ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA: FORMEN GOBIERNO O
QUÍTENSE DEL CAMINO
LUIS SILVA-BALL | junio 10, 2017 | Web
del Frente Patriotico
La Habana necesitaba urgentemente legitimar su sistema
colonial en Venezuela e internacionalmente. La astucia maquiavélica del
emperador cubano le permitió ver que una derrota electoral era una victoria
política. (PanAm)
Desde hace años la oposición venezolana aprendió a convivir
cómodamente con el régimen narcoterrorista comandado desde Cuba.
Las habilidades maquiavélicas del diabólico Fidel Castro le
permitieron domesticar a una oposición servil, siempre abierta a negociar y
ceder derechos irrenunciables de sus representados a cambio de su parte del
botín petrolero: alcaldías, gobernaciones, escaños parlamentarios.
Desde la llegada de Chávez al poder y la instauración de su
ilusión democrática, en la Habana sólo han temblado tres veces: 2001 cuando
Chávez renunció, 2014 con La Salida, y en este 2017 con el rebelde resurgir del
espíritu independentista venezolano.
Aparte de estas tres ocasiones, la narcotiranía imperialista
ha mantenido la calma en todos y cada uno de los numerosos procesos electorales
y ciclos de protestas que ha vivido Venezuela en estas trágicas décadas de
ocupación cubana.
Su calma proviene del profundo conocimiento del juego
político, sus reglas, como maniobrar en él –nacional e internacionalmente. Desde
Cuba siempre han tenido claro que lo que piensen los electores es infinitamente
menos relevante que la importancia de controlar las elecciones. En definitiva,
para estos terroristas comunistas –valga la redundancia– las elecciones siempre
han sido única y exclusivamente un mecanismo para obtener el poder, nunca un
mecanismo para abandonarlo. Controlando los mecanismos electorales y los
participantes –Arias Cárdenas, Manuel Rosales e incluso a Capriles por
mencionar algunos ejemplos emblemáticos– el gobierno siempre ha tenido un
resultado favorable asegurado.
La clave está en mantener la ilusión de que por
elecciones sí se puede derrotar al régimen
De esta manera se puede canalizar toda la frustración de la
gente en un frenesí electorero. Una fantasía optimista del futuro que puede
ser– si tan sólo se logra una “mayoría abrumadora”.
Por esto ha sido fundamental permitir algunas “victorias”
simbólicas a la oposición.
Aparte de migajas inofensivas de escaños, alcaldías y alguna
que otra gobernación, el narcogobierno sabiamente ha entregado dos elecciones
importantes a la oposición para legitimar su ficción electoral: el Referendum
Consitucional de 2007 y la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
La historia ha demostrado lo inútiles que fueron estas
elecciones para recuperar la libertad; pero su utilidad para perpetuar al
Cartel de la Habana en Miraflores ha sido total.
En las dos ocasiones la ciudadanía había perdido la fe en la
dirigencia opositora y en la viabilidad electoral. ¡Y con razón! Después del
abandono-traición de Manuel Rosales en 2006 y de Capriles en 2012 y 2013,
¿quién iba a creer que por las elecciones se podía salir de esta tiranía?
La Habana necesitaba urgentemente legitimar su sistema
colonial en Venezuela e internacionalmente.
La astucia maquiavélica del emperador cubano le permitió ver
que una derrota electoral era una victoria política. Y así fue, en ambas
ocasiones la imagen del sistema –más allá del régimen satélite– quedó
legitimada de la noche a la mañana, nacional e internacionalmente.
¿Para qué ha servido la Asamblea Nacional?
Dos años después, la situación en Venezuela ha llegado al
punto en que en la Habana tiemblan de nuevo.
Venezuela está al borde de una insurrección total y una
guerra civil (más bien independentista) sangrienta, caótica y prolongada –donde
no hay un resultado asegurado. El furor de la gente es tal que lo único que
mantiene a los ocupantes en Miraflores es esta misma Asamblea Nacional que se
niega a actuar con firmeza y a desconocer a un régimen foráneo ilegítimo.
