Los presos han convertido una de las celdas en botiquín en el que venden aguardiente...
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Uno de los primeros informes sobre las cárceles en la época republicana data de 1831. Está suscrito por Antonio Leocadio Guzmán, quien es entonces Ministro de lo Interior, y dice así: "En toda Venezuela no hay un edificio que pueda llamarse adecuado para la detención y seguridad de los presos, puesto que no está concluido el que se levanta en Caracas. Es asombroso el descuido que se nota en este ramo y es tan importante su mejora, cuanto que de ella depende, en gran manera, la administración de justicia. Hasta ahora, los jueces territoriales, al aprehender a un reo, lo ponían en marcha a disposición de la Corte Superior, con el sumario, porque no habiendo cárcel en que asegurarlos, la imperiosa necesidad los obligaba a hacerlo; pero esto ya no es posible; ningún venezolano puede ser distraído de sus jueces naturales, y como nadie puede faltar a esta disposición constitucional, todos los crímenes van a quedar impunes, si no se establece, por lo menos en cada cabecera de cantón, una cárcel segura. El Ejecutivo cumple su deber representando que, por efecto de las disposiciones existentes, no debe contarse con esto en mucho tiempo".
La afirmación de una figura fundamental de la burocracia nos lleva al terreno de la contradicción entre la realidad y los ideales. Es evidente cómo se impone la primera sobre los segundos, no en balde declara la imposibilidad inmediata de transformarla en términos positivos. Desde el siglo XVI ha funcionado una cárcel en la capital, situada en la esquina de Principal. El local se caracteriza por la sordidez, pero no experimenta mejorías en las primeras décadas de la república. En 1837, el diputado Francisco Aranda la llama "mala y horrorosa" en carta que dirige al Presidente de la República. En 1843, el diputado Tomás Lander le dedica las siguientes letras que publica en El Relámpago: "La cárcel que tiene Caracas es una mansión de horrores. El venezolano que se ve encarcelado deprava su moral con la vista de los objetos que le circundan, se deprava a sí mismo, porque cuanto ve y cuanto oye lo empuerca y lo envilece, y se familiariza con el crimen por el inmediato roce en que la sociedad lo coloca con todos los criminales".
La situación permanece en 1856, pues un informe para el ministro del ramo lamenta que las refacciones en el edificio no hayan parado en nada bueno: "Así ha estado desde el coloniaje y parece que continuará para vergüenza nuestra, para escarnio de la justicia y de la vida republicana". Sin embargo, el lugar que por fin estrena nuevas construcciones no varía la rutina en su interior. Denuncia El Candelariano, en su edición de 5 de noviembre de 1851: "No es cárcel, sino un lugar calculado para hacer morir muy en breve a un hombre en medio de los tormentos más atroces". Pero, ¿qué pasa en las provincias? Nada edificante, la continuación de una cadena de apresamientos miserables, dejados y ofensivos de cuyas vicisitudes apenas se ofrecen ahora contados detalles.
Pedro María Ortiz, preso en Angostura, se queja en 1833 de que lo están matando de hambre junto con otros infortunados. Dos años después, en la fortaleza de Maracaibo viven hacinados los prisioneros, hasta el punto de que se busca la manera de trasladarlos hacia Puerto Cabello para evitar "horribles consecuencias de orden público". La casa que sirve de prisión en Cariaco en 1848 es una ruina: "Hállase la existente en el mayor estado de deterioro, amenazando aplastar a los pobres que dentro están". En las bóvedas de La Guaira no existe manera de atender a los reos enfermos, afirma el alcaide en 1849. El funcionario le escribe al ministro "por razones de humanidad". De acuerdo con un expediente de 1839, la penitenciaría de Barcelona es un caos. Como funciona en una propiedad alquilada que antes servía como domicilio familiar, carece de los mínimos requisitos de seguridad. Los cautivos hacen lo que les viene en gana, no sólo por lo inapropiado del lugar sino también por la complicidad de los escasos e irresponsables celadores. Pero la situación no es mejor en Barquisimeto, según oficio de 1853: "Considerando el carácter indómito de la mayor parte de los encausados y los excesos que se cometen dándoles dinero, sin embargo de la vigilancia de los Alcaides, se proporcionan licores y se entregan a juegos de azar y suerte, de que resultan pleitos de gravedad, tanto que ayer un preso, por motivos de esta especie, hirió cruelmente a otros". En breve se enteran en el ministerio de las tremolinas que suceden en las permisivas celdas de San Cristóbal. Los presos se niegan a desyerbar las calles y las plazas, sólo asisten cuando quieren a los oficios religiosos y han convertido una de las celdas en ruidoso botiquín, en el que venden sin ocultamiento botellas y copas de aguardiente. Los delincuentes han hecho de su galera un club, en suma.
