PCV y opositores rechazan fallo del TSJ que limita la protesta
Comunistas alertan que alcaldes de la MUD prohibirán manifestaciones
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Unos 60 estudiantes realizaron ayer una cadena humana ante la sede del PNUD en Caracas ADOLFO ACOSTA
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PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
martes 29 de abril de 2014 12:00 AM
¿Autorizará un alcalde o gobernador de la oposición una manifestación en su contra? Esta duda es suficiente para que el Partido Comunista de Venezuela rechace la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de limitar el derecho constitucional a la protesta.
"El PCV históricamente nunca ha sido partidario de que se tenga que solicitar un permiso" para manifestar, precisó ayer el diputado Pedro Eusse, miembro del buró político de la organización del gallo rojo.
Eusse subrayó que "no parece lo más correcto establecer la solicitud de autorización". "Supongamos que una comunidad va a protestar contra un alcalde, ¿se le va a solicitar autorización a ese mismo alcalde? Y cuando se proteste contra un alcalde de la oposición, seguro lo van a prohibir", prosiguió.
El portavoz del PCV indicó que en lugar de exigir un permiso para la manifestación, lo que debe hacerse es "participar" a la autoridad civil de la movilización con el fin de "establecer un nivel de seguridad y coordinación" para que la actividad se desarrolle sin atentar contra los derechos del resto de los ciudadanos.
"Todos los derechos deben ser regulados, pero la regulación no es para que no haya manifestaciones", recalcó.
De acuerdo con lo expresado por Eusse, una cosa es el fallo del TSJ y otra muy distinta "la necesidad y obligación del Estado y del Gobierno de frenar, detener y revertir las acciones violentas que se están desarrollando". A su juicio, las guarimbas que se han levantado en sectores de Caracas y otras ciudades del país representan "un atentado contra la población y la democracia, en el marco de un plan diseñado en el exterior" para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
"El derecho a la manifestación es constitucional. Debe existir la obligación de participar a la autoridad civil, pero no una norma que impida o que someta ese derecho a la aprobación de los alcaldes", insistió el secretario nacional del movimiento obrero y sindical del Partido Comunista.
Una burla
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también condenó el dictamen del máximo juzgado del país.
"Esto es una burla, pero la gente sigue protestando y no van a impedir que la gente diga que hay hampa, que no hay luz, y que muchos barrios y urbanizaciones no tienen servicios en buenas condiciones", declaró Ledezma a la emisora Unión Radio.
El Colegio de Abogados de Caracas opinó que el fallo del TSJ viola la Constitución, desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y "llega al extremo de crear un delito político mediante sentencia, lo cual retrotrae a nuestro país a la época de los totalitarismos jurídicos estadales".
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, opinó que la decisión del TSJ es "nula" y llamó al país a "no reconocerla y defender el derecho a la protesta pacífica ciudadana".
"El PCV históricamente nunca ha sido partidario de que se tenga que solicitar un permiso" para manifestar, precisó ayer el diputado Pedro Eusse, miembro del buró político de la organización del gallo rojo.
Eusse subrayó que "no parece lo más correcto establecer la solicitud de autorización". "Supongamos que una comunidad va a protestar contra un alcalde, ¿se le va a solicitar autorización a ese mismo alcalde? Y cuando se proteste contra un alcalde de la oposición, seguro lo van a prohibir", prosiguió.
El portavoz del PCV indicó que en lugar de exigir un permiso para la manifestación, lo que debe hacerse es "participar" a la autoridad civil de la movilización con el fin de "establecer un nivel de seguridad y coordinación" para que la actividad se desarrolle sin atentar contra los derechos del resto de los ciudadanos.
"Todos los derechos deben ser regulados, pero la regulación no es para que no haya manifestaciones", recalcó.
De acuerdo con lo expresado por Eusse, una cosa es el fallo del TSJ y otra muy distinta "la necesidad y obligación del Estado y del Gobierno de frenar, detener y revertir las acciones violentas que se están desarrollando". A su juicio, las guarimbas que se han levantado en sectores de Caracas y otras ciudades del país representan "un atentado contra la población y la democracia, en el marco de un plan diseñado en el exterior" para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
"El derecho a la manifestación es constitucional. Debe existir la obligación de participar a la autoridad civil, pero no una norma que impida o que someta ese derecho a la aprobación de los alcaldes", insistió el secretario nacional del movimiento obrero y sindical del Partido Comunista.
Una burla
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también condenó el dictamen del máximo juzgado del país.
"Esto es una burla, pero la gente sigue protestando y no van a impedir que la gente diga que hay hampa, que no hay luz, y que muchos barrios y urbanizaciones no tienen servicios en buenas condiciones", declaró Ledezma a la emisora Unión Radio.
El Colegio de Abogados de Caracas opinó que el fallo del TSJ viola la Constitución, desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y "llega al extremo de crear un delito político mediante sentencia, lo cual retrotrae a nuestro país a la época de los totalitarismos jurídicos estadales".
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, opinó que la decisión del TSJ es "nula" y llamó al país a "no reconocerla y defender el derecho a la protesta pacífica ciudadana".
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