Las convocatorias de la Asamblea Nacional sirven como
mecanismo de ventilación de frustraciones sin presentar una salida viable de la
servidumbre a la que ha sido condenado el pueblo venezolano. No sólo es
incompetente, sino también criminal que estos dirigentes sigan enviando a
jóvenes valientes y heroicos a martirizarse sin antes definir un rumbo que
permita la expulsión definitiva de los narcoterroristas colonizadores que
usurpan el poder en Venezuela.
La Asamblea Nacional tiene el deber moral, legal, ético y
político de desconocer al régimen en su totalidad y anunciar una agenda real
para su expulsión definitiva; empezando por el nombramiento de autoridades
legítimas como el TSJ, CNE, Fiscalía y también poder ejecutivo –tal como
plantea en preciso detalle Juan Carlos Sosa Azpúrua. De lo contrario, todos y
cada uno debe renunciar a su cargo y permitir que surjan liderazgos dispuestos
a tomar las acciones decisivas que el momento histórico amerita.
En definitiva, el futuro de Venezuela está en las manos
de estos diputados. Sólo ellos pueden abrir la puerta a la expulsión
relativamente ordenada del Cartel de la Habana de tierras venezolanas. Si la AN
decide mantener su discurso legalista y cobarde como excusa para no actuar, a
Venezuela lo único que le queda en el panorama son 60 años más de colonización
cubana y opresión narcoterrorista acompañada por muerte, persecución y hambre o
un largo y trágico conflicto armado que finalmente nos lleve a la libertad.
Diputados en la línea de fuego
37 parlamentarios han sido atacados, perseguidos, heridos o
intimidados desde el 28 de marzo pasado cuando comenzaron las manifestaciones
contra el golpe de Estado del TSJ. Los de la denominada generación de
2007 han estado al frente de la protesta, en primera línea, “dando el ejemplo
de lucha”, dicen
Por MARU MORALES P. MMORALESP@EL-NACIONAL.COM
11 DE JUNIO DE 2017 12:05 AM | ACTUALIZADO EL 11 DE JUNIO DE
2017 00:10 AM
La inmunidad parlamentaria incluye el derecho de no ser
requisado ni detenido por ninguna autoridad, a menos que el diputado sea
capturado delinquiendo en flagrancia. Solo en ese caso, dice la Constitución,
el parlamentario debe ser recluido en su residencia y la autoridad que
practique la detención debe notificar de inmediato al Tribunal Supremo de
Justicia, único juzgado con autoridad para conocer de los presuntos delitos
cometidos por los legisladores. La no agresión física es otro componente
intrínseco de la inmunidad parlamentaria.
Desde que la oposición ganó la Asamblea Nacional en
diciembre de 2015 esa garantía se ha violentado sistemáticamente. No solo hay
diputados detenidos, como Gilber Caro, otros que son presos políticos y
resultaron electos como suplentes y aun con boletas de excarcelación no han
salido de prisión, como Renzo Prieto.
Además, el arrinconamiento judicial ha llevado hasta anular
las funciones del Parlamento. Y aunque el Ejecutivo insiste en que la sentencia
155 de la Sala Constitucional, que suprimió la inmunidad parlamentaria de un
solo golpe, fue “corregida y revertida” el 31 de marzo, en la práctica ninguno
de los diputados de la oposición tiene garantizada esa prerrogativa.
45 agresiones de distinta índole contra 37 diputados de la
Mesa de la Unidad Democrática ha registrado El Nacional desde
el 28 de marzo de 2017, fecha cuando la Sala Constitucional del TSJ anuló la
inmunidad parlamentaria y los representantes del pueblo venezolano se
levantaron contra el atropello. Los primeros días los diputados protestaron en
solitario, con marchas sorpresivas hacia el TSJ y el CNE; pero a partir del 1°
de abril el reclamo contra lo que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz,
calificó como una grave alteración del orden constitucional, recibió el
respaldo ciudadano masivo.
Desde entonces y hasta el viernes 9 de junio se han
realizado 37 movilizaciones nacionales convocadas por la Unidad, sin incluir
las protestas regionales, municipales y locales que la ciudadanía ha realizado
de manera espontánea con acompañamiento o no de políticos.
