La fiscal Luisa Ortega Díaz: Historia de amor y dolor del
chavismo
Se hablaba del distanciamiento de la fiscal con el
Ejecutivo cuando en 2016 fue excluida de la elección del Consejo Moral
Republicano, el cuerpo que agrupa a las instituciones del Poder Ciudadano,
Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo
Por EFE
El Carabobeño 14 de Junio de 2017
El divorcio de la fiscal general de Venezuela, Luisa
Ortega Díaz, con el Gobierno de Nicolás Maduro, en uno de sus momentos más
críticos, ha abierto una herida de dolor en el chavismo, que intenta hacer todo
para borrar hasta el recuerdo de una relación que parecía marchaba viento en
popa.
Hace poco más de dos años que Ortega Díaz juraba ante
Diosdado Cabello, entonces presidente del Parlamento, como fiscal general para
su segundo periodo entre los aplausos de pie de la Cámara, controlada por el
chavismo, y los brazos cruzados de los opositores.
Ortega Díaz es la misma fiscal general que llevó los
casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante
las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que llevó al
líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de
prisión.
Entonces todo parecía bien en el orden de cosas chavista.
Sin embargo, el pasado 31 de marzo la fiscal
sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes: la decisión
del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento mientras este
mantuviera el desacato a las decisiones de la máxima corte fue considerada por la
titular del Ministerio Público como una ruptura del orden constitucional.
Maduro convocó a los poderes públicos en un Consejo de
Defensa de la Nación para solucionar lo que entonces era apenas, según el
mandatario un “impasse” entre los poderes del país y la medida fue revertida.
La abogada, de 59 años, con una larga carrera dentro de la
administración pública, volvió a sorprender al país un par de meses después al
desmontar la tesis gubernamental de que uno de los 67 muertos había sido
asesinado por sus compañeros de protesta, tras revelar que la muerte
fue producida por una bomba lacrimógena usada por la Guardia Nacional.
Su aseveración y el señalamiento de al menos 19 funcionarios
en varias de las 67 muertes en las protestas dejó en la calle a altos funcionarios
del Gobierno que han defendido la actuación de los cuerpos de seguridad en la
contención de las protestas.
Su posición se mostró sin retorno cuando además se
opuso firmemente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha
por Maduro para cambiar el ordenamiento jurídico del país y emprendió
una acción legal para declarar su nulidad.
No pasó mucho tiempo para que el poderoso Diosdado Cabello
pidiera “perdón” por aquella decisión que la convirtió en fiscal hasta el 2021
y calificase a la funcionaria de “indigna”.
El diputado Pedro Carreño, jefe de la fracción oficialista
que levantó la mano en señal de aprobación cuando aún no se había terminado de
pronunciar el nombre completo de Luisa Marvelina Ortega Díaz, asegura
ahora que la jurista sufre de “insania mental”, y adelantó que pedirá una junta
médica al Supremo para evaluar qué tipo de locura padece.
La máxima corte, por su parte, ha decidido ventilar ahora el
caso del uso de un avión privado en poder de la Fiscalía en calidad de “aseguramiento”,
que no había sido devuelto pese a que en 2015 había sido ordenado que fuera
regresado a sus dueños.
El Supremo admite ahora además una demanda de los
propietarios y pide una bitácora completa de los vuelos de la aeronave que
supuestamente ha sido usada por Ortega Díaz, y su marido, Germán Ferrer, un
antiguo diputado chavista que ha respaldado abiertamente a la fiscal en esta
ruta.
Los dos instrumentos interpuestos por la fiscal contra la
Constituyente, el primero pidiendo una “aclaratoria” y el segundo
reclamando que se declare la nulidad de la convocatoria, fueron
declarados improcedentes uno tras otro.
Sin marcha atrás, la titular de la institución con el
monopolio de la acción penal presentó ayer una demanda de nulidad contra la
designación de 33 magistrados del Supremo, varios de ellos partícipes en las
decisiones en su contra, todos elegidos por la misma Cámara chavista en la que
ella fue elegida.
Gestos más discretos, y más antiguos, hablaban del
distanciamiento con el Ejecutivo cuando en 2016 fue excluida de la elección del
Consejo Moral Republicano, el cuerpo que agrupa a las instituciones del Poder
Ciudadano -Fiscalía, Contraloría, y Defensoría del Pueblo- pese a que le
correspondía por derecho.
