Venezolanos en el distribuidor Altamira de la
autopista Francisco Fajardo
Por CARMEN VICTORIA INOJOSA CINOJOSA@EL-NACIONAL.COM
30 DE JULIO DE 2017 12:57 AM | ACTUALIZADO EL 30 DE JULIO DE
2017 03:01 AM
El 28 de marzo las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo
de Justicia fueron el detonante para profundizar el descontento ciudadano ante
la ruptura del orden democrático. Esta vez salieron a reclamar en la calle lo
que no pudieron exigir a través del voto: el cambio político que dibujó el
triunfo de la oposición en las parlamentarias de 2015, que fue truncado el año
siguiente por la suspensión del revocatorio y el retraso de las elecciones
regionales.
Desde esas sentencias han pasado 120 días de protestas. La
oposición comenzó apostando en abril por una agenda política de movilizaciones
de calle, una marcha tras otra, casi interdiarias, multitudinarias. En cada una
de ellas el cerco de la PNB y la GNB trancó el camino para
llegar al TSJ, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional
Electoral. La represión desmedida se impuso con graves violaciones a los
derechos humanos y un saldo de asesinatos que aumenta jornada tras jornada. Un
día antes de la llamada “Mamá de las marchas” del 19 de abril, el gobierno
activó el plan Zamora en su primera fase, lo que incrementó el número de
heridos y muertes. Pero también aumentó la voluntad de los ciudadanos de seguir
en la calle.
Llegó mayo y con él un nuevo motivo para intensificar la
protesta. Se pone en juego la República. A las exigencias por la
apertura de un canal humanitario, reconocimiento a la Asamblea Nacional,
liberación de presos políticos y la ruta para un calendario electoral, se unió
el rechazo a la convocatoria de Nicolás Maduro para ir al proceso constituyente
de hoy. La respuesta ha sido un ciclo de trancazos y plantones nacionales, y
más marchas. También las vigilias y las movilizaciones de toda la sociedad. A
la lucha en la calle hay que sumar la consulta popular en la que casi 7,6
millones de personas rechazaron la realización de la asamblea nacional
constituyente. Este es un poderoso hito que hará sombra a la convocatoria del
gobierno.
“En estos cuatro meses hemos observado diferentes fases del
ciclo de protestas, sobre todo en la constitución de una protesta enfocada a
objetivos cada vez más claros. En abril reacciona la población ante la
indignación por las sentencias del TSJ. Era la agenda política que estaba
conduciendo la protesta, pero que se ha ido perfilando hacia una agenda
ciudadana. Hemos visto un proceso de toma de conciencia del poder ciudadano, la
consolidación de esa fuerza, una conciencia sólida de organización. El 16 de
julio más que desobediencia civil vimos un acto de afirmación de la cultura
cívica y pacífica”, dice la psicóloga social y especialista en malestar social
y conflicto político, María Teresa Urreiztieta.
En el camino de estos cuatro meses, el Ministerio Público
agregó elementos nuevos al escenario. La fiscal Luisa Ortega Díaz fijó posición
sobre la ruptura del hilo constitucional, rechazó la imputación de civiles en
tribunales militares, hizo un llamado de atención por las detenciones
arbitrarias e irregulares y condenó el uso exacerbado de la fuerza de
funcionarios de seguridad en las manifestaciones pacíficas.
En junio la agenda cambió a una “fase de lucha decisiva” con
la activación de los artículos 333 y 350 de la Constitución.
El llamado fue a desconocer al TSJ y al CNE ante sus actuaciones en
respaldo a la constituyente, lo que desembocó en una nueva fase de acciones de
calle que un mes después estuvo liderado por los Comités de Rescate de la
Democracia y el Movimiento Libertador. La presión ya no sería únicamente
en las concentraciones, sino también desde las comunidades. Desde julio, la
responsabilidad la asumió la sociedad civil empoderada con el éxito de la
consulta del 16J. La calle, de alguna manera, sobrepasó a la dirigencia
política.
Para la psicóloga social parte de los frutos de cuatro meses
de protestas es “el poderoso movimiento ciudadano en gestación”. Un movimiento
que asumió su rol político histórico sin precedentes: “Al intentar llevar al
gobierno al límite de sus fuerzas y no confrontarlo desde el punto de vista
bélico, la sociedad civil está utilizando la inteligencia colectiva que deriva
de años de democracia”.
El politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci agrega que con el
actual ciclo de protestas la sociedad cambió de modo radical: “Se ha hecho
evidente que la gente está dispuesta a asumir costos altísimos con tal de
impedir que este régimen siga gobernando, por lo menos tal como lo ha hecho
hasta ahora. La ciudadanía ha adquirido conciencia de su fuerza y son cada vez
más los venezolanos que han decidido asumir los costos necesarios para vivir en
libertad. Mientras más fuerte es la represión, mayor es el rechazo que el
régimen recibe de la población”.
Constituyente en puertas
“Alexis de Tocqueville señalaba que a veces los gobiernos
que se encuentran en posiciones de extrema debilidad estiman que con reformas
profundas lograrán esquivar la crisis, y que más bien lo que sucede es que esos
cambios drásticos, realizados en momentos de gran vulnerabilidad, terminan por
ocasionar su desmoronamiento”, dice Martínez, especialista en conflictos. Para
el analista son casi insuperables los obstáculos que enfrenta la constituyente:
rechazo popular, total condena internacional y dudas dentro de las filas del
gobierno. “Parece fracturarse en la medida en que se prolonga la movilización
popular”.
Lo que se puede esperar en caso de que se produzca la
elección, según Martínez, es que la represión se intensifique con lo cual el
rechazo interno y externo al régimen se hará aún más profundo. “En ese caso
estimo que las condiciones no mejorarán demasiado para el régimen, y que su
salida anticipada del poder –sobre todo la de Maduro– no deberá ser
descartada”.
Mientras que de suspenderse el proceso “posiblemente será
planteado a la opinión pública como el resultado de una negociación, lo cual
podría ser cierto o no. El problema en este sentido es que, en mi opinión,
después de cuatro meses de protesta y un centenar de asesinados, con el país al
borde de la hambruna y una vez orquestado un gran consenso internacional, las
fuerzas de la Unidad Democrática no deberían aceptar una
desmovilización de la ciudadanía a cambio de otra cosa que no sean las bases de
una transición política a la democracia”, destaca Martínez.
Momento de negociar
El año pasado con la participación del Vaticano, el entonces
secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, y los ex presidentes José
Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana;
y Martín Torrijos, de Panamá, se intentó un diálogo político en el país. En
julio de 2016 el gobierno y la oposición aceptaron el acompañamiento del
Vaticano y en septiembre ambos grupos políticos hicieron formal esa invitación.
Solo se lograron dos encuentros entre las partes y sin efectos. En diciembre,
el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, envió una carta
para mostrar su preocupación ante el retraso en la aplicación de los acuerdos.
Demandó que se concretaran cuatro hechos antes del 6 de diciembre: implementación
urgente de medidas para el abastecimiento de comida y medicinas, un cronograma
electoral, la restitución de las competencias del Parlamento y los instrumentos
legales para acelerar la liberación de los detenidos.
Desde entonces la palabra diálogo quedó en el aire, con
algunas visitas al país de Rodríguez Zapatero y con un conflicto político que
se intensificó desde abril, por lo que a la fecha la negociación resulta
necesaria. “Sin negociación no habrá democracia ni paz, se profundiza la conflictividad
social y la escalada de violencia sin límite. Porque se responde a la lógica
del todo o nada. No debe ser un diálogo de compadres, tiene que ser uno con un
objetivo claro: cómo hacemos para que salgan del gobierno y se retome la ruta a
la democracia. O para convocar a un gobierno de transición que asuma el llamado
a elecciones generales. Sin esa ruta es imposible que se vuelva a la
democracia”, señala Urreiztieta.
La preocupación por Venezuela tiene hitos clave durante
estos cuatros meses, según reconoce la doctora en ciencias políticas e
internacionalista, Elsa Cardozo: la resolución 1078 de la OEA que calificó a
Venezuela en una situación de ruptura inconstitucional del orden democrático;
en mayo con el anuncio de Nicolás Maduro de ir a una constituyente se sumaron
más voces críticas. En julio, los países de la región reconocieron la masiva
participación de los ciudadanos en la consulta popular: “Tanto a su
organización y carácter pacífico y democrático, como a su resultado”, sostiene
Cardozo.
Maduro se ha mantenido a espaldas de estos y otros exhortos.
El abogado en derecho internacional, Mariano de Alba, destaca la importancia de
que el gobierno escuche a sus vecinos: “Es muy difícil para un país conseguir
su desarrollo económico aislado de la comunidad internacional y especialmente
de sus países más cercanos. En el caso venezolano el Estado ha asumido
compromisos internacionales para tener un gobierno democrático y respetar los
derechos humanos, por lo que es perfectamente admisible que otros Estados que
también han asumido esos compromisos así se lo exijan”. Manifiesta la
importancia de preservar las relaciones comerciales para conseguir el
desarrollo económico. “Si no lo hace, como lo estamos viendo, eventualmente
podrían haber consecuencias”.
