Caracas.- El presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, dijo que la Asamblea Nacional (AN) se reunirá para evaluar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declara inconstitucional la reforma del Banco Central de Venezuela (BCV) sancionada por el poder legislativo.
El parlamentario del partido Primero Justicia (PJ), uno de los principales impulsores de la reforma a la Ley del BCV, criticó el fallo del máximo tribunal del país en contra de la AN por considerar que el TSJ pretende, con esa sentencia, declarar “inconstitucional la constitución venezolana”.
Marquina fue consultado sobre la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que declaró inconstitucional la reforma parcial de la Ley del BCV, sancionado el pasado 3 de marzo por el poder legislativo.
La sentencia fue redactada por Calixto Ortega Ríos quien ocupó varios cargos diplomáticos durante 14 años de gobierno socialista y fue uno de los magistrados designados por el PSUV que hasta diciembre pasado controlaban la AN.
"El TSJ pretende con esa sentencia en contra de la iniciativa parlamentaria "declarar inconstitucional la Constitución venezolana"
La decisión del TSJ se produce tras la solicitud del presidente Nicolás Maduro quien envió el texto el pasado 17 de marzo a la Sala Constitucional para evaluar la legalidad de la reforma a la ley del BCV hecha por la AN.
“La ley sancionada por la Asamblea Nacional contraviene lo establecido en el ordinal octavo de la Disposición Transitoria Cuarta de la Carta Magna, por cuanto la reforma pretende atribuirle al Parlamento Nacional competencias para designar, ratificar y remover al Presidente y demás directores del BCV, al margen de los preceptos constitucionales", dice una nota de prensa del TSJ.
“El Máximo Tribunal estima que esta reforma de la Ley del BCV pretende frenar las funciones del Presidente de la República otorgadas por el Decreto de Emergencia Económica, declarada constitucional y vigente por el TSJ desde enero de este año”, agrega la nota de prensa.
Ejecutivo designa y AN autoriza
En respuesta al dictamen del Supremo Tribunal, el diputado Marquina dijo que de acuerdo a lo establecido en la constitución venezolana, el Ejecutivo Nacional designa o postula al presidente del BCV y el poder legislativo le corresponde autorizar el nombramiento propuesto por el presidente de la República.
Indicó que el artículo 319 de la Constitución Nacional establece que el BCV rendirá cuentas a la AN e informes sobre las variables macroeconómicas del país. “El incumplimiento dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas”, dijo Marquina en declaraciones a El Universal.
Marquina también comentó el ordinal octavo de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional, citado en la sentencia del TSJ, e indicó que el texto establece que le corresponderá al poder ejecutivo la designación del presidente del BCV y al poder legislativo la ratificación de esas autoridades del instituto emisor.
“Lo que pretende hacer el TSJ es subordinar el BCV al poder ejecutivo, y precisamente para garantizar la autonomía del organismo emisor, el constituyente estableció un complejo proceso legal que implica la participación de los dos poderes”, agregó.
Marquina anunció que corresponde a la AN evaluar el fallo del TSJ para decidir sobre la materia.
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