
Venezuela es el único país donde no se ha producido ninguna
información del Ministerio Público respecto a la investigación, lo único que
usted ha dicho es que solicitó la detención de una persona a la cual ni
identificó. Se le recuerda que en Venezuela se le contrató a Odebrecht grandes
obras por más de 20.000 millones de dólares que fueron pagados sin que se
ejecutaran y que actualmente están abandonadas. El Departamento de Justicia de
Estados Unidos publicó un informe donde se asienta que entre los años 2006 y
2015 funcionarios venezolanos recibieron de Odebrecht 98 millones de dólares de
sobornos para la adjudicación de esas obras, pero no se ha recuperado ni un
solo dólar, no hay ni un solo preso, ni siquiera usted ha llamado a declarar a
los ministros ni a los demás altos “camaradas” que todo el mundo sabe que están
implicados en esos robos.
En los demás países se producen actos concretos y ofrecen
información, por ejemplo, en Brasil pusieron en prisión al presidente de la
empresa Odebrecht y lo condenaron a 19 años de cárcel, se formularon cargos
contra el ex presidente Lula y la empresa se obligó a pagar multas a Estados
Unidos y Suiza por 3.500 millones de dólares. En Colombia se ha dado cuenta de
detenciones de varios altos funcionarios e incautaciones de bienes. En Ecuador
el fiscal firmó un acuerdo con Estados Unidos para asistencia penal en la
investigación y congelaron 40 millones de dólares a la constructora. En Perú la
fiscalía celebró un acuerdo con Odebrecht para la devolución de dinero de lo
cual adelantó 8,9 millones de dólares, tienen en la cárcel a 7 altos
funcionarios, han dictado detención a un ex presidente y han llevado a declarar
a otros dos ex presidentes. En República Dominicana se hizo un acuerdo entre la
Procuraduría (Fiscalía) y Odebrecht según el cual esta devolvería el doble del
dinero que se repartieron en sobornos para un total de 184 millones de dólares.
En Panamá el gobierno canceló los contratos hasta que se devuelva los dineros
sustraídos, la Fiscalía ha formulado cargos a 17 funcionarios. En Argentina se
abrió una investigación respecto a los contratos de 3 grandes proyectos en los
que se reportaron beneficios de 278 millones de dólares para Odebrecht cuyo
reintegro ha sido exigido, se ha acusado al jefe de los servicios de
inteligencia y al secretario de transporte haber recibido sobornos. En
contraste, Venezuela, que es el segundo país con más dinero entregado en
sobornos, y el primero en cantidad de obras adjudicadas, solo se sabe que
usted, señora fiscal, pidió arrestar a una persona, aún no identificada ni detenida,
pero, lo peor es que ni siquiera se ha podido conocer los contratos firmados
con Odebrecht, los tienen en secreto, pues violaron la obligación de la
aprobación previa de la Asamblea Nacional como lo manda la CRBV. Transparencia
Venezuela presentó 17 demandas en el TSJ para que se mostraran los contratos y
en un solo día dictaron 17 sentencias negándolo.
Ahora ha aparecido un nuevo ingrediente, dos condenados en
Brasil por el caso Odebrecht se acogieron al beneficio de la delación premiada
para obtener una rebaja de pena y delataron que Maduro siendo canciller les
entregó 11 millones de dólares en efectivo en Caracas, allá él pasó a ser otro
indiciado en el hecho.
¿Qué hace usted con las obligaciones que asumió en ese
convenio que firmó en Brasil? ¿Va a pedir el enjuiciamiento de Maduro por esos
11 millones de dólares que entregó a los 2 presidiarios, o va a desentenderse
de sus obligaciones? Recuerde que se incurre en delito por acción y también por
omisión. Recientemente Maduro puso sobre usted la carga de castigar ese
entramado de corrupción, dijo en televisión: “…Que se siga haciendo justicia.
Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público en sus
investigaciones. Le toca al Poder Judicial, y nosotros cumplimos las órdenes
que el Poder Judicial y el Ministerio Público nos dé”.
