Decreto debe pasar por control político del Parlamento
Gerardo Fernández dijo que el decreto debe ser específico y no “un cheque en blanco” | foto: archivo
Gustavo Linares y Gerardo Fernández señalaron que las medidas gubernamentales no pueden ser generales. AN puede modificar norma
16 DE ENERO 2016 - 12:09 AM
El abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo indicó que aunque el decreto de emergencia económica haya sido publicado en Gaceta Oficial, la carta magna establece dos condiciones fundamentales: que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare su legalidad y que sea aprobado por el Parlamento.
“La Asamblea tiene un control político sobre el decreto. Así el TSJ lo declare constitucional, el Parlamento puede paralizarlo. La Constitución dice que el decreto no puede entrar en vigencia sin el aval del Poder Legislativo”, indicó.
Explicó que un decreto de emergencia económica implica un estado de excepción, según lo señala la Constitución. Linares Benzo considera que el nuevo decreto es similar a los decretos sobre estados de excepción en Táchira.
Dijo que aunque el decreto de emergencia económica es más específico que los anteriores, es improcedente que, además de las medidas especiales que establece, se deje la puerta abierta para otras”.
El artículo 3 indica que el presidente podrá dictar otras medidas que considere conveniente en los aspectos social, económico o político.
Añadió que en la Constitución están prohibidas las cláusulas generales de apoderamiento, que pueden generar actos discrecionales. Agregó que con el decreto se amplían los poderes de Nicolás Maduro para legislar vía Habilitante, pero esta condición legalmente debe pasar por la Asamblea Nacional.
Refirió que en el pasado también debía hacerlo, pero la mayoría parlamentaria era del oficialismo.
El abogado consideró muy grave que el decreto conceda potestades para disponer de los bienes de los ciudadanos a través de la facultad para requisar bienes muebles e inmuebles de propiedad particular. Linares Benzo avizora nuevo conflicto entre los poderes públicos.
De oficio. Gerardo Fernández, también constitucionalista, coincidió con su colega en que los decretos de emergencia, característicos de los estados de excepción, deben ser específicos. “El decreto no puede ser abstracto, sino concreto y debe reglamentarse en el propio decreto las medidas a aplicarse, no puede ser un cheque en blanco”, indicó.
Ratificó que el decreto de emergencia económica debe pasar por el TSJ y el control político de la Asamblea Nacional. Dijo que el Parlamento, aunque está estipulado, debe recibir la norma en los ocho días siguientes a su publicación, puede actuar de oficio y fijar posición conforme a lo establecido en la Ley de Estados de Excepción.
“La Asamblea puede aprobar, improbar o modificar el decreto”, señaló.
Fernández explicó que el decreto debe adaptarse a las normas y convenios internacionales de protección de libertades y enviado a la OEA a través de su secretario general.
Los abogados recordaron que Hugo Chávez no decretó estados de excepción y que cuando estaba vigente la Constitución de 1961, el presidente Rómulo Betancourt decretó una emergencia por un estado de conmoción. Posteriormente, en los 90 Rafael Caldera suspendió las garantías económicas luego la declaratoria de emergencia por la crisis bancaria.
Normas. El estado de excepción está establecido en el artículo 337 de la Constitución de 1999, y dice que el presidente podrá decretar los estados de excepción durante Consejo de Ministros. Se consideran como tales: “Las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico” que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, cuando resulten insuficientes las facultades de que se disponen para enfrentar estos hechos.
Gerardo Fernández dijo que el decreto debe ser específico y no “un cheque en blanco” | foto: archivo
16 DE ENERO 2016 - 12:09 AM
El abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo indicó que aunque el decreto de emergencia económica haya sido publicado en Gaceta Oficial, la carta magna establece dos condiciones fundamentales: que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare su legalidad y que sea aprobado por el Parlamento.
“La Asamblea tiene un control político sobre el decreto. Así el TSJ lo declare constitucional, el Parlamento puede paralizarlo. La Constitución dice que el decreto no puede entrar en vigencia sin el aval del Poder Legislativo”, indicó.
Explicó que un decreto de emergencia económica implica un estado de excepción, según lo señala la Constitución. Linares Benzo considera que el nuevo decreto es similar a los decretos sobre estados de excepción en Táchira.