El portal chavista Aporrea.org, aseguraba entonces que esa
decisión obedecía a la dudosa posición política de la funcionaria.
El esposo de la fiscal tampoco se ha librado de las
descargas. Hace menos de una semana la ministra de Servicios Penitenciarios, la
chavista Iris Valera, reveló una supuesta relación de Ferrer con el caso de los
papeles de Panamá, un señalamiento del que el oficialismo no había hablado
hasta ahora.
Y hasta el vicepresidente Tareck el Aissami ha
puesto fecha a la salida de la fiscal, en 48 días, una vez que la
Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por
encima de cualquier otro poder del Estado.
El vicepresidente reveló además una tesis que maneja el
Gobierno de Maduro para explicarse los movimientos de la fiscal y que atribuye
a Ortega Díaz la pretensión de erigirse en líder de una eventual transición.
Sus comparecencias públicas ya no se retransmiten por la
televisión estatal que, por el contrario, dedica amplio espacio a opiniones que
denostan el papel de Ortega en la crisis venezolana.
La fiscal Luisa Ortega Díaz generó un nuevo conflicto de
poderes
El abogado José Ignacio Hernández explicó que al antejuicio
de mérito interpuesto por Luisa Ortega Díaz seguiría el inicio de un proceso
penal, que podría concluir con el encarcelamiento de los jueces de la Sala
Constitucional
Por ABEL LÓPEZ | ABLOPEZ@EL-NACIONAL.COM | @ZAKONT
13 DE JUNIO DE 2017 04:45 PM | ACTUALIZADO EL 13 DE JUNIO DE
2017 18:56 PM
Los ciudadanos deben mantener la protesta cívica en contra
del golpe de Estado y la Asamblea Nacional Constituyente mientras se espera el
desenlace del conflicto entre la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), consideran expertos en materia
constitucional.
En una entrevista exclusiva con El Nacional Web,
el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández afirma que Ortega Díaz, al
asumir la defensa de la Constitución, generó un nuevo conflicto de poderes: “El
año pasado fue el de la Asamblea Nacional y el TSJ. Ahora es la fiscal general
contra el TSJ”.
Ortega Díaz ha actuado con apremio y premeditación ante las
respuestas del Poder Judicial en rechazo a sus solicitudes.
El lunes, la Sala Electoral declaró inadmisible su recurso
contencioso electoral para anular todos los actos relacionados con la ANC por
la “inepta acumulación de pretensiones”, dejando abierta la posibilidad de
interponer un nuevo recurso si se realizan “correctamente las acciones
judiciales”. Sin embargo, de inmediato Ortega Díaz impugnó el nombramiento de
los 13 magistrados y 20 suplentes del TSJ realizado a finales de diciembre de
2015.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli destacó
que cualquier ciudadano puede introducir un recurso de nulidad de los actos del
Consejo Nacional Electoral sobre la Constituyente, incluso la fiscal general
pudiera reformar su propia demanda y volver a solicitar la suspensión del
proceso. No obstante, no lo hace porque “está en actitud de
cuestionar a los magistrados”.
“El único fin de seguir por esa ruta es que ella piense que
en el TSJ alguien puede recobrar el sentido, declarar con lugar una medida
preventiva y detener el proceso (Constituyente)”.
Antejuicio de mérito
Este martes la fiscal general acudió nuevamente al TSJ.
Introdujo ante la Sala Plena un antejuicio de mérito y la desincorporación
cautelar en contra de ocho magistrados de la Sala Constitucional: seis
principales y dos suplentes. Los jueces fueron acusados de estar posiblemente
incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana del Estado.
José Ignacio Hernández explicó que tras el antejuicio de
mérito la Sala Plena autorizaría el inicio de un proceso penal, que podría
concluir en una orden de privativa de libertad en contra de los magistrados.
Destacó que la fiscal actuó contra la Sala Constitucional y
no la Electoral, al considerar que es la primera quien suscribió las sentencias
con las que se rompió el hilo constitucional. Acotó que en caso de ser
admitidas los magistrados deberán separarse de sus cargos.
