La apertura petrolera (I al III) Jose Toro Hardy

La apertura petrolera: gestación

El Nacional LA OPINIÓN DE José Toro Hardy@josetorohardy

23 DE FEBRERO DE 2017 03:34 PM

Venezuela atraviesa por la peor crisis económica de su historia. Una revolución, que ya se agotó, mantiene al país sumido en un grave trance político. Sufrimos la inflación más alta del mundo, en tanto que el PIB, en 2016, se contrajo, según algunos especialistas, entre 17% y 23%. El empobrecimiento de la población no tiene precedentes. Estudios de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y UCAB, muestran que 82% de los hogares se encuentra en situación de pobreza y 52% vive en pobreza extrema. Algunos indicadores sugieren que hoy somos más pobres que Haití. La escasez de alimentos y medicinas nos hunde en una crisis humanitaria.

La realidad, a no dudarlo, terminará por imponerse. Tenemos que empezar a planificar lo que habrá que hacer al día siguiente. Son muchos los ámbitos en los que se deberá actuar. Uno de ellos, tendrá que ser el sector petrolero.

Habrá que rescatar el pensamiento de dos grandes maestros como fueron Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonzo. Uno nos dijo que había que sembrar el petróleo. El otro nos advirtió que el petróleo se transformaría en el excremento del diablo. Al final del día, ambos tuvieron razón: como no le hicimos caso al primero, se cumplieron los vaticinios del segundo.

Nutriéndonos de esas fuentes habrá que reconstruir nuestra industria petrolera con una visión diferente. El rentismo, esa peste que como nunca se exacerbó durante el actual régimen, deberá ser evitado. Inversiones y diversificación serán las metas. En las próximas entregas de esta serie sobre el petróleo nos permitiremos presentar varios planteamientos que podrían servir de orientación para el futuro. Pero antes se hace necesario analizar lo que se intentó en el pasado, para aprovechar los aciertos y evitar los errores.

En esta ocasión me referiré a un caso de excepcional interés: la apertura petrolera. Es importante estudiarla porque en un futuro cercano es probable que Venezuela tenga que recurrir a una apertura más audaz y diferente que la anterior.

Veamos cómo se gestó ese episodio fundamental de nuestra historia a petrolera:

Desde principios de la década de los noventa era evidente que el país necesitaba revitalizar ese sector para que pudiera aportar los recursos que se requerían. Además, después de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait y la Guerra del Golfo, el mundo necesitaba con urgencia del petróleo venezolano. No estábamos, sin embargo, en condiciones de aumentar la producción porque carecíamos de los recursos para hacer las inversiones necesarias. Sufríamos una profunda crisis caracterizada en 1993 por una alta inflación y una recesión que en 1994 había arrasado con la mitad del sector financiero.

Como después de la nacionalización en 1975 no estaban claros los mecanismos legales para captar inversiones privadas al sector y el Estado no estaba en condiciones de hacerlas por sí solo, se optó primero por consultar a la Corte Suprema de Justicia. En una magistral ponencia de Román Duque Corredor se establecieron los mecanismos a través de los cuales se podían incorporar capitales privados, sin violar las disposiciones de la ley.

Esa sentencia abrió las puertas a la apertura petrolera. Aún así Pdvsa consideró que se trataba de un problema más político que jurídico y tomó la decisión de pedirle al Congreso Nacional que fijase las bases mínimas de negociación. Se abría así un inmenso debate a nivel nacional.

Partidarios y opositores de la apertura petrolera fijaron sus posiciones. No hubo una universidad en la que no se discutiera el tema. No hubo rincón del país, ni colegios de profesionales, ni cámaras de comercio y de industria, en los que el asunto no despertara encendidos debates. Los partidos políticos asumieron una participación protagónica. Se dictaron centenares de charlas. El petróleo toca profundos sentimientos nacionalistas y por ello organizaciones como Fundapatria, presidida por Luis Vallenilla, se oponían vísceralmente a la apertura, así como también lo hacían Hugo Chávez y sus seguidores, entre los cuales se destacaba Alí Rodríguez, quien presidía la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.