Dijo que aunque el decreto de emergencia económica es más específico que los anteriores, es improcedente que, además de las medidas especiales que establece, se deje la puerta abierta para otras”.
El artículo 3 indica que el presidente podrá dictar otras medidas que considere conveniente en los aspectos social, económico o político.
Añadió que en la Constitución están prohibidas las cláusulas generales de apoderamiento, que pueden generar actos discrecionales. Agregó que con el decreto se amplían los poderes de Nicolás Maduro para legislar vía Habilitante, pero esta condición legalmente debe pasar por la Asamblea Nacional.
Refirió que en el pasado también debía hacerlo, pero la mayoría parlamentaria era del oficialismo.
El abogado consideró muy grave que el decreto conceda potestades para disponer de los bienes de los ciudadanos a través de la facultad para requisar bienes muebles e inmuebles de propiedad particular. Linares Benzo avizora nuevo conflicto entre los poderes públicos.
De oficio. Gerardo Fernández, también constitucionalista, coincidió con su colega en que los decretos de emergencia, característicos de los estados de excepción, deben ser específicos. “El decreto no puede ser abstracto, sino concreto y debe reglamentarse en el propio decreto las medidas a aplicarse, no puede ser un cheque en blanco”, indicó.
Ratificó que el decreto de emergencia económica debe pasar por el TSJ y el control político de la Asamblea Nacional. Dijo que el Parlamento, aunque está estipulado, debe recibir la norma en los ocho días siguientes a su publicación, puede actuar de oficio y fijar posición conforme a lo establecido en la Ley de Estados de Excepción.
“La Asamblea puede aprobar, improbar o modificar el decreto”, señaló.
Fernández explicó que el decreto debe adaptarse a las normas y convenios internacionales de protección de libertades y enviado a la OEA a través de su secretario general.
Los abogados recordaron que Hugo Chávez no decretó estados de excepción y que cuando estaba vigente la Constitución de 1961, el presidente Rómulo Betancourt decretó una emergencia por un estado de conmoción. Posteriormente, en los 90 Rafael Caldera suspendió las garantías económicas luego la declaratoria de emergencia por la crisis bancaria.
Normas. El estado de excepción está establecido en el artículo 337 de la Constitución de 1999, y dice que el presidente podrá decretar los estados de excepción durante Consejo de Ministros. Se consideran como tales: “Las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico” que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, cuando resulten insuficientes las facultades de que se disponen para enfrentar estos hechos.
Inevitable implosión
eL nacional 16 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
Retomo la escritura, luego del receso navideño; pero, hoy quiero hacerlo compartiendo con ustedes lo que, a mi juicio, son las múltiples causas que están provocando el derrumbe del régimen chavista. Porque, aunque a algunos les parezca precipitado calificar la derrota del chavismo el 6-D de esa manera, lo que ocurrió el día de las elecciones no fue más que el principio de un desenlace anunciado: este régimen se desmorona gracias, entre otras cosas, al vacío moral de los sectores dirigentes del país durante estos 17 años.
Este resquebrajamiento tenía que producirse, porque en los ciudadanos también se produjo el resquebrajamiento de algo que siempre lo ha definido: la voluntad de justicia. Este régimen, que llegó al poder ofreciendo justicia social, igualdad de condiciones y la inclusión de los olvidados, falló en sus promesas para satisfacer sus ambiciones y compensar su propia sed de revancha. Cuando se habla de Estado, sociedad, libertad, no se puede dejar de lado la voluntad de justicia. Y eso, a mi modo de ver, es una de las causas del derrumbe de este modelo fracasado. Y ese ciudadano, incluso el que alguna vez apoyó al chavismo, decidió no seguir acompañándolo más.
