Carceles venezolanas convertidas en arsenales de guerra
Gabriela Espinoza Fernández / gespinoza@el-carabobeno.com
El sistema penitenciario en Venezuela es considerado uno de los más deplorables del hemisferio. Desde el año 1958 hasta el 2011, las cárceles han tenido un régimen centralizado, tiempo durante el cual han pasado 35 ministros, con 46 memorias y cuentas sin soluciones.
Cada uno de los funcionarios han propuesto diferentes programas para mejorar el sistema carcelario, pero siempre persiste una situación de hacimiento, malos tratos, condiciones antihigiénicas y mala alimentación. Sin dejar de lado los homicidios, secuestros y las huelgas de hambre. Además de todos los delitos que se planifican desde estos recintos.
La guinda de la torta: la tarde del domingo 12 de junio la cárcel de El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda. Ocurrió el escenario de una de las masacres carcelarias con mayor número de caídos en los últimos 12 años: 26 reclusos muertos y un visitante-cifras oficiales- debido a un enfrentamiento por el control del Anexo A y La Torre, donde se estima que se gastaron unas tres mil balas.
Unas tres semanas antes, los reclusos de la cárcel de La Planta, con capacidad para 450 personas, pero poblado por 2.700 reos, retuvieron durante casi 24 horas a 15 funcionarios del penal, incluido el director, en protesta por el presunto maltrato policial recibido por algunos presos en su desplazamiento a los juzgados.
Estos ejemplos revelan que los penales son el reinado del terror y de la fuerza, donde no existe ningún otro tipo de control, de acuerdo con la apreciación del director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León. "Los estudios han revelado que el gran castigo en el país, no es la privación de la libertad, sino es estar en ese infierno, donde se puede perder la vida en cualquier momento por los líderes que controlan estos recintos".
La tasa de homicidios de las penitenciarías venezolanas es una de las mayores del mundo, pues existen 10 veces menos prisioneros y cuatro veces más muertos que otro país del continente. Allí el Estado no tiene presencia; las leyes por las cuales son llevados los reclusos también son distintas a las que existe en la sociedad. Los prisioneros dirimen sus conflictos, a través de la fuerza y la violencia, generan sus negocios y el control. Para Briceño León, es al Estado el que le corresponde tener el control absoluto, puesto que estos recintos deberían ser el mayor ejemplo de que se cumplen los estatutos, pero resulta que son controladas por los presos.
Durante el 2010 murieron 476 privados de libertad; mientras que en el primer trimestre de este año han fallecido 124 presos, relación de hechos que para el experto indican que una persona en prisión tiene hasta el 44% más posibilidades de morir que en libertad.
Momento de ordenar la casa
En 1989 se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal y se cambió del sistema inquisitivo al acusatorio. En ese período había una población reclusa de 24 mil internos, y cuando entró en vigencia esta regulación la población llegó a 14 mil. De acuerdo con el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Humberto Prado, ese era el momento de ordenar la casa y de clasificar a los internos por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por edad y sexo.
Además de hacer una separación por categoría: apartar al residente primario, y el procesado del condenado para ordenar criminológicamente a la población reclusa para impulsar grandes cambios en el penitenciarismo venezolano, pues las capacidades se sobrepasan por las poblaciones actuales.
En estos momentos las 33 cárceles de Venezuela albergan más de 44.852 reclusos en el ámbito nacional, cuando las instalaciones son nada más de 12 mil 500, por lo que 36 mil internos duermen en el piso, las escaleras, y en los pasillos, situación que demuestra el 375% de hacinamiento. En el caso del penal de Tocuyito, fue construido para 1.200 personas y ya tiene más de 3.000.
Como consecuencia, indica Humberto Prado, el 75% de esa población procesada está en prisión preventiva y el resto está condenada. Dentro de ese grupo hay un número importante que tiene altos retardos procesales que están en investigación y en audiencias preliminares.
Los jueces podrían otorgar medidas sustitutivas a la prisión a personas que están presas por delitos menores.
Un sistema descentralizado
Para el director del Observatorio de Prisiones, la situación de El Rodeo refleja que las cárceles están montadas en barriles de pólvora, que cuando explotan, las autoridades se acuerdan que los penales tienen un gran problema. Prado cuestionó que el ministro de Interior y Justicia Tareck el Aissami, haya anunciado la creación del Ministerio del Poder Popular para la Atención Penitenciaria, cuando debería cumplir con la Constitución -planteado desde hace 50 años- de descentralizar el sistema carcelario para que esté en mano de los gobiernos regionales.