Pero son cosas del ayer lejano, testimonios de un pasado yerto y enterrado que seguramente apenas toquen la sensibilidad de los lectores acostumbrados a los avances en materia carcelaria que ha experimentado la sociedad en nuestros días. Quizá piensen que observan un desfile de incuria y atrocidad cuyos detalles no les incumben y cuyo registro no deja de ser una ociosidad en la humanizada y revolucionada república de la actualidad. No obstante, y sabrán perdonar, fueron ahora el único recurso del escribidor para cumplir su compromiso dominical.
eliaspinoitu@hotmail.com
Hablar de Derechos Humanos (DDHH) en las prisiones venezolanas se ha convertido en una ilusión inalcanzable ya que lo que abunda en ellas es la violencia, corrupción y desesperanza. La ley de la selva es la que rige jurídicamente esas paredes donde salir vivo de ahí es lo más cercano a un milagro que podemos ver en Venezuela.
Ahora bien, el enfrentamiento de la semana pasada que produjo 22 muertos fue lamentable, pero sería mentira si dijéramos que no se veía venir. Los presos venezolanos están armados con fusiles de guerra, granadas y pistolas automáticas. Y encima de eso, su principal fuente de ingreso es la droga, la cual controlan dentro y fuera de la cárcel. Ante esta situación es natural y obvio las siguientes preguntas: ¿Cómo entran las armas en la cárcel? ¿Cómo entra la droga en la cárcel? ¿Cómo es posible que los pranes (jefes de la cárcel) reciban y manejen dinero dentro y fuera de ese recinto?
Estas preguntas vienen a colación porque los voceros rojos pretenden sembrar una matriz de opinión en la cual: se hacen ver como los grandes defensores de los derechos humanos, se autoproclaman héroes tras rescatar a algunos presos secuestrados por los pranes, y donde la culpa y responsabilidad de todo el asunto cae nuevamente en "las mafias de la ultra derecha" y en la cuarta república.
Algunos ilustres rojos, tales como el diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Francisco Torrealba, han manifestado que "el Estado está en la obligación de garantizar la vida y los derechos humanos de los reos". Y además añade que "al final, son las bandas internas quienes violan los derechos humanos, y allí están, enfrentándose al Estado que está decidido a poner orden".
Se equivoca el diputado al insinuar que son solamente las bandas internas quienes violan los DDHH. Primero que nada estimado diputado, la violación de los DDHH ocurre en todos los niveles de las cárceles venezolanas, desde los guardias hasta los directivos de los recintos. Los presos venezolanos no son tratados como personas dignas y cualquier familiar de un preso lo puede ratificar. Y segundo, ¿por qué carrizo el Estado ha "decidido" poner orden? Según su razonamiento, esa es su obligación desde un principio. ¿No?
De tal manera que así llegamos al epicentro del problema. El Gobierno Nacional ha dejado a un lado el sistema penitenciario y en consecuencia se vive lo que se vive. Enfrentamientos de guerra, muertes de venezolanos y evasiones en la responsabilidad. Y para aumentar el descaro, los voceros rojos declaran con un cinismo vulgar que son las "mafias de la derecha" quienes son las responsables de las muertes de los presos y que ahora el "Gran Estado" está ocupándose al respecto.
Si bien es cierto que Gobierno Nacional es el único responsable de la tragedia que atraviesan las cárceles venezolanas, hablar en plural nunca ha solucionado los problemas. La persona responsable de cada muerte dentro de los recintos, producto del enfrentamiento entre presos y guardias, tiene nombre y apellido. Por tal motivo su cargo debería ponerlo a la orden porque carece de la formación, valores y principios que requiere el mismo.
Y hágase un favor, en la justificación de su carta de renuncia escriba lo siguiente: RENUNCIO POR IRRESPONSABLE E INCOMPETENTE.
@TomasHHR
tomashernandezr@gmail.com
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