A Pulgar Corao le gritaron que lo mandaron a matar
Tres horas estuvieron los cuatro sujetos dentro de la vivienda
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Los funcionarios del Cicpc revisarán cintas de seguridad grabadas en las afueras de la vivienda para tratar de identificar a los sujetos FERNANDO SÁNCHEZ
DEIVIS RAMÍREZ MIRANDA | EL UNIVERSAL
viernes 14 de septiembre de 2012 12:00 AM
Los cuatro sujetos que ingresaron a eso de las 6 y media de la tarde del miércoles a la quinta Althea, ubicada al final de la avenida Luis Roche de Altamira, ya tenían rato merodeando la zona. Andaban en dos motos.
Vigilantes de residencias adyacentes se percataron de los sujetos, pero no avisaron a la policía.
Fue a las 10 y media de la noche cuando se enteraron de lo ocurrido.
Habían asesinado al director de la fundación Jesús Corao, economista e inversionista Luis Alejandro Pulgar Corao, de 54 años.
El chofer y una de las empleadas salieron a pedir ayuda. Llamaron al 171 y solicitaron atención de Polichacao.
Pulgar Corao recibió tres puñaladas en el abdomen, le colocaron tirro de embalar en cuello y además una bolsa plástica en la cara.
El cuerpo quedó tendido en el primer piso de la vivienda.
Según manifestaron fuentes policiales, el economista fue sometido cuando estaba en la puerta de la casa hablando por teléfono. Lo metieron y allí dominaron al chofer y a la dama. A ambos los amordazaron y dejaron en la cocina. Los cuatro sujetos estaban encapuchados.
Mientras neutralizaban a los empleados, a Pulgar Corao lo golpeaban y le pedían repetidamente unas armas y dinero.
Según declaró un allegado, el economista les pedía tranquilidad, que él iba a colaborar en todo y que les daría lo que pidieran. Sin embargo, los maleantes lo siguieron golpeando hasta que lograron obtener lo que solicitaban.
Revisaron los dos pisos de la vivienda y luego se fueron, dejándolo muerto. Se llevaron dos armas de fuego y una camioneta Toyota FJ plateada y blindada, con placas TAS-47I.
Antes de marcharse, le gritaron que lo habían mandado a matar. Eso declararon los testigos del hecho.
Funcionarios policiales y del Cicpc realizaron las experticias en el lugar y, además, revisaron videos de seguridad.
No descartan que exista complicidad interna.
Los maleantes abandonaron la camioneta en las adyacencias del centro comercial Unicentro El Marqués. Allí la recuperaron efectivos de Polichacao, que estaban rastreándola.
De acuerdo a las declaraciones de los testigos, los sujetos usaban jeans y chaquetas negras. Cuando salieron, dejaron toda la vivienda cerrada sin violentar cerraduras.
Por ello, a los funcionarios de la policía les costó ingresar a la vivienda, ya que cuenta con un sistema de seguridad integrado tanto dentro como en las afueras.
Familiares del economista acudieron a la morgue de Bello Monte, la mañana de ayer, pero no quisieron declarar a los medios.
La víctima, fue impulsor del movimiento bursátil en Venezuela con la firma de Intervalores desde el año 1985, además, fue directivo del mercado bursátil durante varios periodos, entre los años 1993 y 2000, y exvicepresidente de la Bolsa de Valores.
En relación a la fundación "Jesús Corao", el empresario publicó ediciones sobre figuras deportivas, y también patrocinaba a deportistas infantiles en la disciplina de béisbol.
Un empleado que no se identificó, lo tildó como un hombre honesto y muy humano.
dramirez@eluniversal.com
Vigilantes de residencias adyacentes se percataron de los sujetos, pero no avisaron a la policía.
Fue a las 10 y media de la noche cuando se enteraron de lo ocurrido.
Habían asesinado al director de la fundación Jesús Corao, economista e inversionista Luis Alejandro Pulgar Corao, de 54 años.
El chofer y una de las empleadas salieron a pedir ayuda. Llamaron al 171 y solicitaron atención de Polichacao.
Pulgar Corao recibió tres puñaladas en el abdomen, le colocaron tirro de embalar en cuello y además una bolsa plástica en la cara.