Dra Luisa Ortega, le sugiero que se mueva en la dirección
correcta, que pida el antejuicio de mérito contra Maduro por los múltiples
motivos que usted conoce, que haga imputar a los “magistrados” que hicieron “ruptura
del hilo constitucional”; pida la detención de los funcionarios implicados en
el robo Odebrecht, y muy importante, abra una investigación respecto a las
acusaciones que por narcotráfico ha formulado el gobierno norteamericano contra
altos militares funcionarios del gobierno de Maduro quienes a la vez deben
responder por los crímenes contra los jóvenes que protestan y que ensangrientan
las calles de Venezuela. Tiene usted una lista de delitos que perseguir y si no
lo hace lo hará quien asuma ese cargo en el nuevo gobierno cuando recuperemos
la democracia, y entonces en esa lista también estará usted indiciada como
cómplice debido a la omisión de los deberes que la ley le impone.
Ni usted, doctora Ortega, ni nadie, puede estar bien con
Dios y con el diablo, elija, y termine de hacer lo que debe hacer, y si
necesita contactos para que le tramiten su condición de testigo protegido en
Estados Unidos, no los siga buscando con lobbistas en Washington DC, yo se los
ofrezco sin ningún interés diferente a que se haga justicia a Venezuela.
Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es un retroceso en
derechos humanos
La fiscal general de la República aseguró que la Sala
Constitucional debe aclarar si perdió vigencia la democracia participativa
Por EL NACIONAL WEB
01 DE JUNIO DE 2017 03:35 PM | ACTUALIZADO EL 01 DE JUNIO DE
2017 15:46 PM
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
introdujo hoy un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que se aclare la sentencia 378,
en donde se aclaran los artículos 347 y 348 de la Constitución.
“He solicitado que aclare lo referido a la progresividad de
los derechos humanos; esta sentencia es un retroceso en materia de derechos
humanos. Nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna
circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados”, afirmó.
Por otro lado, Ortega Díaz dijo que el proceso Constituyente
planteado por el presidente Nicolás Maduro reduce la participación popular a su
mínima expresión. “Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la
democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia
representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la
democracia participa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”, dijo.
Pidió al máximo tribunal del país que aclare si la soberanía
reside intransferiblemente en el pueblo venezolano. “Es decir que la decisión
emanada de un poder está por encima del pueblo mismo. Queremos que se aclare la
diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria, porque el pueblo
tiene menores posibilidades de convocar a un proceso Constituyente”,
dijo.
El documento introducido ante el TSJ será publicado en la
página web del Minisiterio Público.
La representante penal del país ha sido tildada de traidora
por sectores del chavismo por haber rechazado la Asamblea Nacional
Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue
asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional.
Además, ha sido criticada por su supuesta imparcialidad en
las agresiones cometidas por manifestantes hacia funcionarios de seguridad. El
propio Diosdado Cabello, que la defendió cuando era presidente del Parlamento,
pidió excusas a sus seguidores por haberla apoyado.
Otros pronunciamientos que han alejado a la fiscal del
chavismo han sido su exigencia de que se respete el debido proceso, que se
evite la violencia por parte de los policías y los militares contra las
protestas y por haber afirmado que el orden constitucional había sido
violentado cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó al Poder Legislativo
de sus competencias.
La fiscal sospechosa
14 DE JUNIO DE 2017 12:01 AM
Cuando la fiscal en ejercicio, Luisa Ortega Díaz, toma la
determinación de distanciarse del régimen madurista y de su camarilla
narcomilitar debido a las tropelías que han cometido recientemente, se genera
un conjunto abrumador de desconfianzas debido a las cuales se ensombrece una
conducta que solo debía provocar apoyos y entusiasmos. ¿Por qué la doctora
Ortega Díaz hace lo que viene haciendo ahora, si no lo llevó a cabo en el
pasado desde su alto cargo? Tal vez esta sea la pregunta que circula con mayor
insistencia, tras el afán de dudar sobre las intenciones de quien reclama ahora
a la dictadura madurista el respeto de la legalidad.
La respuesta es sencilla: porque el calendario para la
ejecución de las acciones de cada cual es un asunto esencialmente personal
sobre el cual no pueden circular irresponsablemente las opiniones ajenas. El
ejercicio de la llamada “virtud republicana” no depende de un programa
previamente establecido por la opinión ajena, sino solo de la oportunidad en la
cual quiere ejercerla un ciudadano del cual depende el rumbo de los asuntos
públicos. Así de sencillo. La fiscal Luisa Ortega Díaz actuó cuando lo
consideró oportuno, conducta sobre la cual, vista en estos términos, no cabe la
posibilidad de ningún reproche.
