lunes, 18 de julio de 2011

Que los abogados sean como los de antes, no los tahures que se han vuelto

El Carabobeño 15 julio 2011

Celeridad judicial resolvería hacinamiento carcelario

En Tocuyito están recluidos 3.800 ciudadanos pero sólo caben 900. (Foto Archivo)

Víctor Hernández Rampini

El hacinamiento de reclusos que se vive en las principales cárceles del país representa una pena adicional a la ya impuesta a los privados de libertad. Esta población ha denunciado reiteradas veces tratos crueles e inhumanos, así como condiciones de vida inestables dentro de estos recintos. Para el director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, "el problema no son los presos sino el Estado, al que se le escapó de las manos la situación del sistema penitenciario y no hace nada para solventarla".

Según cifras destacadas por Prado, en el país existen 40 mil personas internas en los distintos centros penitenciarios, aunque la capacidad total es de sólo 10 mil. Explica que la situación es una cadena que se origina desde el retardo procesal, y concluye con el hacinamiento que genera condiciones inhumanas para la convivencia, corrupción y violencia dentro de las cárceles, factores que entorpecen el cumplimiento de la pena.

En octubre de 2010, dentro de la Mínima de Carabobo, también conocida como Tocuyito, los reclusos realizaron una protesta para denunciar el hacinamiento y presunto maltrato físico y psicológico que recibían por parte de los integrantes de la Guardia Nacional (GN), organismo de seguridad encargado de la custodia del recinto desde la fuga de un delincuente de esa cárcel en el mes de agosto de ese año.

El abogado defensor de uno de los huelguistas, Antonio Molina, declaró en ese momento que los custodios "habrían golpeado reiteradamente" a los presos, rompiendo sus pertenencias y suspendiendo las visitas para castigarlos.

El 12 de junio de este año, la crisis penitenciaria del país se vio agravada cuando 22 reos fueron asesinados en la cárcel de El rodeo I, situación que continuó en El Rodeo II, donde los privados de libertad se resistieron durante 26 días a un cerco militar de 5.000 funcionarios que culminó el pasado 13 de julio, cuando además resultarían ultimados tres policías y diez reos.

El ex director nacional de prisiones, Antonio Marval, explica que la crisis también derivó del retardo procesal, revelando que de los 40 mil reclusos del país, sólo 20% están penados, mientras que el 80% de ellos permanece en situación de procesados.

A esta aseveración, la abogada Adelba Taffin, ex presidenta del Colegio de Abogados de Carabobo, agrega que el mal funcionamiento de la Fiscalía del Ministerio Público ha afectado la celeridad de los casos y el debido proceso, agudizando de esta manera la negativa al derecho de defensa y libertad de miles de ciudadanos.

"La población penitenciaria y el índice de criminalidad ha aumentado de manera significativa durante los últimos años, y tenemos el mismo número de fiscalías y funcionarios del derecho. Esto crea un obstáculo cuando se va a realizar la audiencia, porque los fiscales no se presentan y esto significa un nuevo diferimiento de la audiencia para el procesado que pasa a formar parte de este hacinamiento", asegura Taffin.

La abogada advierte que estos atrasos ponen en riesgo la vida de los procesados por el alto índice de violencia que se vive dentro de los cárceles, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos.

Para Taffin, el retardo jurídico en Carabobo es "alarmante y general", destacando que en todos los tribunales de la entidad el problema es evidente.

"El retardo procesal en el estado es espantoso. Los tribunales no sustancian nada, los abogados van a ciegas y no hay quién les busque o les consigan los expedientes. Aquí se evidencia un gran desprecio hacia los derechos de los ciudadanos, incluyendo el de los niños y adolescentes, porque en todos los tribunales del estado pasa esto", destaca la profesional del derecho.

Según denuncias realizadas por el gobernador Henrique Fernando Salas, en la cárcel de Tocuyito se encuentran recluidos 3.800 ciudadanos, mientras que el recinto está diseñado para albergar sólo a 900. De este elevado número, cerca del 74% está a la espera de una sentencia.

Policarabobo no escapa de esa realidad

El secretario de Seguridad del Gobierno regional, Carlos Emiro Méndez, denunció que dentro de las instalaciones de la dirección general de la Policía de Carabobo se encuentran detenidos un gran número de ciudadanos a quienes no se les ha realizado audiencia. Algunos tienen más de seis meses en el lugar.

