Remembranzas
La Democracia tiene sus propias y adecuadas autoridades represivas y preventivas
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ARMANDO SCANNONE | EL UNIVERSAL
sábado 1 de junio de 2013 12:00 AM
Ya juzgada, la sesión tumultuosa -o más bien, la cayapa- de la Asamblea Nacional, queda el recuerdo del acto mas bochornoso acaecido en ese hemiciclo. La estrategia, preparada horas antes de la sesión, permite pensar hasta qué punto el militarismo, con su propio estilo, está presente en la vida civil, política y ciudadana del país. La actitud de los dos principales estrategas de la cayapa, militares, no se puede pensar que correspondiera a un arrebato momentáneo, sino a un comportamiento o aprendizaje, que emerge espontánea e inconsciente; irreprimible, como cualquier malcriadez. Algo similar a la del niño malcriado, que tocando un pito hasta colmar la paciencia de la madre, que desesperada le hace exclamar: ¡Por Dios, deja ese pito, que me vuelves loca! Y la respuesta del niño es tirar con fuerza el pito y comenzar a llorar enardecido. (¡No les doy la palabra! ¡Tampoco les pago!) También, alguna situación vivida en la escuela, que quedaría fijada en el subconsciente. En este caso, tendríamos que pensar en la Escuela Militar, de donde proceden y donde es corriente un castigo desproporcionado o una dura reprimenda que se debe sufrir callado, como inherente a la formación militar.
Los estudios militares comenzaron a tener, desde Pérez Jiménez, algunos cambios y a reflejar distanciamiento de lo civil, a pesar de que se les estimulaba el estudio de profesiones liberales, mientras continuaban ejerciendo la vocación y profesión de militar. Disminuyó la necesidad de los civiles asimilados, que compartían funciones con militares de carrera. Además, debido el régimen impuesto en las universidades, para cursar exitosamente, les resultaba forzado por las rigurosas obligaciones que también debían cumplir a la vez, y poder compartir con la que, les podría parecer vida "licenciosa" e independiente, de sus condiscípulos, lo que impedía la cercanía amistosa entre ellos.
Chávez, quien llegó al poder con un profundo resentimiento a lo civil, odiaba las universidades y deseaba que fracasaran, lo que sigue igual. Promovió la división entre los venezolanos y aún más, el distanciamiento entre civiles y militares, como si se tratase de ciudadanos diferentes. Prueba de ello su empeño en que muchos militares, aun sin estar debidamente preparados, desempeñaran puestos eminentemente civiles -ministros, legisladores, jueces civiles, etc.-, lo que ha sido continuado por Maduro, civil obrero. Esto ha sido muy probablemente en parte la razón del fracaso de los dos gobiernos, y consecuencia de la militarización del país.
La militarización de las calles, portando armas de guerra, en Caracas; y que se pretende en otras ciudades, para combatir la alarmante inseguridad, es no sólo contraria a la Democracia, que tiene sus propias y adecuadas autoridades represivas y preventivas, sino prueba del pensamiento militar para gobernar, inaceptable, que este gobierno heredó.
¿Habrá que revisar la admisión, formación y educación en nuestras escuelas militares, no para dictadores?
ascannone@gmail.com
Los estudios militares comenzaron a tener, desde Pérez Jiménez, algunos cambios y a reflejar distanciamiento de lo civil, a pesar de que se les estimulaba el estudio de profesiones liberales, mientras continuaban ejerciendo la vocación y profesión de militar. Disminuyó la necesidad de los civiles asimilados, que compartían funciones con militares de carrera. Además, debido el régimen impuesto en las universidades, para cursar exitosamente, les resultaba forzado por las rigurosas obligaciones que también debían cumplir a la vez, y poder compartir con la que, les podría parecer vida "licenciosa" e independiente, de sus condiscípulos, lo que impedía la cercanía amistosa entre ellos.
Chávez, quien llegó al poder con un profundo resentimiento a lo civil, odiaba las universidades y deseaba que fracasaran, lo que sigue igual. Promovió la división entre los venezolanos y aún más, el distanciamiento entre civiles y militares, como si se tratase de ciudadanos diferentes. Prueba de ello su empeño en que muchos militares, aun sin estar debidamente preparados, desempeñaran puestos eminentemente civiles -ministros, legisladores, jueces civiles, etc.-, lo que ha sido continuado por Maduro, civil obrero. Esto ha sido muy probablemente en parte la razón del fracaso de los dos gobiernos, y consecuencia de la militarización del país.
