Bocaranda: un caso "ejemplarizante"
El gobierno busca aplicar el terrorismo de Estado contra las redes sociales
ARGELIA RÍOS | EL UNIVERSAL
viernes 12 de julio de 2013
No es verdad que Venezuela se haya estabilizado. El gobierno enfrenta problemas de gran envergadura y ninguno se encuentra en vías de solución. Los sistemas autocráticos sólo se consolidan cuando los ciudadanos se resignan y abandonan sus luchas. Los venezolanos están muy lejos de claudicar: aunque en ocasiones los abraza el pesimismo, una y otra vez se han sabido sacudir el desaliento. Ni en sus mejores tiempos -con Chávez a la cabeza- las autoridades bolivarianas se han sentido libres de amenazas: mientras una amplia franja de la población insista en disputarle el poder, la revolución no podrá cantar victoria. La hegemonía absoluta que siempre ha buscado, hoy está más lejos que antes: por eso han crecido sus temores... y por eso se ha acentuado su interés en procurar el silencio de la sociedad. El procesamiento judicial contra Nelson Bocaranda, nos advierte que el régimen no se conforma con el dominio que ya ejerce sobre los medios tradicionales de comunicación. Villegas y sus jefes vienen por más...
El caso Bocaranda representa un peldaño más en el intento de acallar a los que no se dan por vencidos: la feroz persecución a la que Bocaranda está sometido, devela una intensa ofensiva contra él y, también, contra el espíritu contestatario de las redes sociales. Atemorizada por la influencia que ellas han obtenido, "la sucesión" pretende convertir al de Bocaranda en un caso ejemplarizante: el fantasma de la primavera árabe -que recientemente alcanzó a Brasil- es un tormento para los mandamases venezolanos, cuyo propósito es provocar la inhibición de los ciudadanos, que tienen en la tuitósfera el último reducto de la libertad de expresión e información. El delito que se le imputa a Bocaranda no es otro que el de la reivindicación de la verdad, algo que sólo es posible en un país donde ésta ha sido falsificada y relativizada, por quienes convirtieron la mentira en la médula espinal de la relación entre el Estado y la gente. El atropello expone sin ocultamientos un objetivo de gran alcance: prohibir los desmentidos a las versiones oficiales impuestas desde el Sibci y criminalizar lo que estos farsantes revolucionarios vendieron una vez, entre bombos y platillos, como "la contraloría social".
El cinismo no tiene límites: el mismo gobierno que se ha llenado la boca pontificando sobre el poder contralor de las masas críticas, es el que hoy busca aplicar el terrorismo de Estado contra las redes sociales, desconociendo que ellas son una expresión moderna de la llamada "democracia participativa y protagónica". Todo eso está inmerso en el caso Bocaranda, con el cual se desenmascara un régimen que busca estabilizarse poniéndole puertas al campo.
Argelia.rios@gmail.com Twitter: @Argeliarios
ARGELIA RÍOS | EL UNIVERSAL
viernes 12 de julio de 2013
No es verdad que Venezuela se haya estabilizado. El gobierno enfrenta problemas de gran envergadura y ninguno se encuentra en vías de solución. Los sistemas autocráticos sólo se consolidan cuando los ciudadanos se resignan y abandonan sus luchas. Los venezolanos están muy lejos de claudicar: aunque en ocasiones los abraza el pesimismo, una y otra vez se han sabido sacudir el desaliento. Ni en sus mejores tiempos -con Chávez a la cabeza- las autoridades bolivarianas se han sentido libres de amenazas: mientras una amplia franja de la población insista en disputarle el poder, la revolución no podrá cantar victoria. La hegemonía absoluta que siempre ha buscado, hoy está más lejos que antes: por eso han crecido sus temores... y por eso se ha acentuado su interés en procurar el silencio de la sociedad. El procesamiento judicial contra Nelson Bocaranda, nos advierte que el régimen no se conforma con el dominio que ya ejerce sobre los medios tradicionales de comunicación. Villegas y sus jefes vienen por más...