"Estos calabozos están diseñados para ser retenes de paso, en los que los ciudadanos no deberían permanecer detenidos por más de cinco días. Sin embargo algunos tienen hasta seis meses porque los fiscales y jueces han ordenado que deben permanecer aquí mientras culmina el proceso de presentación o traslado", aseguró Méndez.

OMAIRA CAMACHO, DEFENSORA PÚBLICA GENERAL
"No se puede mandar gente a la cárcel de forma indiscriminada"

"Hemos solicitado el otorgamiento de medidas cautelares y beneficios procesales a 698 personas que están privadas de su libertad en Miranda, Vargas y Caracas (...) Esperamos la decisión de los jueces"

Para Omaira Camacho hay que tomar medidas para evitar el retardo procesal VICENTE CORREALE
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JUAN FRANCISCO ALONSO , OMAIRA CAMACHO , DEFENSORA PÚBLICA GENERAL | EL UNIVERSAL
domingo 17 de julio de 2011 12:00 AM

La resolución de la crisis de El Rodeo, la cual mantuvo en vilo al país durante casi un mes, llegó en buen momento para la defensora pública general, Omaira Camacho, pues ayer se celebró el día de aquellos abogados al servicio del Estado que se encargan de representar a los ciudadanos investigados o procesados que no cuentan con recursos para pagar a un abogado privado.

Con motivo de la ocasión, la cual fue festejada en Caracas con una ofrenda floral al Libertador y una misa de acción de gracias, la funcionaria concedió una entrevista a El Universal en la cual habló sobre las consecuencias que dejó el motín ocurrido en la cárcel mirandina y sobre las medidas que se adoptarán o, a su juicio, deberían adoptarse para evitar que este tipo de situaciones se repita.

-A raíz de la situación que se presentó en El Rodeo se volvió a hablar de otorgarle a los procesados y penados que se encuentran en las cárceles los beneficios que el Código Orgánico Procesal Penal establece. ¿Qué se ha avanzado en ese sentido?

-Nosotros hemos solicitado el otorgamiento de medidas cautelares y beneficios procesales para 698 personas privadas de libertad. Esto ya fue entregado al Consejo Superior Penitenciario, donde el Ministerio del Interior y Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública hemos venido trabajando en forma conjunta para atender la crisis carcelaria. Esas 698 medidas son para personas que se encuentran recluidas en prisiones de Miranda, Vargas y Caracas; y ahora estamos a la espera de las decisiones de los jueces.

-¿Usted cree que estas medidas serán otorgadas?

-Sí, es más en el día miércoles el Consejo Superior Penitenciario estuvo reunido y allí se le dieron lineamientos a los jueces y fiscales para que entreguen medidas cautelares sustitutivas de libertad (prohibición de salida del país, presentación periódica ante los tribunales, etc.) en aquellos casos donde los delitos cometidos no tengan penas superiores a cinco años y para que acuerden también fórmulas alternativas de cumplimiento de condenas (régimen abierto, destacamento de trabajo o libertad condicional) para los sentenciados por delitos que tampoco superen a los cinco años de cárcel. Estos lineamientos ya fueron dados.

-Estos anuncios de excarcelaciones generan preocupación en algunos sectores, porque hay quienes temen que se pretenda resolver el problema del hacinamiento liberando presos en masa.

-Eso no va a ocurrir. No vamos a resolver un problema creando otro, pero es necesario tomar medidas porque debemos actuar en el marco de la ley y nuestra ley establece que hay que presumir la inocencia de la persona y que las personas tienen el derecho a ser juzgadas en libertad.

Sin embargo, eso no se venía dando y era necesario que todos los que formamos parte del sistema de justicia entendiéramos que no todas las personas sospechosas de cometer un delito deben ser privadas de libertad ni que todos los condenados deben ir a una cárcel, porque eso genera otros problemas como el hacinamiento. La privación de la libertad es una situación bien seria.

-¿Cree en verdad que los jueces y fiscales atenderán este lineamiento, pues en la práctica en Venezuela la privación de la libertad es la norma y no la excepción como establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)? ¿Cree que dejarán de enviar a la cárcel a las personas que se robaron dos empanadas, que se cayeron a golpes en la calle o que cometieron una estafa?

-Bueno ya hay unos lineamientos, ahora hay que esperar que todos los cumplamos, porque sino aún cuando creemos más cárceles nunca resolveremos el problema de fondo. Yo puedo garantizar que desde la Defensa Pública haremos lo necesario para que se cumplan esos lineamientos. Si bien es cierto que una persona que delinca necesita una sanción, también es cierto que debemos ponderar la gravedad de los delitos para que ver quién debe ir a la cárcel.

