Salesiano de origen español, Alejandro Moreno es psicólogo, filósofo y teólogo con un doctorado en Ciencias Sociales. Dirige el Centro de Investigaciones Populares en Caracas, dedicado al estudio del mundo de vida popular en el contexto de la realidad latinoamericana. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Ha sido autor de varios libros, en los que ha destacado su innovación por el estudio del método de las historias de vida. Es un conferencista muy solicitado por sus innumerables y valiosos aportes a las ciencias sociales y a la antropología desde el mundo de los valores en el sujeto popular.
Proyecto hampa
El Nacional 28 DE ABRIL 2015 - 12:01 AM
Tomo de “El Diario de Hoy” (elsalvador.com): “Los pandilleros se han dado cuenta de que el control territorial les da control político”. En entrevista exclusiva el periodista de investigación Douglas Farah lo afirma y lo completa así: “Ya están asumiendo un poder político real en lugares específicos y eso va a seguir creciendo”.
¿Qué es en concreto, más allá de cualquier teoría y en los hechos, poder político real? Gestión efectiva de la vida de las personas que constituyen una sociedad, un país o una comunidad de convivientes. El poder político en la actualidad lo ejerce teóricamente el Estado a través de instituciones legítimamente constituidas. Sin embargo, el Estado legítimo muchas veces es sólo formal, una máscara que vela otro estado, real y efectivo, ilegítimo, que actúa mediante el control o la simple sustitución de los actores formales explícitos por otros informales encubiertos.
La izquierda siempre ha dicho que la burguesía es el verdadero poder político detrás de un Estado sólo aparentemente democrático y controlado por ciudadanos libres. La transparencia de una verdadera democracia justificaría la revolución. Sobre esa base ética surgió en Venezuela el llamado proyecto revolucionario desde hace quince años en proceso.
En simultáneo, se ha desarrollado vertiginosa, libre, expansivamente y en pleno real proceso, una violencia delincuencial multiforme que ha ido copando la vida cotidiana de todos los habitantes de este país, en las ciudades, en los campos, en los barrios, en las urbanizaciones, en las calles, en los lugares de reunión y en el propio interior de los hogares. ¿Algún venezolano, es sólo un ejemplo, sale a la calle sin pensar qué de malo le sucederá en ella? Toda nuestra vida está regida, gerenciada, por un poder hamponil real efectivo tras la careta de cualquier institución legal. La policía, los tribunales, las cárceles, la distribución de alimentos, el uso y adquisición de divisas, la construcción de viviendas, carreteras y calles, la asignación de recursos para proyectos a los consejos comunales y las comunas, sacar de la aduana y nacionalizar importaciones, y dele, dele y dele, no están regidas por la ley sino por decisiones delictivas.
En El Salvador las pandillas piensan controlar el poder político formal mediante el dominio de elecciones. Entre nosotros una red malandra forma el sistema nervioso del verdadero poder político.
Sobre el proyecto revolucionario se afirma, consentido y apoyado en forma cómplice, un proyecto delictual de Estado que se asienta como real futuro de país.
El Nacional 28 DE ABRIL 2015 - 12:01 AM
Tomo de “El Diario de Hoy” (elsalvador.com): “Los pandilleros se han dado cuenta de que el control territorial les da control político”. En entrevista exclusiva el periodista de investigación Douglas Farah lo afirma y lo completa así: “Ya están asumiendo un poder político real en lugares específicos y eso va a seguir creciendo”.
¿Qué es en concreto, más allá de cualquier teoría y en los hechos, poder político real? Gestión efectiva de la vida de las personas que constituyen una sociedad, un país o una comunidad de convivientes. El poder político en la actualidad lo ejerce teóricamente el Estado a través de instituciones legítimamente constituidas. Sin embargo, el Estado legítimo muchas veces es sólo formal, una máscara que vela otro estado, real y efectivo, ilegítimo, que actúa mediante el control o la simple sustitución de los actores formales explícitos por otros informales encubiertos.
La izquierda siempre ha dicho que la burguesía es el verdadero poder político detrás de un Estado sólo aparentemente democrático y controlado por ciudadanos libres. La transparencia de una verdadera democracia justificaría la revolución. Sobre esa base ética surgió en Venezuela el llamado proyecto revolucionario desde hace quince años en proceso.
En simultáneo, se ha desarrollado vertiginosa, libre, expansivamente y en pleno real proceso, una violencia delincuencial multiforme que ha ido copando la vida cotidiana de todos los habitantes de este país, en las ciudades, en los campos, en los barrios, en las urbanizaciones, en las calles, en los lugares de reunión y en el propio interior de los hogares. ¿Algún venezolano, es sólo un ejemplo, sale a la calle sin pensar qué de malo le sucederá en ella? Toda nuestra vida está regida, gerenciada, por un poder hamponil real efectivo tras la careta de cualquier institución legal. La policía, los tribunales, las cárceles, la distribución de alimentos, el uso y adquisición de divisas, la construcción de viviendas, carreteras y calles, la asignación de recursos para proyectos a los consejos comunales y las comunas, sacar de la aduana y nacionalizar importaciones, y dele, dele y dele, no están regidas por la ley sino por decisiones delictivas.
En El Salvador las pandillas piensan controlar el poder político formal mediante el dominio de elecciones. Entre nosotros una red malandra forma el sistema nervioso del verdadero poder político.
Sobre el proyecto revolucionario se afirma, consentido y apoyado en forma cómplice, un proyecto delictual de Estado que se asienta como real futuro de país.
PAIS PRANIFICADO
El Nacional 12 DE MAYO 2015 - 12:01 AM
En un famoso reportaje de la Cadena 3 española, el periodista que investiga la violencia en nuestras minas de oro amazónicas sigue una pista tras otra y al final del recorrido llega inexorablemente al centro controlador, coordinador y dueño del delito: el sindicato.
Desde siempre este término ha indicado la organización que se han dado los trabajadores de una empresa para proteger sus derechos y confrontarse con los patronos para mejorar sus condiciones de trabajo y vida. Estos sindicatos muchas veces han caído en manos de auténticas cúpulas mafiosas que en vez de proteger al trabajador lo han explotado, pero el concepto y la finalidad en general no ha cambiado.
Es cierto que la palabra ha servido también, por vía de metáfora, para caracterizar bandas de criminales, como las mafias de Chicago, y así se ha podido hablar de “sindicatos del crimen”. Precisamente, el reportero de marras acaba identificando “el sindicato” con mafias violentas que, absurdamente, mediante el crimen, aseguran la paz en la zona y la protección de los mineros informales.
En nuestros barrios, urbanizaciones y ciudades, hoy, cuando seguimos la pista de la violencia, con demasiada frecuencia acabamos encontrándonos con “el sindicato” que nada tiene que ver con trabajadores y empresas sino con un tipo de organizaciones criminales. Si continuamos siguiendo la pista, llegamos siempre a un “pran”, encarcelado o ya libre, que dirige y concentra el poder de varios “sindicatos” en la ciudad el cual está conectado a su vez con algún funcionario del régimen imperante.
Pran, funcionario y sindicato, intentan reproducir el mundo de la cárcel en la sociedad.
Cuando se pasan las puertas de un presidio, se entra en un verdadero estado, no paralelo al Estado nacional, sino totalmente autónomo como si de otro país se tratara, perfectamente estructurado, con sus propias autoridades no elegidas sino autoproclamadas dictatorialmente, dividido en clases o, mejor, en castas –luceros, población, brujas o esclavos para toda clase de servicios incluidos los sexuales–, que cobra impuestos, hace negocios, distribuye pan y circo, establece relaciones diplomáticas con otros estados similares y con el Estado nacional, emite comunicados conjuntos de pranes federados, firma treguas y tratados.
El “proyecto hampa” consistiría en parcelar el país –ciudades enteras ya lo están– en zonas de influencia de los distintos pranes para controlar el mercado –droga, bachaqueo, etc.– cobrar impuestos-vacuna, secuestrar y todo lo demás. Impunemente.
¿Lo lograrán? No es fantasía.
