TSJ anula juramentación de diputados impugnados
Ninguna decisión tendrá valor mientras diputados objetados estén juramentados
TSJ respondió en sentencia a la decisión de la AN de juramentar a los diputados del estado Amazonas PABLO PUPO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 12 de enero de 2016 12:00 AM
Todas las decisiones que la Asamblea Nacional adoptó desde el 6 de enero, cuando fueron juramentados los tres diputados opositores de Amazonas impugnados por el chavismo; y las que apruebe mientras no sean desincorporados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tienen ningún valor.
Así lo declaró la Sala Electoral, en su sentencia número 1, en la cual aceptó la solicitud del oficialismo para que declarara a la directiva del Parlamento en "desacato", por haber posesionado a tres de los cuatro legisladores a los que en víspera de Nochevieja suspendió, mientras evalúa si en su elección se cometieron irregularidades.
La instancia ordenó a los diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla anular la juramentación de los los tres parlamentarios y "dejar constancia de ello en sesión ordinaria", pues de lo contrario el cuerpo estaría incurso en lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución que "preceptúa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la AN a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos".
Esta decisión la adoptó la Sala, pese a que Ygarza, Guarulla y Guzamana no han participado en ninguna decisión en el Legislativo.
Campanada
En el dictamen redactado por conjuntamente por los cinco miembros de la Sala Electoral (Indira Alfonzo, Malaquías Gil, Jhanett Madriz, Christian Zerpa y Fanny Márquez) se le recuerda a la AN que no solo debe cumplir la Constitución sino "las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dicten", pues de lo contrario se presentaría "inestabilidad para el Estado y su Gobierno".
Tras recordarle a los diputados que no pueden usurpar funciones de otros poderes públicos, desacatar fallos judiciales ni violar derechos constitucionales, el máximo juzgado afirmó que de ocurrir esto "no habría otra alternativa a que acudir al Título VIII de la Carta Magna", el cual le otorga a la Sala Constitucional del TSJ amplios poderes para asegurar el respeto del texto fundamental de 1999.
En similares términos se pronunció el expresidente de la Asamblea, diputado Diosdado Cabello, quien aseguró si la mayoría opositora no cumple este mandato, entonces se producirá "un vacío porque nadie tiene que acatar a la AN" y por ello dijo que acudirán ante la intéprete de la Carta Magna para solicitarle que "declare la omisión legislativa", con lo cual se abrirán las puertas para que esta última instancia asuma competencias del Legislativo.
"El Estado no puede paralizarse, no puede paralizarse para nada", justificó minutos antes de participar en una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrada en El Calvario.
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TSJ respondió en sentencia a la decisión de la AN de juramentar a los diputados del estado Amazonas PABLO PUPO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 12 de enero de 2016 12:00 AM
Todas las decisiones que la Asamblea Nacional adoptó desde el 6 de enero, cuando fueron juramentados los tres diputados opositores de Amazonas impugnados por el chavismo; y las que apruebe mientras no sean desincorporados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tienen ningún valor.
Así lo declaró la Sala Electoral, en su sentencia número 1, en la cual aceptó la solicitud del oficialismo para que declarara a la directiva del Parlamento en "desacato", por haber posesionado a tres de los cuatro legisladores a los que en víspera de Nochevieja suspendió, mientras evalúa si en su elección se cometieron irregularidades.
La instancia ordenó a los diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla anular la juramentación de los los tres parlamentarios y "dejar constancia de ello en sesión ordinaria", pues de lo contrario el cuerpo estaría incurso en lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución que "preceptúa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la AN a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos".
Esta decisión la adoptó la Sala, pese a que Ygarza, Guarulla y Guzamana no han participado en ninguna decisión en el Legislativo.
Campanada
En el dictamen redactado por conjuntamente por los cinco miembros de la Sala Electoral (Indira Alfonzo, Malaquías Gil, Jhanett Madriz, Christian Zerpa y Fanny Márquez) se le recuerda a la AN que no solo debe cumplir la Constitución sino "las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dicten", pues de lo contrario se presentaría "inestabilidad para el Estado y su Gobierno".
