DEMOCRACIA SOCIAL FRENTE A LA DICTADURA
Luis Ugalde | octubre 31, 2016 | Web del Frente patriotico
La justa rebelión contra los gobiernos tiránicos es una doctrina
católica milenaria y un derecho humano fundamental. La justificación
ética base de todo gobierno es su condición de medio necesario para
lograr el bien común. Por eso, cuando el régimen se convierte en
instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los agrede
con un gobierno de creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo
de lo público como botín privado, ya es dictadura. Hace mucho tiempo
que era clara la condición dictatorial del régimen imperante en
Venezuela, pero las desvergonzadas decisiones de la semana pasada para
impedir el revocatorio presidencial, ponen en evidencia un radical
atentado contra la democracia social venezolana.
Los artículos 2 y 3 de la Constitución definen la naturaleza y fines
de nuestra democracia y los deberes de su Estado y gobernantes. Los
viola el Ejecutivo apoyado en el uso servil del poder judicial,
electoral y de la fuerza armada: Ya no estamos en “un Estado
democrático y social de Derecho y Justicia”, ni hay “preeminencia de
los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” y el gobierno
no está ordenado a defender “la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad y la democracia”, sino a imponerse y
mantenerse en el poder ( Const. art. 2).
En consecuencia este régimen atenta contra los fines esenciales del
Estado democrático venezolano como son “la defensa y el desarrollo de
la persona y el respeto a su dignidad y el ejercicio democrático de la
voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de
la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”( Const.
art.3).
Esto desata y activa en todos los demócratas un deber, una obligación:
salir del régimen dictatorial. Es un derecho y un deber humano
fundamental, aunque no esté escrito en ninguna parte. Pero en
Venezuela además está recogido en el artículo 350 de la Constitución:
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha
por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios
y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos” (art. 350).
En esa situación todo ciudadano o ciudadana “tendrá el deber de
colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (art. 333).
Por si alguien tenía dudas, el Gobierno se ha encargado de
demostrarnos su condición dictatorial y recordarnos nuestra obligación
de desconocer sus decisiones antidemocráticas y cambiar el régimen.
Estamos en tiempos que exigen inteligencia política, flexibilidad y
valor para salir de la dictadura. Todos los demócratas y muy
especialmente sus representantes de la Asamblea Nacional y los líderes
políticos deben caminar decididos y unidos al rescate de la
democracia. Tiene especial responsabilidad la Fuerza Armada en el
restablecimiento de la democracia. El régimen venezolano es un
escándalo mundial y un reto a la responsabilidad de todas las
instancias democráticas. Que nadie espere que la Iglesia actúe con
neutralidad equidistante entre dictadura y democracia.
Al mismo tiempo hay que poner las bases para la difícil reconstrucción
económica, social, política y moral del país, con un gobierno de
salvación nacional que solo es posible con un diálogo eficaz abierto
que incluya todas las posiciones políticas. Sin diálogo para cambiar y
reconstruir no habrá democracia social. Bloquearlo sería un suicidio
para los demócratas, como lo sería ser ingenuos ante el cinismo
dictatorial. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos en esta
hora de definiciones y de renacer de una democracia social que supere
la pobreza y la exclusión.
católica milenaria y un derecho humano fundamental. La justificación
ética base de todo gobierno es su condición de medio necesario para
lograr el bien común. Por eso, cuando el régimen se convierte en
instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los agrede
con un gobierno de creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo
de lo público como botín privado, ya es dictadura. Hace mucho tiempo
que era clara la condición dictatorial del régimen imperante en
Venezuela, pero las desvergonzadas decisiones de la semana pasada para
impedir el revocatorio presidencial, ponen en evidencia un radical
atentado contra la democracia social venezolana.
Los artículos 2 y 3 de la Constitución definen la naturaleza y fines
de nuestra democracia y los deberes de su Estado y gobernantes. Los
viola el Ejecutivo apoyado en el uso servil del poder judicial,
electoral y de la fuerza armada: Ya no estamos en “un Estado
democrático y social de Derecho y Justicia”, ni hay “preeminencia de
los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” y el gobierno
no está ordenado a defender “la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad y la democracia”, sino a imponerse y
mantenerse en el poder ( Const. art. 2).
En consecuencia este régimen atenta contra los fines esenciales del
Estado democrático venezolano como son “la defensa y el desarrollo de
la persona y el respeto a su dignidad y el ejercicio democrático de la
voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de
la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”( Const.
art.3).
Esto desata y activa en todos los demócratas un deber, una obligación:
salir del régimen dictatorial. Es un derecho y un deber humano
fundamental, aunque no esté escrito en ninguna parte. Pero en
Venezuela además está recogido en el artículo 350 de la Constitución:
“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha
por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios
y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos” (art. 350).
En esa situación todo ciudadano o ciudadana “tendrá el deber de
colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” (art. 333).
Por si alguien tenía dudas, el Gobierno se ha encargado de
demostrarnos su condición dictatorial y recordarnos nuestra obligación
de desconocer sus decisiones antidemocráticas y cambiar el régimen.
Estamos en tiempos que exigen inteligencia política, flexibilidad y
valor para salir de la dictadura. Todos los demócratas y muy
especialmente sus representantes de la Asamblea Nacional y los líderes
políticos deben caminar decididos y unidos al rescate de la
democracia. Tiene especial responsabilidad la Fuerza Armada en el
restablecimiento de la democracia. El régimen venezolano es un
escándalo mundial y un reto a la responsabilidad de todas las
instancias democráticas. Que nadie espere que la Iglesia actúe con
neutralidad equidistante entre dictadura y democracia.
Al mismo tiempo hay que poner las bases para la difícil reconstrucción
económica, social, política y moral del país, con un gobierno de
salvación nacional que solo es posible con un diálogo eficaz abierto
que incluya todas las posiciones políticas. Sin diálogo para cambiar y
reconstruir no habrá democracia social. Bloquearlo sería un suicidio
para los demócratas, como lo sería ser ingenuos ante el cinismo
dictatorial. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos en esta
hora de definiciones y de renacer de una democracia social que supere
la pobreza y la exclusión.
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