Tortura ante la ONU
Venezuela acaba de rendir cuentas ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Y entre el cúmulo de señalamientos destaca el informe de Amnistía Internacional Por Oscar Medina
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EL UNIVERSAL
domingo 9 de noviembre de 2014 02:50 PM
"Mientras estuvo detenida tenía los ojos vendados, le echaron agua y le aplicaban descargas eléctricas por los brazos, los senos y los genitales. Gloria fue amenazada con ser asesinada y enterrada en pedazos". El de Gloria Tobón es uno de los casos que expone Amnistía Internacional en su informe sobre Venezuela presentado al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
El 19 de marzo pasado, ella estuvo en el grupo de 23 personas detenidas durante un operativo para sofocar las protestas callejeras efectuado por la Guardia Nacional y el Ejército en Rubio, estado Táchira.
De acuerdo a Amnistía Internacional, de entre las personas entrevistadas de ese grupo, ella fue la única que accedió a dar su testimonio con nombre y apellido: "Gloria Tobón intentaba viajar a la capital del Estado para comprar alimentos cuando fue detenida con su hija. Los efectivos de la Guardia Nacional la tomaron del cuello, le arrastraron por varios metros e introdujeron a la fuerza en una camioneta. Durante el traslado al centro de detención le golpearon y amenazaron con aplicarle corriente eléctrica para que dijera quienes eran los líderes que financiaban las protestas".
Los testimonios de quienes permanecieron ese día en el Comando de la Guardia Nacional en Rubio, relatan lo que les tocó vivir: "patadas, múltiples golpes incluidos con un tubo de metal, una bomba de gas lacrimógeno y armas, ser insultados, amenazados de muerte y de violación sexual; y uso de corriente eléctricas mientras que estaban esposados. Declararon que todos los detenidos, hombres y mujeres, estuvieron recluidos en una misma sala, con los ojos tapados por varias horas. A pesar de que no podían ver qué sucedía a su alrededor, escucharon como golpeaban a los que estaban a su lado. Les preguntaban quiénes eran los líderes de las protestas y quién los pagaba. Al menos en el caso de una detenida, se le habría obligado a presenciar cómo se golpeaba a otro detenido".
La descripción del caso continúa: "Al día siguiente de la detención, se realizó a los detenidos un examen médico forense al que Amnistía Internacional ha podido tener acceso. El informe no incluye información sobre las circunstancias de la entrevista y quién estaba presente cuando se realizó la misma; ni un recuento detallado de la versión del detenido o detenida; o una descripción pormenorizada de las lesiones que presentaba cada detenido y una interpretación del personal médico sobre la probable relación entre las lesiones y posibles actos de tortura o malos tratos, como establecen los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, establece que 12 de los 23 detenidos presenta algún tipo de lesión".
Y añade: "Algunos de los detenidos han declarado haber recibido en libertad insultos y amenazas por parte de efectivos de la Guardia Nacional que les detuvieron y que siguen en servicio activo. Amnistía Internacional no tiene información sobre el resultado de las investigaciones por las torturas y otros maltratos que se estarían llevando a cabo en este caso".
Esta historia concentra la mayoría de las preocupaciones expresadas por la organización internacional de defensa de derechos humanos que si bien reconoce y celebra "avances en cuanto a la toma de medidas legislativas y la creación de planes operativos para impedir y sancionar actos de tortura y otros maltratos", lo mismo que "avances a través de la reforma policial para adecuar los protocolos y la formación de las fuerzas del orden a cargo del mantenimiento del orden público a los estándares internacionales"; ha encontrado que más allá del papel y las expresiones de buena voluntad y proyectos, la práctica es otra cosa y documentan en su informe ejemplos de violaciones a varios artículos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Impunidad
"Sin embargo, las denuncias recibidas en relación a las condiciones de detención y reclusión claramente violatorias de los derechos humanos; el uso excesivo de la fuerza durante el control de protestas sociales y las decenas de denuncias recientes de torturas y otros maltratos indican claramente que el Estado debe tomar medidas urgentes para garantizar en la práctica el derecho de todas las personas a la integridad física. Para ello es fundamental adecuar los centros de detención y reclusión, así como la actuación de las fuerzas del orden a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos", dice el informe.
Y añade: "Asimismo, las cifras oficiales muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar que el poder judicial actúe de forma independiente e imparcial y para erradicar la impunidad en la que quedan la gran mayoría de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluidos los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y los casos de violencia de género. El Estado sigue fallando a los cientos de víctimas que cada año son objeto de estos actos, negándoles su derecho a la justicia y en algunos casos no actuando con la debida diligencia cuando sufren amenazas tras denunciar los hechos".
