El gran ausente: las industrias culturales y creativas
El futuro de muchas de las economías “emergentes” y, en el caso particular de Venezuela, consistirá en impulsar su capacidad de creación e innovación a través de sus industrias culturales y creativas
Creada en mayo de 1989, la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados, del entonces Congreso de la República, fue el ente que ejerciera funciones legislativas en el ámbito nacional con el firme propósito de ordenar todo un cuerpo jurídico moderno en lo relativo al desarrollo cultural del país. Cabe destacar que en agosto de 1993, por iniciativa de esta Comisión, se aprobaron cinco leyes claves para el reconocimiento de la cultura como sector estratégico. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo único, ya a finales del siglo XX, desde la creación del Instituto Nacional de la Cultura y Bellas Artes (INCIBA) hasta el actual Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Venezuela no ha logrado aprovechar sus extensiones creativas para fomentar a través de políticas públicas, principalmente culturales y comunicacionales, el desarrollo del sector cultural-creativo.
Ejemplo de esto es el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura presentado por la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional (29 Abril 2013) para Consulta Pública. Literalmente, en caso de que se aprueben los infortunados 44 artículos de este Proyecto, por parte del partido oficialista, no se podría esbozar una guía estratégica en la definición de objetivos a mediano y largo plazo y tampoco la elaboración de políticas culturales innovadoras basadas en los problemas del desarrollo. Mucho menos, emprender la gestación de un futuro cultural deseable concerniente a la re-valorización progresiva de los aportes de la cultura y su articulación con el desarrollo de la sociedad venezolana en su sentido más amplio. Articulación que sólo es posible mediante la interacción con referentes culturales globales que operan mediante la producción industrial de cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado de los bienes.
Bastaría con leer los artículos 28 al 33 del capítulo VI, del Fomento de la Economía Social, para darnos cuenta que sigue operando una desarticulación entre los problemas comunicacionales y culturales. Ni vagamente se mencionan a nuestras industrias culturales y creativas: el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura mantiene una visión avejentada sobre el tema de la economía de la cultura y de la creación, sobre los sub-dominios de nuestras industrias culturales y creativas que suman la inmensa mayoría del peso económico de la cultura; sin artículos explícitos que deriven de la libertad de creación cultural, la igualdad de oportunidades y diversidad de nuestras identidades culturales, respeto a todas las corrientes del pensamiento humano y la sustentabilidad cultural para incorporarnos a una nueva estructura de producción, circulación y consumo cultural en el contexto de la denominada sociedad del conocimiento.
Se omite, intencionadamente o por oscurantismo, las industrias y actividades protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en general, las industrias culturales y comunicacionales y, en particular, sobre las industrias de la creación, desconocidas e infraexplotadas por los poderes públicos; sobre los agentes y organizaciones que participan en la cadena de valor de cada sub-sector de las industrias culturales, creativas y de contenidos digitales, así como su integración con los sectores productivos de cada país. A pesar de su escasez, los datos disponibles levantados en el ININCO, sugieren que las industrias culturales constituyen un elemento importante de los sistemas económicos contemporáneos, tal como en su debido momento lo demostraron los estudios realizados por Antonio Pasquali, Oswaldo Capriles y Gustavo Hernández. Se estima que representan en los países desarrollados o más ricos del mundo entre 4% y 6% del PIB, y 7% del PIB mundial. En el caso de los países de Latinoamérica y el Caribe, de ingreso medio y bajo, la contribución económica generada es mucho menor que la aportada por las trasnacionales de las principales economías, ubicándose entre 1,5% y 4%, con una marcada disparidad entre los países, dependiendo de la metodología utilizada para el levantamiento de la información. En el nivel promedio inferior se ubican Paraguay (1.0%), Perú (1.02%), Venezuela (1.70%), Chile (1.80%), Colombia (2.12%), Uruguay (3.30%); mientras que Brasil, Argentina y México superan el 6%.
El futuro de muchas de las economías “emergentes” y, en el caso particular de Venezuela, consistirá en impulsar su capacidad de creación e innovación a través de sus industrias culturales y creativas. No obstante, estamos en presencia de otra iniciativa legislativa de carácter ideológico, al mejor estilo althusseriano, que tendrá la función de asegurar, garantizar y perpetuar el monopolio de la reproducción simbólica de la Revolución Bolivariana y el Programa de la Patria 2013-2019, en el terreno de la representación, disimulando lo popular bajo la cobertura de una legitimidad supuestamente natural para el dominio político cultural.
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