“Lo que queda es seguir protestando (…) Depende de la
decisión de alguna Sala del TSJ que se paralice el acto electoral del 30 de
julio”, expresó Juan Manuel Raffalli en una entrevista a El Nacional
Web. Agregó que dicha decisión judicial podría ocurrir de haber una presión
de calle o institucional “muy grande”, por ejemplo de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Hernández coincidió con Raffalli en que se
deben mantener las manifestaciones “en ejercicio del derecho ciudadano”.
Además, se debe impulsar un proceso de transición -desde el punto de vista
jurídico- en la Asamblea Nacional.
“Todo es nulo”
Para el abogado y doctor en derecho de la UCV Allan
Brewer-Carias “nunca es tarde” para emprender las acciones correspondientes.
Aseveró que las medidas tomadas por la fiscal general evidencian que el proceso
para designar a los magistrados estuvo viciado: otra razón para que el
Parlamento los remueva inmediatamente y seleccione otros.
“Si el procedimiento de nombramiento de magistrados está
viciado, como confiesa la fiscal general, los mismos deben tenerse como nunca
nombrados. Todo es nulo”, escribió Brewer-Carias en Twitter. A su juicio, los
jueces deben ser acusados por Ortega Díaz de violar el orden constitucional sin
derecho a antejuicio de mérito.
Entretanto, la Asamblea Nacional tiene pendiente la
consideración del informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones
Judiciales para la elección de los magistrados del TSJ.
TSJ declaró inadmisible recurso de la fiscal contra
magistrados “express”
Luisa Ortega Díaz ahora podría estar sujeta a
responsabilidad penal, civil y administrativa
Por EL NACIONAL WEB
14 DE JUNIO DE 2017 06:26 PM | ACTUALIZADO EL 14 DE JUNIO DE
2017 18:55 PM
La Sala Constitucional declaró como inadmisible el recurso
de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, contra la designación de 33 magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, nombrados el 23 de diciembre de 2015 por la
Asamblea Nacional controlada por una mayoría oficialista, los denominados
magistrados "express".
La máxima intérprete de la Constitución indicó en la sentencia
N° 454 que no procedía el recurso contra el acuerdo emanado de la Asamblea
Nacional el 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.816 de la misma fecha.
Afirmaron que ellos ya se habían pronunciado anteriormente
sobre la designación y juramentación de los magistrados en la sentencia N° 614
del 19 de julio de 2016. Aseveraron que el Tribunal entregó una copia
certificada de la decisión a la fiscal el 4 de agosto de 2016, esta
reproducción de la sentencia se envió a Ortega Díaz para que ella tuviera
constancia de la posible comisión de delitos contra los poderes nacionales y la
Administración de Justicia, entre otros bienes jurídicos tutelados y otras
formas de responsabilidad jurídica.
En la sentencia N° 614 la Sala Constitucional declaró
que "CUALQUIER COMISIÓN U OTRO ARTIFICIO O ACCIÓN QUE TENGA EL OBJETO DE
ANULAR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS, SUBVIERTE EL PROCEDIMIENTO
CONSTITUCIONAL PARA LA REMOCIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA Y, POR LO TANTO, ES ÍRRITO Y NULO DE TODA NULIDAD y carente
de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están
sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que
corresponda".
Por lo que, la fiscal ahora podría estar sujeta a
responsabilidad penal, civil y administrativa como los diputados de la Asamblea
Nacional involucrados en la pretensión de remover a los magistrados.
La fiscal general informó el lunes que había decidido
impugnar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y
pedir la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a
dichos magistrados. Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta
de designación ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que
el proceso estaba viciado.
“Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben
yo los recuso de pleno derecho. No fue fácil para mi acceder a las actas de la
designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho
y no voy a firmar”, aseveró.
La fiscal general de la República dijo que es necesario
convocar a nuevos magistrados. “Los magistrados, por la salud del país, debería
ser desincorporados de forma inmediata”, aseguró.
Aseveró que el TSJ no daba soluciones sino que se encargaba
de "acelerar la crisis".
DATO
La sentencia N° 454 tiene fecha del 12 de junio,
mismo día en que Luisa Ortega Díaz introdujo el recurso
Ortega Díaz: “El día que repartieron el miedo, yo no
llegué”
Transición Pacífica y profesores de la UCV solicitan un
antejuicio contra rectores y funcionarios del CNE, y luego contra Maduro
Por HERNÁN LUGO-GALICIA
06 DE JUNIO DE 2017 12:01 AM
“El día que repartieron el miedo, yo no llegué”, manifestó
la fiscal Luisa Ortega Díaz a 16 personas del grupo Transición Pacífica y
Democrática, entre ellos ex ministros Víctor Álvarez y Carlos Walter, el ex
rector del CNE Ignacio Ávalos y el ex fiscal Javier Elechiguerra, quienes ayer
le expresaron su apoyo en la sede del Ministerio Público, e interés en “salvar
el destino de la nación” con la formación de un frente contra la Constituyente
por ser fraudulenta, ilegal e ilegítima.