Tras recordarle a los diputados que no pueden usurpar funciones de otros poderes públicos, desacatar fallos judiciales ni violar derechos constitucionales, el máximo juzgado afirmó que de ocurrir esto "no habría otra alternativa a que acudir al Título VIII de la Carta Magna", el cual le otorga a la Sala Constitucional del TSJ amplios poderes para asegurar el respeto del texto fundamental de 1999.
En similares términos se pronunció el expresidente de la Asamblea, diputado Diosdado Cabello, quien aseguró si la mayoría opositora no cumple este mandato, entonces se producirá "un vacío porque nadie tiene que acatar a la AN" y por ello dijo que acudirán ante la intéprete de la Carta Magna para solicitarle que "declare la omisión legislativa", con lo cual se abrirán las puertas para que esta última instancia asuma competencias del Legislativo.
"El Estado no puede paralizarse, no puede paralizarse para nada", justificó minutos antes de participar en una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrada en El Calvario.
Así lo declaró la Sala Electoral, en su sentencia número 1, en la cual aceptó la solicitud del oficialismo para que declarara a la directiva del Parlamento en "desacato", por haber posesionado a tres de los cuatro legisladores a los que en víspera de Nochevieja suspendió, mientras evalúa si en su elección se cometieron irregularidades.
La instancia ordenó a los diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla anular la juramentación de los los tres parlamentarios y "dejar constancia de ello en sesión ordinaria", pues de lo contrario el cuerpo estaría incurso en lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución que "preceptúa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la AN a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos".
Esta decisión la adoptó la Sala, pese a que Ygarza, Guarulla y Guzamana no han participado en ninguna decisión en el Legislativo.
Campanada
En el dictamen redactado por conjuntamente por los cinco miembros de la Sala Electoral (Indira Alfonzo, Malaquías Gil, Jhanett Madriz, Christian Zerpa y Fanny Márquez) se le recuerda a la AN que no solo debe cumplir la Constitución sino "las disposiciones y decisiones que el resto de los poderes del Estado dicten", pues de lo contrario se presentaría "inestabilidad para el Estado y su Gobierno".
Tras recordarle a los diputados que no pueden usurpar funciones de otros poderes públicos, desacatar fallos judiciales ni violar derechos constitucionales, el máximo juzgado afirmó que de ocurrir esto "no habría otra alternativa a que acudir al Título VIII de la Carta Magna", el cual le otorga a la Sala Constitucional del TSJ amplios poderes para asegurar el respeto del texto fundamental de 1999.
En similares términos se pronunció el expresidente de la Asamblea, diputado Diosdado Cabello, quien aseguró si la mayoría opositora no cumple este mandato, entonces se producirá "un vacío porque nadie tiene que acatar a la AN" y por ello dijo que acudirán ante la intéprete de la Carta Magna para solicitarle que "declare la omisión legislativa", con lo cual se abrirán las puertas para que esta última instancia asuma competencias del Legislativo.
"El Estado no puede paralizarse, no puede paralizarse para nada", justificó minutos antes de participar en una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrada en El Calvario.
Sala Electoral se desdijo con su fallo contra los diputados de Amazonas
Juristas cuestionan las decisiones de la instancia judicial, a la que acusan de echar a la basura su jurisprudencia y además inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia.
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 12 de enero de 2016 07:00 PM
Caracas.- Con su decisión de suspender temporalmente la posesión de los cuatro diputados electos por el estado Amazonas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió a la papelera una década de jurisprudencia, en la cual sostuvo "el sufragio (...) no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo", pues de lo contrario se estaría a su "flagrante violación".
En su fallo número 59, de mayo de 2005, la Sala Electoral estipuló: "La proclamación no constituye solamente el pronunciamiento del órgano electoral competente sobre la determinación del resultado, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc. Así, no podrá considerarse finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo".