En este informe que forma parte de los documentos aportados por organizaciones independientes para las sesiones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas realizadas en Ginebra los pasados días 6 y 7 de noviembre, se establecen los parámetros de la impunidad: "cifras oficiales del Ministerio Público indican cómo en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, los perpetradores quedan impunes. De acuerdo a sus cifras, solo entre el 3% y el 3.1 % de las denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos ameritan ser presentados como acusaciones contra los presuntos responsables ante los jueces. Por ejemplo, en 2009 de 9.610 denuncias de violaciones a derechos humanos la Fiscalía solo presentó 315 acusaciones; en 2010 de 9.131 denuncias solo presentó 266 acusaciones y en 2011 de 7.269 denuncias solo presentó 226 acusaciones. A partir del año 2012 la Fiscalía dejó de informar sobre estos datos, eliminando de su informe el cuadro que incluía esa data, por lo cual se desconoce si ha habido algún avance en los últimos años en relación a la lucha contra la impunidad".
Amnistía Internacional reconoce, con todo, "el compromiso y los esfuerzos llevados a cabo por parte del Ministerio Público para esclarecer las responsabilidades" en las denuncias relacionadas con la actuación de las fuerzas policiales y militares durante el intenso periodo de protestas que se dieron en el país a partir de febrero.
"De acuerdo a las cifras oficiales publicadas por el Ministerio Público, hasta el mes de julio de 2014 se habían iniciado un total del 188 investigaciones, de las cuales dos correspondían a casos de violación del derecho a la vida; dos a casos de tortura y el resto, es decir 184, a casos de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. De estos, hasta esa fecha, el Ministerio Público había presentado 32 actos conclusivos, uno referido al caso de homicidio y el resto referidos a casos de malos tratos. De estos 32 actos conclusivos, en seis casos se han realizado acusaciones. 13 funcionarios se encuentran privados de libertad, siete con medidas cautelares y uno con orden de aprehensión aún sin ejecutar".
De todo
La documentación de los hechos ocurridos durante las protestas de calle que encendieron a buena parte del país a partir de febrero, permite a Amnistía Internacional exponer ante la ONU evidencias actualizadas de lo que califican como violaciones a las convenciones sobre tortura y tratos crueles y degradantes.
Junto a casos emblemáticos como los de la jueza María Afiuni y el líder político Leopoldo López, abundan en el texto situaciones ocurridas en los estados andinos Mérida y Táchira: "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actuaron en muchas ocasiones ejerciendo un uso excesivo de la fuerza tanto contra manifestantes como viandantes y personas que residían en las zonas donde se estaban llevando a cabo las protestas".
De acuerdo a cifras oficiales, al menos 90 personas resultaron heridas por armas de fuego y que tienen registro de uso irregular de armas de fuego contra manifestantes y también contra viviendas en zonas residenciales.
Anthony Carrero contó a AI que recibió un disparo de bala a corta distancia y señala a un efectivo de la Guardia Nacional como autor de la agresión ocurrida el 19 de marzo durante una manifestación en San Cristóbal: "Carrero relató a Amnistía Internacional que por temores del personal médico a que fuera detenido decidió darle de alta prematuramente, cinco días después de la operación; meses después tuvo que ser ingresado por emergencia y debió ser intervenido nuevamente para drenarle el pulmón".
Otro testimonio es el de John Michael Ortiz Fernández, de 16 años. El 21 de abril de 2014 escuchó detonaciones en su calle, en San Cristóbal, y se asomó al balcón: "Yo me asomo y el policía al verme en el balcón, alza el arma y me apunta y dispara de una vez". Un perdigón le quemó la retina del ojo izquierdo.
Rafael Ángel Cardozo Maldonado, tiene 20 años de edad y una discapacidad mental. Fue detenido por el Ejército el 17 de marzo, mientras caminaba hacia su casa en San Cristóbal. Pasó 5 días encerrado en un cuartel militar: "fue sometido a puñetazos y golpes en la cara con cascos, fue privado del sueño, amenazado con la muerte y de acuerdo con testigos, le hicieron usar una corona hecha con una cuerda y clavos conocidos como 'miguelitos', en la cabeza".
