Entre diálogo y violencia
El desarme de las bandas armadas y los colectivos que actúan abiertamente en las más importantes ciudades del país son dos puntos oscuros en la agenda del diálogo abierto por el Gobierno. Por Francisco Olivares
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Miembros del Colectivo "Milicia Urbana" muestran el poder de sus armas en el popular barrio "23 de Enero", la gráfica fue tomada el 27 de junio de 2006 FOTO AFP
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EL UNIVERSAL
domingo 16 de febrero de 2014
Tres puntos trancan el juego en este llamado al diálogo por la inseguridad promovido desde el Gobierno. Cómo enfrentar a las bandas armadas que operan desde las barriadas y el control de los motorizados. Pero un tercer unto ni siquiera ha entrado en la agenda, el de los colectivos armados del Gobierno, que esta semana han generado tres asesinatos y 37 heridos de bala, al atacar manifestaciones estudiantiles, a la vista de propias fuerzas oficiales.
Mientras se debate en cómo abordar la crisis de inseguridad, los números de enero indican que la violencia sigue en ascenso y la Misión Paz y Vida parece quedar solo para la promoción. Al mismo tiempo la violencia política se suma con mayor fuerza a la situación de inseguridad que, justamente, ha motivado las movilizaciones masivas ocurridas a nivel nacional.
Había que llegar a 24.700 muertes violentas en 2013 para que por primera vez en 15 años de gobierno revolucionario, las autoridades se hayan sentado con los diversos entes para hacer planes, escuchar a todas las partes, abrir los canales a la coordinación e intentar apartar la política en esa materia.
Es posible que los recientes acontecimientos en los que colectivos y fuerzas policiales han reprimido y disparado armas letales contra manifestantes y la persecución política derivada de ellas con 125 estudiantes detenidos y ningún pistolero hasta ahora, pueda trancar algunos de los posibles acuerdos en materia de inseguridad. Desde ambos bandos, algunos funcionarios intentan mirar a distancia el conflicto político y se esfuerzan por mantener las coordinaciones logradas en este corto tiempo.
De lado y lado se ha visto con desconfianza que gobernadores y alcaldes de la oposición se sienten con el Gobierno, pero ese solo hecho abrió una rendija a un conflicto armado que ha colocado a Venezuela como uno de los países con mayor violencia en el mundo, sostiene Manuel Targin, experto en seguridad y director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, quien lleva lidiando con el tema de la seguridad ciudadana desde hace 22 años.
Como participante en tan novedoso diálogo, Targin, aprecia que hay una apertura comunicacional como nunca antes había ocurrido. Reconoce que han encontrado respeto entre los colegas especializados en seguridad.
Hasta el momento quienes participan desde el Gobierno, han optado por mantener abiertas las compuertas a la coordinación, despojándose por el momento de las gorras que los colocan en bandos enemigos.
Por ejemplo, comenta el comisionado de Baruta, el comandante del Comando Estratégico Operacional de la zona que corresponde a Baruta y el Hatillo, que está en la Base Francisco de Miranda, "en mi vida me hubiese enterado o sabido, de que eso existía. El general vino al comando en Baruta y nos sentamos a conversar, se puso a la orden, intercambiamos teléfonos, para cualquier coordinación con la Base Aérea, igualmente ocurre con la comandancia del CORE 5 con lo cuales estamos trabajando a diario, la comunicación es fluida y permanente de apoyo y respeto.
A su juicio "les quitaron a ellos, mas que a nosotros, aquella restricción de mezclarse con nosotros. Algo así como que: "ahora si pueden mezclarse que no vas a ser sancionados. Yo tengo 22 años en estas actividades y tengo muchos amigos y conocidos que trabajan de aquel lado. Hace tres meses cuando uno los llamaba te decían: bueno vente pero no vengas uniformado o nos vemos en otro sitio, yo te doy la información que requieres pero nos vemos en otro lado porque puedo perder el ascenso o me acusan de que soy un infiltrado. Pero ahora el ministro parece haber dado la orden de una total apertura".
Las bandas armadas
Cuando en agosto de 2013 fueron aprobados 200 millones de bolívares para apoyar las actividades del la llamada Misión de Paz y Vida, el designado, secretario ejecutivo de esa misión, José Vicente Rangel Ávalos, aseguró haber hecho contacto con 280 bandas que agrupaban a unos 10 mil muchachos, que según dijo, querían cambiar de vida. En el balance presentado por Rangel seis meses después, indicó que 26 jóvenes fueron llevados a Cuba para ser rehabilitados.
Rangel seguía una política dictada por el Gobierno de abrir un diálogo con las bandas armadas a fin de crear "zonas de paz".
Maduro propuso un armisticio a las bandas armadas, en agosto de 2013 durante la inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES). "Yo les vuelvo a tender la mano para que vengan para acá a incorporarse al estudio, al trabajo, al deporte. Yo les tiendo la mano y les planteo un armisticio, un pacto de paz a partir de la Ley Desarme y a partir del Movimiento por la Paz y la Vida para que vayamos liberando territorio".
En noviembre del mis o año, Maduro insistió en el tema: "Tiene que acabarse la violencia, comunidad entregada comunidad en paz y en la comunidad debe contribuir a eso desde adentro, el que tenga un arma que la entregue y se deje de eso, acepten la ayuda que les estamos dando para que estudien y trabajen. Ya basta, no pueden haber bandas armadas en la Gran Misión Vivienda, en los nuevos urbanismos, tenemos que ser constructores de la paz".
El 9 de enero, luego del conmovedor asesinato de Mónica Spear y su esposo, Maduro, insistió en hacer un llamado a quienes pertenecen a las bandas armadas, a dejar la vida criminal y a unirse a la pacificación del país.
Los Orejones responden
La muerte en Ocumare del Tuy de tres miembros de la banda Los Orejones, en un presunto enfrentamiento con miembros del CICPC a finales de enero, desató una arremetida de esta banda en contra de la policía del municipio, el CICPC y la PNB, que duró varios días.
Sobre este episodio que mantuvo a la población sitiada por 4 días, Maduro expresó: "Por ahí salió una banda a retar al Estado venezolano. Les recomiendo que no lo hagan. Yo les estoy haciendo un llamado a entregar las armas y a la paz; cuidadito, llamo al pueblo, no aceptemos que una banda armada criminal esté retando al Estado y a la sociedad, no lo acepto".
Como fue informado, "Fernandito" uno de los líderes abatidos, pertenecía a la Misión Vida y Paz, en el Municipio Lander donde Los Orejones y otras bandas, estaban incorporada al plan de pacificación del Gobierno:
"Desde Caracas giraron instrucciones precisas: en las zonas de paz no hay procedimientos hasta nuevo aviso. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger los cadáveres y abrir administrativamente las averiguaciones, sin investigar", expresó un funcionario del CICPC, quien pidió no ser identificado por temor de ser sancionado", escribía la reportera Thábata Molina de El Universal.
"El día de la toma esos hombres pasaron en motos, con sus fusiles en mano y gritaban 'cierren esa mierda'. De inmediato todo el mundo cerró los locales, pero no entendíamos qué pasaba. Se metieron a los colegios y obligaron a los profesores a mandar a los niños a sus casas y les decían 'si no lo hacen, aténganse a las consecuencias", contó Manuel Villegas, comerciante del centro del municipio Tomás Lander a la reportera de El Universal.
Para Manuel Targin esa política de negociación ha fracasado. A su juicio contra ellas es necesario hacer un esquema de búsqueda de las mismas mediante una política de alto nivel gubernamental en el que se utilicen fuerzas especiales ya que ni las policías municipales ni estadales tienen capacidad para enfrentar bandas de este tipo. En las reuniones se sugirió que el CICPC y sus grupos especiales, los comandos de la GNB, y del SEBIN mas la PNB que tiene un grupo de intervención especializado para ese tipo de actuaciones integren comandos de búsqueda para enfrentarlas. Cabe destacar que esas bandas en su mayoría están identificadas. Lo que hay que hacer es entrar en la fase de búsqueda.
El armamento
Partiendo del concepto de "no reprimir" a partir del desmantelamiento de la Policía Metropolitana, el Gobierno eliminó las armas largas y subametralladoras a todas las policías estadales y municipales.
Explica Manuel Targin que en todas las zonas populares del país existen estas bandas armadas. El CICPC y el SEBIN han ido identificándolas. Están trabajando en conjunto con la GNB y la PNB. Esa es la forma de contrarrestar estas situaciones como las que se vieron en Ocupare del Tuy. Estas bandas poseen armamentos de alto calibre, no hay precisión en su origen, pero hay un mercado negro. Y esa es una desventaja que tienen las policías municipales y estadales.
Por ejemplo, explica el experto, la Policía Municipal de Sucre tenía armas largas y subametralladoras lo cual era una necesidad porque la zona tiene gran cantidad de barriadas donde operan bandas y desde luego se enfrentan en condiciones de inferioridad. Estas policías solo tienen escopetas y armas cortas. Parte de las propuestas que se están haciendo es que se evalúe esta situación. Es necesario unas armas que tengan mayor poder de contención frente a estas bandas. No es lo mismo enfrentarse con solo dos pistolas a una banda armada con fusiles.
Durante el diálogo se informó que policías de Miranda y municipios Hatillo, Sucre y Baruta, tenían un año sin recibir municiones de Cavim.
Sostiene Targin que la mayoría de los homicidios en la Gran Caracas provienen de las acciones de estas bandas. 95% de los homicidios ocurren en las zonas populares, de allí que un paso necesario es desarmar a estas bandas que son las que están generando la mayor violencia.
En cuanto al desarme solo se ha planteado la eliminación del porte de armas a los civiles dejando solo a policías y militares. Un punto oscuro en la agenda es los armamentos que manejan los colectivos como La Piedrita, Tupamaros y otros que operan a nivel nacional y exponen sus armas públicamente, controlan zonas y actúan junto a las fuerzas oficiales. El ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres informó que entre 2012 y 2013 les robaron 5.563 pistolas a las policías y hoy están en manos de la delincuencia.
Colectivos armados
No se sabe exactamente el número de estas bandas ligadas al Gobierno que actúan en todo el país. Se habla de 1.500 o más. La Piedrita y Los Tupamaros son las que más han estado expuestas públicamente pero se sabe que en la mayoría de los barrios existen organizaciones de este tipo. Estas organizaciones poseen armas cortas y largas, chalecos antibalas y a sus territorios no puede entrar la policía. No se sabe qué relación existente entre estas bandas y las del hampa común. Informaciones de prensa reportan disputas por territorios, pero los colectivos tienen una función prioritaria de apoyo a la revolución, pero al mismo tiempo es una fuerza parapolicial a la que se les han atribuido asesinatos, secuestro y otros delitos. Ni el Gobierno ni los sectores de oposición han solicitado que este tema entre en la agenda de diálogo.
twitter: @folivares10
Mientras se debate en cómo abordar la crisis de inseguridad, los números de enero indican que la violencia sigue en ascenso y la Misión Paz y Vida parece quedar solo para la promoción. Al mismo tiempo la violencia política se suma con mayor fuerza a la situación de inseguridad que, justamente, ha motivado las movilizaciones masivas ocurridas a nivel nacional.
Había que llegar a 24.700 muertes violentas en 2013 para que por primera vez en 15 años de gobierno revolucionario, las autoridades se hayan sentado con los diversos entes para hacer planes, escuchar a todas las partes, abrir los canales a la coordinación e intentar apartar la política en esa materia.
Es posible que los recientes acontecimientos en los que colectivos y fuerzas policiales han reprimido y disparado armas letales contra manifestantes y la persecución política derivada de ellas con 125 estudiantes detenidos y ningún pistolero hasta ahora, pueda trancar algunos de los posibles acuerdos en materia de inseguridad. Desde ambos bandos, algunos funcionarios intentan mirar a distancia el conflicto político y se esfuerzan por mantener las coordinaciones logradas en este corto tiempo.
De lado y lado se ha visto con desconfianza que gobernadores y alcaldes de la oposición se sienten con el Gobierno, pero ese solo hecho abrió una rendija a un conflicto armado que ha colocado a Venezuela como uno de los países con mayor violencia en el mundo, sostiene Manuel Targin, experto en seguridad y director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, quien lleva lidiando con el tema de la seguridad ciudadana desde hace 22 años.
Como participante en tan novedoso diálogo, Targin, aprecia que hay una apertura comunicacional como nunca antes había ocurrido. Reconoce que han encontrado respeto entre los colegas especializados en seguridad.
Hasta el momento quienes participan desde el Gobierno, han optado por mantener abiertas las compuertas a la coordinación, despojándose por el momento de las gorras que los colocan en bandos enemigos.
Por ejemplo, comenta el comisionado de Baruta, el comandante del Comando Estratégico Operacional de la zona que corresponde a Baruta y el Hatillo, que está en la Base Francisco de Miranda, "en mi vida me hubiese enterado o sabido, de que eso existía. El general vino al comando en Baruta y nos sentamos a conversar, se puso a la orden, intercambiamos teléfonos, para cualquier coordinación con la Base Aérea, igualmente ocurre con la comandancia del CORE 5 con lo cuales estamos trabajando a diario, la comunicación es fluida y permanente de apoyo y respeto.
A su juicio "les quitaron a ellos, mas que a nosotros, aquella restricción de mezclarse con nosotros. Algo así como que: "ahora si pueden mezclarse que no vas a ser sancionados. Yo tengo 22 años en estas actividades y tengo muchos amigos y conocidos que trabajan de aquel lado. Hace tres meses cuando uno los llamaba te decían: bueno vente pero no vengas uniformado o nos vemos en otro sitio, yo te doy la información que requieres pero nos vemos en otro lado porque puedo perder el ascenso o me acusan de que soy un infiltrado. Pero ahora el ministro parece haber dado la orden de una total apertura".
Las bandas armadas
Cuando en agosto de 2013 fueron aprobados 200 millones de bolívares para apoyar las actividades del la llamada Misión de Paz y Vida, el designado, secretario ejecutivo de esa misión, José Vicente Rangel Ávalos, aseguró haber hecho contacto con 280 bandas que agrupaban a unos 10 mil muchachos, que según dijo, querían cambiar de vida. En el balance presentado por Rangel seis meses después, indicó que 26 jóvenes fueron llevados a Cuba para ser rehabilitados.
Rangel seguía una política dictada por el Gobierno de abrir un diálogo con las bandas armadas a fin de crear "zonas de paz".
Maduro propuso un armisticio a las bandas armadas, en agosto de 2013 durante la inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES). "Yo les vuelvo a tender la mano para que vengan para acá a incorporarse al estudio, al trabajo, al deporte. Yo les tiendo la mano y les planteo un armisticio, un pacto de paz a partir de la Ley Desarme y a partir del Movimiento por la Paz y la Vida para que vayamos liberando territorio".
En noviembre del mis o año, Maduro insistió en el tema: "Tiene que acabarse la violencia, comunidad entregada comunidad en paz y en la comunidad debe contribuir a eso desde adentro, el que tenga un arma que la entregue y se deje de eso, acepten la ayuda que les estamos dando para que estudien y trabajen. Ya basta, no pueden haber bandas armadas en la Gran Misión Vivienda, en los nuevos urbanismos, tenemos que ser constructores de la paz".
El 9 de enero, luego del conmovedor asesinato de Mónica Spear y su esposo, Maduro, insistió en hacer un llamado a quienes pertenecen a las bandas armadas, a dejar la vida criminal y a unirse a la pacificación del país.
Los Orejones responden
La muerte en Ocumare del Tuy de tres miembros de la banda Los Orejones, en un presunto enfrentamiento con miembros del CICPC a finales de enero, desató una arremetida de esta banda en contra de la policía del municipio, el CICPC y la PNB, que duró varios días.
Sobre este episodio que mantuvo a la población sitiada por 4 días, Maduro expresó: "Por ahí salió una banda a retar al Estado venezolano. Les recomiendo que no lo hagan. Yo les estoy haciendo un llamado a entregar las armas y a la paz; cuidadito, llamo al pueblo, no aceptemos que una banda armada criminal esté retando al Estado y a la sociedad, no lo acepto".
Como fue informado, "Fernandito" uno de los líderes abatidos, pertenecía a la Misión Vida y Paz, en el Municipio Lander donde Los Orejones y otras bandas, estaban incorporada al plan de pacificación del Gobierno:
"Desde Caracas giraron instrucciones precisas: en las zonas de paz no hay procedimientos hasta nuevo aviso. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger los cadáveres y abrir administrativamente las averiguaciones, sin investigar", expresó un funcionario del CICPC, quien pidió no ser identificado por temor de ser sancionado", escribía la reportera Thábata Molina de El Universal.
