Provea advierte que política de miedo ha acrecentado protestas
Marino Alvarado prevé que otros sectores se unirán a las manifestaciones iniciadas por los estudiantes
El coordinador del Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, Marino Alvarado, dijo que pese a la represión del Gobierno no han disminuido las protestas estudiantiles, como se evidenció esta semana. Cuestionó la profundización de la criminalización de las protestas como ocurrió el 8 de mayo con el desalojo militar de los campamentos y el miércoles en Altamira, cuando más de un centenar de jóvenes fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cuando manifestaban.
Alvarado consideró que uno de los aspectos más graves de la respuesta del Estado a las manifestaciones en su contra es el encarcelamiento de adolescentes.
"Pese a las cifras de tantos jóvenes detenidos, algunos presos y muchos en libertad condicional y bajo régimen de presentación ante los tribunales, la política de generar miedo a protestar no ha dado resultados", sostuvo.
El activista de derechos humanos cree que, en los próximos días, habrá más manifestaciones no solamente de los estudiantes que reclaman por libertades, protestan por la inseguridad, contra la represión y la escasez; sino que se incorporaran otros sectores.
"No sólo los estudiantes, la gente en los barrios también ha comenzado a protestar por la crisis de los servicios", refirió Alvarado.
Destacó como iniciativas importante, luego de tres meses de protestas, la instalación de comités de solidaridad por la libertad de los presos políticos. Alvarado contó que con el comité creado en el estado Bolívar, hasta ahora, hay dos; el primero se instaló en Caracas, pero se prevé se extiendan a todo el país. Refirió que en el de Bolívar además de Provea, el Foro Penal y familiares de las victimas hay representantes de la Iglesia y de otros sectores.
Balance. El Foro Penal Venezolano informó que hasta ayer a las 4:00 pm el número de presos desde el inicio de las protestas en febrero es de 172. A 1.797 asciende el número de ciudadanos bajo libertad condicional y con presentación periódica ante los tribunales en varios estados del país. La ONG registra 3.068 detenidos, de los cuales 197 son menores de edad.
La presidenta de la Fundación para el Debido Proceso, Jacqueline Sandoval, dijo que la organización registra 180 detenidos entre los cuales están figuran dirigentes políticos, alcaldes, estudiantes y otros manifestantes en guarimbas, así como los apresados durante allanamientos.
Sandoval denunció como ilegal que a los estudiantes detenidos durante el desalojo de los campamentos se les haya quitado la cédula de identidad. Dijo que es muchos casos las autoridades han botado el documento por maldad hacia los detenidos. Mientras sacan sus nuevas cédulas los detenidos presentan copia del documento y, en algunos casos, una fotografía carnet.
La consejera estudiantil de la ULA y coordinadora del Frente Universitario de Voluntad Popular, Gaby Arellano, acudió ayer a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en El Helicoide.
"Es aquí en El Helicoide donde se le están cercenando todos los derechos a mis compañeros, entre ellos Sairam Rivas, Gerardo Carrero, Douglas Morillo y todos los demás quienes dejaron las aulas de clase para salir a luchar por un mejor país, por la libertad y los derechos de todos los ciudadanos.
Hoy en Venezuela se invierten nuestros recursos en crear un Estado de contrainteligencia, de vigilancia para todo aquel que piense distinto. Hoy no detienen a uno o a dos, hoy se llevan a centenares de estudiantes a Uribana, al Rodeo, al INOF, mientras la delincuencia sigue campante. Tendrán que construir miles de cárceles para apresar a quienes seguiremos en la calle", sostuvo Arellano.
Alvarado consideró que uno de los aspectos más graves de la respuesta del Estado a las manifestaciones en su contra es el encarcelamiento de adolescentes.
"Pese a las cifras de tantos jóvenes detenidos, algunos presos y muchos en libertad condicional y bajo régimen de presentación ante los tribunales, la política de generar miedo a protestar no ha dado resultados", sostuvo.
El activista de derechos humanos cree que, en los próximos días, habrá más manifestaciones no solamente de los estudiantes que reclaman por libertades, protestan por la inseguridad, contra la represión y la escasez; sino que se incorporaran otros sectores.
"No sólo los estudiantes, la gente en los barrios también ha comenzado a protestar por la crisis de los servicios", refirió Alvarado.
Destacó como iniciativas importante, luego de tres meses de protestas, la instalación de comités de solidaridad por la libertad de los presos políticos. Alvarado contó que con el comité creado en el estado Bolívar, hasta ahora, hay dos; el primero se instaló en Caracas, pero se prevé se extiendan a todo el país. Refirió que en el de Bolívar además de Provea, el Foro Penal y familiares de las victimas hay representantes de la Iglesia y de otros sectores.
Balance. El Foro Penal Venezolano informó que hasta ayer a las 4:00 pm el número de presos desde el inicio de las protestas en febrero es de 172. A 1.797 asciende el número de ciudadanos bajo libertad condicional y con presentación periódica ante los tribunales en varios estados del país. La ONG registra 3.068 detenidos, de los cuales 197 son menores de edad.
La presidenta de la Fundación para el Debido Proceso, Jacqueline Sandoval, dijo que la organización registra 180 detenidos entre los cuales están figuran dirigentes políticos, alcaldes, estudiantes y otros manifestantes en guarimbas, así como los apresados durante allanamientos.
Sandoval denunció como ilegal que a los estudiantes detenidos durante el desalojo de los campamentos se les haya quitado la cédula de identidad. Dijo que es muchos casos las autoridades han botado el documento por maldad hacia los detenidos. Mientras sacan sus nuevas cédulas los detenidos presentan copia del documento y, en algunos casos, una fotografía carnet.
La consejera estudiantil de la ULA y coordinadora del Frente Universitario de Voluntad Popular, Gaby Arellano, acudió ayer a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en El Helicoide.
"Es aquí en El Helicoide donde se le están cercenando todos los derechos a mis compañeros, entre ellos Sairam Rivas, Gerardo Carrero, Douglas Morillo y todos los demás quienes dejaron las aulas de clase para salir a luchar por un mejor país, por la libertad y los derechos de todos los ciudadanos.
Hoy en Venezuela se invierten nuestros recursos en crear un Estado de contrainteligencia, de vigilancia para todo aquel que piense distinto. Hoy no detienen a uno o a dos, hoy se llevan a centenares de estudiantes a Uribana, al Rodeo, al INOF, mientras la delincuencia sigue campante. Tendrán que construir miles de cárceles para apresar a quienes seguiremos en la calle", sostuvo Arellano.
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