Hay mucho más en el documento de AI: "La organización ha documentado asimismo casos de asfixia con gases lacrimógenos en lugares cerrados, como patrullas de las fuerzas del orden y celdas; así como denuncias de abusos sexuales o amenazas de violación contra detenidos y detenidas. Entre las denuncias recibidas se incluyen además casos de amenazas de muerte, incluidos casos en los que se habría rociado de gasolina a los detenidos".
El 19 de marzo pasado, ella estuvo en el grupo de 23 personas detenidas durante un operativo para sofocar las protestas callejeras efectuado por la Guardia Nacional y el Ejército en Rubio, estado Táchira.
De acuerdo a Amnistía Internacional, de entre las personas entrevistadas de ese grupo, ella fue la única que accedió a dar su testimonio con nombre y apellido: "Gloria Tobón intentaba viajar a la capital del Estado para comprar alimentos cuando fue detenida con su hija. Los efectivos de la Guardia Nacional la tomaron del cuello, le arrastraron por varios metros e introdujeron a la fuerza en una camioneta. Durante el traslado al centro de detención le golpearon y amenazaron con aplicarle corriente eléctrica para que dijera quienes eran los líderes que financiaban las protestas".
Los testimonios de quienes permanecieron ese día en el Comando de la Guardia Nacional en Rubio, relatan lo que les tocó vivir: "patadas, múltiples golpes incluidos con un tubo de metal, una bomba de gas lacrimógeno y armas, ser insultados, amenazados de muerte y de violación sexual; y uso de corriente eléctricas mientras que estaban esposados. Declararon que todos los detenidos, hombres y mujeres, estuvieron recluidos en una misma sala, con los ojos tapados por varias horas. A pesar de que no podían ver qué sucedía a su alrededor, escucharon como golpeaban a los que estaban a su lado. Les preguntaban quiénes eran los líderes de las protestas y quién los pagaba. Al menos en el caso de una detenida, se le habría obligado a presenciar cómo se golpeaba a otro detenido".
La descripción del caso continúa: "Al día siguiente de la detención, se realizó a los detenidos un examen médico forense al que Amnistía Internacional ha podido tener acceso. El informe no incluye información sobre las circunstancias de la entrevista y quién estaba presente cuando se realizó la misma; ni un recuento detallado de la versión del detenido o detenida; o una descripción pormenorizada de las lesiones que presentaba cada detenido y una interpretación del personal médico sobre la probable relación entre las lesiones y posibles actos de tortura o malos tratos, como establecen los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, establece que 12 de los 23 detenidos presenta algún tipo de lesión".
Y añade: "Algunos de los detenidos han declarado haber recibido en libertad insultos y amenazas por parte de efectivos de la Guardia Nacional que les detuvieron y que siguen en servicio activo. Amnistía Internacional no tiene información sobre el resultado de las investigaciones por las torturas y otros maltratos que se estarían llevando a cabo en este caso".
Esta historia concentra la mayoría de las preocupaciones expresadas por la organización internacional de defensa de derechos humanos que si bien reconoce y celebra "avances en cuanto a la toma de medidas legislativas y la creación de planes operativos para impedir y sancionar actos de tortura y otros maltratos", lo mismo que "avances a través de la reforma policial para adecuar los protocolos y la formación de las fuerzas del orden a cargo del mantenimiento del orden público a los estándares internacionales"; ha encontrado que más allá del papel y las expresiones de buena voluntad y proyectos, la práctica es otra cosa y documentan en su informe ejemplos de violaciones a varios artículos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Impunidad
"Sin embargo, las denuncias recibidas en relación a las condiciones de detención y reclusión claramente violatorias de los derechos humanos; el uso excesivo de la fuerza durante el control de protestas sociales y las decenas de denuncias recientes de torturas y otros maltratos indican claramente que el Estado debe tomar medidas urgentes para garantizar en la práctica el derecho de todas las personas a la integridad física. Para ello es fundamental adecuar los centros de detención y reclusión, así como la actuación de las fuerzas del orden a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos", dice el informe.
Y añade: "Asimismo, las cifras oficiales muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar que el poder judicial actúe de forma independiente e imparcial y para erradicar la impunidad en la que quedan la gran mayoría de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluidos los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y los casos de violencia de género. El Estado sigue fallando a los cientos de víctimas que cada año son objeto de estos actos, negándoles su derecho a la justicia y en algunos casos no actuando con la debida diligencia cuando sufren amenazas tras denunciar los hechos".
