Entregan viviendas y vehículos a miembros de la Fuerza Armada
Unidades de transporte colectivo a bases militares de los estados Miranda, Anzoátegui y Distrito Capital, así como vehículos particulares al personal civil del ministerio para la Defensa fueron otorgados la noche de este martes. El presidente de la República, Nicolás Maduro explicó que se han entregado 2.680 viviendas a los efectivos.
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La Misión busca atender a la familia militar nacional (AVN)
EL UNIVERSAL
martes 13 de mayo de 2014 08:17 PM
Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que la Misión Negro Primero, en su primer año, ha entregado 2.680 viviendas a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En transmisión de En Contacto Con Maduro desde el Círculo Militar, en Caracas, señaló que la meta para el segundo año de esta misión es llegar a las 20.000 unidades habitacionales entregadas.
Se realizó además la entrega de 50 unidades de transporte colectivo a bases militares de los estados Miranda, Anzoátegui y Distrito Capital, así como vehículos particulares al personal civil del ministerio para la Defensa.
La Misión Negro Primero, creada en 2013, es un programa social destinado a atender a la familia militar nacional. Abarca cinco ejes referidos al bienestar, equipamiento y mantenimiento, infraestructura, desarrollo nacional y educación, destacó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Esta misión, ideada por el comandante Hugo Chávez, cerró el pasado año con una inversión de 429 millones de bolívares.
En transmisión de En Contacto Con Maduro desde el Círculo Militar, en Caracas, señaló que la meta para el segundo año de esta misión es llegar a las 20.000 unidades habitacionales entregadas.
Se realizó además la entrega de 50 unidades de transporte colectivo a bases militares de los estados Miranda, Anzoátegui y Distrito Capital, así como vehículos particulares al personal civil del ministerio para la Defensa.
La Misión Negro Primero, creada en 2013, es un programa social destinado a atender a la familia militar nacional. Abarca cinco ejes referidos al bienestar, equipamiento y mantenimiento, infraestructura, desarrollo nacional y educación, destacó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Esta misión, ideada por el comandante Hugo Chávez, cerró el pasado año con una inversión de 429 millones de bolívares.
Defiende pasos cumplidos por el Ministerio Público
Fiscal: Invalidan la investigación para descalificar denuncia de magnicidio
"De acuerdo al código Orgánico Procesal Penal, yo no tengo que andar demostrándole a cada ciudadano las cosas", explicó sobre las solicitudes para que muestre al país la veracidad de los correos enviados. Sobre lo que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, se hizo el procedimiento, explicó.
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"El Estado permanentemente tiene que desarrollar acciones de inteligencia", dijo (VTV)
EL UNIVERSAL
viernes 30 de mayo de 2014 08:59 PM
Caracas.- Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, aseguró la noche de este viernes que se pretende desviar la atención de un tema importante como es el magnicidio al descalificar la forma cómo fueron interceptadas las comunicaciones de María Corina Machado, sobre quien se ha dicho envió una serie de correos electrónicos entre los que plantea la eliminación del presidente de la República, Nicolás Maduro.
"De acuerdo al código Orgánico Procesal Penal, yo no tengo que andar demostrándole a cada ciudadano las cosas", explicó sobre las solicitudes para que muestre al país la veracidad de las cuentas y el lugar desde donde fueron enviados los correos, que involucran, además a personalidades como Henrique Salas Römer, Gustavo Tarre, Diego Arria, el banquero Eligio Cedeño, Robert Alonso y Kevin Whitaker.
"Esta investigación se inició el pasado 19 de marzo, con motivo a una denuncia formulada el día 18 de marzo", fue hecha por un conjunto de diputados, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, explicó Ortega Díaz.
"Sobre esa denuncia, acude al Ministerio Público (MP) un ciudadano", dijo, quien indicó que como complemento estaban "otros elementos allí" para profundizar la denuncia de los diputados. Se comisionó a la fiscal Katherine Harrinton, fiscal 20 Nacional, "ella ordenó el inicio de la investigación y ordenó un conjunto de, de, de pruebas, de, conjunto de diligencias de investigación, que son distintos a pruebas, porque las pruebas se evacuan delante el juez de juicio. Diligencias de investigación".
La fiscal dijo que "en el marco de esas diligencias de investigación comisionó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para la interceptación de comunicaciones tal como lo consagra el Código Orgánico Procesal Penal".
En el programa Mesa Informativa, dijo a la periodista Érika Ortega Sanoja que "la denuncia que hace la otra persona, está referida no solamente a esta ciudadana (María Corina Machado) sino a otras personas. La decisión de intervenir comunicaciones privadas o practicar alguna diligencia de investigación queda a criterio del fiscal investigador. Porque es el que tiene el expediente, es el que va evaluando cómo se van desarrollando la investigación".
Dijo que el código señala los procedimientos. "El fiscal tiene que solicitarle a un juez de control, ellos solicitan en la oficina de distribución, se le distribuyen a un juez y ese juez evalúa la solicitud que hace el Ministerio Público (MP) y decide si autoriza o no".