Pero las encuestas mostraban que 75% de la población estaba de acuerdo con la apertura. Finalmente el Congreso Nacional aprobó las bases mínimas de negociación que servirían a Pdvsa para abrir un proceso de licitaciones que fue reconocido por su transparencia y que despertó intenso interés en el mundo. Infinidad de empresas de todas partes concurrieron al proceso.

La apertura petrolera abarcó distintas fases que serán descritas en la próxima entrega de esta serie: Asociaciones Estratégicas para la Faja del Orinoco y el proyecto gasífero Cristóbal Colón; convenios operativos para la reactivación de campos marginales y proyectos de Exploración a Riesgo, bajo la figura de ganancias compartidas.

En conjunto implicaban inversiones de 65.000 millones de dólares que hubieran permitido incrementar la producción petrolera del país a casi 5,5 millones de barriles diarios. Hoy apenas producimos algo más de 2 millones.

Pdvsa sometió los contratos suscritos al Congreso para que este comprobara si se habían ajustado a las bases mínimas de negociación establecidas por el propio Parlamento.

Se cumplieron, pues, todos los extremos legales y a Venezuela se le abría un porvenir petrolero brillante. Las inversiones vinieron abundantes a estimular nuestro sector petrolero.

Lamentablemente estalló en ese momento una crisis en el sudeste asiático que, como efecto dominó, arrastró consigo a las economías de todos los países –los “tigres de papel”– de esa próspera región del planeta dieron lugar a una caída de 2 millones de barriles diarios en la demanda mundial esperada de petróleo, cuyos precios se desmoronaron y, en el momento más álgido, la cesta petrolera venezolana cayó a una cifra que apenas superaba los 7 dólares el barril.

El impacto en el panorama político venezolano fue profundo. El comandante y candidato Chávez –principal adversario de la apertura petrolera– subía en las encuestas al mismo ritmo que caían los precios del petróleo. Su popularidad, que en enero de 1998 se ubicaba en apenas 5%, subió como la espuma y en diciembre de ese mismo año ganó las elecciones con cerca de 55% de los votos.

Llegó así la revolución y arrasó con todo, empezando por Pdvsa que apenas es hoy una triste sombra de lo que fue. En algo más de tres lustros el régimen nos condujo a los dramáticos resultados que se mostraron al principio de este artículo.

José Toro Hardy: La Apertura Petrolera (II): Desarrollo

Mar 2, 2017 3:17 pm
Publicado en: El Nacional Opinión

El tema es importante porque es posible que pronto tengamos que recurrir a una nueva Apertura Petrolera.

La Apertura abarcó varias fases. En todas ellas las decisiones se tomaban en comités integrados por los inversionistas privados y PDCSA, en los cuales está última tenía la decisión final tenía en caso de desacuerdo, acatando así la condición establecida por la Corte Suprema de Justicia en ponencia del magistrado Román Duque Corredor.

Todo el proceso fue sometido a la aprobación del Congreso Nacional. Las fases de la Apertura fueron las siguientes:

a) Convenios Operativos para Campos Marginales

Se trataba de campos cuya producción declinaba y en los cuales las inversiones para su reactivación no alcanzaban la tasa de retorno que aspiraba PDVSA. Sin embargo, era posible aumentar su producción mediante técnicas de recuperación secundaria y terciaria.

Se realizaron tres rondas de negociación de Convenios Operativos. En las dos primeras 27 compañías ganaron licitaciones para explotar 15 campos marginales, en los que invirtieron $ 2.000 millones, aumentando las reservas probadas en 3.600 millones de barriles y elevando la producción en 450.000 b/d.

En 1997 tuvo lugar una 3ra ronda, en la cual las empresas ganadoras pagaron a la Nación 2.200 millones de dólares en bonos para explotar 28 áreas, donde se esperaba aumentar la producción en unos 500.000 b/d.

Las inversiones y el riesgo los asumían en su totalidad los contratistas; pero las reservas que descubrían y el petróleo que producían pertenecían a PDVSA, que les pagaba un “fee” por barril adicional producido.

