La acción criminal de la ministra Rodríguez ha sido claramente explicitada por especialistas que en estos días se dedicaron a mostrarle al país las normas y artículos violentados por ella, de manera que no redundaremos en eso aquí. Nos limitaremos a merodear por los bordes del episodio protagonizado por Delcy Rodríguez, donde no solo hay crimen al admitir que se espía a los opositores sin orden judicial (fechoría de la que Maduro se ha jactado en varias ocasiones); al vulnerar el derecho constitucional de esas personas a la privacidad y exponerlas al escarnio público; y corrupción administrativa, al usar recursos públicos para un proyecto político, sino que también hay procederes que, siendo delito, inflige desmedro a la vida venezolana. El lenguaje usado por la funcionaria en su Twitter, por ejemplo, no es delito, pero es una ruindad.

MILAGROS SOCORRO

Delito, ruindad o simple bajeza

El Nacional 5 DE ENERO 2014

Ya se sabe que, a la fecha, mientras no haya cambios en la ley para perseguir opositores, salir del país con cargo a la propia hacienda, no es delito. Pero hay acciones que aún no siendo delito merecen ser debatidas en la arena publica, sobre todo en aquellos casos donde se atenta contra la honestidad, la buena fe o la mera coherencia que deben observar las figuras públicas.

Esto no se aplica a los viajes al extranjero cuando no violentan ninguna limitación legal, cuando no supone el incumplimiento del calendario laboral y, muy especialmente, cuando no conllevan el uso de recursos públicos. Pero sí obsta para conductas que, no siendo ilegales, comportan cierta irregularidad o falta a la ética. Por ejemplo, si Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, se ausenta un año de su despacho, eso es asunto exclusivamente de él. Su falta produciría curiosidad, pero no activaría ningún dispositivo de la incumbencia pública. En cambio, si nos enteráramos de que en la casa de Lorenzo Mendoza no se consume Harina P.A.N., sino un producto fabricado por otra casa, eso sí sería problema de todo el país, que solo consume otra marca cuando enteramente no tiene otro remedio. Si las arepas de la mesa de los Mendoza se hicieran con insumo distinto al que ellos hacen, eso no sería delito, pero sí causa de seria inquietud para un colectivo que sería presa inmediata del recelo, cuando no del pánico.

Es lo que ocurre con los propagandistas del sistema educativo de la revolución cuyos hijos asisten a la escuela privada y los rapsodas de la salud estatal cuyas familias se atienden en clínicas. ¿Es delito? No. Es falta de coherencia (y no poca burla a los pobres que sí tienen que padecer el fallido sistema público).

Lorenzo Mendoza es, por cierto, uno de los mencionados en la lista de la ministra Delcy Rodríguez. Está clarísimo que los ires y venires de este caballero no atañen a nadie más que a él, insospechable de emplear en sus paseos los fondos de la república. Muy bien. Y lo mismo se aplica a los otros ciudadanos incluidos en la comunicación de la funcionaria cuya iniciativa sí constituye no un delito sino varios, establecidos en la Constitución.

La acción criminal de la ministra Rodríguez ha sido claramente explicitada por especialistas que en estos días se dedicaron a mostrarle al país las normas y artículos violentados por ella, de manera que no redundaremos en eso aquí. Nos limitaremos a merodear por los bordes del episodio protagonizado por Delcy Rodríguez, donde no solo hay crimen al admitir que se espía a los opositores sin orden judicial (fechoría de la que Maduro se ha jactado en varias ocasiones); al vulnerar el derecho constitucional de esas personas a la privacidad y exponerlas al escarnio público; y corrupción administrativa, al usar recursos públicos para un proyecto político, sino que también hay procederes que, siendo delito, inflige desmedro a la vida venezolana.

El lenguaje usado por la funcionaria en su Twitter, por ejemplo, no es delito, pero es una ruindad. Ese: “No te pierdas la lista de los destinos en el extranjero…” revela la pobreza expresiva de la funcionaria, su desprecio a las exigencias del cargo y, lo peor, su subestimación a las audiencias a las que se dirige con una familiaridad impropia de la situación, puesto que ella no es comadre de la ciudadanía, ella es su empleada, su servidora. No puede, por tanto, usar el tono del chismorreo; y, lo que es más lesivo, no debería dar por hecho que su audiencia es blanco mensajes llenos de resentimiento y envidia. ¿Es delito? Quizá no. Pero de seguro es una bajeza.

Los delitos cometidos por Delcy Rodríguez en sus comunicaciones del 1º de enero son graves, pero no tanto como la idea que evidencia tener de las masas venezolanas que, tal como se deduce de su discurso, percibe como rebaños de borregos a los que se moviliza con recados de primitiva manipulación, gente vil que vive rumiando sus celos y rencores. Y a quienes les oculta, por cierto, los muchos viajes que con aviones del Estado se hacen a Los Roques, por mencionar la ruta más flagrante.

Lo que ha quedado claro es que Delcy Rodríguez no está capacitada para ejercer ese cargo. Y no es delito que lo haya aceptado, pero sí muy indigno, ya que desde Maduro, quien la nombró, hasta Ernesto Villegas, a quien sustituyó, se militaron a atribuirle un único mérito: el de ser hija de su padre y hermana de su hermano.