Lectura Tangente
Notitarde 09/02/2013 Debilidad institucional
Ramón Guillermo Aveledo
Entre nosotros, construir instituciones cuesta mucho, porque son fruto de una perseverancia social que nada contra corrientes históricas de inconstancia, personalismo y discrecionalidad.
Hoy, no solo se observa un retroceso en los avances institucionales alcanzados, no todos de la misma magnitud y consistencia, sino una peligrosa tendencia a la disolución con muy malas consecuencias para la vida venezolana.
Dos decisiones recientes del TSJ muestran un deterioro que se agrava. La del 9.1.13 sentencia que el Presidente no está temporalmente ausente porque así no lo ha decretado y que no es necesario que tome posesión al iniciarse el nuevo período, "en virtud de no existir interrupción del mandato". Un mes antes la misma Sala sentenció que unos magistrados se van aunque no hayan sido sustituidos por la Asamblea, y otros se quedan, aunque se haya vencido el período para el cual fueron designados.
La Asamblea Nacional se niega a sí misma cuando olvida el principio de representación que la legitima, al permitir que se agreda a los diputados que representan allí al pueblo que los eligió y al no ejercer sus deberes de legislación y control.
Y si es por el Ejecutivo, ni se diga. El Presidente no está aquí, pero no está ausente; no puede ser visto ni escuchado, pero firma; no puede salir del hospital, ni ser visto, mucho menos venir, pero sí decidir. Una situación rara, muy probablemente inédita.
A la revolución, la Constitución le aprieta. Los límites normativos le resultan incómodos. Los grandes valores y principios de la Carta, no se avienen con los fines del proceso, ni con su necesidad de hacer y deshacer. La solución que han encontrado sus magistrados judiciales y gubernativos, así como sus legisladores, a los inconvenientes de una constitucionalización temprana, es que cada vez que chocan Constitución y Revolución (o sea la voluntad de los que mandan) se aplica el acomodaticio "principio" de in dubio pro revolutio.
La inercia de ese uso y abuso de las instituciones estatales en beneficio los que mandan, privatizándolas para apropiarse de ellas, nos lleva en una pésima dirección. Por riesgosa y por ser un tobogán hacia la vía de hecho.
La debilidad institucional es un problema muy serio para los venezolanos. Perjudica el funcionamiento del Estado, afecta su relación con los ciudadanos y amenaza la estabilidad.
Uno se pregunta con responsabilidad venezolana ¿Hasta dónde alcanza el aguante del país? ¿Hasta dónde puede llegar la conveniente tolerancia de la comunidad internacional?
Hoy, no solo se observa un retroceso en los avances institucionales alcanzados, no todos de la misma magnitud y consistencia, sino una peligrosa tendencia a la disolución con muy malas consecuencias para la vida venezolana.
Dos decisiones recientes del TSJ muestran un deterioro que se agrava. La del 9.1.13 sentencia que el Presidente no está temporalmente ausente porque así no lo ha decretado y que no es necesario que tome posesión al iniciarse el nuevo período, "en virtud de no existir interrupción del mandato". Un mes antes la misma Sala sentenció que unos magistrados se van aunque no hayan sido sustituidos por la Asamblea, y otros se quedan, aunque se haya vencido el período para el cual fueron designados.
La Asamblea Nacional se niega a sí misma cuando olvida el principio de representación que la legitima, al permitir que se agreda a los diputados que representan allí al pueblo que los eligió y al no ejercer sus deberes de legislación y control.
Y si es por el Ejecutivo, ni se diga. El Presidente no está aquí, pero no está ausente; no puede ser visto ni escuchado, pero firma; no puede salir del hospital, ni ser visto, mucho menos venir, pero sí decidir. Una situación rara, muy probablemente inédita.
A la revolución, la Constitución le aprieta. Los límites normativos le resultan incómodos. Los grandes valores y principios de la Carta, no se avienen con los fines del proceso, ni con su necesidad de hacer y deshacer. La solución que han encontrado sus magistrados judiciales y gubernativos, así como sus legisladores, a los inconvenientes de una constitucionalización temprana, es que cada vez que chocan Constitución y Revolución (o sea la voluntad de los que mandan) se aplica el acomodaticio "principio" de in dubio pro revolutio.
La inercia de ese uso y abuso de las instituciones estatales en beneficio los que mandan, privatizándolas para apropiarse de ellas, nos lleva en una pésima dirección. Por riesgosa y por ser un tobogán hacia la vía de hecho.
La debilidad institucional es un problema muy serio para los venezolanos. Perjudica el funcionamiento del Estado, afecta su relación con los ciudadanos y amenaza la estabilidad.
Uno se pregunta con responsabilidad venezolana ¿Hasta dónde alcanza el aguante del país? ¿Hasta dónde puede llegar la conveniente tolerancia de la comunidad internacional?
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