El cuerpo quedó tendido en el primer piso de la vivienda.
Según manifestaron fuentes policiales, el economista fue sometido cuando estaba en la puerta de la casa hablando por teléfono. Lo metieron y allí dominaron al chofer y a la dama. A ambos los amordazaron y dejaron en la cocina. Los cuatro sujetos estaban encapuchados.
Mientras neutralizaban a los empleados, a Pulgar Corao lo golpeaban y le pedían repetidamente unas armas y dinero.
Según declaró un allegado, el economista les pedía tranquilidad, que él iba a colaborar en todo y que les daría lo que pidieran. Sin embargo, los maleantes lo siguieron golpeando hasta que lograron obtener lo que solicitaban.
Revisaron los dos pisos de la vivienda y luego se fueron, dejándolo muerto. Se llevaron dos armas de fuego y una camioneta Toyota FJ plateada y blindada, con placas TAS-47I.
Antes de marcharse, le gritaron que lo habían mandado a matar. Eso declararon los testigos del hecho.
Funcionarios policiales y del Cicpc realizaron las experticias en el lugar y, además, revisaron videos de seguridad.
No descartan que exista complicidad interna.
Los maleantes abandonaron la camioneta en las adyacencias del centro comercial Unicentro El Marqués. Allí la recuperaron efectivos de Polichacao, que estaban rastreándola.
De acuerdo a las declaraciones de los testigos, los sujetos usaban jeans y chaquetas negras. Cuando salieron, dejaron toda la vivienda cerrada sin violentar cerraduras.
Por ello, a los funcionarios de la policía les costó ingresar a la vivienda, ya que cuenta con un sistema de seguridad integrado tanto dentro como en las afueras.
Familiares del economista acudieron a la morgue de Bello Monte, la mañana de ayer, pero no quisieron declarar a los medios.
La víctima, fue impulsor del movimiento bursátil en Venezuela con la firma de Intervalores desde el año 1985, además, fue directivo del mercado bursátil durante varios periodos, entre los años 1993 y 2000, y exvicepresidente de la Bolsa de Valores.
En relación a la fundación "Jesús Corao", el empresario publicó ediciones sobre figuras deportivas, y también patrocinaba a deportistas infantiles en la disciplina de béisbol.
Un empleado que no se identificó, lo tildó como un hombre honesto y muy humano.
dramirez@eluniversal.com
Aponte Aponte: Chávez ordenó condenar a comisarios del 11A
Defensa de los policías presentó confesión notariada del exmagistrado
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El abogado José Luis Tamayo al momento de dar a conocer la confesión notariada que el exmagistrado Aponte firmó en Costa Rica OSWER DÍAZ MIRELES
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 14 de septiembre de 2012 12:00 AM
Además de ser jefe del Gobierno, de dirigir la política exterior y a la Fuerza Armada y de ser el responsable de la Hacienda Pública el presidente Hugo Chávez habría asumido el rol de juez en casos emblemáticos.
La acusación la lanzó el exmagistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien aseveró que el primer mandatario le ordenó lograr que los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y los ocho agentes de la extinta Policía Metropolitana (PM) procesados por los sucesos del 11 de abril de 2002 fueran condenados, como en efecto ocurrió.
"Es un deber inaplazable, confesar ante ustedes, y ante todos, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar", aseveró el exfuncionario en una confesión escrita, notariada y apostillada en Costa Rica en abril pasado, en la cual remató: "Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó".
El contenido del documento fue difundido ayer en Miami (Estados Unidos) por el abogado Carlos Ramírez, quien representa al exfuncionario; y en Caracas por el penalista José Luis Tamayo, quien defiende a los policías.
Tras aseverar que no pretende "ser librado de responsabilidades por eso que hice, ya que nada lo justifica, solo quiero confesar para descansar un poco mi conciencia", Aponte Aponte reveló que él le redactó las sentencias a la jueza Marjorie Calderón, así como a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Aragua, Fabiola Colmenares, Francisco Cobiola y Antonio Perillo.
También admitió que cuando el caso llegó a la Sala Penal él elaboró el fallo que lo desechó sin siquiera leer el expediente, pues "la orden que expresamente me dio el presidente Chávez era salir de eso de inmediato, sin más tardanza".
El dictamen que ratificó la condena a los comisarios fue dictado apenas siete días después de que la defensa interpusiera el recurso de casación.
Creíble, creíble
Para el penalista José Luis Tamayo lo señalado por el exmagistrado no se puede desechar, pues "si uno ve esa confesión de Aponte con los hechos fácticos, pues dos más dos son cuatro. Lo que dice Aponte en la carta coincide perfectamente con la irregular y sospechosa actuación de la Sala Penal".
El jurista anunció que llevará la confesión al Ministerio Público para que la investigue, pero eso sí previa separación de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, porque "ella fue parte de este proceso violatorio".
Asimismo solicitó que también sean procesados los jueces y magistrados del TSJ que participaron en este proceso.
Para Tamayo esta nueva revelación debería llevar al máximo juzgado a anular de oficio la condena contra sus defendidos. Sin embargo, reconoció que no alberga ninguna esperanza de que esto ocurra.
Precisamente por esta falta de confianza en el organismo rector del Poder Judicial el penalista dijo que no interpondrán ninguna solicitud para que revisen el caso.
"En su momento se pedirá ante un Poder Judicial independiente que no puede ser este, por razones obvias, la revisión de la sentencia", dijo, al tiempo que exigió al Tribunal de Ejecución que le conceda a sus defendidos una medida alternativa de cumplimiento de la condena (libertad condicional, régimen abierto, etc).
La acusación la lanzó el exmagistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien aseveró que el primer mandatario le ordenó lograr que los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y los ocho agentes de la extinta Policía Metropolitana (PM) procesados por los sucesos del 11 de abril de 2002 fueran condenados, como en efecto ocurrió.
"Es un deber inaplazable, confesar ante ustedes, y ante todos, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar", aseveró el exfuncionario en una confesión escrita, notariada y apostillada en Costa Rica en abril pasado, en la cual remató: "Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó".
El contenido del documento fue difundido ayer en Miami (Estados Unidos) por el abogado Carlos Ramírez, quien representa al exfuncionario; y en Caracas por el penalista José Luis Tamayo, quien defiende a los policías.
Tras aseverar que no pretende "ser librado de responsabilidades por eso que hice, ya que nada lo justifica, solo quiero confesar para descansar un poco mi conciencia", Aponte Aponte reveló que él le redactó las sentencias a la jueza Marjorie Calderón, así como a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Aragua, Fabiola Colmenares, Francisco Cobiola y Antonio Perillo.
También admitió que cuando el caso llegó a la Sala Penal él elaboró el fallo que lo desechó sin siquiera leer el expediente, pues "la orden que expresamente me dio el presidente Chávez era salir de eso de inmediato, sin más tardanza".
El dictamen que ratificó la condena a los comisarios fue dictado apenas siete días después de que la defensa interpusiera el recurso de casación.
Creíble, creíble
Para el penalista José Luis Tamayo lo señalado por el exmagistrado no se puede desechar, pues "si uno ve esa confesión de Aponte con los hechos fácticos, pues dos más dos son cuatro. Lo que dice Aponte en la carta coincide perfectamente con la irregular y sospechosa actuación de la Sala Penal".
El jurista anunció que llevará la confesión al Ministerio Público para que la investigue, pero eso sí previa separación de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, porque "ella fue parte de este proceso violatorio".
Asimismo solicitó que también sean procesados los jueces y magistrados del TSJ que participaron en este proceso.
Para Tamayo esta nueva revelación debería llevar al máximo juzgado a anular de oficio la condena contra sus defendidos. Sin embargo, reconoció que no alberga ninguna esperanza de que esto ocurra.
Precisamente por esta falta de confianza en el organismo rector del Poder Judicial el penalista dijo que no interpondrán ninguna solicitud para que revisen el caso.
"En su momento se pedirá ante un Poder Judicial independiente que no puede ser este, por razones obvias, la revisión de la sentencia", dijo, al tiempo que exigió al Tribunal de Ejecución que le conceda a sus defendidos una medida alternativa de cumplimiento de la condena (libertad condicional, régimen abierto, etc).
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