Si bien la protesta de calle ha sido herramienta de lucha de
la oposición desde hace 18 años, uno de los signos distintivos de esta rebelión
ciudadana, como la definió Provea, es la presencia en primera fila de los diputados
de la Unidad.
Los escuderos del Parlamento. La bancada de la
Unidad, mermada por varias sentencias del TSJ que obligaron a la
desincorporación de 3 diputados de Amazonas, está conformada por 109
parlamentarios procedentes de todos los estados del país. Desde que inició la
protesta el 28 de marzo, todos se han puesto al frente de las manifestaciones,
bien en sus regiones junto con sus electores o en Caracas.
En la refriega con los organismos del Estado que impiden
cualquier movilización de la oposición hacia los entes públicos, todos han
tragado gases lacrimógenos, pero 37 han resultado heridos, lesionados,
atacados, detenidos ilegalmente o afectados por la acción de policías,
militares o civiles armados identificados con el gobierno. Distrito Capital y
Miranda son las entidades con más diputados heridos o afectados, con 7 cada
uno; Lara, Monagas y Vargas suman 3 lesionados cada uno; Anzoátegui, Aragua,
Mérida, Nueva Esparta, y Táchira, dos cada uno; y Bolívar, Carabobo, Sucre y
Zulia con un parlamentario atacado cada uno.
La tolda política con más diputados en la cámara, Primero
Justicia, es la que tiene más diputados heridos o afectados hasta el 9 de
junio: 17 en total. Seguidos por Voluntad Popular con 10, Acción Democrática y
Un Nuevo Tiempo con 3 cada uno; Vente Venezuela con 2, y Alianza Bravo Pueblo
con uno, además de una diputada independiente.
Carlos Paparoni (PJ-Mérida) y Juan Requesens (PJ-Táchira)
son los que más ataques acumulan con 5 incidentes cada uno. Miguel Pizarro
(PJ-Miranda) y José Brito (PJ-Anzoátegui) suman 4 ataques cada uno. Gaby
Arellano (VP-Táchira), José Manuel Olivares (PJ-Vargas) y Rafael Guzmán
(PJ-Miranda) han sido agredidos en tres ocasiones cada uno de forma directa o
contra sus familiares.
Estos siete diputados pertenecen a la denominada generación
de 2007, que inició su activismo político en protestas contra el cierre de RCTV
y en rechazo a la reforma constitucional propuesta ese año por Hugo Chávez y
que fue derrotada. Hay quienes los empiezan a llamar la generación de 2017.
GNB agresora
Los ataques a los diputados se clasifican, de acuerdo con la
investigación de El Nacional, en heridas abiertas o fracturas
(29%), lesiones y asfixia (42%), persecución y robo (7%), detenciones ilegales
(9%) e intimidación (16%). La mayoría de las veces (80%) son atacados de forma
individual, aunque también hay registros de ataques a varios al mismo tiempo
(20%).
Los perpetradores de las agresiones son en primer lugar la
GNB (60%), la PNB (11%), civiles armados progobierno (11%), el Sebin y la Dgcim
(4%), el Saime (2%), Nicolás Maduro (2%), tribunales militares (2%) y personas
no identificadas (7%).
El primer ataque contra diputados se produjo el 28 de marzo
y fue en grupo. Gaby Arellano, Stalin González, Miguel Pizarro, Marcos
Bozo, Olivia Lozano, José Brito y Juan Requesens resultaron afectados cuando
fueron dispersados a empujones por la GNB mientras esperaban ser atendidos por
funcionarios de la Vicepresidencia en las adyacencias de una tarima ubicada en
la avenida Universidad.
El 1° de abril, Henry Ramos Allup fue retenido en el peaje
de Taborda durante varios minutos por la GNB que le exigía registrar su
vehículo y un automóvil tipo taxi, presuntamente del Sebin, lo siguió.