Por eso propone que el Estado crea un plan nacional de política penitenciaria, en el que se gire hacia cada uno de los gobiernos regionales los recursos necesarios para impulsar tres programas: construcción de cárceles, remodelación y capacitación con la creación de academias de formación de funcionarios penitenciarios para que según el número de internos haya la cantidad de oficiales suficientes que resguarden la vida y la integridad de las personas que allí laboran. Luego se debe crear un programa de atención post carcelario para los que egresen.
"La pena de muerte no está instaurada en ninguna ley, pero en las cárceles hay una guerra civil no declarada bajo la mirada cómplice de los organismos del Estado que se acuerdan de los presos nada más cuando suceden hechos como el de El Rodeo, donde el mejor anuncio que pudieron haber dado ante esta masacre era descentralizar", reflexionó.
Con esta aseveración coincide Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, al aseverar que el ingreso de las armas y drogas en las cárceles es responsabilidad de los funcionarios de los Ministerios de Interior y Justicia y de la Guardia Nacional. "El Estado debe crear un plan para poder desarmar a los grandes jefes o los pranes".
Al aprobarse en 1999 la Constitución, por primera vez se establece las normas de cómo debe ser el sistema penitenciario venezolano, en el artículo 272: El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización…
Este apartado concuerda con el artículo 2 de la ley de régimen penitenciario al establecer la reinserción social del penado como el objetivo fundamental del período de cumplimiento de la pena.
A juicio del también profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Roberto Briceño León, las cárceles además de castigar a los prisioneros por el delito que cometieron deberían respetarles sus derechos como seres humanos. "Se necesita una disposición real de que se cumpla la ley, y luchar contra la corrupción".
AÑO 2011
Reos procesados 30.360
Reos condenados 14.492
Fuente OVP
El Ministerio de Interior y Justicia evacuó a 2.500 reos del Rodeo I a otros centros penitenciarios, cifra que se manejaba hasta el miércoles 22 de este mes
Anexo Urbina
Estado Lara
Trasladados: 500
Capacidad: 850
Población Activa: 1.427
Yare I
Estado Miranda
Trasladados: 800
Capacidad: 750
Población Activa: 1.153
Tocorón
Estado Aragua
Trasladados: 400
Capacidad: 750
Población Activa: 2.070
Penal Puente Ayala
Estado Anzoátegui
Trasladados: 800
Capacidad: 750
Población Activa: 812
Tocuyito
Estado Carabobo
Trasladados: 73
Capacidad: 1.200
Población Activa: 3.024
Fuente del OVP/ MPPRIJ
El sistema penitenciario en Venezuela es considerado uno de los más deplorables del hemisferio. Desde el año 1958 hasta el 2011, las cárceles han tenido un régimen centralizado, tiempo durante el cual han pasado 35 ministros, con 46 memorias y cuentas sin soluciones.
Cada uno de los funcionarios han propuesto diferentes programas para mejorar el sistema carcelario, pero siempre persiste una situación de hacimiento, malos tratos, condiciones antihigiénicas y mala alimentación. Sin dejar de lado los homicidios, secuestros y las huelgas de hambre. Además de todos los delitos que se planifican desde estos recintos.
La guinda de la torta: la tarde del domingo 12 de junio la cárcel de El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda. Ocurrió el escenario de una de las masacres carcelarias con mayor número de caídos en los últimos 12 años: 26 reclusos muertos y un visitante-cifras oficiales- debido a un enfrentamiento por el control del Anexo A y La Torre, donde se estima que se gastaron unas tres mil balas.
Unas tres semanas antes, los reclusos de la cárcel de La Planta, con capacidad para 450 personas, pero poblado por 2.700 reos, retuvieron durante casi 24 horas a 15 funcionarios del penal, incluido el director, en protesta por el presunto maltrato policial recibido por algunos presos en su desplazamiento a los juzgados.
Estos ejemplos revelan que los penales son el reinado del terror y de la fuerza, donde no existe ningún otro tipo de control, de acuerdo con la apreciación del director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León. "Los estudios han revelado que el gran castigo en el país, no es la privación de la libertad, sino es estar en ese infierno, donde se puede perder la vida en cualquier momento por los líderes que controlan estos recintos".
La tasa de homicidios de las penitenciarías venezolanas es una de las mayores del mundo, pues existen 10 veces menos prisioneros y cuatro veces más muertos que otro país del continente. Allí el Estado no tiene presencia; las leyes por las cuales son llevados los reclusos también son distintas a las que existe en la sociedad. Los prisioneros dirimen sus conflictos, a través de la fuerza y la violencia, generan sus negocios y el control. Para Briceño León, es al Estado el que le corresponde tener el control absoluto, puesto que estos recintos deberían ser el mayor ejemplo de que se cumplen los estatutos, pero resulta que son controladas por los presos.
