Militares retirados preparan ocho denuncias contra 14 exguerrilleros
Militares retirados y familiares de víctimas asesinadas por guerrilleros antes del golpe de Estado preparan las primeras ocho denuncias que presentarán a la Justicia. Ninguna de las 14 personas que implicarán es hoy una figura pública.El Plenario de Centros Militares tiene registrados 61 asesinatos: 41 con “responsables identificados” y 20 sin identificar. En estos hechos que van de 1952 a 1973 murieron 23 civiles, 27 policías y 11 militares, según documentos manejados por ex- militares a los que accedió El País. Incluyen la muerte de dos civiles a manos de militantes comunistas en 1952.
Los militares retirados pretenden ahora denunciar algunos de los casos que tienen “responsables identificados” y que nunca fueron condenados por el hecho, así como también a exguerrilleros que dieron órdenes o estuvieron vinculados a distintos asesinatos, y tampoco fueron procesados.
También comenzaron una investigación para intentar aclarar algunos de los homicidios cuyos responsables no están identificados.”La idea no es solamente denunciar casos que nunca se investigaron, sino también hechos por los cuales en su momento fueron procesados los autores materiales, pero no la cúpula del MLN, la que dio la orden de ejecutar la acción, como por ejemplo en el caso del peón rural Pascasio Báez”, explicó a El País el asesor del Círculo Militar, Andrés Merino Pacheco.
Fuentes militares comentaron a El País que son ocho los casos que presentarán en una primera instancia a la Justicia, aunque todavía no está definido cuándo. Se los atribuyen a 14 exguerrilleros: ninguno fue procesado por los hechos ni es hoy una figura pública.
Afirmaron que además continuarán “juntando elementos para presentar unos cuantos más”. “No es fácil porque tenemos que reunir toda la documentación, reunirnos con la familia de la víctima, que son los que presentarán la denuncia, y remover cosas que habían quedado atrás para cumplir con la promesa de mirar para adelante”, dijo una fuente castrense.
La decisión de presentar denuncias ante la Justicia, surgió ante la aprobación en las cámara de Senadores y Diputados del proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura, y la promulgación del mismo por el presidente de la República, José Mujica. En ese entonces el Plenario de Centros Militares anunció que denunciaría unos 34 delitos presuntamente cometidos por tupamaros que no fueron procesados. El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, dijo que la decisión no los ponía “felices” pero que fue tomada porque “no se cumple con la palabra”.
CASOS. Uno de los primeros asesinatos que se pondrá a consideración de la Justicia es el de Rafael Guidet Piotti, un coleccionista de armas asesinado en septiembre de 1969 al resistir una rapiña en su casa. Dos ex- guerrilleros son señalados por este crimen y nunca fueron procesados por él.
“Los dos viajaron a Chile años después y cuando comenzó la dictadura allá aparecieron entre la nómina de ciudadanos uruguayos que abandonaron el país. Uno de ellos sé que después estuvo en Panamá. Ahora están los dos acá”, informó la fuente.
El asesinato del agente policial Carlos Rubén Zembrano Rivero y de los coraceros Ariel Soto Romero y Nelson Lima Gutiérrez son otros de los casos que presentarán los exmilitares. Zembrano Rivero fue baleado en Centenario y Carrara en noviembre de 1969, y se vincula al crimen a dos exguerrilleros: uno de ellos está en el exterior del país.
Los coraceros, en tanto, fueron asesinados en el Hospital Pedro Visca, actualmente centro Izcali (dedicado al tratamiento y rehabilitación de personas consumidoras de droga).
Soto Romero y Lima Gutiérrez fueron “baleados a quemarropa por dos hombres y una mujer” que simularon ser personal del centro asistencial (vestían guardapolvos) en septiembre de 1971.
Según la documentación manejada por los militares, la mujer está identificada. Se refugió también en Chile y posteriormente en Suecia. Actualmente está vinculada al Departamento de Laboratorios de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Uno de los hombres que participó en ese asesinato también está identificado. Según las fuentes militares, fue procesado pero por “atentado a la Constitución” y no por el homicidio de los coraceros. En 1976, además, viajó a España, afirmaron las fuentes.