También se pregunta con insistencia por las razones que la
llevaron a enfrentarse con la dictadura madurista, como si no fueran abultadas
y de general conocimiento las causas de la pugna. De la recurrencia de la
pregunta, cada vez más presente en medios como el Twitter y el Faceboock, se
desprende la sensación de que algo turbio le insufló movimiento, de que no ha
sido la transparencia la gasolina que ahora le encendió el motor. Estamos
frente a una cavilación inhumana, ante un reproche sin fundamento, debido a
que, sin necesidad de expurgar las supuestas vergüenzas ni las imaginadas
oscuridades que se atribuyen a su posición, lo único que salta a la vista –algo
que no se puede legítimamente poner en tela de juicio– es el coraje republicano
de que hace gala la fiscal ante una sociedad sumida en el pantano de una
dictadura atroz.
Hasta se ha llegado a suponer, dentro del conjunto de los
reproches, que no actúa sola, que cuenta con apoyos insólitos gracias a
cuyo auxilio ha llegado a atrevimientos de envergadura. La alternativa de
que no esté íngrima en su cruzada debería funcionar como base de fundadas
esperanzas, como aliciente del entusiasmo colectivo, pero se la juzga como una
especie de pecado original. Difícilmente se puede llegar a una mayor escala de
incomprensión, a un tamaño más grande de disparate cuando se considera el
trabajo de un alto funcionario que modifica de grado su camino para atender
asuntos primordiales para los intereses colectivos en un tiempo de crisis
extrema.
Que, en lugar de ponderar con ecuanimidad y prudencia la
gesta que hoy protagoniza la fiscal Luisa Ortega Díaz, la gente se solace en
buscar la quinta pata de su gato, solo sugiere que nos costará mucho salir del
atolladero.
Fiscal solicitó enjuiciara magistrados de la Sala
Constitucional
Ortega Díaz pidió inhibirse a Calixto Ortega, Juan José
Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Federico
Fuenmayor y René Degraves
Por ASCENSIÓN REYES R.
14 DE JUNIO DE 2017 12:01 AM
La Fiscal Luisa Ortega Díaz solicitó ayer a la Sala Plena
del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito contra ocho
magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes. Es decir, que se les
elimine la prerrogativa de la inmunidad para dar paso a sus enjuiciamientos.
La acción es contra los magistrados Calixto Ortega, Juan
José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y
los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves, quienes habrían incurrido en
el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la
nación, el cual está previsto y sancionado en el artículo 132o del
Código Penal.
Hay que hacer la salvedad de que si bien la Sala
Constitucional está integrada por siete magistrados no se menciona a la ex
presidente del TSJ y también, miembro de la Sala Constitucional, Gladys
Gutiérrez, porque no firmó las sentencias 155 y 156 que anulaban las potestades
de la Asamblea Nacional como tampoco la 378, que determinó que cuando el
presidente toma la “iniciativa” para convocar una asamblea nacional
constituyente no es necesario consultar al pueblo previamente mediante
referendo. Gutiérrez está de permiso y en España.
También pidió que los ocho funcionarios se inhiban de
conocer sobre la petición interpuesta. “En el supuesto de que no se inhiban,
estamos solicitando la recusación. Igualmente, estamos interponiendo como
medida cautelar innominada la separación del cargo de estos magistrados porque
corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el
derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del Derecho.
Sería la muerte del Derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan
en esta Sala, por eso, pido que se convoquen a nuevos magistrados para que
puedan resolver esta petición”, aseguró.
Tutela. De acuerdo con su juicio, de la Sala
Constitucional tiene una política reiterada que atenta contra esa forma
republicana. Y puso como ejemplo las sentencias 155 y 156, con las cuales se
produjo una ruptura del orden constitucional.
Aclaró que no solo se conspira, por un acto de fuerza,
contra la forma republicana de la nación, sino que también se causan daños
irreparables a través de decisiones. Afirmó que lo que se está buscando es
desmantelar el Estado.
“Es necesaria la paz de la República, es necesaria la
seguridad jurídica. No puede ser que al TSJ, si hoy no le gusta la Asamblea
Nacional la elimina; mañana no le gusta el Ministerio Público y lo elimina;
pasado no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad.
No puede ser que se desestructure, se desmantele el Estado; conspirar para
atentar contra la forma republicana establecida en la Constitución solamente
por caprichos”, reiteró.