El caso Bocaranda representa un peldaño más en el intento de acallar a los que no se dan por vencidos: la feroz persecución a la que Bocaranda está sometido, devela una intensa ofensiva contra él y, también, contra el espíritu contestatario de las redes sociales. Atemorizada por la influencia que ellas han obtenido, "la sucesión" pretende convertir al de Bocaranda en un caso ejemplarizante: el fantasma de la primavera árabe -que recientemente alcanzó a Brasil- es un tormento para los mandamases venezolanos, cuyo propósito es provocar la inhibición de los ciudadanos, que tienen en la tuitósfera el último reducto de la libertad de expresión e información. El delito que se le imputa a Bocaranda no es otro que el de la reivindicación de la verdad, algo que sólo es posible en un país donde ésta ha sido falsificada y relativizada, por quienes convirtieron la mentira en la médula espinal de la relación entre el Estado y la gente. El atropello expone sin ocultamientos un objetivo de gran alcance: prohibir los desmentidos a las versiones oficiales impuestas desde el Sibci y criminalizar lo que estos farsantes revolucionarios vendieron una vez, entre bombos y platillos, como "la contraloría social".
El cinismo no tiene límites: el mismo gobierno que se ha llenado la boca pontificando sobre el poder contralor de las masas críticas, es el que hoy busca aplicar el terrorismo de Estado contra las redes sociales, desconociendo que ellas son una expresión moderna de la llamada "democracia participativa y protagónica". Todo eso está inmerso en el caso Bocaranda, con el cual se desenmascara un régimen que busca estabilizarse poniéndole puertas al campo.
Argelia.rios@gmail.com Twitter: @Argeliarios
El caso Bocaranda representa un peldaño más en el intento de acallar a los que no se dan por vencidos: la feroz persecución a la que Bocaranda está sometido, devela una intensa ofensiva contra él y, también, contra el espíritu contestatario de las redes sociales. Atemorizada por la influencia que ellas han obtenido, "la sucesión" pretende convertir al de Bocaranda en un caso ejemplarizante: el fantasma de la primavera árabe -que recientemente alcanzó a Brasil- es un tormento para los mandamases venezolanos, cuyo propósito es provocar la inhibición de los ciudadanos, que tienen en la tuitósfera el último reducto de la libertad de expresión e información. El delito que se le imputa a Bocaranda no es otro que el de la reivindicación de la verdad, algo que sólo es posible en un país donde ésta ha sido falsificada y relativizada, por quienes convirtieron la mentira en la médula espinal de la relación entre el Estado y la gente. El atropello expone sin ocultamientos un objetivo de gran alcance: prohibir los desmentidos a las versiones oficiales impuestas desde el Sibci y criminalizar lo que estos farsantes revolucionarios vendieron una vez, entre bombos y platillos, como "la contraloría social".
El cinismo no tiene límites: el mismo gobierno que se ha llenado la boca pontificando sobre el poder contralor de las masas críticas, es el que hoy busca aplicar el terrorismo de Estado contra las redes sociales, desconociendo que ellas son una expresión moderna de la llamada "democracia participativa y protagónica". Todo eso está inmerso en el caso Bocaranda, con el cual se desenmascara un régimen que busca estabilizarse poniéndole puertas al campo.
Argelia.rios@gmail.com Twitter: @Argeliarios
Bocaranda y la transparencia
MARCOS CARRILLO | EL UNIVERSAL
viernes 12 de julio de 2013
La persecución al periodista Nelson Bocaranda por parte del Gobierno es un hecho que reviste especial gravedad. No solo por lo obvio, el acoso cada vez más desenfrenado al que se ha sometido a la prensa independiente durante los 15 años de chavismo, sino por las implicaciones que tiene.
Lo primero que resalta, una vez más, es la utilización de las instituciones del Estado como brazos ejecutores de los caprichos del Gobierno. AN, Fiscalía y defensoría del pueblo, saltan prestos a abrir averiguaciones en base a pruebas evidentemente forjadas y falsas, pero no se ruborizan ni se inmutan, siguen impúdicos con el amedrentamiento.
