ENTREVISTA ALFREDO ROMERO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL FORO PENAL VENEZOLANO
"Ni el Gobierno ni la MUD han aceptado recibir al Foro Penal"
"Si se trata de amnistía y comisiones de la verdad la tarea es para organizaciones de Derechos Humanos" "A Juan Manuel Carrasco le realizaron empalamiento con un objeto contuso" ALFREDO ROMERO Director ejecutivo del Foro Penal
 |
Alfredo Romero le reconoce a la Fiscalía General de la República que ha hecho avanzar las investigaciones en algunos de los casos denunciados VICENTE CORREALE
Contenido relacionado
ROBERTO GIUSTI | EL UNIVERSAL
domingo 20 de abril de 2014 12:00 AM
Cualquiera podría preguntarse a cuenta de qué el Foro Penal Venezolano se siente con derecho de participar en el diálogo gobierno-oposición. Alfredo Romero, su Director Ejecutivo responde: porque le han hecho seguimiento a dos mil 363 detenciones de manifestantes en los últimos dos meses; porque han trabajado en la identificación, localización y defensa de sus derechos de 2 mil 363 detenidos, de los cuales unos cien siguen privados de libertad; porque han detectado 70 casos de denuncias de tortura y porque tienen una red de 500 abogados y en total mil 200 activistas que trabajan en la identificación, localización y traslado de los protestantes, desde los sitios de detención a los tribunales y su representación en el juicio, en caso de que este se presente. Según Romero, sin ese trabajo arduo y totalmente voluntario "el país no enteraría de lo que está pasando".
-A pesar de que el diálogo ya está en desarrollo las muertes no se detienen. El jueves fue asesinado el estudiante Gabriel Daza. ¿Tiene sentido conversar en medios de esas circunstancias?
-El diálogo siempre tiene sentido. El problema es cómo lo estructuras y cuáles son los resultados. Una debilidad del actual proceso es que quienes son parte del conflicto no participan en las conversaciones
-No participan porque no quieren. Con la protesta forzaron el diálogo pero luego otros asumieran la vocería.
-El origen del conflicto está la escasez y la criminalidad. Esto estalla el 4 de febrero por el intento de violación de una estudiante en el Táchira, luego de 24 mil asesinatos (2013) y la muerte de Mónica Spears. Pero ninguno de esos problemas se solucionó. Al contrario, el gobierno los niega y se los atribuye "al otro". Nosotros estuvimos hace unos días en San Cristóbal, donde se levantaron las barricadas, pero la cola para comprar baterías, alimentos o gasolina, es interminable.
-¿Quieres decir que el diálogo está mal planteado porque esos temas se excluyeron de la agenda acordada con los partidos?
-La solución de un conflicto pasa por aceptar que existe.
-Desde el momento en que el Gobierno convoca al diálogo, ¿no está reconociendo la existencia del conflicto?
-No reconoce el problema. Argumenta, sí, que la escasez es culpa de los empresarios, niega la criminalidad como causa de una mala política pública y desconoce la tortura, los tratos crueles y las detenciones arbitrarias cuando se plantean problemas surgidos como consecuencia de la protesta. Eso a pesar de que la Fiscalía, con la que hemos tenido fluidez y analizado los casos, aceptó las denuncias de violaciones de DDHH y los está investigando.
-¿No es una cosa la Fiscalía y otra el Gobierno?
-Se supone. Pero pareciera que el Gobierno estuviera resguardándose de las denuncias.
-Si la Fiscalía lo acepta, debe actuar en consecuencia. ¿Lo está haciendo?
-Nosotros llevamos todos los casos de tortura y trato cruel denunciados. Algunos avanzan y no puedo negarlo. Otros no.
-¿Puedes citarlos?
-Está el de Geraldine Moreno, a quien le disparan en la cara y la asesinan. Para nosotros es un caso de trato cruel e inhumano. También están los casos de Alejandro Márquez y Juan Manuel Carrasco. A este último, según el examen médico forense, un guardia nacional le realizó empalamiento con objeto contuso y bajo inmovilización con esposas. Pero conociendo ese informe, el Gobierno persiste en negar la violación. Dijeron que no había sido violado con un fusil y ciertamente eso no está en el informe porque no aparece el arma y no se sabe qué objeto utilizaron debido a que la víctima estaba de espaldas. Pero sea con rolo, fusil o un tubo, hubo violación y eso es tortura.