Las licitaciones se transmitían por televisión para garantizar su transparencia. Las Bases Mínimas de Negociación habían sido aprobadas por el Congreso.

b) Convenios de Utilidades Compartidas

En 1995 el Congreso Nacional autorizó a PDVSA la realización de Acuerdos de Utilidades Compartidas para la exploración y desarrollo de 10 bloques para ubicar crudos livianos y medianos. Se trataba de yacimientos de alto riesgo a grandes profundidades.

Ganaba la licitación la empresa que ofreciese al Estado la mayor participación en las utilidades. El inversionista privado realizaba el 100% de las inversiones y asumía el 100% del riesgo. PDVSA tenía la opción de participar hasta en un 35% del negocio una vez completada la fase exploratoria.

De producirse un empate en las licitaciones, el bloque se asignaba a la empresa que ofreciese un mayor bono en efectivo. Por este concepto PDVSA recibió un total de $ 245 millones. Se asignaron 8 bloques a 14 compañías.

c) Asociaciones Estratégicas

Se aplicaron en la Faja del Orinoco y en el proyecto Cristóbal Colón para gas natural “no asociado”.

En el caso de la Faja del Orinoco el objetivo era desarrollar tecnologías para explotar las grandes reservas de crudos extra pesados de la Faja a fin de transformarlos en crudos sintéticos de alto valor en los mercados.

Para atraer a los inversionistas se rebajó la regalía hasta el 1% durante los primeros 9 años. Pero si la explotación comercial se iniciaba antes, la regalía volvía de inmediato al 16 2/3% usual.

El Congreso Nacional autorizó 4 Asociaciones Estratégicas en la Faja del Orinoco para la explotación y mejoramiento de las reservas de crudo extra pesado con una gravedad de 9 grados API. Posteriormente revisó los contratos una vez suscritos y los ratificó.

Las Asociaciones Estratégicas comprendían grandes plantas de mejoramiento de crudo ubicadas en Jose (Estado Anzoátegui). Fueron:

PETROZUATA en Asociación con Conoco, para producir 120.000 b/d que se transformarían en crudos sintéticos de 20 a 23 grados API.
SINCOR en asociación con Total, Stat Oil y Norsk Hidro para producir y transformar 180.000 b/d en crudos sintéticos de 30 a 32 grados API.
HAMACA en asociación con ARCO, Texaco y Phillips con una producción de 165.000 b/d que se transformarían en crudos sintéticos de 27 grados API.
CERRO NEGRO en asociación con Mobil cuya producción se procesaría inicialmente en Jose mejorándolos hasta 15 grados API, completándose el proceso en la refinería de Chalmette en Louisiana, perteneciente en un 50% a CITGO (filial de PDVSA) y un 50% a Mobil.

En conjunto las 4 asociaciones implicaban inversiones de unos $ 13.000 millones. Gracias a ellas la Faja Petrolífera del Orinoco dejó de ser una vasta acumulación de crudos extra pesados no comercializables y cargados de azufre y vanadio, convirtiendo a Venezuela en el país con las mayores reservas de petróleo económicamente explotables del mundo.

La otra Asociación Estratégica era el proyecto Cristóbal Colón, en asociación con Exxon, Shell y Mitsubishi para explotar las inmensas reservas de gas libre “no asociado” al norte de la Península de Paria, con una inversión proyectada de $ 4.900 millones y una producción estimada de 860 millones de pies cúbicos de gas.

En conjunto la inversión prevista en la Apertura Petrolera era de unos 65.000 millones de dólares, estimándose que la producción petrolera del país podría elevarse hasta 5,5 millones de barriles diarios.

Sin embargo, el destino le deparó al país una suerte diferente. En diciembre de 1998 gana las elecciones el comandante Hugo Chávez. Pidió de inmediato a la Corte Suprema de Justicia que anulara la Apertura. La Corte, en ponencia de Cecilia Sosa, lo negó por cuanto se habían cumplido todos los extremos legales. Después se produjo el paro petrolero (provocado por el propio Chávez, según el mismo lo confesó ante el Congreso). Se despidió al 50% del personal de PDVSA que en conjunto acumulaba 300.000 años de experiencia y conocimiento.