Por cerca de tres horas, Ortega Díaz y las personalidades
compartieron preocupación por el país. Criticó el uso de tribunales militares
contra civiles; denunció que el TSJ apruebe una sentencia que despoje al
Ministerio Público de la acción penal y el pago de sobornos en la administración
pública. “El país vive una crisis terminal y esta constituyente es una amenaza
a las instituciones. VTV es, si me permiten la palabra, escatológica”,
revelaron fuentes.
En una carta entregada a la fiscal, suscrita por 125
personas, Transición la exhortó a iniciar acciones legales contra aquellos
funcionarios que, por acción u omisión, han contribuido “en forma flagrante a
resquebrajar el orden constitucional, y a poner en marcha la peligrosa
espiral de violencia que aqueja y quebranta como nación”.
La internacionalista Giovanna De Michelle dijo que pidieron
al MP revisar si la constituyente era legal, así como las bases comiciales:
“Este es un proceso indebido: vulnera el derecho al voto y es excluyente por lo
que la Fiscalía debe determinar si cumplen la Constitución y si se justifica”.
Antes, la titular del MP se reunió con un grupo de
profesores de derecho constitucional de la UCV, que pidió al Consejo Moral
Republicano una averiguación contra el CNE por haber aprobado un llamado a ANC
de manera inconsulta e inconstitucional. Emplazaron a designar un fiscal
especial que esperan, señaló el ex diputado Nelson Chitty La Roche, inicie un
antejuicio de méritos contra el CNE y el presidente Nicolás Maduro. “Les recae
responsabilidad civil, penal y administrativa”, dijo.
Oscar Arnal y Tulio Álvarez explicaron que, con los soportes
consignados, se podría solicitar una querella contra el CNE y luego contra
Maduro. “La Fiscalía debe investigar el carácter clandestino con que Miraflores
y el CNE manejan el proceso constituyente, y cómo el Poder Electoral modificó
las bases comiciales sin consultar a nadie. Presenciamos una conspiración
contra el sistema republicano, constitucional y democrático”, denunció Álvarez.
En el documento, que fue entregado también al CNE, acusan a
Maduro de usurpar el poder del pueblo, al convocar una ANC y fijar bases
comiciales, sin consultar al soberano. Denuncian que la Constitución fue
derogada con los decretos de emergencia y excepción, y de la ANC. “Sin
respeto al sufragio y su naturaleza, no hay ni república, ni democracia”,
alertaron.
|
PSUV denuncia “insania mental”
Aunque al principio Miraflores y el PSUV acusaron a la
fiscal general, Luisa Ortega Díaz, de “traidora”, ahora van al Poder Judicial
a acusarla de “insania mental” por haber denunciado que la sentencia del TSJ
contra la Asamblea Nacional irrumpió el orden constitucional y que la
constituyente de Maduro eliminaba la democracia participativa y protagónica.
El diputado Pedro Carreño dijo que pedirán al TSJ “una
junta de expertos, de peritos, de psiquiatras para que evalúen a la señora.
¿Para qué?, para prevenir que con esa conducta, esa patología sistemática y
recurrente, lleve a la república a daños mayores. Su comportamiento da
sobradas manifestaciones de insania mental, y de que no está bien. No sé cuál
es la patología que tiene esta señora ahorita; sí sabemos que tiene insania
mental (demencia). Eso no es inédito; ahí tenemos el caso de Abdalá Bucaram
en Ecuador".
|
Marco Tulio Cicerón | junio 13, 2017 | Web
del Frente Patriotico
El título de este artículo, no es original lo tomé prestado
de la famosa frase de Neomar Lander Armas, asesinado por una bomba lanzada por
un guardia nacional o un policía nacional bolivariano. Es increíble e
inadmisible como Ramón Guillermo Aveledo, el gran pope de la MUD, que ahora le
de el beneficio de la duda de su muerte al gobierno. Cuando El Nacional ya
editorializó sobre la infame rueda de prensa de El Aissami vicepresidente de la
República.
En la última marcha a la cual asistimos vimos con profundo
temor, el incremento de la represión con mucho más bombas lacrimógenas que
obligó a casi todo el mundo a retirarse. La represión se incrementa. Pero ya
saltó otra trampa, la de la Fiscal General cuyo marido el periodista Ferrer
posee cuantiosos bienes y empresas en Estados Unidos. ¡ Extraños comunistas
estos, siempre odian al tío Sam y siempre están pendientes de ir y vivir en
Estados Unidos ! Total, el Norte es una quimera, para otros, pero para los
enchufados es el paraíso terrenal. Ahora resulta, que la Fiscal es la que va a
sacar del atolladero a la oposición, y todos seremos felices y comeremos
perdices, pero, el gobierno ganará tiempo y demostrará al mundo que Venezuela
es una democracia sui generis. La actuación de la Fiscal es un trapo rojo, no
logrará detener al gobierno en su insano propósito de la constituyente a la
cubana para así tenerlo todo.
Hay que recordarle a la gran masa de descontentos
gubernamentales que la Fiscal es responsable del juicio írrito y grotesco
contra Leopoldo López, también es responsable de cientos de presos políticos.
Así mismo, también se le sumaría su responsabilidad por el caso de la juez
Afiuni. He aquí una información que nos ha llegado por correo electrónico:
Germán Ferrer el esposo, el príncipe consorte de
Ortega Díaz, es diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara abanderado
por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), reelecto el 6 de diciembre
de 2015.
Durante su período anterior Ferrer integró la Comisión
Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, donde participó en la redacción
de leyes como la de la Actividad Aseguradora.
Ferrer está casado con la fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz. Ingresó al Partido Comunista de Venezuela (PCV) desde los 16
años y después se sumó al movimiento guerrillero en los años 60. Se formó en
Cuba y siguió en las filas del chavismo, desde donde coordina la Asociación
Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, cuyo propósito es promover y
formar líderes y redes que difundan el socialismo.
Ferrer formó parte de la Unidad Táctica de Combate (UTC) de
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y el grupo guerrillero Punto
Cero. Fue detenido en 1972 y confinado en el cuartel San Carlos por cuatro
años.
“Familia de Empresarios”
Germán Ferrer preside la empresa publicidad y promociones
Iga Presente, C. A., donde posee el 50% de las acciones, además es la persona
de contacto para la empresa Distribuidora Germmany C.A.
El hijo de Ferrer quien lleva su nombre, estudió en la
Universidad Aeronautica Embry-Riddle, en Florida, Estado Unidos y más tarde
fundó también su propia aerolínea GECA Airlines, con sede en República
Dominicana. Según el libro Chavistas en el Imperio, del periodista
de investigación Casto Ocando, la institución ofrece vuelos charters a 22
destinos en el Caribe, entre ellos los paraísos fiscales de Bahamas y Antigua.
Geraly Ferrer Brito, hija y socia de Germán Ferrer es la
apoderada general de una compañía inscrita en Panamá denominada Mipadisma
Corporatión, protocolizada el 7 de enero de 2016 ante la Notaría Primera del
Circuito de Panamá e Iga Presente la cual opera en Venezuela.
Germán Ferrer es uno de los llamados CADIVISTA quíen ha
hecho una fortuna aprovechando sus conexiones familiares, pues su cuñado
Humberto Ortega Díaz integró el directorio de la extinta CADIVI.
Actualmente Ferrer conduce un espacio en el canal de
noticias chavista Globovisón.
Y vimos como luchó porque hubiera un diálogo que le diera
tiempo al gobierno.
De modo que aparentemente es un montaje más del habilísimo
gobierno para darle más tiempo al gobierno, mientras niega las elecciones para
gobernaciones, alcaldías y la presidencial.Recordemos la candidatura de Arias,
que ayudó enormemente a endiosar a Chávez, el ir y venir del gordiflón Hermán
Escarrá, del gobierno a la oposición, y de la oposición al gobierno de nuevo.
También William Ojeda, saltimbanqui asqueroso del distrito Sucre ya lo hemos
visto en sus operaciones de engañifa. ¡¡¡ Pues no nos dejemos engañar más!!!
Sigamos pues luchando unos pocos para el futuro de todos
como decía Neomar Lander vilmente asesinado por la represión comunista.
GRAVÍSIMA DENUNCIA DE LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
El Nacional | junio 13, 2017 | Web del
Frente Patriotico
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
denunció que su familia ha recibido amenazas por parte de funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
La funcionaria aseguró que camionetas del Sebin persiguen a
sus familiares. Además, también han recibido llamadas directamente del
organismo.
“Hago responsable al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi
familia, no es posible que sean objetos de amenaza”, dijo.
Por otro lado, aseguró que la institucionalidad del país se
ha perdido. “Una institución se gana el respeto dando respuesta, no
negando los pedimentos”, aseveró.
Ortega Díaz lamentó que todas las acciones llevadas a cabo
por su despacho “hayan sido desechadas, inadmitidas, desconocidas o negadas,
sin que se produjera un pronunciamiento de fondo” de parte del máximo órgano
judicial.
Impugnación de nombramiento de diputados
La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que decidió
impugnar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) que se realizó a finales de diciembre de 2015.
La funcionaria dijo en entrevista con Unión Radio que
introdujo una demanda de nulidad contra la designación de 13 magistrados y 20
suplentes y, además, solicitó la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional
donde seleccionaron a dichos magistrados.
“Si los magistrados involucrados enla demanda no se inhiben
yo los recuso de pleno derecho”, expresó.
Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta
de designación de los magistrados del máximo tribunal del país ni la del
secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba
viciado.
“No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación
de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a
firmar”, aseveró.
Ortega Díaz pidió inhibirse a Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Federico Fuenmayor y René Degraves
Por ASCENSIÓN REYES R.
14 DE JUNIO DE 2017 12:01 AM
La Fiscal Luisa Ortega Díaz solicitó ayer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes. Es decir, que se les elimine la prerrogativa de la inmunidad para dar paso a sus enjuiciamientos.
La acción es contra los magistrados Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves, quienes habrían incurrido en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, el cual está previsto y sancionado en el artículo 132o del Código Penal.
Hay que hacer la salvedad de que si bien la Sala Constitucional está integrada por siete magistrados no se menciona a la ex presidente del TSJ y también, miembro de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, porque no firmó las sentencias 155 y 156 que anulaban las potestades de la Asamblea Nacional como tampoco la 378, que determinó que cuando el presidente toma la “iniciativa” para convocar una asamblea nacional constituyente no es necesario consultar al pueblo previamente mediante referendo. Gutiérrez está de permiso y en España.
También pidió que los ocho funcionarios se inhiban de conocer sobre la petición interpuesta. “En el supuesto de que no se inhiban, estamos solicitando la recusación. Igualmente, estamos interponiendo como medida cautelar innominada la separación del cargo de estos magistrados porque corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del Derecho. Sería la muerte del Derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta Sala, por eso, pido que se convoquen a nuevos magistrados para que puedan resolver esta petición”, aseguró.
Tutela. De acuerdo con su juicio, de la Sala Constitucional tiene una política reiterada que atenta contra esa forma republicana. Y puso como ejemplo las sentencias 155 y 156, con las cuales se produjo una ruptura del orden constitucional.
Aclaró que no solo se conspira, por un acto de fuerza, contra la forma republicana de la nación, sino que también se causan daños irreparables a través de decisiones. Afirmó que lo que se está buscando es desmantelar el Estado.
“Es necesaria la paz de la República, es necesaria la seguridad jurídica. No puede ser que al TSJ, si hoy no le gusta la Asamblea Nacional la elimina; mañana no le gusta el Ministerio Público y lo elimina; pasado no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. No puede ser que se desestructure, se desmantele el Estado; conspirar para atentar contra la forma republicana establecida en la Constitución solamente por caprichos”, reiteró.
Destacó que el TSJ atentó contra uno de los derechos de los ciudadanos como es la tutela judicial efectiva, al impedir a las personas llegar hasta la sede del máximo tribunal del país para adherirse a la acción intentada por ella.
Explicó que la tutela judicial efectiva garantiza que toda persona pueda acceder a los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos. “¿Cómo se accede al TSJ si colocan tanquetas y obstáculos?”, se preguntó.