-Siendo concluyente el informe, ¿no se impone establecer responsabilidades?
-El derecho a la defensa incluye a la víctima y al agresor. Debemos esperar el fin de las investigaciones y si eso no ocurre proceder en consecuencia.
-¿No hay detenidos?
-Se establecieron responsabilidades y fueron imputados tres guardias nacionales por encubrimiento. Pero ninguno de los imputados son quienes aparecen en el acta policial. La pena de tortura es de 15 a 25 años y por trato cruel e inhumano de 13 a 23. Allí hubo deficiencias porque la Fiscalía no solicitó la privativa de libertad y esas personas andan sueltas.
-Una cosa es ser encubridor y otra autor del hecho.
-La ley dice que la sanción para el encubridor es la misma que se aplica al autor material.
-¿No podría ocurrir que a pesar de hacerse justicia con los encubridores, no ocurra lo mismo con los autores?
-Los autores materiales aún no ha sido imputados. Se debe, entonces, abrir un procedimiento para que el encubridor diga quién es el responsable.
-Hasta la fecha se registran 42 muertos. ¿Cuántos casos han sido esclarecidos?
-Te hablo de casos que conocemos: El de Geraldine Moreno no tiene responsables. Tampoco el de Alejandro Márquez, ni el de Génesis Carmona. Con Bassil Da Costa hay unos presuntos responsables, funcionarios del Sebin, no asociados al caso de Roberto Redman.
-¿Son escoltas del Ministro del Interior?
-Son del Sebin, desconocemos si son escoltas. El expediente se debe revisar. Sabemos lo dicho por la Fiscalía.
-¿Qué pasa con el resto de los crímenes?
-En principio no se debe hablar de 42 muertes de forma general. Hay que determinar cuáles son víctimas de violación de derechos humanos y distinguir entre quienes caen por efecto de un disparo de la GN, de quienes mueren por el ataque de civiles armados que actúan con aquiescencia de la GN. Pero también hay otro tipo de víctimas. Por ejemplo, la madre del gobernador de Yaracuy, quien murió de un infarto como consecuencia, supuestamente, de un cacerolazo.
-También han muerto seis guardias nacionales.
-Debe establecerse las responsabilidades. Como Foro Penal hemos intentado representar a los familiares de los funcionarios asesinados, así como también a aquellos que han resultado heridos. Lamentablemente no ha sido posible el contacto, quizás por los obstáculos encontrados en la PNB, con cuyo director pude conversar. Pero una clave para solventar el conflicto y lograr la paz es el fin de la impunidad. Desde el 2002 nos hemos acostumbrado a que la impunidad sea la regla. Y digo desde el 2002 porque en aquella oportunidad murieron 19 personas y en el supuesto negado (porque sabemos que no es cierto) que Iván Simonovis sea el responsable de dos de esos asesinatos, ¿qué ha pasado con los 17 restantes?
-¿Debería estar el Foro Penal en la mesa de diálogo?
-Si se discuten temas de Derechos Humanos, sí.
-Los cuatro temas propuesto por la MUD son de DDHH.
-La historia dice que cuando se trata de comisiones de la verdad, amnistía y conflictos relacionados, la tarea corresponde a las organizaciones de DDHH. Ahora, no sé si vamos a formar parte de la mesa de negociación política o si podríamos tener un contacto, con gobierno y oposición, que nos permita presentarles lo que hemos hecho en estos tiempos. Hasta ahora no ha sido posible.
-Lo hicieron con Unasur.
-Así como Unasur, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo nos recibieron y seguimos conversando, hasta ahora ni el Gobierno ni la MUD nos han recibido. La respuesta en esta última es que están muy ocupados y del Gobierno no hemos tenido respuesta.
-¿Qué buscan ustedes si, según dices, no necesariamente deben ir al diálogo?
-Si la discusión es para tratar temas estrictamente políticos no tenemos nada que hacer allí. Si los temas son de DDHH y esa es la base de la discusión, evidentemente no solo el FPV, sino organizaciones como Provea deben formar integrarse. Ahora, pienso que se están quemando etapas sin discusión.