En este informe que forma parte de los documentos aportados por organizaciones independientes para las sesiones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas realizadas en Ginebra los pasados días 6 y 7 de noviembre, se establecen los parámetros de la impunidad: "cifras oficiales del Ministerio Público indican cómo en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, los perpetradores quedan impunes. De acuerdo a sus cifras, solo entre el 3% y el 3.1 % de las denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos ameritan ser presentados como acusaciones contra los presuntos responsables ante los jueces. Por ejemplo, en 2009 de 9.610 denuncias de violaciones a derechos humanos la Fiscalía solo presentó 315 acusaciones; en 2010 de 9.131 denuncias solo presentó 266 acusaciones y en 2011 de 7.269 denuncias solo presentó 226 acusaciones. A partir del año 2012 la Fiscalía dejó de informar sobre estos datos, eliminando de su informe el cuadro que incluía esa data, por lo cual se desconoce si ha habido algún avance en los últimos años en relación a la lucha contra la impunidad".
Amnistía Internacional reconoce, con todo, "el compromiso y los esfuerzos llevados a cabo por parte del Ministerio Público para esclarecer las responsabilidades" en las denuncias relacionadas con la actuación de las fuerzas policiales y militares durante el intenso periodo de protestas que se dieron en el país a partir de febrero.
"De acuerdo a las cifras oficiales publicadas por el Ministerio Público, hasta el mes de julio de 2014 se habían iniciado un total del 188 investigaciones, de las cuales dos correspondían a casos de violación del derecho a la vida; dos a casos de tortura y el resto, es decir 184, a casos de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. De estos, hasta esa fecha, el Ministerio Público había presentado 32 actos conclusivos, uno referido al caso de homicidio y el resto referidos a casos de malos tratos. De estos 32 actos conclusivos, en seis casos se han realizado acusaciones. 13 funcionarios se encuentran privados de libertad, siete con medidas cautelares y uno con orden de aprehensión aún sin ejecutar".
De todo
La documentación de los hechos ocurridos durante las protestas de calle que encendieron a buena parte del país a partir de febrero, permite a Amnistía Internacional exponer ante la ONU evidencias actualizadas de lo que califican como violaciones a las convenciones sobre tortura y tratos crueles y degradantes.
Junto a casos emblemáticos como los de la jueza María Afiuni y el líder político Leopoldo López, abundan en el texto situaciones ocurridas en los estados andinos Mérida y Táchira: "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actuaron en muchas ocasiones ejerciendo un uso excesivo de la fuerza tanto contra manifestantes como viandantes y personas que residían en las zonas donde se estaban llevando a cabo las protestas".
De acuerdo a cifras oficiales, al menos 90 personas resultaron heridas por armas de fuego y que tienen registro de uso irregular de armas de fuego contra manifestantes y también contra viviendas en zonas residenciales.
Anthony Carrero contó a AI que recibió un disparo de bala a corta distancia y señala a un efectivo de la Guardia Nacional como autor de la agresión ocurrida el 19 de marzo durante una manifestación en San Cristóbal: "Carrero relató a Amnistía Internacional que por temores del personal médico a que fuera detenido decidió darle de alta prematuramente, cinco días después de la operación; meses después tuvo que ser ingresado por emergencia y debió ser intervenido nuevamente para drenarle el pulmón".
Otro testimonio es el de John Michael Ortiz Fernández, de 16 años. El 21 de abril de 2014 escuchó detonaciones en su calle, en San Cristóbal, y se asomó al balcón: "Yo me asomo y el policía al verme en el balcón, alza el arma y me apunta y dispara de una vez". Un perdigón le quemó la retina del ojo izquierdo.
Rafael Ángel Cardozo Maldonado, tiene 20 años de edad y una discapacidad mental. Fue detenido por el Ejército el 17 de marzo, mientras caminaba hacia su casa en San Cristóbal. Pasó 5 días encerrado en un cuartel militar: "fue sometido a puñetazos y golpes en la cara con cascos, fue privado del sueño, amenazado con la muerte y de acuerdo con testigos, le hicieron usar una corona hecha con una cuerda y clavos conocidos como 'miguelitos', en la cabeza".
Hay mucho más en el documento de AI: "La organización ha documentado asimismo casos de asfixia con gases lacrimógenos en lugares cerrados, como patrullas de las fuerzas del orden y celdas; así como denuncias de abusos sexuales o amenazas de violación contra detenidos y detenidas. Entre las denuncias recibidas se incluyen además casos de amenazas de muerte, incluidos casos en los que se habría rociado de gasolina a los detenidos".
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