Destacó que el TSJ atentó contra uno de los derechos de los
ciudadanos como es la tutela judicial efectiva, al impedir a las personas
llegar hasta la sede del máximo tribunal del país para adherirse a la acción
intentada por ella.
Explicó que la tutela judicial efectiva garantiza que toda
persona pueda acceder a los órganos de administración de justicia para la
defensa de sus derechos. “¿Cómo se accede al TSJ si colocan tanquetas y
obstáculos?”, se preguntó.
Se debe nombrar junta accidental
El ex fiscal José Benigno indicó que luego de la solicitud
de antejuicio de mérito promovido por la fiscal general, Luisa Ortega
Díaz, contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, a quien
acusó de ser los responsables del rompimiento del orden constitucional,
corresponde a la Asamblea Nacional designar a unos nuevos magistrados para
conformar una junta accidental que conocerá el caso y decidirá si hay mérito o
no para el enjuiciamiento. El jurista señaló que, por tratarse de un recurso
que involucra a los representantes del máximo tribunal, estos no pueden
pronunciarse al respecto. Por la forma en cómo está concebida la petición, es
un hecho inédito. No obstante, magistrados como Luís Velásquez Alvaray, de la
Sala Constitucional, y Antonio Ramírez Jiménez, de la Sala de Casación Civil,
fueron removidos de sus cargos tras la denuncia de un civil
El Dato
La Fiscalía de España se ha sumado al manifiesto firmado por
procuradores, fiscales generales y representantes de las fiscalías de varios
países de la región
Tibisay Lucena Ramírez (Barquisimeto, 26 de
abril de 1959) socióloga venezolana,
graduada en la Universidad Central de Venezuela.
En diciembre de 1999, durante el régimen de transición del
Poder Público, fue designada por la Asamblea Nacional
Constituyente como rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de
Venezuela (CNE).
Actualmente es Rectora principal del CNE, y ostenta la
presidencia del organismo electoral desde el 30 de
abril de 2006.
Su cargo expiró el 30 de abril de 2013, sin embargo, no
fue sino hasta octubre de 2014 cuando la Asamblea Nacional juramentó al
Comité de postulaciones para designar a su reemplazo y el de otros dos de sus
colegas, esto debido a que el parlamento no pudo llegar a un acuerdo con la
mayoría requerida por ley, por lo que se procedió a un nombramiento autorizado
por el TSJ.
El 26 de diciembre de 2014, fue reelecta como Rectora
Principal del CNE por designación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
tras ser admitida la solicitud de declaratoria de omisión de la Asamblea
Nacional efectuado por Diosdado
Cabello, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional.
TIBISAY LUCENA LLAMA A LA GUERRA CIVIL. POR QUÉ EL
DIÁLOGO ES INÚTIL
Gustavo Coronel | mayo 25, 2017 /Web del
Frente Patriotico
Una de las grandes criminales de la etapa chavista, Tibisay
Lucena, acaba de llamar a la guerra civil en Venezuela. Sabiendo cual es la
situación del país y el grado unánime de rechazo que existe en Venezuela en
contra del llamado ilegal y grotesco a una Asamblea Constituyente hecho por
Nicolás maduro, acaba de validar este llamado y anuncia su pronta realización
para Julio de este mismo año. Al mismo tiempo le tira un hueso a los venezolanos
decentes al anunciar elecciones regionales para Diciembre de 2017.
Esta delincuente Lucena tendrá que ser enjuiciada por el
gobierno que reemplace al narco-régimen que ella ha protegido durante estos
años. Esta aceptación de la infeliz maniobra de Maduro no podrá sino llevar al
país a una agudización de la confrontación que existe actualmente entre los
asesinos de la Guardia Nacional y los ciudadanos en protesta. Sus declaraciones
representan un insulto más a la sociedad venezolana y provocará un incremento
de la reacción ciudadana, incrementando el riesgo de una guerra civil en el
país.
Por eso se impone en Venezuela la salida acelerada del
narco-régimen. En nuestros escritos hemos rechazado el diálogo con esta
pandilla de bandidos por ser inmoral, por un asunto de principios. Pero ahora
es también preciso rechazarlo porque es estratégicamente absurdo. ¿Como
sentarse a dialogar con quienes todos los días actúan de manera arbitraria, en
violación de la Constitución? ¿Sobre que dialogar con estos criminales?
