El sociólogo Tulio Hernández, que conoce a fondo la Ley de Cultura actual y sus borradores y las leyes de cultura de América Latina y el mundo, define a la Ley Orgánica de Cultura de Venezuela como poco profesional, en el sentido de que quienes la redactaron no son personas especializadas en el tema cultural. "En América Latina las leyes de Cultura comienzan con un cuerpo de definiciones conceptuales, aquí se lo incorporan en la última semana. Después de que la ley está hecha, a última hora, se le agrega un cuerpo conceptual porque en la red social lo reclamaban", explica

CARACAS, domingo 1 de septiembre, 2013

Cultura | 31/08/2013

Una ley atrasada

Para Tulio Hernández la Ley de Cultura que se discute en la Asamblea Nacional no solo es estatista y centralizada, sino que pasa por encima de la Constitución cuando obvia el artículo que establece que la creación cultural es libre

La Ley Orgánica de la Cultura no es un tema nuevo. Desde 2002 se están discutiendo en la Asamblea Nacional proyectos que buscan legislar en materia de la creación cultural. Sin embargo, no fue sino hace unos días atrás cuando la actual Comisión de Cultura del Parlamento llevó al hemiciclo su propuesta, logrando su aprobación.

En términos generales, el sociólogo Tulio Hernández, que conoce a fondo la Ley de Cultura actual y sus borradores y las leyes de cultura de América Latina y el mundo, define a la Ley Orgánica de Cultura de Venezuela como poco profesional, en el sentido de que quienes la redactaron no son personas especializadas en el tema cultural.

"En América Latina las leyes de Cultura comienzan con un cuerpo de definiciones conceptuales, aquí se lo incorporan en la última semana. Después de que la ley está hecha, a última hora, se le agrega un cuerpo conceptual porque en la red social lo reclamaban", explica.

Una de las deficiencias que Hernández ve en el instrumento legal es que es una ley profundamente estatista. "Es decir, tanto el sujeto como el objeto de la ley es básicamente el Estado a través de lo que ellos denominan el ente rector y el poder popular que tampoco se define en qué consiste. Y los demás actores (los artistas, el sector privado ­en su doble condición, tanto de mecenas a través de fundaciones, como de empresario cultural) casi no es mencionado".

El sociólogo explica que la Ley de Cultura también tiene un carácter centralista. "Es una ley que no contempla de manera protagónica y explícita, como casi todas las leyes modernas de América Latina, el papel de los gobiernos locales: los estados y las municipalidades y de las ONG, las organizaciones punibles, los colectivos, como los verdaderos protagonistas del hacer cultural".

Lo más grave, según Hernández, es que la Ley de Cultura pasa por encima de la Constitución cuando obvia el artículo que establece que la creación cultural es libre.

"Esto forma parte de toda la legislación contemporánea de la cultura, sobre todo en los países que están propensos a la intervención estatal. En Estados Unidos eso no existe, pero en Europa y América Latina se parte de la idea de que el Estado debe financiar y promover la cultura, pero no debe intervenir ni dirigir sus contenidos ideológicos, sus estéticas, por lo tanto la ley siempre preserva. Las leyes de cultura hacen mucho énfasis en como proteger la creación cultural del intervencionismo estatal. Eso tampoco está en esa ley", señala.

VA EN RETROCESO
Según lo señalado por Hernández, la censura no es el único problema que presenta esta legislación, pues la misma está, de acuerdo a su criterio, basada en una visión anticuada del quehacer cultural.

"Permanentemente está hablando de temas que ya en otros países se dejaron de discutir, como la identidad cultural nacional. Hoy en día se habla de cultura y de identidades y de diversidad. Se le da más importancia a la diversidad que a la identidad porque la identidad es generalmente algo impuesto por los Estados, como en la época del perejimenismo en Venezuela que se nos quiso hacer creer que la cultura venezolana era arpa, cuatro y maracas y la música llanera.

El sociólogo resalta que la diversidad cultural debe estar por encima de la identidad. "Nosotros tenemos una diversidad que va desde una música cantada en patois como el Calipso de El Callao hasta formas musicales más ligadas a Colombia como pasillo, el bambuco de Los Andes y formas musicales muy ligadas al Caribe con las del este de Falcón", ejemplifica.

"Otro elemento más grave es el absoluto desinterés por el tema de las culturas digitales. Lo más potente de la cultura mundial en este momento es la contemplación, tanto de lo tradicional como de las novedades, en las redes digitales y sobre eso tampoco se legisla, como tampoco se toma en cuenta las industrias culturales. En resumen la ley es estatista, centralista, desactualizada y muy pobre en su sustentación conceptual", lamenta Hernández, quien recuerda que en el pasado existieron borradores de la Ley Orgánica de Cultura, con mucha más sustentación que la actual.

La presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, Gladys Requena, declaró a la prensa que era muy malo que aquí se pasara cine colombiano o uruguayo porque eso atentaba contra la identidad nacional.

Al respecto Tulio Hernández comenta: "la Constitución dice que nosotros somos un país multicultural, pluriétnico, y que formamos parte de una comunidad cultural caribeña y latinoamericana. Obviamente estamos frente a un equipo de legisladores muy ignorante, lo digo con todo respeto, que no se han preocupado por cultivarse con el tema cultural".

LEGISLACIÓN AMBIGUA
Uno de los artículos de la recién aprobada Ley Orgánica de la Cultura establece que "Los textos deben incluir los valores culturales propios de la identidad local y regional atendiendo los principios contenidos en esta Ley".

Sin embargo, estos contenidos son incluidos desde hace mucho tiempo en el pensum escolar. Al respecto Hernández indica "La ley de alguna manera desestima y desconoce todo el trabajo cultural que se ha hechos desde 1948, cuando se creó el Servicio nacional de Folklore".

Otro de los enunciados de esta ley indica que "los planes, proyectos y programas culturales elaborados para una comunidad por los sujetos previstos en el ámbito de aplicación de esta ley, deben ser previamente consultados y aprobados por la comunidad respectiva, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley". Sin embargo, no establece los mecanismos a través de lo cuáles se va a realizar esta consulta.

"¿Qué es una comunidad, es la comunidad de actores, es la comunidad de artistas plásticos o es el consejo comunal? Esa ambigüedad es deliberada porque lo que quiere el Gobierno es que sea el Ejecutivo y no el Legislativo el que interprete esta ambigüedad.

Eso es un peligro. Imagínate que, por ejemplo, las decisiones sobre el aporte al cine sean decididos por una comunidad ¿Cuál comunidad?", se pregunta Hernández.

Pero más grave aún, a los ojos de el sociólogo, es la creación del Sistema Nacional de Cultural enunciada en este instrumento legal, en el que no se especifica cuáles son las funciones de este ente, quiénes lo conforman o cómo se realizará la elección de sus miembros.

"Lo más importante de las leyes de Cultura de Brasil o de Costa Rica es el Sistema Nacional de Cultura porque está integrado por los gobiernos locales, las ONG, las fundaciones culturales, las empresas y esa es la vida real de la cultura, la cultura no la hace el Estado", sentencia.

¿ADIÓS AL MECENAZGO?
Con la creación del Fondo para la Cultura toda persona natural o jurídica dedicada a la actividad cultural deberá otorgar una contribución fiscal de 1% que deberá aportar al Fondo Nacional de la Cultura.

"Eso es lo más trágico de la ley. Fue un contrabando metido la última noche de discusión, nunca apareció esa figura durante los 12 años que se ha estado discutiendo el tema. ¿Para qué es esa figura? Para acabar con la relación directa entre sector privado y artistas. Ese fondo lo va a manejar el Estado. La idea es acabar con el mecenazgo privado que decide libremente a quién destina sus recursos".