Una vez autorizado, explicó, "el oficio se remite al organismo que el Ministerio Público pidió que se comisionara por ejemplo, nosotros allí solicitamos que fuera el Sebin. Los oficios se le remitieron al Sebin y ellos iniciaron la intervención".
De acuerdo a lo que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal se hizo el procedimiento, explicó.
"Por supuesto que allí surge un elemento que es la seguridad del Estado. La seguridad del Estado está regulada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", consideró.
Sobre la seguridad en el país, explicó que "el Estado permanentemente tiene que desarrollar acciones de inteligencia para garantizar la seguridad del Estado, porque todo Estado, todo país, realiza acciones para saber qué está pasando para garantizar la estabilidad, para estar preparado frente a los ataques de extranjeros, el posible magnicidio, atentados contra los demás altos funcionarios del Estado, el atentado contra alguna de las instituciones".
Afirmó que "es un problema que el estado permanentemente lo hace, independientemente de una investigación del Ministerio Público, independientemente de la participación o no del Ministerio Público".
Citó a la Constitución en su artículo 325, el cual explicó: "El Ejecutivo nacional se reserva la clasificación, clasificarlo, es decir, ocultar o no informar sobre eso, o la divulgación de aquellos asuntos que guardan relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación. O sea que aquí el Estado es potestativo del Estado, y en el caso de que un hecho constituya una amenaza para la seguridad de la Nación, independientemente de que haya o no una investigación penal, priva o es una limitación, la seguridad de la Nación, frente a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la reserva de la investigación".
"De acuerdo al código Orgánico Procesal Penal, yo no tengo que andar demostrándole a cada ciudadano las cosas", explicó sobre las solicitudes para que muestre al país la veracidad de las cuentas y el lugar desde donde fueron enviados los correos, que involucran, además a personalidades como Henrique Salas Römer, Gustavo Tarre, Diego Arria, el banquero Eligio Cedeño, Robert Alonso y Kevin Whitaker.
"Esta investigación se inició el pasado 19 de marzo, con motivo a una denuncia formulada el día 18 de marzo", fue hecha por un conjunto de diputados, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, explicó Ortega Díaz.
"Sobre esa denuncia, acude al Ministerio Público (MP) un ciudadano", dijo, quien indicó que como complemento estaban "otros elementos allí" para profundizar la denuncia de los diputados. Se comisionó a la fiscal Katherine Harrinton, fiscal 20 Nacional, "ella ordenó el inicio de la investigación y ordenó un conjunto de, de, de pruebas, de, conjunto de diligencias de investigación, que son distintos a pruebas, porque las pruebas se evacuan delante el juez de juicio. Diligencias de investigación".
La fiscal dijo que "en el marco de esas diligencias de investigación comisionó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para la interceptación de comunicaciones tal como lo consagra el Código Orgánico Procesal Penal".
En el programa Mesa Informativa, dijo a la periodista Érika Ortega Sanoja que "la denuncia que hace la otra persona, está referida no solamente a esta ciudadana (María Corina Machado) sino a otras personas. La decisión de intervenir comunicaciones privadas o practicar alguna diligencia de investigación queda a criterio del fiscal investigador. Porque es el que tiene el expediente, es el que va evaluando cómo se van desarrollando la investigación".
Dijo que el código señala los procedimientos. "El fiscal tiene que solicitarle a un juez de control, ellos solicitan en la oficina de distribución, se le distribuyen a un juez y ese juez evalúa la solicitud que hace el Ministerio Público (MP) y decide si autoriza o no".
Una vez autorizado, explicó, "el oficio se remite al organismo que el Ministerio Público pidió que se comisionara por ejemplo, nosotros allí solicitamos que fuera el Sebin. Los oficios se le remitieron al Sebin y ellos iniciaron la intervención".
De acuerdo a lo que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal se hizo el procedimiento, explicó.
"Por supuesto que allí surge un elemento que es la seguridad del Estado. La seguridad del Estado está regulada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", consideró.
Sobre la seguridad en el país, explicó que "el Estado permanentemente tiene que desarrollar acciones de inteligencia para garantizar la seguridad del Estado, porque todo Estado, todo país, realiza acciones para saber qué está pasando para garantizar la estabilidad, para estar preparado frente a los ataques de extranjeros, el posible magnicidio, atentados contra los demás altos funcionarios del Estado, el atentado contra alguna de las instituciones".
Afirmó que "es un problema que el estado permanentemente lo hace, independientemente de una investigación del Ministerio Público, independientemente de la participación o no del Ministerio Público".
Citó a la Constitución en su artículo 325, el cual explicó: "El Ejecutivo nacional se reserva la clasificación, clasificarlo, es decir, ocultar o no informar sobre eso, o la divulgación de aquellos asuntos que guardan relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación. O sea que aquí el Estado es potestativo del Estado, y en el caso de que un hecho constituya una amenaza para la seguridad de la Nación, independientemente de que haya o no una investigación penal, priva o es una limitación, la seguridad de la Nación, frente a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la reserva de la investigación".
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