27 de Febrero 1987 :A 23 años de El Caracazo

Carlos Andrés Pérez tenía menos de dos meses en la Presidencia cuando el sacudón de El Caracazo fracturó las bases de su gobierno. Detrás de él, el Alto Mando Militar que contuvo la violencia con violencia, encabezado por el Ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro.

26-02-12
AGORA

A 23 años de El Caracazo: sin justicia, sin víctimas, sin culpables



Valencia, 26 febrero de 2012, Charito Rojas.- Se cumplen 23 años de los terribles sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, cuando Venezuela sufrió un sacudón social que produjo un número indeterminado de muertos e hizo estremecer las bases políticas del país.

Le llamaron "Caracazo" porque la ciudad de Caracas fue el epicentro de los hechos, pero como una onda expansiva, las grandes ciudades también experimentaron los coletazos de la violencia.

Carlos Andrés Pérez acababa de tomar posesión de su segunda Presidencia y todavía estaban frescas las flores de las celebraciones por la juramentación, que por su fasto y número de invitados, el humor popular bautizó como "La Coronación". Acudieron Jefes de Estado, entre los cuales destacaban Fidel Castro y Daniel Ortega; las delegaciones de decenas de países colmaron los hoteles caraqueños y el Teresa Carreño fue el gran escenario que desplazó el podio del Congreso Nacional para realizar la transmisión de mando de Jaime Lusinchi a Carlos Andrés Pérez.

El "paquete" económico

Nada más llegar a la Presidencia, el gobierno de CAP trató de dar un giro para sanear la economía. El país se había endeudado, los controles de cambio y de precios habían traído desinversión y corrupción, la devaluación de la moneda en 1983 empobreció a los venezolanos. Sin embargo, Venezuela conservaba intacta su imagen del país con la democracia más estable de Latinoamérica y había paz ciudadana. Por eso la sorpresa para propios y extraños por la explosión inédita de inconformidad y violencia en las calles de Caracas.

Miguel Rodríguez, Ministro de Cordiplan aparece históricamente como la cabeza del equipo que concibió un paquete económico, posteriormente llamado "neoliberal" pero que revisado en frío respondía a la necesidad de poner orden a las finanzas públicas, frenar la inflación y eliminar subsidios para incentivar la producción. El "paquete", que según sus detractores respondía a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, con el que Venezuela estaba endeudada, incluía las siguientes medidas:

-Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.

- Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.

- Tasa de cambio flotante en el mercado libre de divisas

- Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.

- Incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.

- Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento del 100% en el precio de la gasolina.

-Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.

-Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.

-Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.

-Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.

-Congelación de cargos en la administración pública.

Técnicamente, el paquete ajustaría la macroeconomía nacional, pero no se contó con factores de descontento social y político. Acción Democrática estaba en abierto conflicto con el Presidente y la ausencia de líderes que explicaran el paquete a todos los niveles de la población, se hizo evidente en el rechazo a medidas que la mayoría desconocía pero que presentían como malas para su bolsillo.

El 26 de febrero el ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes.

El 27 de febrero

A las 6 de la mañana las protestas de los habitantes de Guarenas comenzaron cuando se negaron a pagar el aumento del pasaje. Comienzan a tomar las calles y se inicia una ola de saqueos que va tomando cuerpo hacia la capital. A media mañana, Caracas se colapsa cuando habitantes de Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez más violentas.

Hacia el mediodía, oficinas públicas y privadas han cerrado sus puertas, así como el comercio, que ve lleno de pánico como hordas de personas rompen violentamente puertas y santamarías para llevarse a la fuerza todos los productos. La violencia se extiende como una epidemia e incluso habitantes de urbanizaciones clase media salen a saquear ante la impotencia de la desbordada Policía Metropolitana. El transporte público estaba detenido y miles de personas deambulaban por las calles de Caracas. Protestas violentas aunque con menor incidencia de saqueo se registraron en Maracay, Valencia, La Guaira, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

El gobierno decretó un toque de queda absoluto para obligar a la población a permanecer en sus casas, pero la delincuencia ya estaba operando por su cuenta y esa noche las ráfagas de disparos mantuvieron desvelados a los caraqueños.

El 28 de febrero

Ante la débil respuesta del Ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, el Ministro de la Defensa Ítalo del Valle Alliegro tomo las riendas de la situación. Se activó en Caracas el Plan Ávila (el mismo que el Presidente Hugo Chávez ordenó activar el 11 de abril de 2002), el cual confiere al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolo para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones. Los enfrentamientos armados con la población, parte de la cual también disparaba, produjeron un número de muertos que aún hoy, 23 años después, se desconoce. El gobierno habló al principio de 300 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos dicen que podrían llegar a 3.000, muchos de ellos hoy desaparecidos sin que sus cuerpos hayan sido hallados o identificados.

Las cámaras de televisión tomaron imágenes que reflejaban las enormes pérdidas materiales y humanas. El balance final reportó 154 incendios, saqueos en 900 bodegas, 131 abastos, 95 ferreterías, 62 papelerías y 850 automercados y tiendas. El ejecutivo suspendió las garantías constitucionales y durante varios días Caracas fue una ciudad sitiada, caótica, militarizada y con una grave escasez de alimentos.

Consecuencias del sacudón

Además de la muerte de civiles y militares, y las pérdidas materiales que se estimaron en más de 6 mil millones de bolívares, la consecuencia más grave del Caracazo fue la inestabilidad política. Aunque el paquete económico fue modificado, la liberación de precios decretada el 7 de marzo desata una ola inflacionaria.

El gobierno de Carlos Andrés Pérez queda seriamente desestabilizado y su piso político es cada vez más frágil, hasta que desemboca en dos intentos fallidos de golpe de estado en 1992 y posteriormente, su destitución de la Presidencia en 1993.

Aunque los golpistas de 1992 hayan querido vincular sus intentos de derrocamiento con El Caracazo, lo cierto es que los historiadores serios del país ubican esto como un movimiento social espontáneo, no dirigido por ningún grupo político aunque sí aprovechado por vándalos, delincuentes y radicales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno y lo obligo a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en 2004 con algunas víctimas identificadas.

Lo cierto es que hasta ahora se han realizado tres inhumaciones en la fosa común llamada La Peste, en el Cementerio General del Sur, y hay solo 49 osamentas identificadas. El año pasado, el gobierno revolucionario inauguro en el cementerio caraqueño una Plaza del Caracazo y un bloque de nichos en los cuales hay 71 víctimas depositadas, pero más de 30 son sólo números sin nombres.

Los familiares de las víctimas y los desaparecidos siguen pidiendo justicia, indemnización y poder enterrar a sus familiares. La respuesta del actual gobierno es muy política: trata de enjuiciar mediante sus órganos jurisdiccionales a civiles y militares que estaban frente al gobierno en esos días. Así, en 2009 fueron imputados el ex Ministro de Defensa Ítalo del Valle Alliegro, el ex jefe del Comando Estratégico Operacional, Gral. Manuel Heinz Azpurua, el ex director de la Policía Metropolitana Gral. (GN) José Rafael León Orsoni y el Comandante de la GN Freddy Maya Cardona. Recientemente fue imputado el ex Gobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas. No hay ningún otro civil imputado por vandalismo, asesinato, saqueo o quema de propiedades.

A 23 años del Caracazo, los venezolanos siguen esperando por una justicia imparcial que castigue a los culpables del sacudón, de las pérdidas y de las muertes.

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