La manipulación de los bandidos chavistas del narco-régimen
es evidente para quien tenga ojos: han adelantado una serie tan grande de
violaciones a la constitución y a las leyes del país que el día que se sienten
en una mesa a negociar, tendrán mucho que “darle” a la oposición. Les dirán a
los negociadores de la oposición cosas como esta:
- Haré
un sacrificio y abandonaré la idea de la Constituyente
- Vamos
a complacerlos. Vamos a celebrar elecciones regionales este año,
- Liberaremos
15 presos más
- Proponemos
que nos reunamos una vez al mes. Vamos a establecer agendas, lugar de
reunión, puede ser en La Habana, ¿no les parece?
- Nuestros
facilitadores pueden ser Zapatero y Leonel Fernández y pudiéramos aceptar
a Samper y, gracias al Papa, al Nuncio Apostólico.
- No
establecemos sino una condición previa: que abandonen la violencia,
váyanse a sus casas mientras conversamos como gente civilizada.
EL DIÁLOGO ES PARTE DE LA NORIA
En este momento se está cumpliendo una vuelta más a la noria
en la situación política venezolana. La noria funciona así;
- (1)
El narco-régimen asalta la constitución y cierra las puertas electorales
- (2)
La oposición llega al punto de la indignación y llama a la calle
- (3)
La calle es dominada por la oposición pero el narco-régimen envía a sus matones
a reprimir y a matar
- (4)
Grupos de jóvenes opositores envían excrementos y bombas molotov a los
asesinos
- (5)
Aparecen barricadas en algunos puntos de Caracas
- (6)
Miembros de la oposición se quejan de las barricadas ; Semtei escribe en
contra de la violencia y anarquía de la protesta y Mari Pili se horroriza
de los jóvenes disfrazados que cometen actos de vandalismo
- (7)
El narco-régimen denuncia la violencia de la oposición y llama al diálogo.
Implora al Papa
- (8)
El Papa y el secretario general de la ONU ( amigo de Zapatero) piden
diálogo para evitar el derramamiento de sangre y el Papa envía un nuevo
Nuncio
- (9)
Convencen a la oposición a ir al diálogo y se desmonta la protesta
- (10)
El diálogo dura tres o cuatro meses hasta que la oposición se cansa y se
levanta de la mesa
- (11)
El narco-régimen vuelve al punto uno y se reinicia otra vuelta a la noria.
Y así nos llevan bozaleados. Nos enterrarán en urna blanca.
CRÓNICA DE GUERRA: TIBISAY LUCENA LA CÓMPLICE NECESARIA
CRÓNICA DE GUERRA: TIBISAY LUCENA LA CÓMPLICE NECESARIA
Eduardo Martínez | mayo 26, 2017 /Web
patriotico
Una de las armas más certeras que ha tenido Nicolás Maduro
para violar la Constitución se llama Tibisay Lucena. Es un arma letal.
No se sabe si por la desviada mente de este funcionario
público, que eso es lo que es, haya pasado el Estatuto de Roma. Un instrumento
legal incorporado en el marco legal venezolano. Que puede ser no respetado por
las autoridades venezolanas, como hace con la Constitución. Pero que sin
embargo es aplicado por los demás países signatarios.
Este Estatuto se aplica, entre otras cosas, a los violadores
de los derechos humanos. Y entre estos derechos se encuentra el derecho a
elegir y ser elegido. Un derecho que cuando se viola, genera un ambiente de
conflictividad que permite la siembra de cadáveres en los cementerios.
Lucena es en este sentido una “violadora” de derechos
humanos. Cada una de las decisiones trascendentales de su gestión, ha estado
signada por interpretaciones que van más allá de la Ley para favorecer siempre
al régimen. Una actitud que ha demostrado su más abyecto desprecio por la
voluntad de los venezolanos.
Lucena no ha estado sola. Le acompañan otras tres rectoras,
quienes también en su momento deberán dar cuenta de su responsabilidad.
En el 2016, las cuatro rectoras del CNE fueron incapaces de
convocar las elecciones regionales. Tampoco atendieron la iniciativa de
convocar un referendo revocatorio presidencial. Un revocatorio que nos hubiera
evitado las decenas de muertos, heridos, traumatizados, detenciones
arbitrarias, persecuciones y extrañados del suelo patrio.
La última decisión anunciada por la funcionaria Lucena, que
sin duda representa nuevas violaciones a la Constitución, comete una afrenta en
contra de los venezolanos.