Cardozo destaca los anuncios de sanciones y las nuevas
demandas del Mercosur, la iniciativa de Almagro de encargar al exfiscal de la
Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, de analizar el caso venezolano
para esa instancia, la sexta cita de la OEA que se ocupa de Venezuela y los
movimientos que sin demasiada discreción hace y cuenta el ex presidente
español, José Luis Rodríguez Zapatero”. Para Cardozo existe una mayor
disposición a presionar al gobierno y en reconocer las razones de los
opositores en su talante democrático, disposición pluralista y capacidad
organizativa.
Con la inminente realización del proceso constituyente la
palabra diálogo se puso otra vez en primer plano. Las solicitudes y exhortos
que han hecho distintos gobiernos del mundo y organismos multilaterales para
que el gobierno suspenda la elección de la asamblea nacional constituyente han
obligado a que el término negociación sea prioridad en la agenda de ambas
partes, aunque la sola mención de la palabra genere polémica en distintos sectores.
Mientras transcurre la semana en la cual está prevista la elección
constituyente, Rodríguez Zapatero ha permanecido en el país como mediador para
posibles acuerdos que al cierre de esta edición, a dos días de los comicios,
aún siguen sin concretarse.
Resulta un proceso complejo, por lo que Martínez expresa que
la negociación en medio de conflictos políticos violentos es siempre difícil:
“Obviamente resulta deseable en la medida en que sustituye a la violencia como
forma de dirimir las diferencias. Pero en el caso venezolano no podemos perder
nunca de vista que se trata de oponentes sumamente desiguales, pues se
enfrentan un oponente mayoritario, legítimo y pacífico, que sufre los rigores
de políticas represivas y generadoras de miseria, con otro oponente
minoritario, ilegítimo y violento, seriamente cuestionado por casi todos los
demócratas del hemisferio occidental”.
En vez de establecer una especie de tregua o equilibrio
entre el opresor y el oprimido, Martínez señala que se hace necesario asentar
las bases de un cambio de régimen político. “Solo una negociación orientada en
esa dirección hará que el sacrificio de la gente haya valido la pena”, expresa
Martínez. Y será el movimiento ciudadano en gestación, al que Urreiztieta
señala como fruto del ciclo de protestas, el que será clave en la etapa post 30
de julio: “No solo porque le tocará hacer resistencia y oposición al gobierno,
sino también porque debe señalar el camino hacia la recuperación de la
República y la democracia”, concluye.
Aciertos y desaciertos
Movilizaciónž desobediencia civil, coordinación y una nueva
generación de políticos al frente son algunos de los aspectos positivos que
señala el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci en lo que han sido estos
cuatro meses de protestas. Explica que “la Unidad Democrática ha acertado
al comprender definitivamente que la movilización popular y la desobediencia
civil no comprometen la ventana de aparente institucionalidad que el régimen
parecía mantener entreabierta, sino que constituyen un poderoso mecanismo para
recuperar la libertad y la democracia cuando no hay Estado de Derecho ni orden
constitucional”. En cuanto a la coordinación, añade, se ha ganado mucho en
comparación con anteriores ciclos de protestas.
“Más que errores observo una dificultad básica, la cual por
lo demás me parece hasta cierto punto natural dada su diversidad interna: la
dificultad para manejarse apropiadamente en el terreno de la negociación en
medio del conflicto; ese es un espacio para mejorar”, sostiene.
Entre los desaciertos, la psicóloga social María Teresa
Urreiztieta destaca la diferenciación entre los paros cívicos y los trancazos:
“Este último no es pacífico. Son imposiciones, se presentan de forma
autoritaria, deterioran la convivencia entre vecinos. El verbo no es paralizar
sino movilizar, poner en marcha para decirle no a la constituyente”. Asimismo,
le resulta preocupante el fenómeno de los jóvenes en la línea de fuego. “El uso
de la violencia confrontativa, exponer la vida de esos muchachos que vienen en
busca de reconocimiento por un futuro detenido, una vida atropellada, ellos
podrían estar defendiendo valores y principios que consideren, pero podrían
estar siendo utilizados como carne de cañón en el imaginario heroico. Cuando
todo pase, podrían sentirse desencajados y empezar a preguntarse qué harán, lo
que incluso podría iniciar procesos de insurgencia urbana”.