El 1° de mayo José Manuel Olivares fue golpeado en la cabeza
con una bomba lacrimógena, lo que ameritó 12 puntos de sutura. Un mes antes, el
3 de abril Juan Requesens fue atacado por civiles armados a las puertas de la
Defensoría del Pueblo, lo que le dejó rotura de párpado y fractura de nariz,
mientras José Brito terminó con una costilla fracturada.
Otros casos que no solo implican agresión física, pero
violan la inmunidad se registraron contra Delsa Solórzano (retención ilegal y
revisión de su equipaje en Maiquetía), Yanet Fermín (detenida por varias horas
en Nueva Esparta durante una protesta) y Gilber Caro, sometido a un juicio
militar con pruebas presuntamente sembradas.
Sin cobrar
Las agresiones físicas e institucionales contra los
parlamentarios tienen los más variados matices. Los que protestan
consistentemente desde marzo de 2017, no cobran salarios desde agosto de 2016.
Han asistido a la AN, a las comisiones, realizado investigaciones, elaborado
leyes, aprobado acuerdos, representado al país en el exterior, sin cobrar una
sola quincena ni beneficios laborales desde hace 10 meses.
“La intervención de la Asamblea Nacional es administrativa
también, pues le fue quitada su competencia para fijar o aumentar los salarios
de sus trabajadores, para pagar sus servicios, para cubrir su mantenimiento.
Este Palacio, por ejemplo, es Patrimonio Histórico de la Nación y, desde hace
más de un año, no hay partida para su mantenimiento. La verdad es que esta
Asamblea, como todo el país, está en resistencia”, afirma el secretario del
Parlamento, José Ignacio Guédez (Causa R).
Por si fuera poco, los legisladores más visibles de la
oposición no son admitidos en las líneas aéreas nacionales, por lo que cada vez
son menos los que, viviendo en el interior del país, pueden abordar un vuelo
para participar en las sesiones de la AN. “Es una orden gubernamental y cada
diputado se va enterando en el aeropuerto si se podrá subir o no al avión.
Tenemos diputados sin pasaporte, tenemos diputados secuestrados. Sin embargo,
ellos no han querido, ni los partidos, ni la MUD, que este drama que los afecta
protagonice nada, porque sabemos que muchos venezolanos viven situaciones mucho
peores. Todo el país está en crisis. La dictadura es contra todos. Ellos no
escapan a eso”, dijo Guédez.
Almuerzo heroico
Esta situación, aunada a la falta de pago de salarios, ha
impedido que durante este año la MUD logre tener en cámara a sus 109
representantes. La mayoría de las sesiones de 2017 se han instalado con el
quórum reglamentario (83 diputados) o apenas un poco más.
Preguntado sobre cómo sufragan sus gastos de viajes y
trabajo si no tienen sueldos, el secretario respondió: “Cada diputado tiene una
realidad distinta. Lo que hacemos aquí es un esfuerzo conjunto coordinado por
la MUD para asegurarles el almuerzo a los que vienen cuando hay sesión. Es un
esfuerzo casi heroico. Pese a todo esto, la AN sigue sesionando, cumpliendo sus
funciones constitucionales y además lidera la rebelión contra la dictadura.
Estos diputados son un ejemplo de resistencia para el pueblo”.
Lo cierto es que cada parlamentario paga sus gastos de
traslado y estadía en Caracas, muchos se quedan en casas de amigos o
familiares. No tienen gastos de representación, ni planes para sus líneas
celulares. En 2016 se registraron varios cortes de luz en las instalaciones del
Parlamento. En las últimas tres semanas no han tenido Internet, lo que ha
dificultado la divulgación de información sobre la AN y el desarrollo de
procesos como la convocatoria a la conformación del Comité de Postulaciones
Judiciales.
Junto con los diputados, también los trabajadores
legislativos resisten la arremetida de un gobierno. Desde enero de este año,
los empleados administrativos y obreros, más de 3.000, no tienen cobertura de
seguro de HCM porque el gobierno –que le quitó la potestad de pagar su nómina
al Legislativo– no cumple con los pagos a la empresa aseguradora. Igualmente,
los trabajadores no perciben bonos y beneficios contractuales a los que tienen
derecho. Aun así, ellos también van a cumplir con sus funciones diariamente.
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