Rómulo Lares Sánchez
Cuántos comentarios, análisis y críticas se han desparramado en todas las tertulias en relación con la promoción directa del saqueo de comercios “amigos” y “enemigos”, como estrategia para la manipulación de la opinión por parte de los usurpadores de los poderes públicos, sin sospechar, comprender siquiera, o ignorando, el otro saqueo muchísimo más grave e irreversible, porque condena la vida y la libertad de generaciones, aquél del espíritu, de la esperanza y de los sueños de la mayoría de los pobladores de lo que fuese Venezuela y que hemos permitido, proclamando cínicamente la condición de republicanos y defensores del Estado de Derecho, que se transformase en otra nación de esclavos: VENECUBA.
Por esto es posible que experimentados políticos desvíen la atención de los pocos lectores que acceden a sus opiniones, evadiendo la manipulación de la opinión de los venezolanos mediante la censura, autocensura y la cultura del fraude generalizado, para centrarse en la legitimación de pantomimas institucionales como la del “Poder Legislativo-Asamblea Nacional” y la de las “Fuerzas Armadas Nacionales”.
Sobre la comprobada pantomima “electoralista-CNE-Mesa de turno” no hay márgenes razonables para la polémica, la evidencia es sencillamente irrefutable tanto para expertos como para ignorantes, de manera que quienes coquetean con ésta, simplemente se ganan un puesto despreciable en la Historia, la que asignará el adjetivo definitivo a los promotores del fraude y a sus trágicas consecuencias directas: la violación sistemática creciente y desbordada de los derechos humanos hasta los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, todos imprescriptibles y de jurisdicción planetaria.
La pantomima legislativa que contribuye a sostener el fraude político-administrativo-judicial-electoral se fortalece cuando se invita a reflexionar sobre los tales “diputado 99” y “ley habilitante”, estrategia del crimen organizado para disimular o encubrir la inexistencia de verdadero Poder Legislativo, confirmación clara del desprecio absoluto por el Estado de Derecho. La ignorancia extrema conduciría a debates, protestas y encadenamientos que sólo contribuirían con el fraude de su legitimación.
También se fortalece al crimen organizado cuando se le asigna algún significado trascendente al “rompimiento del Fuerte Tiuna con los hermanos Castro”. Es indiscutible que se requeriría también de la participación y acción de los hombres y mujeres de las “Fuerzas Armadas” para restablecer la República de Venezuela a un Estado de Derecho, pero, ¿cómo pretender asignarle alguna dirección de tal gesta a hombres y mujeres que han demostrado su incompetencia y que cargan con la mayor responsabilidad en la tragedia nacional?, a quienes tendrían que explicar lo inexplicable: el incumplimiento de su deber, la traición, despreciando su juramento cuando ofrendaron sus vidas ante Dios y la Patria para garantizar la defensa de la soberanía y la imposición de hecho del Estado de Derecho en la tierra venezolana.
Invito a los venezolanos y a los venecubanos a la reflexión: no es posible la hembra medio preñada como tampoco existe la figura del Poder Legislativo a medias, de las Fuerzas Armadas a medias, del honor a medias, de la propiedad privada a medias o de la libertad a medias.
Mientras el mundo civilizado se encuentra en el siglo XXI dentro de la cultura y la administración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en VENECUBA hemos retornado y nos adentramos cada día más a las entrañas de la era de las cavernas.
La libertad no habría sido nunca gratuita y sólo la defiende y sostiene verdaderamente quien ejerce la condición humana y la de ciudadano. Sin honor queda sólo la vergüenza.
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