Por SOFÍA NEDERR SNEDERR@EL-NACIONAL.COM
25 DE JUNIO DE 2017 02:02 AM | ACTUALIZADO EL 25 DE JUNIO DE
2017 07:52 AM
Durante el primer semestre la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, se ha deslindado de varias acciones del
Ejecutivo. En el tablero político, ella está moviendo sus piezas. El
Tribunal Supremo de Justicia ha respondido con celeridad a cada una de las
jugadas. La expectativa está centrada en cuál será la próxima movida de la
máxima autoridad del Ministerio Público –que para el gobierno se ha convertido
en su principal adversario– luego de que la Sala Plena admitió la solicitud de
un antejuicio de mérito en su contra.
Ortega Díaz, quien fue designada frente al Ministerio
Público por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2007 para el
período 2008-2014 y ratificada para el lapso 2014-2021, asegura que actúa
en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución de 1999.
Fiel al proyecto que lideró el presidente Hugo Chávez, ahora
la fiscal ha sido blanco de ataques de oficialistas, entre ellos del propio
presidente Nicolás Maduro. “Todas las acciones intentadas por nuestra
institución han sido desechadas, inadmitidas, negadas, sin que se produjera un
pronunciamiento a fondo del Tribunal Supremo”, advirtió Ortega Díaz el 13 de
junio.
“La fiscal general ha actuado en cumplimiento de su
obligación como representante del Ministerio Público para garantizar el respeto
a la Constitución. Las sentencias 155 y 156 fueron denunciadas por Ortega Díaz
por considerar que estas significaban la ruptura del orden constitucional. El
TSJ no puede sustituir al Parlamento. La Sala Constitucional le dio la razón a
la fiscal, en una decisión gatopardiana, cuando corrigió algunos aspectos. Los
magistrados reconocieron que actuaron fuera de la carta magna”, señaló el
abogado Javier Elechiguerra, ex fiscal de la República.
Para Elechiguerra, Ortega Díaz tuvo razón cuando hace unos
días acusó a los magistrados de incurrir en el delito de conspiración para
alterar la forma republicana. La funcionaria solicitó un antejuicio de mérito
contra los juristas, que fue negado por los propios afectados. “Los magistrados
han sido juez y parte ante las peticiones de la fiscal, cuando debieron
inhibirse. En este contexto el Estado venezolano quedó muy mal ante el mundo,
al violentar derechos universales.
Por el contrario, Ortega Díaz cumplió con su obligación.
Actuará hasta donde se lo permita la Constitución”, expresó.
El ex fiscal dijo que las actuaciones de Ortega Díaz han
sido semejantes a las asumidas en 2002 por el entonces fiscal Isaías Rodríguez,
cuando denunció el golpe de Estado contra Chávez. Considera que en ambos casos
la conducta fue legítima. “A Isaías Rodríguez nadie intentó enjuiciarlo, porque
lo que hizo corresponde a la función de un fiscal. Él y Ortega Díaz actuaron
según su juramento”.
Restablecimiento democrático. El ex magistrado
Perkins Rocha dijo que Ortega Díaz ha actuado conforme a lo que dispone el
artículo 333 de la carta magna, según el cual todo ciudadano, investido o no de
autoridad, tendrá el deber de colaborar para el restablecimiento de la
Constitución.
“La fiscal ha desnudado ante el país y la comunidad
internacional la falta de imparcialidad y el sesgo de las autoridades del TSJ
puestas por Maduro, cuando están obligadas a velar por el Poder Público”,
indicó.
Rocha, actualmente vicepresidente del Comité de
Postulaciones Judiciales, coincidió con Elechiguerra en que los magistrados, al
no admitir o rechazar a los recursos que Ortega Díaz introdujo ante el máximo
tribunal, “como parte y jueces del proceso incurrieron en un inexcusable error
de carácter penal”.
Destacó que la fiscal ha contribuido en la integración del
gran expediente por la ausencia democrática en el país, registro que, recordó,
es válido ante la Corte Penal Internacional.
“La fiscal evidenció que hay Estado de Derecho, pero no
justicia. Mientras tengamos este TSJ no podremos tener decisiones efectivas, lo
que tiene un costo social. El Libertador decía que el talento sin probidad es
un azote, pero el TSJ es un azote. Como dijo Ortega Díaz: El TSJ es un obstáculo
para la paz del país”.
Rocha dijo que está claro en que “la fiscal sigue siendo una
señora con posición política de izquierda, lo que es perfectamente válido.
Pero, al mismo tiempo, se puede afirmar que va a dar la vida por un valor
republicano, por la democracia, por defender la Constitución”.
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