Sin sentir pena o rubor, Lucena anunció este martes la
convocatoria de las elecciones regionales para diciembre. Cuando en verdad este
anuncio fraudulento va acompañado de una convocatoria para elegir
constituyentes en el mes de julio.
Lucena sabe y tiene conciencia, de que esa constituyente
puede eliminar la elección de los gobernadores y diputados regionales.
Tibisay Lucena es sin duda un arma letal. Asesina el derecho
al voto, elegir y ser elegido, y es cómplice necesario en la creación del
ambiente de violencia y violaciones de derechos humanos en que el régimen, con
su primerísima colaboración, ha sumergido a Venezuela.
OTRO GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA, EL DE LA LUCENA
Asdrúbal Aguiar @asdrubalaguiar | junio 1, 2017 | Web
del Frente Patriotico
Me resisto a toda consideración jurídica y formal sobre el
nuevo golpe de Estado que, en sucesión del acometido por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia y les cuesta sanciones individuales
internacionales a sus jueces por enemigos de la democracia, ahora llevan a cabo
las rectoras electorales, suertes de “tarazonas” de Nicolás Maduro. Algunos se dejan
traicionar por el leguleyismo, arguyendo su nulidad de pleno derecho, como si
acaso un golpe constitucional fuese algo jurídicamente debatible, antes que
aceptación oblicua del macabro juego de la dictadura.
La convocatoria por este de una suerte de constituyente
comunal a fin de apalancarse en el poder por sobre la sangre de los centenares
de muertos y heridos que ya deja a la vera su labor represora: su masacre de
jóvenes que representan el futuro del país, y la autorización por aquellas del
esperpento electoral que desde ahora organizan a la medida de quien se
encuentra incurso en crímenes contra la humanidad, quedará registrada dentro de
las ignominias ocurridas en la historia republicana de las Américas.
Las innombrables Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro
Hernández y Tania D’Amelio habrán de responder por este otro acto de violencia
contra la soberanía popular venezolana y contra la mayor conquista democrática
alcanzada por esta desde la Constituyente de 1947, a saber, el derecho al voto
universal, directo y secreto, es decir, un voto, una persona, y un derecho al
voto para todas las personas, sin distinciones ni separaciones de origen u
oficio.
Esa regla tan elemental, que incluso respeta en su momento
la heterodoxa constituyente que organizara Hugo Chávez Frías en 1999, padre de
nuestra tragedia actual y causante del felón quien ahora entierra sin honores
su obra constitucional, desaparece por obra de las inefables rectoras, por
meras cagatintas de la dictadura.
Que Maduro invoque artículos y los manipule con aviesa
conducta de estafador de la legalidad, pues manda dentro de un régimen de la
mentira –diría Piero Calamandrei– y le hace decir a la Constitución y las leyes
lo que no dicen ni permiten, en modo alguno purifica lo que es, repito, un atentado
al orden democrático, una ruptura del pacto que nos rige a los venezolanos, un
golpe de Estado más, tan simple como eso.
Intentar crear una asamblea de comunas a la medida, con
representantes de grupos sociales escogidos a dedo por el dictador –en una
suerte de mal calco del corporativismo de estirpe fascista mussoliniana– a fin
de, otra vez y por enésima vez, refundar la república y nuestro sistema
constitucional, implica, sin lugar a dudas, la continuación, ahora a manos de
la rectoras electorales, del golpe sistemático de Estado que ejecuta desde
diciembre de 2015 el cártel que ha secuestrado a Venezuela. Y no exagero ni
vilipendio, a pesar de que aquel y estas arguyan que la imponen como un camino
“para la paz que nos merecemos”, a saber, la paz de los sepulcros que abren a
diario en todos los cementerios de Venezuela.
El prestigioso The Washington Post ha sentenciado,
no por azar, que “Venezuela está gobernada por el más poderoso cártel del
mundo”.
Lo esencial salta a la vista, como razonamiento elemental.