Este razonamiento lo dio la instancia judicial al resolver una denuncia que le presentaron los miembros de una junta de vecinos, los cuales denunciaron que sus antecesores no querían entregarles el cargo. Luego en 2009 lo reiteró al anular una decisión de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros de la Alcaldía de Caracas, la cual impidió que los miembros elegidos de ese organismo que se posesionaran y ordenó realizar un nuevo recuento.
Para el especialista en Derecho Electoral, Manuel Rachadell, el TSJ con esta decisión no solo envió a la papelera su jurisprudencia sino "la ley y la Constitución", por cuanto "solamente con una decisión de fondo, producto de un juicio donde las partes expongan sus argumentos, jamás con una cautelar".
Metiéndose donde no deben
Por su parte, el constitucionalista Carlos Ayala Corao criticó la decisión que la Sala Electoral adoptó ayer y en la cual suspendió todos los actos aprobados y los que puedan aprobarse desde el Parlamento mientras sigan los tres diputados impugnados, por considerarla un exceso.
"No puedes en derecho utilizar una medida cautelar para anular actos aprobados y los futuros, para eso es necesario un proceso", dijo, al tiempo que acusó a la Sala Electoral de inmiscuirse en asuntos que no le competen.
"La Sala Electoral no puede controlar los actos de la AN, los cuales son de ejecución directa de la Constitución y que a lo sumo podrían ser revisados por la Sala Constitucional", afirmó.
En similares términos se pronunció la organización Acceso a la Justicia, la cual en un comunicado calificó de "muy grave" el dictamen, porque "no es función de la Sala Electoral hacer esto, de hecho a ella sólo le corresponde declarar la validez o no de los procesos vinculados a las elecciones y además, puede sólo pronunciarse sobre hechos concretos, específicos, reales y ocurridos o sobre sus efectos futuros, pero no sobre hechos futuros que aún no se sabe si serán o no legales. Es decir, la Sala Electoral no puede declarar válida o no la constitución de la Asamblea Nacional, ni mucho menos declarar la nulidad futura de sus actos. Lo primero en todo caso le corresponde a la Sala Constitucional, y lo segundo a ningún tribunal en el mundo. No se pueden declarar nulos actos que no existen, ni menos aún evitar que un órgano electo democráticamente funcione".
En su fallo número 59, de mayo de 2005, la Sala Electoral estipuló: "La proclamación no constituye solamente el pronunciamiento del órgano electoral competente sobre la determinación del resultado, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc. Así, no podrá considerarse finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo".
Este razonamiento lo dio la instancia judicial al resolver una denuncia que le presentaron los miembros de una junta de vecinos, los cuales denunciaron que sus antecesores no querían entregarles el cargo. Luego en 2009 lo reiteró al anular una decisión de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros de la Alcaldía de Caracas, la cual impidió que los miembros elegidos de ese organismo que se posesionaran y ordenó realizar un nuevo recuento.
Para el especialista en Derecho Electoral, Manuel Rachadell, el TSJ con esta decisión no solo envió a la papelera su jurisprudencia sino "la ley y la Constitución", por cuanto "solamente con una decisión de fondo, producto de un juicio donde las partes expongan sus argumentos, jamás con una cautelar".
Metiéndose donde no deben
Por su parte, el constitucionalista Carlos Ayala Corao criticó la decisión que la Sala Electoral adoptó ayer y en la cual suspendió todos los actos aprobados y los que puedan aprobarse desde el Parlamento mientras sigan los tres diputados impugnados, por considerarla un exceso.
"No puedes en derecho utilizar una medida cautelar para anular actos aprobados y los futuros, para eso es necesario un proceso", dijo, al tiempo que acusó a la Sala Electoral de inmiscuirse en asuntos que no le competen.
"La Sala Electoral no puede controlar los actos de la AN, los cuales son de ejecución directa de la Constitución y que a lo sumo podrían ser revisados por la Sala Constitucional", afirmó.