A pesar de los inmensos ingresos que se lograron en los años siguientes gracias al aumento de los precios del petróleo, PDVSA es hoy una empresa enferma, politizada y endeudada. El brutal déficit en su flujo de caja lo cubre el BCV mediante auxilios financieros.

Al informar sobre los Agregados Monetarios, el Banco Central señala que al 23/12/16 el 88% de la Base Monetaria del país, o sea, 4,5 billones de bolívares, se origina en “financiamientos a empresa petrolera”. Tan descomunal cifra equivale a 42 veces el monto de la Reservas Internacionales de Venezuela.

Tales datos llevan a la triste conclusión de que PDVSA, que tanto había aportado a Venezuela, se ha transformado hoy en la principal causa de que Venezuela padezca la inflación más alta del mundo. Lejos de producir 5,5 millones de b/d el país apenas produce algo más de 2 millones. Es el resultado de la mala administración y el cambio de condiciones impuesto por la revolución que frustró buena parte de las inversiones y llevó a la PDVSA “roja rojita” a varios arbitrajes internacionales que ha venido perdiendo sistemáticamente.

@josetorohardy
petoha@gmail.com

La apertura petrolera (III): desmantelamiento

El Nacional LA OPINIÓN DE José Toro Hardy@josetorohardy

09 DE MARZO DE 2017 12:15 AM

Siendo candidato a la presidencia de la República, el comandante Hugo Chávez fue el principal adversario de la apertura petrolera, y tal posición fue el leimotiv de su campaña. Al ganar las elecciones pidió a la Corte Suprema de Justicia la nulidad de todo lo actuado.

La Corte –presidida por Cecilia Sosa– no lo complació; primero porque el Poder Judicial aún conservaba su independencia, y además porque la citada apertura había cumplido con todos los extremos legales.

En efecto, no estando claros los mecanismos para captar inversiones privadas en el sector petrolero después de la nacionalización, Pdvsa (a través de Lagoven) había formulado una consulta a la Corte Suprema de Justicia. En ponencia de Román Duque Corredor, la Corte estableció el 23 de abril de 1991 las condiciones para recibir inversiones particulares sin violar la Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos. Nacía así la apertura petrolera, que abarcó varias fases:

i) Convenios operativos para campos marginales. Pdvsa pidió al Congreso Nacional que fijase las bases mínimas de negociación. Entre 1993 y 1997 se licitaron 33 campos que fueron asignados a 62 empresas.

ii) Contratos de exploración a riesgo. En 1995 el Congreso autorizó a Pdvsa a celebrarlos. Se asignaron 8 bloques a 17 empresas después de un minucioso proceso de licitaciones.

iii) Asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco que fueron contratadas con nueve empresas y ratificadas por el Congreso Nacional, y una para el proyecto Cristóbal Colón (gas natural “no asociado”) en asociación con tres empresas.

Se habían cubierto todos los extremos legales, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el 17 de agosto de 1999 la nulidad de la apertura que solicitaba el presidente Chávez.

Pero Chávez no aceptaba fácilmente una derrota. Como Jalisco, que si no gana arrebata, recurrió a otras vías para alcanzar sus objetivos. Tal como lo reconoció ante la Asamblea Nacional en la presentación del Informe Anual y Cuenta en 2004, fue él mismo quien provocó el paro petrolero que condujo al despido de 23.000 trabajadores de Pdvsa que en conjunto acumulaban más de 300.000 años experiencia.

Se propuso, además, derrotar la apertura petrolera mediante una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que fue aprobada el 16 de mayo de 2006.

En materia impositiva, varios cambios fundamentales fueron introducidos. El primero de ellos tuvo que ver con el ISLR, que fue aumentado desde 34% hasta 50%. Además, la regalía se elevó de 16 2/3 % hasta 33,3% mediante la creación de un nuevo impuesto a la extracción petrolera.

