El enigma de las captahuellas
El Nacional Editorial 29 DE AGOSTO 2014 - 12:01 AM CET
Veamos algunas declaraciones de los interesados, para calcular el enredo que ha provocado el anuncio sobre la instalación de captahuellas hecho por el Ejecutivo. No se aclarará el misterio después de escuchar la reacción de las instituciones y las personas a las cuales afectará un anuncio distinguido por la ambigüedad, pero nos ofrecerá datos incontrastables sobre cómo se maneja en Venezuela un tema de interés vital.
Empecemos con el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, quien se apresura a dar excusas, como si fuera un acto de su responsabilidad y no de un grosero atropello del oficialismo. “Le ofrecemos disculpas al país”. Es un gesto valiente y bien recibido por la opinión pública que Roig salga en defensa de los usuarios pero no había necesidad de dar tantas explicaciones ante un vejamen semejante.
El presidente de la Asociación de Supermercados, Luis Rodríguez, por su parte, sabe que está ante una medida que debe obedecer, pero confiesa su perplejidad: Estoy confundido, no entiendo cómo será eso del “carácter voluntario” del sistema de controles que se va a establecer, dijo ante los periodistas.
En verdad, no le falta razón porque el enredo lo ha creado el propio gobierno y no los empresarios ni mucho menos la clientela. ¿De dónde sale la confusión? El presidente Maduro anunció el establecimiento de un control biométrico de los usuarios de supermercados que operaría en todo el país, pero más tarde, en un acto del PSUV, habló de excepciones: solo se colocarán las captahuellas en los negocios que estén de acuerdo con su instalación.
Por consiguiente, no existirá un control biométrico pleno, como anunció al principio, sino una especie de fiscalización a medias, una mirada de reojo, respetuosos vistazos con la ayuda de los comerciantes de buena voluntad. Sin embargo, poco antes habían retumbado las declaraciones altisonantes de la Superintendencia de Costos, que amenazaba con sanciones a los mercados, comercios y negocios que no activaran el mecanismo a partir del 30 de noviembre.
Estamos ante un rompecabezas. No solo de la ciudadanía en general y del gremio de expendedores de productos de uso corriente, pues no saben cómo van a hacer frente a una medida que se anuncia con bombos y platillos y que después se presenta como algo opcional.
La imposición general de las captahuellas remite a un fracaso del gobierno en el manejo de la economía, descubre la torpeza de una administración que se ha dedicado a fomentar la pobreza de la población y la quiebra de los productores nacionales, pero también a la necesidad de buscar alguna forma que evite la desaparición total de los productos que escasean cada vez más.
Ante la inminencia de una hambruna, el presidente Maduro lanzó una medida por la calle principal, pero la realidad que ha puesto en evidencia lo invita a transitar por estrecha vereda. De allí las confusiones y las molestias, prólogos de un enmarañado panorama del cual apenas sufrimos el primer capítulo.
Empecemos con el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, quien se apresura a dar excusas, como si fuera un acto de su responsabilidad y no de un grosero atropello del oficialismo. “Le ofrecemos disculpas al país”. Es un gesto valiente y bien recibido por la opinión pública que Roig salga en defensa de los usuarios pero no había necesidad de dar tantas explicaciones ante un vejamen semejante.
El presidente de la Asociación de Supermercados, Luis Rodríguez, por su parte, sabe que está ante una medida que debe obedecer, pero confiesa su perplejidad: Estoy confundido, no entiendo cómo será eso del “carácter voluntario” del sistema de controles que se va a establecer, dijo ante los periodistas.
En verdad, no le falta razón porque el enredo lo ha creado el propio gobierno y no los empresarios ni mucho menos la clientela. ¿De dónde sale la confusión? El presidente Maduro anunció el establecimiento de un control biométrico de los usuarios de supermercados que operaría en todo el país, pero más tarde, en un acto del PSUV, habló de excepciones: solo se colocarán las captahuellas en los negocios que estén de acuerdo con su instalación.
Por consiguiente, no existirá un control biométrico pleno, como anunció al principio, sino una especie de fiscalización a medias, una mirada de reojo, respetuosos vistazos con la ayuda de los comerciantes de buena voluntad. Sin embargo, poco antes habían retumbado las declaraciones altisonantes de la Superintendencia de Costos, que amenazaba con sanciones a los mercados, comercios y negocios que no activaran el mecanismo a partir del 30 de noviembre.
Estamos ante un rompecabezas. No solo de la ciudadanía en general y del gremio de expendedores de productos de uso corriente, pues no saben cómo van a hacer frente a una medida que se anuncia con bombos y platillos y que después se presenta como algo opcional.
La imposición general de las captahuellas remite a un fracaso del gobierno en el manejo de la economía, descubre la torpeza de una administración que se ha dedicado a fomentar la pobreza de la población y la quiebra de los productores nacionales, pero también a la necesidad de buscar alguna forma que evite la desaparición total de los productos que escasean cada vez más.
Ante la inminencia de una hambruna, el presidente Maduro lanzó una medida por la calle principal, pero la realidad que ha puesto en evidencia lo invita a transitar por estrecha vereda. De allí las confusiones y las molestias, prólogos de un enmarañado panorama del cual apenas sufrimos el primer capítulo.
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