Emilio Dos Santos indicó que el superintendente Contreras no
lo dejó hablar, lo amenazó y ordenó que lo sacaran a patadas de su negocio,
ubicado en la avenida Baralt de Caracas
18 empleados de la panadería se quedaron sin ingresos
fijos tras la expropiación
By EL NACIONAL WEB
20 DE MARZO DE 2017 09:14 AM | ACTUALIZADO EL 20 DE MARZO DE
2017 09:52 AM
Emilio Dos Santos, ex dueño de la panadería Mansion’s
Bakery, aseguró que el local fue tomado por delincuentes, luego de que el
Estado ordenara el cierre del establecimiento por el presunto incumplimiento de
la Ley de Precios Justos.
“Llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque
supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento. La
seguridad del Estado mandó a cerrar, me sacaron a patadas del local y ahora
tienen a unos malandros atendiendo la panadería”, indicó Dos Santos en una
entrevista a Radio Caracas Radio.
El comerciante, de origen portugués, aseguró que el
superintendente nacional de Precios Justos, William Contreras, entró
arbitrariamente al comercio y lo amenazó con cerrarlo. Señaló que Contreras no
le permitió defenderse ni justificarse durante la intervención.
Dos Santos aseguró que tenía 25 años trabajando en la
panadería, ubicada en la esquina Cuartel Viejo de la avenida
Baralt. Agregó que los trabajadores y la comunidad lo apoyan. “La gente de
los edificios cercanos está conmigo. Lo único que le pedimos al Estado es que
le devuelvan todas las panaderías a sus dueños”.
La Mansion’s Bakery fue fiscalizada el pasado martes 14 de
marzo en la tarde por la Superintendencia de la Defensa para los Derechos
Socioeconómicos (Sundde) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Luego de la
revisión, Contreras ordenó la entrega del local comercial a los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP) de la zona.
“18 empleados quedaron en la calle”
Pablo Mesina, contador de la panadería, declaró a la emisora
que 18 empleados se quedaron sin ingresos tras la toma del local. “El señor
Contreras llegó, sacó a todos los empleados y metió a gente nueva que no tiene
experiencia haciendo pan. Esta intervención dejó a 18 empleados en la calle”.
“La seguridad del Estado perjudicó a una familia inmigrante
que tenía décadas trabajando por el país y también afectó a la comunidad que
durante 25 años compraron el pan en este lugar. Esta gente, que no sabemos
quién es, está dañando la tradición”, agregó.
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Los trabajadores de la panadería convocaron a una protesta
frente al establecimiento este lunes, con la finalidad de exigir que el negocio
sea devuelto a sus propietarios. Dos Santos y Mesina solicitaron el apoyo de la
comunidad y del gremio panadero en la manifestación.
By ABEL LÓPEZ | ABLOPEZ@EL-NACIONAL.COM | @ZAKONT
17 DE MARZO DE 2017 04:58 PM
La toma de la panadería Mansion’s Bakery por parte del gobierno
causa indignación y conflictos entre los ciudadanos. Este viernes las personas
que acostumbraban hacer las colas para comprar pan manifestaron su descontento,
pues el comercio ubicado en la avenida Baralt está ocupado desde hace tres días
por funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos (Sundde), integrantes de los Comités Locales de
Abastecimiento y Distribución (CLAP) e incluso colectivos, según denuncias de
los trabajadores y de la comunidad.
José Matías, uno de los residentes de la zona, aseguró que
anoche llegaron unos colectivos armados al sitio y amenazaron a quienes se
encontraban frente al local, que ahora se llama "Minka" y muestra una
nueva fachada. A juicio del ciudadano, tras la “ocupación temporal” se agravará
la escasez de pan.
“No hay pan porque se está haciendo aseo”, dijo una persona
de la junta interventora frente al negocio. Sin embargo, minutos después
extrajeron varios sacos con canillas, los subieron a un vehículo particular y
se los llevaron, lo que avivó el disgusto de los ciudadanos.
“Ellos lo que están haciendo es comiéndose toda la
mercancía. Se llevan los panes en camiones”, denunció Ramona Morillo, empleada
del sitio.
Foto @unidadvenezuela
Las puertas del negocio permanecieron cerradas este viernes,
ni siquiera a los empleados se les permitió ingresar. Una de las trabajadoras,
que teme perder el empleo porque está embarazada, detalló que los funcionarios
de la Sundde fiscalizaron el martes y el miércoles llegó la junta interventora.
Narró que cuando intentó ingresar el miércoles en la tarde
un colectivo la amenazó con llevarla detenida. Agregó que el dueño del local no
se ha comunicado con los trabajadores desde el lunes, se desconoce su paradero.
Foto @unidadvenezuela
Emilio Dos Santos, empleado desde hace 25 años en el lugar,
declaró que los dueños del negocio trabajaron durante años para mantener la
panadería, por lo que le parece injusta la ocupación por parte del gobierno.
Durante su declaración fue increpado por otra persona, quien lo amenazó con
poseer un arma de fuego y con "enviarle" los colectivos.
“El proceso de fiscalización fue fatal, a nosotros nos cayó
mal porque es nuestra fuente de trabajo. Esa no es la solución para abastecer,
aquí se vendían 18 sacos de pan diario, desde las 8:00 am”, sostuvo Andri
Armado, ayudante de pastelero.
Acotó que los precios estaban regulados, cumplían los
requisitos sanitarios y fumigaban para mantener la higiene en el lugar.
Ramira Dávila, miembro del CLAP Arturo Michelena y del
equipo interventor, no tiene la misma opinión. Dijo que en la panadería había
acaparamiento, especulación e insalubridad producto de una "guerra
económica".
“Aquí vendían un cachito en 3.800 bolívares, ayer se
vendieron en 1.500 bolívares con las mismas condiciones (…) Abrimos de acuerdo
con la provisión que tenemos; será única y exclusivamente distribuido a través
de los CLAP”, agregó Dávila.
Foto AFP
Hoy hubo una reunión entre un representante de la junta
interventora y los trabajadores en la calle, frente al negocio. El
representante del gobierno indicó que la ocupación del comercio se oficializó
este viernes.
Un ciudadano "interrogó" al funcionario: “Si
tienes una nómina de 25 empleados, ¿les puedes pagar al vender los panes a 80
bolívares? Un personal que tiene 8 o 10 años, ¿cómo lo arreglas?”. La respuesta
fue: “Cuando tenga el negocio te aviso, si no sabes lo que se está haciendo
mejor que no opines”.
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Los ciudadanos criticaron la medida. Aseguran que aunque
antes se hacía cola, distribuían pan dos o tres veces al día. Coincidieron en
que si había irregularidades lo recomendable era aplicar una multa y dejar una
advertencia, “pero no quitarle su negocio”.
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