La aversión que le tienen al comunicador es porque en la esencia de este régimen (como el protectorado cubano en que han convertido a Venezuela) está la necesidad de que no haya controles. Para ellos la revolución es tan pura, sus ideales son tan elevados, que no puede estar sometida a la legalidad, se erige por encima del estado de derecho y nada puede limitarla. Eso lo ha logrado con la reducción del Poder Judicial a una oficina manejada desde Miraflores.
Pero la democracia contemporánea va más allá de los controles que ejercen los poderes públicos. No solo exige apego a la legalidad sino transparencia. En esta materia, no solo la AN o el Poder Judicial juegan un rol. Los ciudadanos son contralores a través de los mecanismos que construye la propia sociedad. Por eso prensa y sociedad civil (ONG) son entes incómodos: pueden descubrir guisos, prebendas y todo tipo de mentiras. Sacan a la luz pública lo que todos los cómplices del Gobierno desean ocultar porque evidencian la impudicia con la que se administra la cosa pública en el país.
Desde el manejo de la enfermedad del Presidente hasta megacontrataciones y triangulaciones comerciales se hacen a espaldas de la ciudadanía. Es decir, desde las decisiones electorales hasta el uso de los recursos de todos los venezolanos se "reconstruyen" tras bastidores para ajustarse a las necesidades de los Castro y de sus empleados venezolanos que detentan el poder ilegítimamente.
Que se haya conocido información oculta celosamente sobre la salud de Chávez es a la vez, una forma de desenmascarar el totalitarismo que se ha impuesto en Venezuela y una de demostrar lo vulnerables que son. La transparencia es el principio del fin de los totalitarismos, eso quedó demostrado con la política de "glasnost" que llevó adelante Gorbachov. Los Castro lo saben y les quita el sueño.
La información veraz desenmascara la fórmula antidemocrática que desea imponerse y debilita el centro de poder que se ha importado. Por eso se cierran medios o se fuerza gangsterilmente su venta. Pero el ataque a personas jurídicas es muy abstracto. Necesitan que no solo los medios, sino los periodistas y los ciudadanos se sientan atemorizados, el escarmiento de las figuras públicas es fundamental para lograrlo. Por eso, en este momento el destino de Bocaranda y muchos otros marcan el rumbo que puede tomar la política en Venezuela: retomar el camino de la democracia o hundirse en el oscurantismo totalitario.
mrcarrillop@gmail.com
@carrillomarcos
Lo primero que resalta, una vez más, es la utilización de las instituciones del Estado como brazos ejecutores de los caprichos del Gobierno. AN, Fiscalía y defensoría del pueblo, saltan prestos a abrir averiguaciones en base a pruebas evidentemente forjadas y falsas, pero no se ruborizan ni se inmutan, siguen impúdicos con el amedrentamiento.
La aversión que le tienen al comunicador es porque en la esencia de este régimen (como el protectorado cubano en que han convertido a Venezuela) está la necesidad de que no haya controles. Para ellos la revolución es tan pura, sus ideales son tan elevados, que no puede estar sometida a la legalidad, se erige por encima del estado de derecho y nada puede limitarla. Eso lo ha logrado con la reducción del Poder Judicial a una oficina manejada desde Miraflores.
Pero la democracia contemporánea va más allá de los controles que ejercen los poderes públicos. No solo exige apego a la legalidad sino transparencia. En esta materia, no solo la AN o el Poder Judicial juegan un rol. Los ciudadanos son contralores a través de los mecanismos que construye la propia sociedad. Por eso prensa y sociedad civil (ONG) son entes incómodos: pueden descubrir guisos, prebendas y todo tipo de mentiras. Sacan a la luz pública lo que todos los cómplices del Gobierno desean ocultar porque evidencian la impudicia con la que se administra la cosa pública en el país.
Desde el manejo de la enfermedad del Presidente hasta megacontrataciones y triangulaciones comerciales se hacen a espaldas de la ciudadanía. Es decir, desde las decisiones electorales hasta el uso de los recursos de todos los venezolanos se "reconstruyen" tras bastidores para ajustarse a las necesidades de los Castro y de sus empleados venezolanos que detentan el poder ilegítimamente.