En similares términos se pronunció la organización Acceso a la Justicia, la cual en un comunicado calificó de "muy grave" el dictamen, porque "no es función de la Sala Electoral hacer esto, de hecho a ella sólo le corresponde declarar la validez o no de los procesos vinculados a las elecciones y además, puede sólo pronunciarse sobre hechos concretos, específicos, reales y ocurridos o sobre sus efectos futuros, pero no sobre hechos futuros que aún no se sabe si serán o no legales. Es decir, la Sala Electoral no puede declarar válida o no la constitución de la Asamblea Nacional, ni mucho menos declarar la nulidad futura de sus actos. Lo primero en todo caso le corresponde a la Sala Constitucional, y lo segundo a ningún tribunal en el mundo. No se pueden declarar nulos actos que no existen, ni menos aún evitar que un órgano electo democráticamente funcione".
Pablo Pérez: Gobierno quedó al descubierto por usar al TSJ para sabotear la AN
Pablo Pérez | FOTO: Nelson Castro
Declaró que los chavistas fracasarán en su intento de golpe judicial
14 DE ENERO 2016 - 12:35 PM
El ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, mencionó en su artículo de opinión que la bancada de la oposición cumplirá cada una de las promesas electorales y que hizo en campaña para las elecciones del 6D.
“El Gobierno está tan desesperado por detener lo indetenible que quedó al descubierto ante el mundo al usar al TSJ para tratar de sabotear la labor del nuevo Parlamento. La oposoción no fallará a ninguno de los venezolano que votó por el cambio.”, comentó.
Comentó que la minoría chavista fracasará en su intento de golpe judicial y de generar el caos en el país, acotó que la Ley de Amnistía que aprobarán en el Parlamento beneficiará a unos “10.000 perseguidos del Gobierno por pensar distinto”.
A continuación artículo completo:
Cueste lo que cueste la oposición cumplirá con cada una de sus promesas electorales. No vamos a fallarle a ninguno de los venezolanos que votó por el cambio. El Gobierno lo sabe y por eso siembra de minas el camino hacia una transformación del país.
El Gobierno está tan desesperado por detener lo indetenible que quedó al descubierto ante el mundo al usar al TSJ para tratar de sabotear la labor del nuevo Parlamento. No podrán lograrlo porque a esos 112 diputados los eligió un pueblo y no una decisión judicial que a todas luces está amañada y adaptada a los intereses de un régimen que está de salida.
Fracasarán en su intento de golpe judicial y de generar el caos en el país. La razón está de nuestro lado. Queremos un país con verdadera paz y palpable progreso. Por eso la agenda legislativa está orientada hacia el abordaje de varios frentes: social, económico, político e institucional.
Una de las promesas claves de la Unidad fue la Ley de Amnistía. Para avanzar en un país de unión y consenso debe haber una reconciliación y por eso se requiere de una amnistía a los presos políticos, que no sólo implica la libertad de líderes de la oposición como Leopoldo López, Manuel Rosales, Antonio Ledezma y otros.
Esa ley beneficiaría a unos 10 mil perseguidos del Gobierno por pensar distinto. Esa ley pondrá fin a la judicialización de las protestas ocurridas en 2014 y que permitió al Gobierno apresar y someter a juicios sin sentido a miles de personas que sólo mostraban su desacuerdo con el régimen y muchos que nada tenían que ver con las manifestaciones, pero que fueron castigadas como medida ejemplarizante.
Se trata que con la Ley de Amnistía despojamos al Gobierno de un instrumento para sancionar y reprimir, para cercenar los derechos políticos y para construir una hegemonía basada en el miedo. Pero resulta que el pueblo perdió el miedo. Hasta en eso fracasó el modelo. Hay mayor madurez política. Hay un sentimiento de cambio que es general.
Vamos hacia la aprobación de la Ley de Amnistía y de otros instrumentos legales que beneficiarán al pueblo en diversas áreas. Vamos hacia la reinstitucionalización del país. Vamos hacia la construcción de una Venezuela donde nunca más haya un perseguido político. Yo quiero un país de paz y progreso. Estoy seguro que ustedes también.
Cortesía Sumarium.
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