Cuando se hace caso omiso a las exigencias éticas y espirituales, la dirigencia que ostenta el poder tiende a disociarse porque se pone de espalda a la moral de la política. Maduro y la patota de locos –como lo calificó una vez uno de los “próceres” de este desgobierno– prácticamente redujeron los estamentos democráticos a términos esencialmente instrumentales. Solo una fachada. Lo que debería considerarse siempre como un aspecto principista de toda democracia moderna, que es como el estandarte de la vida pública nacional, terminó convertido en un relajo; relajando, en consecuencia, la conciencia moral y política de toda la sociedad. Los grupetes dirigentes chavistas corrompieron todo resquicio de libertad, y el ciudadano común, ¡por fin!, comenzó a darse cuenta de que esos dirigentes de pacotilla no tenían el más mínimo ápice de autoridad política y moral. Y eso, en corto tiempo –aun cuando para otros pareciera una eternidad– es lo que propició lo que se está evidenciando ahora: el patético derrumbe del modelo chavista en la conciencia ciudadana. Por eso la derrota del chavismo en las elecciones del 6-D.
¿Habremos aprendido la lección? A veces percibo que, con los recientes sucesos –después del 6-D hasta la fecha– pareciera que los actores principales de los partidos políticos, todos en general, siguen confundiendo el poder con la necesidad de justicia. Es evidente, y un ejemplo de ello es la anterior Asamblea: el chavismo “burdelizó” su forma de organización. Se vició de trabajar sin virtudes. Allí lo que había era una gran mezcolanza y confusión entre escasas leyes hipócritas al servicio de los intereses dominantes y gobierneros.
Definitivamente, estamos en presencia del inicio de la desintegración del modelo chavista. Una ideología sin bases ni fundamentos, que la misma población pudiera catalogar como el más grave accidente político en la historia nacional. Chávez, como actor principal, logró la sumisión intelectual y moral que condujo a lo que presenciamos hoy: toda una pléyade de mediocres, que han entregado su conciencia política a los más bajos intereses.
El modelo chavista tenía que aterrizar aquí, en el punto donde se encuentra en este momento, por su improvisación, por su relajo, por su desprecio a lo legal, por su corrupción, por la impunidad con la que favorece al que delinque, por la manera como se apropia del dinero de la cosa pública y por sus relaciones perversas con personajes repugnantes e infames de la política internacional…Y, muy probablemente, me falte enumerar muchas razones más por las que el ciudadano común decidió decirle ¡hasta aquí! a este régimen.
Soy de los que piensa que este quiebre, ese desmoronamiento, el derrumbe del chavismo parte de su propia fundación, porque este modelo se erigió de la implosión de lo que significa el orden de los derechos humanos. Nada bueno podía salir de allí. Sin embargo, tengo que reconocer que el chavismo no fue un hecho fortuito, producto del azar. Quizá, accidental; pero, surgió por el quiebre moral de quienes le precedieron. Chávez, sin embargo, repitió la historia, con su propio aporte: magnificó y multiplicó todos los defectos y errores cometidos en los gobiernos de sus antecesores. Es el artífice que potenció el desastre y la corrupción que había ofrecido acabar.
A esto sumémosle el pobre intelecto de Maduro, que lo hace incapaz de continuar a la perfección el aspecto degradante, la malignidad, la violencia, el permanente estilo conspirativo, insurreccional que muy hábilmente manejaba Chávez. Entonces, se hace obvio: este ciclo tiene que cerrarse. Hay hechos que comienzan a evidenciar que vamos en esa dirección porque ya hay demasiada impotencia moral y política en el PSUV y sus cómplices. Ya no pueden avanzar más con tanta degeneración espiritual y moral. Y la misma sociedad hoy es consciente de algo que es clave en democracia: la responsabilidad ética se debe restaurar. No vendiendo la patria como se ha pretendido hasta ahora. No destruyendo lo bueno y productivo que tenía el país, sino con cambio de gobierno y de modelo, con reformas administrativas, con verdaderas propuestas legales, saliéndole al paso, constitucionalmente, a posibles golpes de Estado, violencia y desórdenes civiles que, en su momento, fueron el caldo de cultivo que dio origen al chavismo.
Estos daños actuales solo se podrán subsanar con ese cambio de conciencia que ya comenzó. Con la transformación de todo lo ético, que trate de resucitar la voluntad de justicia del colectivo; pero, muy especialmente, la de nuestros estamentos superiores de la nueva dirigencia nacional que tiene que surgir, eso sí, con modernización y gerencia.
@mingo_1
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