-Pero esta forma de aplicar la ley no es nueva y hasta cierto punto parece que responde a la exigencia de la sociedad porque haya castigo a la delincuencia. ¿No sería necesario explicarle a la gente este cambio para evitar que se incremente la sensación de impunidad y de desprotección?

-Cada institución tiene que asumir su responsabilidad. La Defensa Pública no ha parado de hacer ver una situación como esta y hemos advertido que no podemos seguir mandando gente a la cárcel de forma indiscriminada, sino que debemos analizar cada caso, porque cada uno es diferente.

-Otra causa de la crisis carcelaria es el retardo procesal. ¿Qué medidas considera que habría que tomar para ir superando esto?

-Ciertamente tenemos que tomar medidas para evitar la no comparecencia de los imputados a las audiencias, es decir hay que garantizar que haya vehículos para llevar a los procesados y condenados desde las cárceles hasta los tribunales; y que los fiscales acudan a las audiencias, lo mismo que los defensores privados y públicos. Sobre los defensores públicos debo asegurar que los retardos atribuibles a ellos son mínimos.

Para evitar demoras debemos tomar en cuenta el incremento de personal (jueces, defensores, fiscales, policías, custodios de cárceles) y para eso es necesario más recursos.

-Para reducir el número de diferimientos de audiencias se requiere un esfuerzo de coordinación y para ello es necesario reunirse. Sin embargo, instancias como la Comisión del Sistema de Justicia, creada en una ley para que todos los actores de la administración de justicia se sienten y aborden los asuntos relacionados con él, no ha tenido la primera reunión. ¿No sería bueno que ella se activara?

-Todos los momentos para reflexionar y mejorar son buenos, pero nosotros nos hemos venido reuniendo permanentemente en el Consejo Superior Penitenciario. Nos hemos visto las caras y nos hemos dicho donde hemos fallado. Eso no se había logrado y lo estamos haciendo, porque no podemos pelotearnos la situación diciendo que eso es responsabilidad de aquel o de este, pues todos somos parte de un sistema y debemos trabajar en forma engranada.

-Decir que el problema de es todos no es otra forma de decir que no es de nadie, pues no se puede individualizar las culpas.

-¿Qué ganamos con decir que es un problema de uno o de otro, cuando este es un asunto tan complicado?

-Usted dice que se necesitan más jueces, fiscales y obviamente defensores públicos. ¿Ha recibido los recursos necesarios para incrementar el número de abogados que deben representar a quienes no pueden costearse uno privado?

-El presupuesto adecuado no está y por ello solicitamos un crédito adicional, porque hay una gran necesidad de que ingresen a la Defensa Pública más personas, sobretodo al área penal. Nosotros atendemos a casi el 80% de las personas sometidas a procesos penales.

-¿Cuántos defensores quisiera incorporar este año?

-En el crédito adicional pedimos recursos para sumar unos 200 defensores antes de finalizar el año.

-¿Todos serían para el área penal?

-No, para todas las áreas, porque nosotros no sólo debemos garantizarle representación a las personas sometidas a procesos penales sino también en otras áreas (civiles, agraria, indígena, contencioso administrativa).

-¿Usted cree que iniciativas como la de los jueces itinerantes ayudan a superar el retraso procesal?

-Sí, bastante

-¿Apoyaría que los jueces de Ejecución e incluso los de Juicio y de Control despachen desde los penales para evitar los retardos?

-Sí, eso es necesario. Así evitaríamos que por la falta de transporte para llevar a los presos los procesos se paralicen.

-¿Qué otras medidas cree que son necesarias adoptar para mejorar la situación de las cárceles?

-También debemos mejorar la infraestructura carcelaria. No podemos seguir teniendo unas cárceles diseñadas para 300 personas en las que haya más de mil. La experiencia de la cárcel de Coro se debe repetir. Asimismo se debe preparar y seleccionar al personal que labora en las cárceles y se les debe dar incentivos adecuados para evitar la conformación de mafias. Igualmente se necesita que los equipos del Ministerio del Interior encargados de evaluar el comportamiento de los privados de libertad estén conformados por un número suficiente de personas, para evitar que los exámenes psicopsociales necesarios para el otorgamiento de medidas alternativas para el cumplimiento de las condenas sean una excepción y se vuelvan algo cotidiano.