Al crimen de un agente policial que se desempeñaba en una comisaría ubicada en la localidad de Constancio (Pay-sandú) se relaciona a un tupamaro que el 13 de febrero de 1972 habría participado también en la toma de la ciudad de Soca, acción que se hizo, entre otros motivos, para robar armas de la comisaría local. Allí fallecieron el oficial ayudante Juan Manuel Sánchez, el agente de 2ª clase Segundo Fernández y también resultó herido el agente José González Trías.
También tendrían responsabilidad en la toma otros dos tupamaros. Ninguno de los tres fue procesado por estos delitos, pero estuvieron presos en el penal de Punta Carretas. De hecho, fugaron de allí en la operación Abuso.
Los asesinatos del soldado Eusebio Godoy, del teniente de 2ª Ricardo Braida y del coronel Artigas Álvarez tampoco tuvieron a sus autores procesados, y completan las primeras ocho denuncias que serían presentadas.
En el caso de Godoy, uno de los tupamaros señalados por este hecho falleció y el otro acusado habría vuelto al país después de haber vivido varios años en Cuba y Francia. El soldado murió durante una operación del MLN en el puente sobre el Arroyo Ñaquiña, Ruta 3 (Artigas).
El teniente Fernández, por su parte, fue asesinado en agosto de 1972 y, según los militares, su matador viajó un año después a Chile, posteriormente a Cuba y en 1977 a Europa.
Al homicidio del coronel, ocurrido en la puerta de su casa mientras sacaba su coche del garaje, se vincula a dos hombres y una mujer. Sin embargo el exguerrillero José Luis Rodríguez reconoció, en una entrevista que le realizaron en un programa de Televisión Nacional en el año 2007, haber sido el autor material.
Álvarez era jefe de la Defensa Civil, un cargo sin mayor relevancia, pero era hermano del general Gregorio Álvarez y “un blanco mucho más fácil”.
SIN PISTAS. De los casos cuyos responsables no están identificados y que exmilitares comenzaron a investigar, se destaca el asesinato de Hilaria Ibarra Benítez, quien falleció en una explosión en el Carrasco Bowling Club. Se está investigando también quienes fueron los responsables del homicidio al comerciante Diego Rómulo Terra Olivera, que habría sido asesinado por ser confundido con un oficial de las Fuerzas Armadas que vivía al lado de su domicilio. (Producción: Pablo Meléndrez)
Última denuncia al MLN fue archivada
La última denuncia presentada contra exguerrilleros fue en 2008 por el caso de la muerte de Roque Arteche, un preso del penal de Punta Carretas que habría sido reclutado por el MLN. En el marco de esta investigación, declararon una decena de ex dirigentes tupamaros, entre ellos, el presidente de la República José Mujica, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro así como Julio Marenales, Mauricio Rosencof y David Cámpora. Jorge Zabalza y Henry Engler no comparecieron por encontrarse en el exterior del país.
En esa instancia todos aseguraron ante el juez penal Luis Charles que no existió una orden del Ejecutivo del MLN para asesinar a Arteche, quien se había incorporado a la organización, pero según los denunciantes, fue ejecutado luego de mantener serias diferencias con el grupo armado. Los extupamaros presentaron como prueba en ese entonces el acta de defunción de Arteche, uno de los elementos en los que se basó el fiscal Fernández Dovat para pedir el archivo del expediente.
Fernández Dovat entendió que el delito denunciado no se adecúa al hecho, que debería ser tipificado como homicidio porque se constató que Arteche murió. En relación al “homicidio”, el fiscal señaló que ese delito ya prescribió, y por tanto no puede ser investigado. Además, determinó que a lo largo de la instrucción del caso, no fue posible atribuir responsabilidades concretas hacia ningún exintegrante del MLN. El cadáver de Roque Arteche fue encontrado en abril de 1971 con un disparo en la cabeza en un terreno baldío ubicado en la zona Flor de Maroñas.
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