Que se haya conocido información oculta celosamente sobre la salud de Chávez es a la vez, una forma de desenmascarar el totalitarismo que se ha impuesto en Venezuela y una de demostrar lo vulnerables que son. La transparencia es el principio del fin de los totalitarismos, eso quedó demostrado con la política de "glasnost" que llevó adelante Gorbachov. Los Castro lo saben y les quita el sueño.
La información veraz desenmascara la fórmula antidemocrática que desea imponerse y debilita el centro de poder que se ha importado. Por eso se cierran medios o se fuerza gangsterilmente su venta. Pero el ataque a personas jurídicas es muy abstracto. Necesitan que no solo los medios, sino los periodistas y los ciudadanos se sientan atemorizados, el escarmiento de las figuras públicas es fundamental para lograrlo. Por eso, en este momento el destino de Bocaranda y muchos otros marcan el rumbo que puede tomar la política en Venezuela: retomar el camino de la democracia o hundirse en el oscurantismo totalitario.
mrcarrillop@gmail.com
@carrillomarcos
Notitarde 11/07/2013
Nelson Bocaranda en Fiscalía:
Es un “pase de factura” por informar sobre la enfermedad de Chávez
- Nelson Bocaranda asegura que no tiene pensado irse del país. (Foto: Archivo Notitarde / )
Caracas, julio 11 (Felipe González Roa).- El periodista Nelson Bocaranda dijo que el Gobierno le ha “cobrado la factura” por haber informado sobre la salud del fallecido gobernante Hugo Chávez y por ello fue citado a declarar en la Fiscalía por los hechos de violencia que se produjeron tras los comicios presidenciales de abril.
“Creo que todo esto es un cobro de factura porque yo le informé al país la verdad sobre el presidente Chávez, eso es todo lo que me está cobrando el Gobierno. Si yo no hubiera revelado la información (ellos) no la hubieran dicho. Mi información fue cierta y veraz, tan es así que hasta el Presidente mandó información diciendo que estaba bien, que la información que se había dado había sido cierta”, dijo Bocaranda a periodistas al salir de la sede de la Fiscalía en Caracas, donde declaró en calidad de testigo por los sucesos violentos que se registraron en el país tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril.
Bocaranda reiteró que a través de la cuenta que mantiene en la red social Twitter se limitó a informar sobre hechos que estaban ocurriendo en ese momento y negó haber incitado a la violencia.
Destacó que simplemente indicó que el CDI de Maracaibo estaba en perfectas condiciones, situación que, según señaló, posteriormente fue verificada por la organización no gubernamental Provea y por prensa regional.
“Creo que quedó muy claro que a través del Twitter no he incurrido en incitación a la violencia. En 106 mil tuits que he escrito se ve que no hay ninguna incitación a la violencia sino a la conciliación y a la paz”, apuntó.
“Por eso cumplí con la Fiscalía y vine en calidad de testigo, reitero, para que sepan, estoy a la orden”, añadió.
Bocaranda recordó que no pudo acudir a la primera citación del Ministerio Público por encontrarse fuera del país. Recalcó que apenas se enteró del llamado de la Fiscalía hizo los arreglos necesarios para regresar a Venezuela y cumplir con su responsabilidad.
“Yo estoy dando la cara y ellos creían que no”, anotó.
Se excusó de no poder dar mayor información sobre la averiguación abierta en este caso ni sobre el contenido de las preguntas, ya que, al estar en fase de investigación, el expediente aún está reservado para terceros.
Sin embargo, calificó como cordial y absolutamente profesional la actitud de los fiscales que lo atendieron.
“Estoy limitado a hablar sobre lo que me preguntaron, pero están investigando hechos de violencia posteriores al día de las elecciones”, acotó el comunicador social, quien rindió declaración por espacio de cuatro horas.