Se debe nombrar junta accidental
El ex fiscal José Benigno indicó que luego de la solicitud de antejuicio de mérito promovido por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, a quien acusó de ser los responsables del rompimiento del orden constitucional, corresponde a la Asamblea Nacional designar a unos nuevos magistrados para conformar una junta accidental que conocerá el caso y decidirá si hay mérito o no para el enjuiciamiento. El jurista señaló que, por tratarse de un recurso que involucra a los representantes del máximo tribunal, estos no pueden pronunciarse al respecto. Por la forma en cómo está concebida la petición, es un hecho inédito. No obstante, magistrados como Luís Velásquez Alvaray, de la Sala Constitucional, y Antonio Ramírez Jiménez, de la Sala de Casación Civil, fueron removidos de sus cargos tras la denuncia de un civil
El Dato
La Fiscalía de España se ha sumado al manifiesto firmado por procuradores, fiscales generales y representantes de las fiscalías de varios países de la región
Comité judicial nombrará nuevos titulares del TSJ en tiempo mínimo
Diputados afirman que renovación del tribunal no choca sino que complementa acciones de la fiscal Ortega
Por MARU MORALES P.
14 DE JUNIO DE 2017 12:01 AM
Desde julio de 2016, 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ ejercen sus funciones de forma irregular, pues en esa oportunidad el pleno de la Asamblea Nacional acordó dejar sin efecto el acto administrativo de su designación, tras determinar graves violaciones al proceso de su escogencia. Pero los magistrados hicieron caso omiso. Ayer la cámara juramentó a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales a la par de la denuncia presentada esta semana por la fiscal general, Luisa Ortega, sobre la existencia de vicios en la designación de diciembre de 2015, y de su petición de antejuicio de mérito contra varios miembros de la Sala Constitucional.
"Las actuaciones de la fiscal no chocan con los procesos que adelanta la Asamblea respecto a los magistrados. Al contrario, refuerzan la necesidad de subsanar los vicios cometidos por la anterior Asamblea, y confirman la premura de la renovación", dijo el diputado Carlos Berrizbeitia (Prove-Carabobo), quien presidirá el comité de postulaciones judiciales.
La instancia, que se juramentó ayer e instala hoy mismo, quedó integrada por los diputados de la MUD Berrizbeitia, Chaim Bucaram, Ismael García, Edgar Zambrano y Sonia Medina en representación del Parlamento; por la sociedad civil, Laura Bastidas, Luis Arteaga, Henry Flores (Foro Penal), Ismael Cortez, Perkins Rocha (Federación de Colegios de Abogados) y Carlos Luna (UCV), quien por cierto integra también el Comité de Postulaciones Electorales. Pese a que la Gaceta Oficial que registra el nombramiento de los magistrados en diciembre de 2015 se refiere a 13 principales y 20 suplentes, Berrizbeitia aseguró que el CPJ tendrá la tarea de designar a 13 principales y 21 suplentes, que fue el acto aprobado por la anterior legislatura.
"Los integrantes del comité presentarán una propuesta de cronograma comprimido, respetando los lapsos de ley pero ajustados a los tiempos más cortos. La recepción de requisitos comenzará el lunes 19 de junio y esperamos realizar la juramentación para mediados de julio aproximadamente", adelantó Berrizbeitia.
Durante la discusión del informe de la comisión preliminar que seleccionó a los miembros de la sociedad civil, el presidente de la AN, Julio Borges, afirmó que el Parlamento "no quiere magistrados afines a la oposición sino que respeten la justicia y sean fieles al pueblo y a la constitución".
El Legislativo también aprobó un acuerdo de reconocimiento "al logro histórico de la Selección Vinotinto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA"; condenó la persecución judicial contra alcaldes de la oposición, y exhortó nuevamente al Ejecutivo a abrir un canal humanitario "frente a la profundización de la crisis alimentaria".
El Dato
LA MUD convoca para hoy, a partir de la 10 am, plantones en el oeste de Caracas, en los puntos que los ciudadanos decidan. En el este será en Altamira, Los Ruices, Santa Fe, Túnel de la Trinidad y Distribuidor Metropolitano Guarenas-Guatire. Mañana, los diputados estarán en el Metro explicando cómo adherirse al recurso de la Fiscal. Ese mismo día habrá cacerolazo a las 6:00 pm. El viernes la movilización será para los tribunales y la fiscalía. El lunes iniciará con una marcha para que la comunidad internacional voltee los ojos hacia Venezuela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario