Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante las medidas económicas
El 29 de enero de 2014, la Academia Nacional de Ciencias Económicas se pronunció con respecto a las medidas económicas implementadas por el Gobierno Venezolano. A continuación, reproducimos textualmente el documento.
Por Prodavinci | 30 de Enero, 2014
La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en cumplimiento de sus atribuciones,
de acuerdo con el Artículo 2º, numeral 4, de su Ley de creación, se dirige al
Gobierno y a la opinión pública nacional con relación a las medidas económicas
anunciadas por el Gobierno Nacional. Los problemas económicos de
inflación, escasez y desempleo que Venezuela está padeciendo en los actuales
momentos no tendrían razón de ser si no fuera por la insistencia reiterada del
Gobierno Nacional en tomar medidas contrarias y contraproducentes a
las posibilidades de desarrollo sostenido que permiten los recursos naturales,
el capital y el talento humano con que cuenta el país. La economía venezolana
ha sido expuesta durante los últimos años a una serie de medidas que han
generado importantes desequilibrios macroeconómicos, afectando seriamente
el funcionamiento del sistema económico interno, especialmente en su capacidad
para proveer los bienes y servicios requeridos para mantener y mejorar
el nivel de vida de la población, así como para incrementar el empleo
productivo. La exagerada expansión del gasto del sector público, financiado
en buena medida con endeudamiento, y la emisión monetaria sin respaldo
por parte del Banco Central de Venezuela, en un marco de hostigamiento
a la actividad económica privada, de inseguridad jurídica y desestimulo
a la inversión, destacan como causas fundamentales del extraordinario
proceso inflacionario que hoy nos afecta. Asimismo, la escasez de divisas,
la incertidumbre sobre el desenvolvimiento del tipo de cambio, el
ineficiente manejo de las empresas expropiadas por parte del Estado y
las distorsiones que los controles de precios han creado en el funcionamiento
de los mercados de bienes, servicios y factores, deben añadirse como
elementos que contribuyen a que Venezuela sea, ya desde hace varios
años, el país con la más elevada tasa de inflación y con las peores expectativas
de crecimiento en América Latina. Es de destacar que tanto en
la esperada alocución del Presidente de la República del 15 de enero
de 2014 como en la del Vicepresidente para el Área Económica del 22 de
enero, ninguna de las medidas anunciadas permite concluir que se están
tomando decisiones de política económica dirigidas a corregir los
desequilibrios y distorsiones estructurales que hemos señalado como
causas fundamentales de los severos problemas económicos que
nos aquejan. En cuanto a las medidas de política cambiaría anunciadas,
debemos alertar que la devaluación del bolívar, que resulta de
trasladar una porción de las transacciones externas corrientes desde
una tasa de cambio de Bs. 6,30 por dólar a la tasa que prevalece
en el llamado Sistema Complementario de Administración de
Divisas (SICAD) no resuelve el problema de la significativa apreciación
de nuestra moneda, factor que tanto daño ha hecho al desarrollo
del aparato productivo interno. Por otra parte, los anuncios no reducen
la incertidumbre respecto a la disponibilidad de divisas y los tipos de
cambios que deberán afrontar los diferentes sectores de la economía.
Asimismo, existen serias dudas sobre la suficiencia y sostenibilidad
del régimen cambiario anunciado, dado el evidente déficit en la oferta
global de divisas, si se tiene en cuenta el comportamiento histórico
reciente de las importaciones de bienes y servicios del país.
Es un hecho que preocupa sobremanera que la relación entre la liquidez
monetaria y las reservas internacionales, que ya superaba en más
de nueve veces el tipo de cambio oficial para finales de 2013,
se siga expandiendo sin restricciones. La profundización del desequilibrio
cambiario y monetario propicia expectativas adversas que seguirán
generando una demanda por dólares a niveles que superan largamente
su oferta a los precios oficiales. Al mantener ilegalizada toda transacción
con divisas no realizada a los precios oficiales, es inevitable que
continúe operando un mercado negro donde el tipo de cambio seguirá
siendo bastante elevado. Como lo prevé la teoría económica, el
racionamiento de las divisas producto del régimen de control de
cambios estimula un comportamiento especulativo que incrementa
la demanda por dólares “baratos” mientras dispara su precio en el
mercado ilegal, dando lugar a una generalizada corrupción que
incrementa aún más las distorsiones y la ineficiencia en el mercado
cambiario. Lamentablemente, además, el precio del dólar en el mercado
ilegal se ha convertido en una importante referencia para la fijación
de precios en muchas transacciones domésticas. Pretender combatir
la inflación, como insiste el Gobierno, acentuando los controles
de precios, conducirá inevitablemente a mayores distorsiones, con
graves consecuencias para la economía nacional. La estructura de
precios determina la toma de decisiones de los distintos agentes
económicos. El sistema de precios que hoy prevalece en Venezuela
desincentiva la inversión real en los sectores productivos nacionales,
estimula las importaciones y las actividades especulativas, y sobre todo,
hace más imperfectos y menos competitivos los mercados,
potenciándose los efectos negativos sobre el empleo, los salarios y
el desabastecimiento. Seguir atribuyendo la escasez y la falta de
inversión a acciones perversas de quienes, a juicio del Gobierno,
han desatado una “Guerra Económica” contra el bien común, obvia
la estructura de incentivos que han propiciado las erradas medidas de política
económica a las que hemos aludido. Es en la radical corrección de
estas políticas que debe centrarse la búsqueda de soluciones y no en
respuestas de inspiración bélica o policial que, lejos de erradicar estas
prácticas, aumentan su atractivo. De la misma manera, centralizar
las importaciones, exigir mayores requisitos e incrementar las
penalidades a los infractores, no harán más que elevar significativamente
los costos de la actividad económica en Venezuela. Pretender
controlar, además, las tasas de ganancia elimina el incentivo principal
a la actividad innovadora, condenando el aparato productivo y
comercial al estancamiento y deteriorando aún más el ingreso
real de los asalariados. Cabe señalar que el reforzamiento de los
controles y el incremento de medidas punitivas infringen derechos
económicos consagrados en la Constitución y acentúan la inseguridad
jurídica que han venido confrontando las empresas durante los
últimos años. La incertidumbre resultante disuade las inversiones
productivas, sacrifica empleos y alienta la fuga de capitales. La
Academia Nacional de Ciencias Económicas considera imperiosa
la rectificación de la actual política económica, si es que se quiere
evitar un mayor deterioro de nuestra economía. Insistimos que no es
con mayores controles como se pueden corregir las distorsiones que
han propulsado la inflación, el desabastecimiento, el desempleo y la
salida de capitales que vienen destruyendo el bienestar de los
venezolanos. Es menester levantar estos controles y desmantelar
las regulaciones excesivas para sincerar los precios de los bienes y
servicios que se transan en el mercado interno, en un marco de
seguridad jurídica y respeto por los derechos económicos que aliente
la actividad productiva, genere empleos, propicie la sana competencia
y reduzca la dependencia de las importaciones. Una política
macroeconómica que procure restablecer los equilibrios básicos en
los distintos mercados habrá de generar el clima de confianza necesario
para la inversión y el crecimiento económico, para beneficio de la
inmensa mayoría de los venezolanos. En este escenario, debe flexibilizarse
el esquema cambiario con miras a la liberación perentoria de todas
las transacciones en moneda extranjera. Por último, es imprescindible
erradicar el financiamiento monetario del déficit del sector público,
tanto directo como indirecto. Felizmente el país cuenta aún con una
importante capacidad para generar ingresos por exportaciones de
petróleo que, lamentablemente, ha sido dilapidada por la política
equivocada de gerencia del sector petrolero y muy especialmente
de PDVSA. Aprovechar la potencialidad de los recursos petroleros, a
través de un manejo acertado de la industria, generaría ingresos que,
inteligentemente empleados, podrán paliar los efectos perniciosos sobre
el nivel de vida de algunos sectores de la población que pudiera
acarrear, transitoriamente, la rectificación de políticas que solicitamos,
así como financiar la inversión en infraestructura y en la mejora
de los servicios para la recuperación del aparato productivo. La
Academia Nacional de Ciencias Económicas reitera su disposición a
colaborar con la formulación de los lineamientos que podrían guiar la
rectificación esperada.
Luis Mata Mollejas, Presidente
Eduardo Ortiz, Secretario
Eduardo Ortiz, Secretario
Caracas, 29 de enero de 2014
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