Despedida insultante
Cuando Bocaranda salía del despacho del Ministerio Público decenas de personas, identificadas como chavistas, se concentraron a su alrededor para gritarle una serie de insultos.
Algunos lo tildaron de traidor y vende patria, otros le dedicaron epítetos muchos más grotescos.
El comunicador social prefirió no prestarles mayor atención a estas personas y optó por minimizar su presencia en el lugar.
“Esto es parte de la misma campaña que han venido haciendo, sindicándolo a uno de culpable de violencia, que es una cosa que es falsa”, recalcó.
A pesar de la amenaza de algunos grupos chavistas y de la investigación abierta por el Ministerio Público, Bocaranda insistió en que no piensa irse de Venezuela y recalcó que continuará llevando a cabo su labor periodística.
“Claro que voy a seguir en el país. Yo tengo que hacer mi campaña aquí, yo sigo aquí. Yo sigo haciendo mi trabajo”, concluyó. (Con informaciópn de EFE)
“Creo que todo esto es un cobro de factura porque yo le informé al país la verdad sobre el presidente Chávez, eso es todo lo que me está cobrando el Gobierno. Si yo no hubiera revelado la información (ellos) no la hubieran dicho. Mi información fue cierta y veraz, tan es así que hasta el Presidente mandó información diciendo que estaba bien, que la información que se había dado había sido cierta”, dijo Bocaranda a periodistas al salir de la sede de la Fiscalía en Caracas, donde declaró en calidad de testigo por los sucesos violentos que se registraron en el país tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril.
Bocaranda reiteró que a través de la cuenta que mantiene en la red social Twitter se limitó a informar sobre hechos que estaban ocurriendo en ese momento y negó haber incitado a la violencia.
Destacó que simplemente indicó que el CDI de Maracaibo estaba en perfectas condiciones, situación que, según señaló, posteriormente fue verificada por la organización no gubernamental Provea y por prensa regional.
“Creo que quedó muy claro que a través del Twitter no he incurrido en incitación a la violencia. En 106 mil tuits que he escrito se ve que no hay ninguna incitación a la violencia sino a la conciliación y a la paz”, apuntó.
“Por eso cumplí con la Fiscalía y vine en calidad de testigo, reitero, para que sepan, estoy a la orden”, añadió.
Bocaranda recordó que no pudo acudir a la primera citación del Ministerio Público por encontrarse fuera del país. Recalcó que apenas se enteró del llamado de la Fiscalía hizo los arreglos necesarios para regresar a Venezuela y cumplir con su responsabilidad.
“Yo estoy dando la cara y ellos creían que no”, anotó.
Se excusó de no poder dar mayor información sobre la averiguación abierta en este caso ni sobre el contenido de las preguntas, ya que, al estar en fase de investigación, el expediente aún está reservado para terceros.
Sin embargo, calificó como cordial y absolutamente profesional la actitud de los fiscales que lo atendieron.
“Estoy limitado a hablar sobre lo que me preguntaron, pero están investigando hechos de violencia posteriores al día de las elecciones”, acotó el comunicador social, quien rindió declaración por espacio de cuatro horas.
Despedida insultante
Cuando Bocaranda salía del despacho del Ministerio Público decenas de personas, identificadas como chavistas, se concentraron a su alrededor para gritarle una serie de insultos.
Algunos lo tildaron de traidor y vende patria, otros le dedicaron epítetos muchos más grotescos.
El comunicador social prefirió no prestarles mayor atención a estas personas y optó por minimizar su presencia en el lugar.
“Esto es parte de la misma campaña que han venido haciendo, sindicándolo a uno de culpable de violencia, que es una cosa que es falsa”, recalcó.
A pesar de la amenaza de algunos grupos chavistas y de la investigación abierta por el Ministerio Público, Bocaranda insistió en que no piensa irse de Venezuela y recalcó que continuará llevando a cabo su labor periodística.
“Claro que voy a seguir en el país. Yo tengo que hacer mi campaña aquí, yo sigo aquí. Yo sigo haciendo mi trabajo”, concluyó. (Con informaciópn de EFE)
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