Si la Lucena, directa responsable, junto a sus colegas, de la prohibición de
una salida constitucional y electoral oportuna –el referendo revocatorio y la
elección de gobernadores– que conjurase la violenta crisis que provoca el golpe
de Estado ejecutado por los jueces constitucionales para desconocer a la
Asamblea Nacional y sus competencias de control y de legislación, ahora hablan
de elecciones a la “medida” para que se logre la paz, ellas son las
responsables de la masacre que ejecuta Maduro. Los muertos, heridos, torturados
y presos tienen como agentes materiales a guardias nacionales, policías
bolivarianos y grupos paramilitares; pero la espoleta de la granada que mancha
de sangre inocente la geografía patria es el efecto de las prohibiciones de
CNE, negando y posponiendo “sine die” los actos electorales constitucionalmente
previstos, para salvar a la cabeza del narco-andamiaje en que ha mudado el
Estado venezolano.
En suma, lo que al término cabe señalar como corolario es
que si Maduro enloqueció por incapaz de pagar el costo de su salida junto a sus
colaboradores, implicados en crímenes de tráfico internacional de drogas al que
se suman los asesinatos del pueblo que han aprisionado a la manera de escudo
protector, son responsables de todo ello las rectoras del CNE. Son culpables de
la tragedia que nos enluta, por serviles, por indignas de ocupar las sillas de
un poder del Estado cuya autonomía relajaron para entregarlo a manos del
despotismo criminal e iletrado.
Les llegará su ergástulo, a manos de la justicia, cuando
venga de regreso, muy pronto. No podrán dormir hasta entonces.
correoaustral@gmail.com
Tibisay Lucena: No permitiremos sabotaje en comicios de
la constituyente
La presidenta del Consejo Nacional Electoral destacó que
tomarán acciones penales en contra de quienes actúen para impedir las
elecciones
Por EL NACIONAL WEB
25 DE JUNIO DE 2017 09:15 AM | ACTUALIZADO EL 25 DE JUNIO DE
2017 09:55 AM
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral
(CNE), aseguró hoy que el Poder Electoral no permitirá ningún acto de sabotaje
contra las elecciones del 30 de julio, para elegir a los integrantes de la
asamblea nacional constituyente.
En una entrevista a Televen, Lucena expresó que han
observado que algunos políticos han amenazado con sabotear los comicios. Señaló
que tomarán acciones penales en contra de quienes actúen para impedir las
elecciones o amenacen a los trabajadores del CNE.
“El sufragio en Venezuela es un derecho fundamental, quien
no quiera ir a votar ese es su derecho. Lo que es un delito es quienes vayan a
hacer algún tipo de impedimento”, dijo.
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La presidenta del CNE anunció que se dirigirá al Tribunal
Supremo de Justicia para solicitar las medidas a tomar para garantizar las
elecciones. Acotó que en comicios anteriores han actuado de inmediato en contra
de saboteadores.
También reiteró que en diciembre de 2017 será las elecciones
regionales; además, aún está abierto el proceso de renovación de partidos para
las organizaciones que no lograron validarse.
María Corina Machado (Caracas, 7 de
octubre de 1967) es una política,
ex-diputada, profesora, ingenieravenezolana fundadora
del movimiento político Vente
Venezuela y co-fundadora de la asociación civil Súmate.
Fue elegida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por
el estado Miranda, iniciando su mandato en enero de
2011 siendo la candidata con más votos en la historia de la Asamblea Nacional
(Parlamento de Venezuela).1
El 21 de marzo de 2014 aceptó el cargo de
"representante alterna" de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, tres
días más tarde el presidente de la Asamblea Nacional notificó que Machado había
perdido su condición de diputada, de manera automática, por una violación
a los artículos 149º y 191º de la Constitución de Venezuela de 1999, esta
actuación fue ratificada por las autoridades judiciales venezolanas.
MARÍA CORINA MACHADO: NI CONSTITUYENTE, NI REGIONALES,
NUESTRO OBJETIVO ES LA TRANSICIÓN
NOTICIALDIA.COM | mayo 25, 2017 | Web
del Frente Patriotico
La dirigente de Vente
Venezuela, María Corina Machado, rechazó la convocatoria del Consejo Nacional
Electoral (CNE) a la Asamblea Constituyente y a las elecciones regionales.
“Ni Constituyente, ni regionales, nuestro objetivo es la
transición”, sentenció Machado a través de su cuenta en Twitter.
Asimismo, agregó: ”Lucena, respete!! Ud ha sido cómplice del
régimen criminal. 53 días de rebelión cívica y 55 venezolanos caídos no serán
en vano”.
”A los muchachos que están dando la vida en la calle,a sus
madres que los acompañan,a las madres de nuestros héroes caídos: mañana a la
calle”, sentenció.
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