Cuba se alinea a prácticas de las economías de mercado
Una nueva ley ayudará a reducir la vulnerabilidad de los nexos con Venezuela
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El Parlamento adoptará una nueva Ley de Inversión Extranjera AP
FRANK LÓPEZ BALLESTEROS | EL UNIVERSAL
sábado 29 de marzo de 2014 12:00 AM
Con las reformas a la Ley de Inversión Extranjera que el Parlamento cubano aprobará este sábado, el Gobierno de Raúl Castro acaba con el viejo estigma con el que por años se satanizó a sectores privados foráneos, apertura que puede oxigenar la economía de una isla flotando en un mar capitalista.
Los cambios a la ley llegan en un momento en que Venezuela, el primer socio comercial de Cuba, atraviesa una grave crisis económica y política que mantiene en jaque al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que la vulnerabilidad de la isla es cada vez más grande.
La economía cubana cerró 2013 con un PIB de 2,7%, muy por debajo de la meta oficial de 7% y del crecimiento que se debía esperar después de seis años de reformas estructurales.
La adaptación del modelo económico que impulsa Raúl Castro desde 2008 corona su modernización con esta ley mediante la cual el Estado se desprende de su vinculación en solitario de diversos sectores en los que educación, salud y defensa quedarán excluidos.
El Parlamento viene discutiendo con profusión las reformas a la normativa que sustituye a una dictada en 1995 por Fidel Castro, con la que buscaba atraer inversión tras el colapso de la Unión Soviética.
El marco legal se adapta a una nueva realidad política y los cambios hacia la isla que viene adoptado tímidamente EEUU y la Unión Europea, por un lado, y el interés de Brasil, y China por dominar parte de las inversiones del país.
Entre las novedades está que la ley autoriza implícitamente las inversiones de cubanos en el exterior, al permitir invertir a toda "persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero", algo que también contemplaba la ley de 1995, explica el académico Arturo López Levy, directivo del Cuban Americans for Engagement.
Se enfatiza además en la posibilidad de comprar propiedad inmobiliaria, se hace hincapié en que un extranjero pueda ser propietario del 100% de la propiedad, algo que animará a los inversionista, estima López.
"Se pueden creer empresas mixtas, o inversiones con empresas jurídicas, que incluye las cooperativas. Y este último sector ha crecido muchísimo en Cuba", comenta el experto.
Las regulaciones para los proyectos inmobiliarios será crucial, ya que es aquí donde los inversores tienen las más altas expectativas, advierte el economista cubano Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
Otro de las particularidades que se destacan es que el gobierno incluyó mecanismos de excepción fiscal, incentivos para la reinversión y la repatriación de capitales con buenas condiciones, medida comparables a políticas de estados liberales.
"Las reformas a esta ley reflejan la alineación de Cuba a prácticas comunes de las economías de mercado actual, sin que esto represente una ruptura con el modelo socialista del país, y mucho menos un sacrificio que ponga en jaque a su élite, dice López Levy.
En un país sin derecho a la huelga, sindicatos, y bajo sueldos, el Estado seguirá regulando las contrataciones a través de la Agencia Empleadora, por lo que la llegada de inversión foránea significará un reto para evitar la explotación laboral a merced de corrupción
Los cambios a la ley llegan en un momento en que Venezuela, el primer socio comercial de Cuba, atraviesa una grave crisis económica y política que mantiene en jaque al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que la vulnerabilidad de la isla es cada vez más grande.
La economía cubana cerró 2013 con un PIB de 2,7%, muy por debajo de la meta oficial de 7% y del crecimiento que se debía esperar después de seis años de reformas estructurales.
La adaptación del modelo económico que impulsa Raúl Castro desde 2008 corona su modernización con esta ley mediante la cual el Estado se desprende de su vinculación en solitario de diversos sectores en los que educación, salud y defensa quedarán excluidos.
El Parlamento viene discutiendo con profusión las reformas a la normativa que sustituye a una dictada en 1995 por Fidel Castro, con la que buscaba atraer inversión tras el colapso de la Unión Soviética.
El marco legal se adapta a una nueva realidad política y los cambios hacia la isla que viene adoptado tímidamente EEUU y la Unión Europea, por un lado, y el interés de Brasil, y China por dominar parte de las inversiones del país.
Entre las novedades está que la ley autoriza implícitamente las inversiones de cubanos en el exterior, al permitir invertir a toda "persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero", algo que también contemplaba la ley de 1995, explica el académico Arturo López Levy, directivo del Cuban Americans for Engagement.
Se enfatiza además en la posibilidad de comprar propiedad inmobiliaria, se hace hincapié en que un extranjero pueda ser propietario del 100% de la propiedad, algo que animará a los inversionista, estima López.
"Se pueden creer empresas mixtas, o inversiones con empresas jurídicas, que incluye las cooperativas. Y este último sector ha crecido muchísimo en Cuba", comenta el experto.
Las regulaciones para los proyectos inmobiliarios será crucial, ya que es aquí donde los inversores tienen las más altas expectativas, advierte el economista cubano Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
Otro de las particularidades que se destacan es que el gobierno incluyó mecanismos de excepción fiscal, incentivos para la reinversión y la repatriación de capitales con buenas condiciones, medida comparables a políticas de estados liberales.
"Las reformas a esta ley reflejan la alineación de Cuba a prácticas comunes de las economías de mercado actual, sin que esto represente una ruptura con el modelo socialista del país, y mucho menos un sacrificio que ponga en jaque a su élite, dice López Levy.
En un país sin derecho a la huelga, sindicatos, y bajo sueldos, el Estado seguirá regulando las contrataciones a través de la Agencia Empleadora, por lo que la llegada de inversión foránea significará un reto para evitar la explotación laboral a merced de corrupción
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