-¿Puedes explicarte?
-Se está llegando al tema de la Comisión de la Verdad, que debe ser una fase posterior al reconocimiento de las posiciones políticas (un sector de la población reclamando), de la violación de los DDHH y de la existencia de presos políticos. Luego esa mesa de reconocimiento, de la que organizaciones como la nuestra deben ser parte, entraría a la fase de solución del conflicto. Y ahí no debemos estar porque eso corresponde a las partes involucradas, como los estudiantes, que están en la calle. Luego, en una tercera fase, se integra la Comisión de la Verdad, en la que el FPN tampoco debe aparecer porque representamos a las víctimas y no podemos ser juez y parte.
-A pesar de que el diálogo ya está en desarrollo las muertes no se detienen. El jueves fue asesinado el estudiante Gabriel Daza. ¿Tiene sentido conversar en medios de esas circunstancias?
-El diálogo siempre tiene sentido. El problema es cómo lo estructuras y cuáles son los resultados. Una debilidad del actual proceso es que quienes son parte del conflicto no participan en las conversaciones
-No participan porque no quieren. Con la protesta forzaron el diálogo pero luego otros asumieran la vocería.
-El origen del conflicto está la escasez y la criminalidad. Esto estalla el 4 de febrero por el intento de violación de una estudiante en el Táchira, luego de 24 mil asesinatos (2013) y la muerte de Mónica Spears. Pero ninguno de esos problemas se solucionó. Al contrario, el gobierno los niega y se los atribuye "al otro". Nosotros estuvimos hace unos días en San Cristóbal, donde se levantaron las barricadas, pero la cola para comprar baterías, alimentos o gasolina, es interminable.
-¿Quieres decir que el diálogo está mal planteado porque esos temas se excluyeron de la agenda acordada con los partidos?
-La solución de un conflicto pasa por aceptar que existe.
-Desde el momento en que el Gobierno convoca al diálogo, ¿no está reconociendo la existencia del conflicto?
-No reconoce el problema. Argumenta, sí, que la escasez es culpa de los empresarios, niega la criminalidad como causa de una mala política pública y desconoce la tortura, los tratos crueles y las detenciones arbitrarias cuando se plantean problemas surgidos como consecuencia de la protesta. Eso a pesar de que la Fiscalía, con la que hemos tenido fluidez y analizado los casos, aceptó las denuncias de violaciones de DDHH y los está investigando.
-¿No es una cosa la Fiscalía y otra el Gobierno?
-Se supone. Pero pareciera que el Gobierno estuviera resguardándose de las denuncias.
-Si la Fiscalía lo acepta, debe actuar en consecuencia. ¿Lo está haciendo?
-Nosotros llevamos todos los casos de tortura y trato cruel denunciados. Algunos avanzan y no puedo negarlo. Otros no.
-¿Puedes citarlos?
-Está el de Geraldine Moreno, a quien le disparan en la cara y la asesinan. Para nosotros es un caso de trato cruel e inhumano. También están los casos de Alejandro Márquez y Juan Manuel Carrasco. A este último, según el examen médico forense, un guardia nacional le realizó empalamiento con objeto contuso y bajo inmovilización con esposas. Pero conociendo ese informe, el Gobierno persiste en negar la violación. Dijeron que no había sido violado con un fusil y ciertamente eso no está en el informe porque no aparece el arma y no se sabe qué objeto utilizaron debido a que la víctima estaba de espaldas. Pero sea con rolo, fusil o un tubo, hubo violación y eso es tortura.
-Siendo concluyente el informe, ¿no se impone establecer responsabilidades?
-El derecho a la defensa incluye a la víctima y al agresor. Debemos esperar el fin de las investigaciones y si eso no ocurre proceder en consecuencia.
-¿No hay detenidos?
-Se establecieron responsabilidades y fueron imputados tres guardias nacionales por encubrimiento. Pero ninguno de los imputados son quienes aparecen en el acta policial. La pena de tortura es de 15 a 25 años y por trato cruel e inhumano de 13 a 23. Allí hubo deficiencias porque la Fiscalía no solicitó la privativa de libertad y esas personas andan sueltas.