La militarización de las calles, portando armas de guerra, en Caracas; y que se pretende en otras ciudades, para combatir la alarmante inseguridad, es no sólo contraria a la Democracia, que tiene sus propias y adecuadas autoridades represivas y preventivas, sino prueba del pensamiento militar para gobernar, inaceptable, que este gobierno heredó.
¿Habrá que revisar la admisión, formación y educación en nuestras escuelas militares, no para dictadores?
ascannone@gmail.com
Los retos del Alto Mando militar
FERNANDO OCHOA ANTICH | EL UNIVERSAL
domingo 14 de julio de 2013 12:00 AM
La designación del nuevo Alto Mando militar tuvo un trascendente impacto en la Fuerza Armada. La hoja de servicio de sus integrantes es muy meritoria, aunque a mi criterio lo más importante ha sido su discreto comportamiento durante estos años de exagerada politización de nuestra institución. Eso sí, los nuevos jefes militares deben entender que su ascendiente solo se mantendrá si su acción de comando produce una inmediata transformación en la política militar y en la posición del gobierno nacional. Dolorosamente, debo decir que me ha causado una profunda decepción las palabras pronunciadas por la almirante Carmen Meléndez. Pensé que iba a desarrollar un discurso orientado a resaltar valores institucionales y no dirigido exclusivamente a elogiar a Hugo Chávez.
Voy a tratar de exponer algunas ideas sobre ciertas transformaciones que, a mi criterio, deben realizarse en la Fuerza Armada a la brevedad posible para poder satisfacer las expectativas de los venezolanos y de la mayoría de sus integrantes. Un primer aspecto, es restablecer la norma protocolar de que en los actos militares no se habla sobre aspectos partidistas sino exclusivamente de temas profesionales. Esta norma debe ser acatada celosamente por el presidente de la República, los miembros del Alto Mando militar y todos los funcionarios públicos. Lamentablemente, Nicolás Maduro en el acto de juramentación de la ministro de la Defensa tuvo una intervención totalmente politizada que ratifica la equivocada orientación anterior y compromete gravemente su gestión presidencial.
Un aspecto fundamental para que el nuevo Alto Mando militar pueda reorientar a la Fuerza Armada por el camino de dignidad que le corresponde, es entender que la Constitución Nacional vigente regula su actuación, organización y funcionamiento a través de los artículos 328 al 331. Allí claramente se establece que la Fuerza Armada es "una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación... En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna"... En el siguiente artículo se ratifica que las Fuerzas que la integran son: el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.
Estos artículos se encuentran estrechamente relacionados con el artículo 2 de la Constitución Nacional, en el cual se establece la esencia de nuestro sistema político al ratificar que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la democracia, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político". Este artículo limita realizar cualquier acción de gobierno que intente crear una sociedad socialista, ya que de ninguna manera un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia tiene esa orientación ideológica.
De allí, que los dos primeros retos que tiene el nuevo Alto Mando militar son: prohibir que se continúe con la práctica inconstitucional de dar arengas partidistas en los actos militares y que los integrantes de la Fuerza Armada saluden diciendo consignas políticas y ordenar que se retiren de los edificios militares los inmensos afiches con la figura del teniente coronel fallecido Hugo Chávez Frías, que lo único que buscan es tratar de crear un mito y un culto a la personalidad que va en contra de nuestra tradición institucional y profesional. Si el Alto Mando militar no tiene la autoridad suficiente para imponer las medidas correctivas del caso en estos lamentables hechos, la Fuerza Armada no podrá ser, como históricamente siempre lo ha sido, un factor de estabilidad nacional.
Los demás retos que tiene al Alto Mando militar son específicamente profesionales. Varios artículos de la vigente Ley Orgánica de la Fuerza Armada violan de manera flagrante la Constitución Nacional. Es imprescindible, resolver estas contradicciones jurídicas. Una de ellas es la existencia de la milicia bolivariana como una Fuerza independiente. Otro aspecto a analizar es la nueva doctrina militar conocida como la Defensa Popular, la cual se encuentra orientada a la conducción de una supuesta guerra asimétrica que define como nuestra principal amenaza un conflicto militar con Estados Unidos. Esa doctrina obliga a una valoración muy objetiva de sus principios, ya que modificar nuestra visión clausewistziana de la guerra es una decisión muy compleja y difícil de instrumentar.
fochoaantich@gmail.com
@FochoaAntich
Voy a tratar de exponer algunas ideas sobre ciertas transformaciones que, a mi criterio, deben realizarse en la Fuerza Armada a la brevedad posible para poder satisfacer las expectativas de los venezolanos y de la mayoría de sus integrantes. Un primer aspecto, es restablecer la norma protocolar de que en los actos militares no se habla sobre aspectos partidistas sino exclusivamente de temas profesionales. Esta norma debe ser acatada celosamente por el presidente de la República, los miembros del Alto Mando militar y todos los funcionarios públicos. Lamentablemente, Nicolás Maduro en el acto de juramentación de la ministro de la Defensa tuvo una intervención totalmente politizada que ratifica la equivocada orientación anterior y compromete gravemente su gestión presidencial.
Un aspecto fundamental para que el nuevo Alto Mando militar pueda reorientar a la Fuerza Armada por el camino de dignidad que le corresponde, es entender que la Constitución Nacional vigente regula su actuación, organización y funcionamiento a través de los artículos 328 al 331. Allí claramente se establece que la Fuerza Armada es "una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación... En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna"... En el siguiente artículo se ratifica que las Fuerzas que la integran son: el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.
Estos artículos se encuentran estrechamente relacionados con el artículo 2 de la Constitución Nacional, en el cual se establece la esencia de nuestro sistema político al ratificar que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la democracia, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político". Este artículo limita realizar cualquier acción de gobierno que intente crear una sociedad socialista, ya que de ninguna manera un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia tiene esa orientación ideológica.
De allí, que los dos primeros retos que tiene el nuevo Alto Mando militar son: prohibir que se continúe con la práctica inconstitucional de dar arengas partidistas en los actos militares y que los integrantes de la Fuerza Armada saluden diciendo consignas políticas y ordenar que se retiren de los edificios militares los inmensos afiches con la figura del teniente coronel fallecido Hugo Chávez Frías, que lo único que buscan es tratar de crear un mito y un culto a la personalidad que va en contra de nuestra tradición institucional y profesional. Si el Alto Mando militar no tiene la autoridad suficiente para imponer las medidas correctivas del caso en estos lamentables hechos, la Fuerza Armada no podrá ser, como históricamente siempre lo ha sido, un factor de estabilidad nacional.
Los demás retos que tiene al Alto Mando militar son específicamente profesionales. Varios artículos de la vigente Ley Orgánica de la Fuerza Armada violan de manera flagrante la Constitución Nacional. Es imprescindible, resolver estas contradicciones jurídicas. Una de ellas es la existencia de la milicia bolivariana como una Fuerza independiente. Otro aspecto a analizar es la nueva doctrina militar conocida como la Defensa Popular, la cual se encuentra orientada a la conducción de una supuesta guerra asimétrica que define como nuestra principal amenaza un conflicto militar con Estados Unidos. Esa doctrina obliga a una valoración muy objetiva de sus principios, ya que modificar nuestra visión clausewistziana de la guerra es una decisión muy compleja y difícil de instrumentar.
fochoaantich@gmail.com
@FochoaAntich
Estimado don Armando: Al referirme al concepto de lo que significa la unión cívico-militar lo hice para rechazar el criterio marxista-leninista que se expresa a través de las milicias populares. La nueva doctrina militar conocida como la defensa popular se basa en la militarización de la sociedad civil.
Eso no es conveniente ni aceptable. Los integrantes de la Fuerza Armada deben sentir por el ciudadano un gran respeto y afecto, ya que no sólo su familia es civil, sino que la propia profesión militar es un tránsito hacia esa vida. Estoy seguro que así piensan la gran mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional.
Fernando Ochoa Antich
C.I. 1. 725.557
El soborno del coronel
En Ferrominera faltan unos dólares que hubieran dado para casi 1.400 maletas como la de Antonini. Es el mundo al revés, dice Andrés Velásquez: "Investigan la extorsión pero no la corrupción". Por Joseph Poliszuk
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El escándalo se posó en Ferrominera con personajes entre los que destacan, de izquierda a derecha, Radwan Sabbagh, Juan Álvarez Dionisi y Luis Velásquez, a quien antes procesaron por la "Mafia de las cabillas" CORTESÍA
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EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013 12:00 AM
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes, denuncias y contratos por montos hasta cuatro veces por debajo de los del mercado.
El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el año 2011 a 15 dólares por tonelada. Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar cada tonelada del mismo producto.
Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.
Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como "La mafia del hierro", pero al final resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.
De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.
Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.
"Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a 15USD/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los 77 USD/TM", apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio de 2012 , que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.
El precio del silencio
A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.
"En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios", agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando. Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.
Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre de 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada. Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía. "Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20", contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso.
Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. "Tomó el pedazo de cartón y lo quemó", agregó Sabbagh en el interrogatorio. "Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (... ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'".
Mucho gusto, un placer
La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando entre sus últimas denuncias como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la "Mafia de la cabilla"; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.
Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente. "Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia", recuerda.
El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.
Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. "Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo", relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.
La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.
"Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación", dijo.
"Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones", añadió. "Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos".
Peor que el Fondo Chino
Ferrominera atraviesa en este momento dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ciudad Bolívar.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión. "Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas", dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: "Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (...) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos".
En esta historia, de cualquier manera, solo hay tres imputados: el ex presidente de Ferrominera enfrenta un juicio en Ciudad Bolívar por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, mientras que en Caracas señalan al coronel Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, de 23 años, por el caso de la extorsión.
¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares? Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez, cuando el miércoles acudió a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la "Mafia del hierro". "Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción", reclamó.
Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.
Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.
Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.
jpoliszuk@eluniversal.com
El llamado hierro esponja o de reducción directa -que sale de las acerías de Guayana- fue despachado en el año 2011 a 15 dólares por tonelada. Una ganga que consiguió la empresa SW-Chartering INC, a diferencia de otras a las que Ferrominera exigía 59 dólares para facturar, embarcar y transportar cada tonelada del mismo producto.
Esa y otras denuncias fueron engrosando un expediente de inteligencia militar a cargo del coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi quien, paradojas de la vida, hoy espera juicio en una celda de la misma Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la que dirigía una investigación especial contra los funcionarios públicos y empresarios que terminaron adelantándose para denunciarlo por extorsión.
Entre colegas a Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado: hace tiempo que venía investigando lo que el mismo definió como "La mafia del hierro", pero al final resultó fichado por extorsión en el mismo informe en el que había estado enumerando una lista de empresas, que se llevaron el hierro de Guayana a precios y condiciones excepcionales.
De acuerdo con el expediente 47C-16156-13 que reposa en el Juzgado 47 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, el coronel Álvarez Dionisi investigó una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales en las empresas básicas de Guayana por al menos 1.113 millones de dólares.
Lo de Ferrominera fue un saqueo en el que, según sus denuncias, hubo funcionarios que llegaron a facturar el mejor hierro como si se tratara de residuos y productos de segunda.
"Bajo esta empresa (SW-Chartering INC) retiran sedimentos de la Laguna de Cogollal, cuyo precio lo establecieron a 15USD/TM y ahora lo han mezclado en la noche con mineral fino, cuyo precio de venta está por el orden de los 77 USD/TM", apuntó Álvarez Dionisi en un informe de junio de 2012 , que se conoce ahora que el diputado Andrés Velásquez ha venido presentando varios de los 400 folios de un expediente judicial que señala redes de extorsión dentro de las industrias básicas.
El precio del silencio
A pesar de que se trataba de productos contaminantes, los gerentes de Ferrominera autorizaron a la contratista beneficiada a saltarse los protocolos y embarcar el producto en el muelle de la empresa estatal, lo que -aparte de los otros daños- paralizó las entradas y salidas de otros buques durante una semana.
"En 2011 estos mismos ciudadanos generaron (pérdidas por) más de 120 millones de dólares por demoras por fallas en programaciones y beneficiando a sus socios", agregó el coronel en la retahíla de irregularidades que había estado documentando. Lo que no dijo es que ninguna de esas denuncias habían sido formalizadas en fiscalía y los organismos del Estado, mucho menos que su silencio tenía precio.
Juan Carlos Álvarez Dionisi, ex jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIM o lo que hoy se conoce como la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, le pidió 20 millones de dólares en noviembre de 2011 al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, para que todo siguiera como si nada. Fue un encuentro de extraños sin palabras de cortesía. "Pidió un papel y un lápiz y escribió en un pedazo de cartón el número 20", contó Sabbagh en el testimonio que rindió el 8 de mayo en Caracas ante las autoridades militares que investigaron el caso.
Por si a las dudas, el coronel aclaró que hablaba de millones de dólares y acto seguido desapareció cualquier evidencia. "Tomó el pedazo de cartón y lo quemó", agregó Sabbagh en el interrogatorio. "Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (... ) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad'".
Mucho gusto, un placer
La reunión fue en la casa del empresario Yamal Mustafá, a quien Andrés Velásquez también ha venido señalando entre sus últimas denuncias como uno de los contratistas consentidos por la administración del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
Allí, Álvarez Dionisi se presentó como el oficial que había investigado a Luis Velásquez y otros de los personajes que figuraron en la "Mafia de la cabilla"; solicitó apartar los celulares; mostró un expediente sobre otra mafia, esta vez la del hierro, y cuando le preguntaron si había forma de llegar a un acuerdo, finalmente pidió el cartón donde escribió el número 20.
Sabbagh había sobrevivido por más de 6 años a los cambios y destituciones que han signado los últimos tiempos de las industrias básicas de Guayana, pero esa vez fue diferente. "Me fui a mi casa sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y con gran sentimiento de impotencia", recuerda.
El corolario de esta historia se encuentra en fiscalía, a través de una serie de testimonios archivados en el expediente 47C-16156-13, donde los testigos y protagonistas cuentan que la plana mayor de Ferrominera resolvió pedir auxilio a dos de sus mejores clientes: las trasnacionales Duferco y Commodities Minerals Enterprise, cuyos representantes al final aceptaron pagar 10 millones de dólares cada uno en varias cuotas.
Duferco -una trasnacional del mercado de metales que opera desde Suiza- autorizó a su representante, Juan Silva, a pagar la vacuna. "Nos informó que la directiva de esa empresa se mostró dispuesta a colaborar en el entendido de que, siempre se le da ayuda a los órganos de seguridad del Estado en todos los países del mundo", relató el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, cuando compareció ante los oficiales que investigan los sobornos.
La otra firma, Commodities Minerals Enterprise, al final también aceptó el chantaje. Aun en contra de esos métodos, su consultor jurídico en Venezuela, Gustavo Blanco, confesó el pasado 10 de mayo -cuando asistió a la sede de la Dirección de Inteligencia en calidad de testigo- que terminaron pagando.
"Me enteré que ellos previamente habían tenido una reunión con el coronel Álvarez, quien manifestó que esa investigación podía paralizarse si le entregaba una importante suma de dinero de alrededor de 20 millones de dólares, a lo cual nosotros le manifestamos en esa reunión tajantemente a todos los presentes que no estábamos en capacidad ni dispuestos a pagar ninguna cantidad de dinero, que nuestra situación financiera con Ferrominera estaba desequilibrada en relación con los aportes que veníamos efectuando y del mineral entregado en compensación", dijo.
"Sugerí que era recomendable someter a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la República esos contratos de alianza, para impedir este tipo de situaciones", añadió. "Eso de aceptar pagar para evitar una investigación era como apagar un incendio con gasolina y que de no ponérsele un parado a eso no sabríamos para quién estábamos trabajando, pues la utilidad generada en los contratos se iba a ir por estos desaguaderos".
Peor que el Fondo Chino
Ferrominera atraviesa en este momento dificultades hasta para pagar la nómina mientras su ex presidente, Radwan Sabbagh, permanece recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Ciudad Bolívar.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lo acusó de corrupto en cadena de radio y televisión. "Es inaceptable que se le haya dado confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas", dijo, y luego remató el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, el general Carlos Osorio: "Algunos pensaron que estas empresas eran de propiedad personal, (...) llegaban y paraban el material un mes, dos meses y, cuando desmontaban el material, más bien nosotros les debíamos a ellos".
En esta historia, de cualquier manera, solo hay tres imputados: el ex presidente de Ferrominera enfrenta un juicio en Ciudad Bolívar por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, mientras que en Caracas señalan al coronel Álvarez Dionisi y Carlos Vieira, de 23 años, por el caso de la extorsión.
¿Qué hay detrás de un soborno de 20 millones de dólares? Eso preguntó el diputado Andrés Velásquez, cuando el miércoles acudió a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para consignar copias de una serie de testimonios y documentos que conducen a lo que presenta como la "Mafia del hierro". "Aquí investigan la extorsión pero no la corrupción", reclamó.
Como otros de los casos que ha venido denunciando desde el pasado 30 de mayo, Velásquez asegura que un anónimo le dejó el expediente judicial de Ferrominera en la Asamblea Nacional, en las oficinas de la Fracción Parlamentaria del Estado Bolívar, para que se hiciera eco de un escándalo que habla de transferencias y comisiones al margen de la ley e, incluso, participaciones de empresas privadas en minas como la de Cerro bonito y Cerro redondo, que son exclusivas del Estado.
Si las denuncias de Álvarez Dionisi eran ciertas y las investigaciones que reposan en fiscalía se ciñen a la realidad, este es uno de los casos de corrupción más grandes que se haya visto en los últimos tiempos; se trata de un daño patrimonial 13 veces mayor que los 80 millones de dólares que desaparecieron del Fondo Chino.
Ahora que el Gobierno promete cazar a los corruptos, Velásquez señala que en los testimonios hay pistas para poner orden en un caso que suma pérdidas de cuando menos 1.113 millones de dólares, una cifra tan grande que hubiera podido llenar 1.391 maletas como la de Guido Antonini Wilson.
jpoliszuk@eluniversal.com
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