Pranificación I
El Nacional 26 DE MAYO 2015 - 12:01 AM
La organización de las cárceles centradas en un pran ha dado resultado. El caos anterior, con una violencia desordenada que convertía al presidio en el reino de la absoluta inseguridad, con la aparición del sistema de pranes ha sido en gran parte eliminado y la violencia organizada. Ya no está a merced de grupos dispersos y enfrentados que en cualquier momento y sin ninguna planificación producían muertos y heridos sino que ha sido sometida a la voluntad del pran que decide cuándo, cómo y contra quién ha de ejercerse en castigo por el incumplimiento de las normas que el mismo jefe de todos ha dictado, eso que llaman “comerse la luz”, o por la voluntad del mismo mandón cuyas razones guarda en su más secreto interior. Concentrar en una persona con poder absoluto toda la organización interna de la cárcel tiene además otras ventajas. Los altos y bajos funcionarios del Estado saben con quién tratar, con quién establecer acuerdos lícitos e ilícitos, personales y afectivos también, y por cuáles vías poner a circular los múltiples y lucrativos negocios para cuyo desarrollo un penal es el ambiente propicio. De esta manera, la cárcel se convierte en una sociedad perfectamente organizada bajo un poder absoluto y centralizado con lo cual este Estado estará de acuerdo. El pran por su parte, de ello obtiene importantes privilegios que van desde organizar pomposas y orgiásticas diversiones para los internos, de las que lucrarse también, hasta convertir el local en lugar seguro contra intervenciones policiales de todo tipo y para el refugio de compinches perseguidos fuera por la justicia, además del derecho a entrar, salir y circular por la ciudad, y las ciudades, a placer.
¿Si la cárcel funciona tan bien así, por qué la sociedad entera no pudiera funcionar del mismo modo? El ideal socialista en el fondo ha sido siempre la perfecta racionalización de la economía y de la vida de los grupos humanos, de sus necesidades, de sus relaciones, de sus pensamientos. Surge en algún momento la idea, quizás de forma vaga que luego se fue convirtiendo… ¿en proyecto? Lo primero fueron convenios del Estado, al margen de las comunidades, con las bandas de delincuentes: no intervención policial, impunidad –¿transitoria?–, compromiso de implicarse en proyectos productivos y culturales, financiación para ello. Como producto de tales acuerdos, la localidad de esas bandas iba a ser “zona de paz” y así se la definió.
¿Por qué no implantar en los barrios, por ahora, y luego en todos los ámbitos sociales, el “sistema cárcel”?
Seguiremos en el tema.
Pranificación II
El Nacional 9 DE JUNIO 2015 - 12:01 AM
La Encrucijada –nombre ficticio de un pueblo real– era un lugar más bien pacífico, poco sometido a sobresaltos. Con la anterior alcaldesa, hecha en socialismo, entró en escena un pintoresco personaje, dicen que su amante, y con él cierta banda delincuencial que se dedica a lo suyo: a la extorsión, al cobro de vacunas a los comerciantes, a todo el que se destacara y hasta a los perrocalenteros. La policía nacional, Cicpc, se instala en el pueblo y ejerce su acción sobre esos criminales alguno de los cuales muere en enfrentamientos. La banda reacciona agrediendo con granadas al puesto policial. Se producen algunas detenciones. El jefe de la banda, salido de cárcel y conectado con pranes, impone un día de paro a colegios y negocios, bajo amenaza de bombas si no se libera a los detenidos. La población se encierra en sus casas. Un colegio privado que abrió, fue largamente tiroteado. La gente teme que declaren al pueblo zona de paz con la consiguiente exclusión de la policía y la instalación de la pranocracia.
En La Encrucijada, el sistema cárcel está en proceso. En los barrios, en los urbanismos, en las comunidades populares donde ya está instalado –Aragua, Monagas, Sucre, Guárico, Miranda y…– funciona así: una banda de malandros que dicen tener intención de regenerarse, de acuerdo con alguna instancia oficial y conectada directamente con un pran de la cárcel, cercana o lejana, se encarga de la seguridad y la paz. Ocupa los locales de la policía, que ha sido expulsada y a la que se le ha prohibido entrar en la zona, cobra un tanto mensual por cada familia, por cada negocio, por cada vehículo así como por los colegios, clínicas o lugares de salud y por cualquier actividad económicamente productiva pública o privada que haya. Para garantizar la seguridad y la paz, imponen normas a toda la población, desde horarios de entrada y salida hasta la forma de solucionar los conflictos familiares internos. Estos deben solucionarse o desaparecer bajo pena de muerte que ellos ejecutarán.
Muchos de los habitantes del lugar dicen que así están mejor porque no hay tiros a cada rato y no se está a merced de atracos imprevistos, incluso de la policía.
Contra la intervención de agentes del orden en San Vicente, se mostró una pancarta: “Unidos por la paz, no queremos policías”. Otra ante la prensa: “Vivimos en sana paz desde que se fueron los policías hace dos meses”. ¿Libertad por seguridad? ¿Es la siniestra seguridad que se le ofrece al pueblo? Además, precaria y fugaz si entran bandas o ministros y gobernadores en conflicto.
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