"El día de la toma esos hombres pasaron en motos, con sus fusiles en mano y gritaban 'cierren esa mierda'. De inmediato todo el mundo cerró los locales, pero no entendíamos qué pasaba. Se metieron a los colegios y obligaron a los profesores a mandar a los niños a sus casas y les decían 'si no lo hacen, aténganse a las consecuencias", contó Manuel Villegas, comerciante del centro del municipio Tomás Lander a la reportera de El Universal.
Para Manuel Targin esa política de negociación ha fracasado. A su juicio contra ellas es necesario hacer un esquema de búsqueda de las mismas mediante una política de alto nivel gubernamental en el que se utilicen fuerzas especiales ya que ni las policías municipales ni estadales tienen capacidad para enfrentar bandas de este tipo. En las reuniones se sugirió que el CICPC y sus grupos especiales, los comandos de la GNB, y del SEBIN mas la PNB que tiene un grupo de intervención especializado para ese tipo de actuaciones integren comandos de búsqueda para enfrentarlas. Cabe destacar que esas bandas en su mayoría están identificadas. Lo que hay que hacer es entrar en la fase de búsqueda.
El armamento
Partiendo del concepto de "no reprimir" a partir del desmantelamiento de la Policía Metropolitana, el Gobierno eliminó las armas largas y subametralladoras a todas las policías estadales y municipales.
Explica Manuel Targin que en todas las zonas populares del país existen estas bandas armadas. El CICPC y el SEBIN han ido identificándolas. Están trabajando en conjunto con la GNB y la PNB. Esa es la forma de contrarrestar estas situaciones como las que se vieron en Ocupare del Tuy. Estas bandas poseen armamentos de alto calibre, no hay precisión en su origen, pero hay un mercado negro. Y esa es una desventaja que tienen las policías municipales y estadales.
Por ejemplo, explica el experto, la Policía Municipal de Sucre tenía armas largas y subametralladoras lo cual era una necesidad porque la zona tiene gran cantidad de barriadas donde operan bandas y desde luego se enfrentan en condiciones de inferioridad. Estas policías solo tienen escopetas y armas cortas. Parte de las propuestas que se están haciendo es que se evalúe esta situación. Es necesario unas armas que tengan mayor poder de contención frente a estas bandas. No es lo mismo enfrentarse con solo dos pistolas a una banda armada con fusiles.
Durante el diálogo se informó que policías de Miranda y municipios Hatillo, Sucre y Baruta, tenían un año sin recibir municiones de Cavim.
Sostiene Targin que la mayoría de los homicidios en la Gran Caracas provienen de las acciones de estas bandas. 95% de los homicidios ocurren en las zonas populares, de allí que un paso necesario es desarmar a estas bandas que son las que están generando la mayor violencia.
En cuanto al desarme solo se ha planteado la eliminación del porte de armas a los civiles dejando solo a policías y militares. Un punto oscuro en la agenda es los armamentos que manejan los colectivos como La Piedrita, Tupamaros y otros que operan a nivel nacional y exponen sus armas públicamente, controlan zonas y actúan junto a las fuerzas oficiales. El ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres informó que entre 2012 y 2013 les robaron 5.563 pistolas a las policías y hoy están en manos de la delincuencia.
Colectivos armados
No se sabe exactamente el número de estas bandas ligadas al Gobierno que actúan en todo el país. Se habla de 1.500 o más. La Piedrita y Los Tupamaros son las que más han estado expuestas públicamente pero se sabe que en la mayoría de los barrios existen organizaciones de este tipo. Estas organizaciones poseen armas cortas y largas, chalecos antibalas y a sus territorios no puede entrar la policía. No se sabe qué relación existente entre estas bandas y las del hampa común. Informaciones de prensa reportan disputas por territorios, pero los colectivos tienen una función prioritaria de apoyo a la revolución, pero al mismo tiempo es una fuerza parapolicial a la que se les han atribuido asesinatos, secuestro y otros delitos. Ni el Gobierno ni los sectores de oposición han solicitado que este tema entre en la agenda de diálogo.
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