Durante el 2010 murieron 476 privados de libertad; mientras que en el primer trimestre de este año han fallecido 124 presos, relación de hechos que para el experto indican que una persona en prisión tiene hasta el 44% más posibilidades de morir que en libertad.
Momento de ordenar la casa
En 1989 se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal y se cambió del sistema inquisitivo al acusatorio. En ese período había una población reclusa de 24 mil internos, y cuando entró en vigencia esta regulación la población llegó a 14 mil. De acuerdo con el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Humberto Prado, ese era el momento de ordenar la casa y de clasificar a los internos por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por edad y sexo.
Además de hacer una separación por categoría: apartar al residente primario, y el procesado del condenado para ordenar criminológicamente a la población reclusa para impulsar grandes cambios en el penitenciarismo venezolano, pues las capacidades se sobrepasan por las poblaciones actuales.
En estos momentos las 33 cárceles de Venezuela albergan más de 44.852 reclusos en el ámbito nacional, cuando las instalaciones son nada más de 12 mil 500, por lo que 36 mil internos duermen en el piso, las escaleras, y en los pasillos, situación que demuestra el 375% de hacinamiento. En el caso del penal de Tocuyito, fue construido para 1.200 personas y ya tiene más de 3.000.
Como consecuencia, indica Humberto Prado, el 75% de esa población procesada está en prisión preventiva y el resto está condenada. Dentro de ese grupo hay un número importante que tiene altos retardos procesales que están en investigación y en audiencias preliminares.
Los jueces podrían otorgar medidas sustitutivas a la prisión a personas que están presas por delitos menores.
Un sistema descentralizado
Para el director del Observatorio de Prisiones, la situación de El Rodeo refleja que las cárceles están montadas en barriles de pólvora, que cuando explotan, las autoridades se acuerdan que los penales tienen un gran problema. Prado cuestionó que el ministro de Interior y Justicia Tareck el Aissami, haya anunciado la creación del Ministerio del Poder Popular para la Atención Penitenciaria, cuando debería cumplir con la Constitución -planteado desde hace 50 años- de descentralizar el sistema carcelario para que esté en mano de los gobiernos regionales.
Por eso propone que el Estado crea un plan nacional de política penitenciaria, en el que se gire hacia cada uno de los gobiernos regionales los recursos necesarios para impulsar tres programas: construcción de cárceles, remodelación y capacitación con la creación de academias de formación de funcionarios penitenciarios para que según el número de internos haya la cantidad de oficiales suficientes que resguarden la vida y la integridad de las personas que allí laboran. Luego se debe crear un programa de atención post carcelario para los que egresen.
"La pena de muerte no está instaurada en ninguna ley, pero en las cárceles hay una guerra civil no declarada bajo la mirada cómplice de los organismos del Estado que se acuerdan de los presos nada más cuando suceden hechos como el de El Rodeo, donde el mejor anuncio que pudieron haber dado ante esta masacre era descentralizar", reflexionó.
Con esta aseveración coincide Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, al aseverar que el ingreso de las armas y drogas en las cárceles es responsabilidad de los funcionarios de los Ministerios de Interior y Justicia y de la Guardia Nacional. "El Estado debe crear un plan para poder desarmar a los grandes jefes o los pranes".
Al aprobarse en 1999 la Constitución, por primera vez se establece las normas de cómo debe ser el sistema penitenciario venezolano, en el artículo 272: El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización…
Este apartado concuerda con el artículo 2 de la ley de régimen penitenciario al establecer la reinserción social del penado como el objetivo fundamental del período de cumplimiento de la pena.
A juicio del también profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Roberto Briceño León, las cárceles además de castigar a los prisioneros por el delito que cometieron deberían respetarles sus derechos como seres humanos. "Se necesita una disposición real de que se cumpla la ley, y luchar contra la corrupción".
AÑO 2011
Reos procesados 30.360
Reos condenados 14.492
Fuente OVP
El Ministerio de Interior y Justicia evacuó a 2.500 reos del Rodeo I a otros centros penitenciarios, cifra que se manejaba hasta el miércoles 22 de este mes
Anexo Urbina
Estado Lara
Trasladados: 500
Capacidad: 850
Población Activa: 1.427
Yare I
Estado Miranda
Trasladados: 800
Capacidad: 750
Población Activa: 1.153
Tocorón
Estado Aragua
Trasladados: 400
Capacidad: 750
Población Activa: 2.070
Penal Puente Ayala
Estado Anzoátegui
Trasladados: 800
Capacidad: 750
Población Activa: 812
Tocuyito
Estado Carabobo
Trasladados: 73
Capacidad: 1.200
Población Activa: 3.024
Fuente del OVP/ MPPRIJ
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