Por otra parte, las figuras de las asociaciones estratégicas, los convenios operativos y los convenios de exploración a riesgo fueron sustituidos por empresas mixtas en las cuales la participación accionaria del Estado llegaba hasta 60%.

En el caso de las asociaciones estratégicas de la faja, se procedió a un cambio cosmético de nombres, y recibiron denominaciones emblemáticas como Petrocedeño, Petromonagas, Petropiar y Petrojunin.

El Proyecto Cristóbal Colón fue reducido a Mariscal Sucre, con otros socios. De allí no ha salido un pie cúbico de gas comercial.

Más allá del simple cambio de nombres, se modificaron de manera substancial los contratos suscritos con motivo de la apertura petrolera. A las empresas afectadas no se les dio posibilidad alguna de negociación. Se les dijo simplemente: “Lo toman o lo dejan”. Si lo dejaban, se verían forzadas a retirarse del país, no solo por lo que respecta a tales contratos, sino también en cualquier otro negocio que tuviesen en Venezuela. Eso ocurrió con Exxon Mobil que se mudó a Guyana, donde está descubriendo grandes reservas en zonas marinas que Venezuela reclama.

Mientras aquello ocurría, los precios del petróleo estaban experimentando una escalada sin precedentes. Eso impulsó a muchas empresas a aceptar las nuevas condiciones. Otras no lo aceptaron y recurrieron a arbitrajes internacionales que de manera sistemática Pdvsa viene perdiendo. El mayor de todos esos arbitrajes –el de Conoco Philips (que demanda 30.000 millones de dólares)– está por decidirse.

Por otra parte, el gobierno ofreció a quienes aceptasen las nuevas condiciones una compensación excepcional: la propiedad de hasta 40% de las reservas petrolíferas existentes en el subsuelo en las áreas donde operan. Esto implicaba un sacrificio inexplicable de la soberanía nacional.

Vale la pena detenernos aquí. Bajo la apertura petrolera los contratistas privados debían realizar el 100% de las inversiones y asumir el 100% del riesgo. Si encontraban reservas de hidrocarburos estas pertenecían en 100% a la nación y el petróleo que producían pertenecía en 100% a Pdvsa, la cual los remuneraba conforme a mecanismos y fórmulas previamente negociados.

Por el contrario, bajo la figura de las empresas mixtas, siendo Pdvsa propietaria de 60% de las acciones, debe aportar 60% de las inversiones requeridas (y asumir 60% del riesgo); en tanto que a los socios privados que aportan el restante 40%, se les otorga la propiedad de 40% las reservas del subsuelo y de la producción que se obtenga.

Siendo la propiedad del subsuelo la mayor expresión de soberanía, el régimen la sacrificó brutalmente a cambio de unos ingresos fiscales adicionales.

El resultado final ha sido devastador. Careciendo Pdvsa de los recursos para aportar 60% de las inversiones, estas se han retrasado de tal forma que la producción petrolera del país ha caído en términos dramáticos y las instalaciones han sufrido una degradación tremenda. De haberse continuado la apertura petrolera, hoy Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Apenas producimos algo más de 2 millones y se espera una caída aparatosa.

En el caso de la apertura, el Congreso Nacional desempeñó un papel protagónico en todas las fases del proceso. Además, los convenios y contratos se otorgaban a través de licitaciones cuya transparencia fue reconocida mundialmente. Hoy en día todo se asigna “a dedo”, de espaldas al país y con base en las preferencias de carácter geopolítico del régimen.

Cabe señalar que la revolución creyó que los precios del petróleo subirían indefinidamente y que el régimen estaría en condición de imponer todo lo que le viniese en gana. La realidad los ha dejado en la estacada.

La otra triste realidad es que populismo, dogmatismo y corrupción han resultado ser una mezcla perversa que ha dañado profundamente tanto a nuestra industria petrolera como a Venezuela en su conjunto. Hoy tenemos una Pdvsa eunuca, politizada y endeudada a más no poder. ¡Qué tristeza!