Para Joseth Ramírez, directora de deportes de El Hatillo, lo que preocupa es que si el Estado llegase a intervenir los espacios deportivos del municipio (Polideportivo Los Naranjos, los campos de El Arroyo y La Unión, las canchas de La Boyera y la Vinicio Mata) su mantenimiento sería una gran interrogante.
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EL UNIVERSAL
Que los clubes sociales privados puedan convertirse en un gran Los Caracas, espacios marcados por el descuido y la falta de mantenimiento, es la imagen que, por estos días, ronda las mentes de los directivos, socios y trabajadores de estos centros. La alarma la encendió el ambiguo artículo 10 del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, aprobado en primera discusión, según el cual hasta las zonas deportivas de los clubes privados o los recintos atléticos de las alcaldías pueden ser declarados de utilidad pública.
Raúl Cohen, presidente de la Asociación de Clubes Privados, teme por el futuro de las 176 organizaciones sociales de este tipo que existen en Venezuela y que aglutinan a un millón de personas asociadas.
"Estos centros se mantienen en un 50% gracias a las cuotas que pagan los socios y sus instalaciones deportivas son el producto del esfuerzo de largos años de trabajo". A juicio de Cohen, si estos recintos pasaran a ser de utilidad pública los asociados dejarían de cotizar las cuotas. "Se pondría en riesgo unos 3 millones de empleos directos e indirectos que genera este sector que, en forma silente, realiza obras sociales que benefician no solo a los empleados sino también a las comunidades cercanas".
Para el profesor de natación José Montes, quien tiene 25 años trabajando en el club Playa Azul, los clubes forman parte de la cultura de Naiguatá. "Han sido nuestros amigos y aliados y son la principal fuente de empleo, sino hubiésemos tenido que emigrar hacia otras zonas". Montes recuerda los aciagos días post tragedia y la época de la caída del viaducto. "Lo que ayudó a Naiguatá fue la recuperación de los clubes. Los socios se hicieron nuestros aliados y se respetaron nuestros puestos de trabajo". El artículo 10 de la ley, según Milagros Rivero, puede verse como un irrespeto a la inversión. Esta docente universitaria jubilada invirtió su dinero en un apartamento en Parque Mar, un conjunto residencial que cuenta con piscinas y cancha de tenis. "Una ley no puede determinar que un espacio de cientos de propietarios ahora sea de interés público porque hay canchas deportivas".
Para Joseth Ramírez, directora de deportes de El Hatillo, lo que preocupa es que si el Estado llegase a intervenir los espacios deportivos del municipio (Polideportivo Los Naranjos, los campos de El Arroyo y La Unión, las canchas de La Boyera y la Vinicio Mata) su mantenimiento sería una gran interrogante. "En estas instalaciones no se cobra, pero como no tienen presupuestos adicionales ni reciben apoyo del Gobierno central para su mantenimiento, se trabaja con la autogestión. Por ejemplo, si alguien quiere dar bailoterapia, se ceden los espacios a cambio de material de limpieza o pintura. Esos lugares ya son de utilidad pública".
Omar Fierro, director de deporte del Sucre, piensa que el artículo décimo contradice lo que se ha venido haciendo en el municipio. "Es la comunidad la que administra la mayoría de las instalaciones recuperadas, con una transferencia de recursos de la alcaldía. No hemos esperado por una ley para empoderar a la gente de sus espacios deportivos". En Chacao la experiencia es similar. Es la comunidad la que participa en casi todas las decisiones que se toman en los recintos deportivos. Rogelio Martínez, director de deporte, precisa que un 12% de los usuarios de estos espacios no vive en el municipio. "Se evalúan solicitudes de niños especiales o personas de bajos recursos". A su juicio la ley los pone en alerta porque no queda claro cuál es el objetivo que se quiere alcanzar.
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