Anais Caldera R. ||
Perfil democrático de la Venezuela actual
Con el Socialismo del Siglo XXI se perdió la visión del constituyentista de 1998 de consolidar la democracia venezolana, en la Constitución de la República Bolivariana, mediante la profundización de la participación política del ciudadano, a través del referendo consultivo, abrogatorio y derogatorio, por cuanto hoy la única opinión aceptada en el ámbito oficial es aquella que respalda el proyecto del Presidente de la República.
La contraria se descalifica y estigmatiza como apátrida, porque el Socialismo del Siglo XXI no cree en la disidencia. Es sectario y se fundamenta en el pensamiento único, estatismo, autoritarismo presidencial y el centralismo exacerbado que acaba con la autonomía de los gobernadores y alcaldes, así como con la descentralización. El miedo es otra de las armas usadas por la revolución bolivariana, con el objeto de paralizar la rebelión de las masas opositoras e impedir expresen su desacuerdo con una u otra política gubernamental.
La lista Tascón demuestra la forma cómo el Gobierno Nacional castiga a quienes le contraría, aunque sea en un proceso constitucional, como aquel referendo consultivo en el cual se interrogaba sí se quería o no la salida del Primer Mandatario Nacional. Quien firmó para solicitar esa consulta pública quedó destinado al desempleo y la descalificación.
En el Socialismo del Siglo XXI se actúa fuera del contexto de la Carta Magna venezolana. Se desconoce el Estado Federal Descentralizado y se crea el Estado Comunal, soportado en un Poder Popular que no es dirigido por el pueblo sino por el Jefe del Estado, el cual por ser el líder de la revolución y el partido de gobierno actúa con poderes extra constitucionales para encadenarse en radio y televisión cuantas horas y veces quiera, imponer un pensamiento único mediante la creación del Partido Unido de Venezuela, ordenar a los funcionarios de los demás poderes autónomos del Estado la encarcelación e inhabilitación de sus opositores políticos, usar un verbo soez para calificar a sus críticos, para crear un cuerpo militar no previsto constitucionalmente y armar a la población para defender la revolución.
También para nombrar autoridades únicas en las regiones del país, en aras de despojar a los gobernadores y alcaldes elegidos por el voto de sus competencias y funciones y para imponer una nueva división político territorial que desconoce a los estados y municipios como los poderes en los cuales se divide el territorio, además del nacional.
Para arremeter, igualmente, contra la libertad de expresión, mediante el cierre de medios de comunicación privados: hace exactamente tres años cerró a Radio Caracas Televisión y aproximadamente año y medio 32 emisoras de radio, mientras a Globovisión le hace la guerra económica para lograr su cierre. De allí la intervención del Banco Federal. Afirman ser enemigos del monopolio, pero el Gobierno Nacional tiene actualmente la mayoría de los canales de televisión existentes en el país, en tanto, en nombre del pueblo, se apropia de infinidades de empresas para convertirlas, supuestamente, en propiedad social.
Ese poder le permite por igual acabar con la propiedad privada, a través de la estatización y expropiación inconstitucional y sin pago de inmuebles comerciales y particulares, fincas y toda clase de negocio, aludiendo que “todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios”, pueden expropiarse, sin la autorización del parlamento.
Entre 2005 y 2009 hubo 762 expropiaciones ilegales, política iniciada en el país desde 2007 con la estatización de empresas eléctricas, petroleras y comunicacionales. Después, las cementeras Cemex, de México; Lagarfe, de Francia y Holcim, de Suiza. Y a Sidor, la nacionalizaron en 2008 y el año pasado al Banco de Venezuela. Lo cierto es que el conjunto de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional no compaginan con los mandatos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por cuanto las mismas consagran al Socialismo, las comunas, la propiedad social, comunal y el Poder Popular no establecidos en nuestra Carta Fundamental.
No obstante a esas violaciones, nadie de quienes conforman el gabinete del Presidente Chávez le expresa o se atreve a decirle el daño que le hace al país con el desacato constitucional. Frente a ese panorama, se puede afirmar que la democracia en Venezuela se encuentra en peligro. Cada día se cercenan más libertades públicas y tanto la propiedad social, como la colectiva ya tienen su piso jurídico, mientras las expropiaciones acaban con la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional y el monopolio empresarial poco a poco es de dominio público.
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