-Una cosa es ser encubridor y otra autor del hecho.
-La ley dice que la sanción para el encubridor es la misma que se aplica al autor material.
-¿No podría ocurrir que a pesar de hacerse justicia con los encubridores, no ocurra lo mismo con los autores?
-Los autores materiales aún no ha sido imputados. Se debe, entonces, abrir un procedimiento para que el encubridor diga quién es el responsable.
-Hasta la fecha se registran 42 muertos. ¿Cuántos casos han sido esclarecidos?
-Te hablo de casos que conocemos: El de Geraldine Moreno no tiene responsables. Tampoco el de Alejandro Márquez, ni el de Génesis Carmona. Con Bassil Da Costa hay unos presuntos responsables, funcionarios del Sebin, no asociados al caso de Roberto Redman.
-¿Son escoltas del Ministro del Interior?
-Son del Sebin, desconocemos si son escoltas. El expediente se debe revisar. Sabemos lo dicho por la Fiscalía.
-¿Qué pasa con el resto de los crímenes?
-En principio no se debe hablar de 42 muertes de forma general. Hay que determinar cuáles son víctimas de violación de derechos humanos y distinguir entre quienes caen por efecto de un disparo de la GN, de quienes mueren por el ataque de civiles armados que actúan con aquiescencia de la GN. Pero también hay otro tipo de víctimas. Por ejemplo, la madre del gobernador de Yaracuy, quien murió de un infarto como consecuencia, supuestamente, de un cacerolazo.
-También han muerto seis guardias nacionales.
-Debe establecerse las responsabilidades. Como Foro Penal hemos intentado representar a los familiares de los funcionarios asesinados, así como también a aquellos que han resultado heridos. Lamentablemente no ha sido posible el contacto, quizás por los obstáculos encontrados en la PNB, con cuyo director pude conversar. Pero una clave para solventar el conflicto y lograr la paz es el fin de la impunidad. Desde el 2002 nos hemos acostumbrado a que la impunidad sea la regla. Y digo desde el 2002 porque en aquella oportunidad murieron 19 personas y en el supuesto negado (porque sabemos que no es cierto) que Iván Simonovis sea el responsable de dos de esos asesinatos, ¿qué ha pasado con los 17 restantes?
-¿Debería estar el Foro Penal en la mesa de diálogo?
-Si se discuten temas de Derechos Humanos, sí.
-Los cuatro temas propuesto por la MUD son de DDHH.
-La historia dice que cuando se trata de comisiones de la verdad, amnistía y conflictos relacionados, la tarea corresponde a las organizaciones de DDHH. Ahora, no sé si vamos a formar parte de la mesa de negociación política o si podríamos tener un contacto, con gobierno y oposición, que nos permita presentarles lo que hemos hecho en estos tiempos. Hasta ahora no ha sido posible.
-Lo hicieron con Unasur.
-Así como Unasur, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo nos recibieron y seguimos conversando, hasta ahora ni el Gobierno ni la MUD nos han recibido. La respuesta en esta última es que están muy ocupados y del Gobierno no hemos tenido respuesta.
-¿Qué buscan ustedes si, según dices, no necesariamente deben ir al diálogo?
-Si la discusión es para tratar temas estrictamente políticos no tenemos nada que hacer allí. Si los temas son de DDHH y esa es la base de la discusión, evidentemente no solo el FPV, sino organizaciones como Provea deben formar integrarse. Ahora, pienso que se están quemando etapas sin discusión.
-¿Puedes explicarte?
-Se está llegando al tema de la Comisión de la Verdad, que debe ser una fase posterior al reconocimiento de las posiciones políticas (un sector de la población reclamando), de la violación de los DDHH y de la existencia de presos políticos. Luego esa mesa de reconocimiento, de la que organizaciones como la nuestra deben ser parte, entraría a la fase de solución del conflicto. Y ahí no debemos estar porque eso corresponde a las partes involucradas, como los estudiantes, que están en la calle. Luego, en una tercera fase, se integra la Comisión de la Verdad, en la que el FPN tampoco debe aparecer porque representamos a las víctimas y no podemos ser juez y parte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario