Tibisay: ¿árbitro de quién?
JOSÉ MAYORA | EL UNIVERSAL
viernes 19 de abril de 2013 12:00 AM
Las elecciones del pasado domingo fueron diferentes. La ausencia de HCF y el hecho de ser la segunda realizada para poder dar inicio al frustrado período 2013-2019, le añadieron novedad. Adicionalmente, fue el día donde se observó la mayor agresividad oficial de cualquier elección celebrada hasta el momento.
Al final del proceso, el estrecho margen resultante dejó lugar a dudas en ambos bandos. Habida cuenta de ello, lo que se pudo resolver mediante un diálogo democrático, ha devenido en una crisis propicia para la ingobernabilidad. En este preocupante escenario, no me cabe la menor duda que el CNE tiene una muy alta cuota de responsabilidad: ¿torpeza o acto calculado?
Constitucionalmente, el CNE es un poder autónomo como el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, considerado como un árbitro, denominación que me luce inadecuada. En la literatura respectiva, este vocablo tiene varias acepciones: en competencias deportivas quien administra reglamentos; persona cuyo criterio es considerado una autoridad; persona que arbitra en conflictos. En esta última acepción el árbitro toma decisiones, fuera de la justicia ordinaria, que son acatadas por los involucrados. Aceptando su papel de árbitro, lo único que le corresponde al CNE es la experta administración de la normativa respectiva.
El sufragio es una actividad común en cualquier democracia, ejercido regularmente. En Venezuela, la actividad electoral tiene una frecuencia inusitada, que amerita de una institución confiable para organizar comicios transparentes. Por cierto, esta frecuencia no hace de Venezuela una mejor democracia.
En estricto sentido, la organización de unos sufragios es un servicio prodigado por un ente burocrático (CNE), que no les impone condiciones a los ciudadanos, sino que trabaja para ellos, de allí que toda mejora en sus operaciones tenga como finalidad optimizar la prestación del servicio.
Esta concepción de servidor público parece no funcionar para el CNE el que, al considerarse un poder, asume una postura soberbia con relación a quienes debe servir.
El CNE es el administrador de unas normas, no el intérprete discrecional de las mismas. De acuerdo con este principio, no puede negarse a la solicitud de revisión del resultado electoral formulada por los ciudadanos que representan a una minoría, abundante por demás.
Equivoca su papel cuando se pone por encima de los ciudadanos, a quienes debe servir, tomando decisiones que contribuyen con la conflictividad social.
Le corresponde contabilizar resultados, garantizar que los mismos sean veraces y lograr confianza en los electores. Si el reconteo de los votos de una elección es lo más conveniente para que el resultado satisfaga a los actores involucrados, no se puede negar a despejar las dudas.
Como poder autónomo, debe atender las solicitudes del pueblo, de cuya soberanía participan las mayorías y las minorías.
La decisión de quién gana o quién pierde una elección, le corresponde al elector, no al CNE. A él le corresponde hacer la contabilidad de los votos mediante procedimientos confiables y anunciar la decisión de los ciudadanos.
Los sistemas electorales, manuales o sofisticados tecnológicamente, no son ni buenos ni malos. Lo que sí es cierto es que el mejor sistema electoral es aquél que le merece la mayor confianza a los ciudadanos.
Flaco servicio se le hace al Estado de Derecho, cuando se tuercen las instituciones de servicio público, ¡verdad Tibisay!
Mayora.j@gmail.com
Fraude, trampa y engaño es lo mismo.
O sea, fraude es la trampa o el engaño de una o más personas con el objetivo de apoderarse de un patrimonio que no les corresponde. Y es un delito.
Hay varios tipos de fraude, pero 3 son grupales: el Procesal, propio de los procesos judiciales o administrativos. El Económico, inherente a las transacciones financieras. Y el Informático, relacionado con "la incorrecta modificación del resultado de un procesamiento automatizado de datos, mediante la alteración de los datos que se introducen o ya contenidos en el ordenador, en cualquiera de las fases de su procesamiento o tratamiento informático, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros". R Casanova.
De los 3, el fraude Informático es el delito con mayor incremento en los últimos tiempos, en parte por el avance electrónico en el manejo de todos los aspectos de la vida social, y en parte por la complejidad en los procesos informáticos, que permite delitos complicados, no tradicionales y difíciles de detectar en ocasiones. Son comunes en la banca, cajeros electrónicos y, recientemente, en procesos electorales con sistemas automatizados.
Los fraudes electrónicos son múltiples. Pero, se pueden resumir en 12 tipos de delitos, según Parker, citado por Saucedo Abogados: por introducción de datos falsos. Método del caballo de Troya o Troyan Horse. Técnica del Salami o rounding down. Superzapping. Puertas falsas o Traps Doors. Bombas lógicas. Ataques asíncronos o asynchronous attacks. Recogida de información residual. Divulgación no autorizada de datos no reservados o data leakage. Acceso a información no autorizada. Pinchado de líneas. Y simulación de situaciones y modelos. La descripción de cada uno de esos delitos, lamentablemente, no será publicado en este artículo por razones de espacio.
Sin embargo, ante la delicada situación de Venezuela con la denuncia de la oposición sobre fraude en las elecciones del 14 de abril, es de interés particular revisar los fraudes electorales.
En este sentido, podemos comenzar recordando 2 aspectos: los fraudes electorales son delitos electrónicos, por estar sustentados en plataformas de informática. Y la lista de técnicas posibles para ejecutar el fraude, es larga. Esto quiere decir que las personas responsables de fraude electoral son delincuentes, que deben ser procesados por las leyes del país. Y que muchas técnicas para cometer fraude electrónico ya se encuentran identificadas.
Por ejemplo, algunas técnicas comunes aparecen publicadas en Fraude Electoral, sección Técnicas, de Wikipedia. Y serían: por suplantación del elector, caída intencional de la red para manipular los resultados, complicidad interna de los organismos electorales para ocultar evidencias del fraude, control de los medios de comunicación para hacer creer que el resultado fraudulento es legítimo, adulteración de las actas de la elección modificando los números de sus resultados reales, cambio del centro de votación sin previo aviso, y 9 delitos más.
O sea, en pocas palabras: el sistema electoral blindado no existe. WikiLeaks.
Pero los vientos de fraude electoral de cualquier país tienen una salida: la revisión de todo el "blindaje" del proceso electoral, con la nueva contabilización de los votos. Y un solo camino: recuperar la confianza de la población electoral y de la comunidad internacional para lograr legitimar el gobierno.
Porque, al fin y al cabo, en palabras de mi pueblo: cuentas claras conservan amistades.
Que así sea.
riverovfrancisco@hotmail.com
@friverovalera
Al final del proceso, el estrecho margen resultante dejó lugar a dudas en ambos bandos. Habida cuenta de ello, lo que se pudo resolver mediante un diálogo democrático, ha devenido en una crisis propicia para la ingobernabilidad. En este preocupante escenario, no me cabe la menor duda que el CNE tiene una muy alta cuota de responsabilidad: ¿torpeza o acto calculado?
Constitucionalmente, el CNE es un poder autónomo como el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, considerado como un árbitro, denominación que me luce inadecuada. En la literatura respectiva, este vocablo tiene varias acepciones: en competencias deportivas quien administra reglamentos; persona cuyo criterio es considerado una autoridad; persona que arbitra en conflictos. En esta última acepción el árbitro toma decisiones, fuera de la justicia ordinaria, que son acatadas por los involucrados. Aceptando su papel de árbitro, lo único que le corresponde al CNE es la experta administración de la normativa respectiva.
El sufragio es una actividad común en cualquier democracia, ejercido regularmente. En Venezuela, la actividad electoral tiene una frecuencia inusitada, que amerita de una institución confiable para organizar comicios transparentes. Por cierto, esta frecuencia no hace de Venezuela una mejor democracia.
En estricto sentido, la organización de unos sufragios es un servicio prodigado por un ente burocrático (CNE), que no les impone condiciones a los ciudadanos, sino que trabaja para ellos, de allí que toda mejora en sus operaciones tenga como finalidad optimizar la prestación del servicio.
Esta concepción de servidor público parece no funcionar para el CNE el que, al considerarse un poder, asume una postura soberbia con relación a quienes debe servir.
El CNE es el administrador de unas normas, no el intérprete discrecional de las mismas. De acuerdo con este principio, no puede negarse a la solicitud de revisión del resultado electoral formulada por los ciudadanos que representan a una minoría, abundante por demás.
Equivoca su papel cuando se pone por encima de los ciudadanos, a quienes debe servir, tomando decisiones que contribuyen con la conflictividad social.
Le corresponde contabilizar resultados, garantizar que los mismos sean veraces y lograr confianza en los electores. Si el reconteo de los votos de una elección es lo más conveniente para que el resultado satisfaga a los actores involucrados, no se puede negar a despejar las dudas.
Como poder autónomo, debe atender las solicitudes del pueblo, de cuya soberanía participan las mayorías y las minorías.
La decisión de quién gana o quién pierde una elección, le corresponde al elector, no al CNE. A él le corresponde hacer la contabilidad de los votos mediante procedimientos confiables y anunciar la decisión de los ciudadanos.
Los sistemas electorales, manuales o sofisticados tecnológicamente, no son ni buenos ni malos. Lo que sí es cierto es que el mejor sistema electoral es aquél que le merece la mayor confianza a los ciudadanos.
Flaco servicio se le hace al Estado de Derecho, cuando se tuercen las instituciones de servicio público, ¡verdad Tibisay!
Mayora.j@gmail.com
Más sobre la cubanización
MARCOS CARRILLO | EL UNIVERSAL
viernes 19 de abril de 2013 12:00 AM
La cubanización del país sigue tratándose de imponer aceleradamente. Aquello que algunos llegaron a llamar "dictablanda" desaparece rápidamente para tratar de imponer un régimen totalitario propio del comunismo de los años sesenta como el que persiste en la isla. La carencia institucional se profundiza y la falta de recato, que caracterizó al régimen de Chávez, se exacerba hasta llegar a una impudicia verdaderamente pornográfica.
La crisis que se plantea es compleja y tiene que ver con todas las instituciones políticas. Evidentemente, en su epicentro se encuentra un CNE ampliamente deslegitimado por sus propias rectoras, abiertas militantes del partido de gobierno, cuya desvergüenza de colección llegó al delirio cuando la impresentable presidenta del órgano se paseó durante los funerales de Chávez con un brazalete alusivo a su apoyo al golpe del 04 de febrero de 1992.
Tal actitud es respaldada por la presidenta del TSJ quien no sólo ha reiterado su incondicionalidad a una parcialidad sino que afirma que las papeletas no tienen ningún valor para una verificación, contraviniendo abiertamente lo dispuesto por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tal y como lo observó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en su contundente comunicado.
La crisis se agudiza por el ataque de pánico del que sufre Maduro. Sabe que el cargo le queda inmenso y que carece del liderazgo necesario dentro y fuera de su partido. Su poder es tan precario que no puede ni siquiera tomar decisiones sobre sus colaboradores sin pisar callos. Su único apoyo real es el régimen cubano. De allí su radicalización y su falta de tino en las decisiones políticas que ha tomado, siguiendo las órdenes de un dictador que no entiende el funcionamiento de la democracia.
El espacio natural para dirimir estas controversias es sin duda la AN. No obstante, en un giro sin precedentes en la historia patria, el presidente de ese órgano da la espalda a la voluntad popular y niega el derecho de palabra a diputados que representan a la mitad de la población. Este insólito hecho tuvo como secuela la agresión física a dos de los representantes del sector democrático. Así, el espacio cuya razón de ser es el diálogo civilizado, se convierte en arena de discriminación abierta y dominado por un grupo de "desbocados" -tal y como se autocalificó un amenazante Diosdado Cabello- dispuestos a acabar con la democracia.
La única salida plausible a este Estado provocado por quienes detentan ilegítimamente los poderes públicos es la relegitimación de cada uno de ellos. Si se quiere paz para el país y evitar una confrontación de consecuencias impredecibles, es una obligación indelegable de la AN nombrar un CNE, un TSJ, un Poder Ciudadano imparciales y con alta capacidad técnica.
Cualquiera que lea esta propuesta dirá que es una ingenuidad inaceptable. Puede que sea cierto, eso nos da una idea de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Si no tenemos instituciones independientes, si no se permite ejercer el derecho de libre manifestación pacífica, si no se puede dialogar, si ante la expresión pacífica de ideas se amenaza con la agresión de grupos armados, tendríamos que concluir que no hay democracia. Si no se abren vías de diálogo y participación democrática de quienes representan a más de la mitad del país quedan dos opciones: la confrontación abierta o el sometimiento definitivo del sector democrático. Cuba o Venezuela, usted decide.
@carrillomarcos
mrcarrillop@gmail.com
La crisis que se plantea es compleja y tiene que ver con todas las instituciones políticas. Evidentemente, en su epicentro se encuentra un CNE ampliamente deslegitimado por sus propias rectoras, abiertas militantes del partido de gobierno, cuya desvergüenza de colección llegó al delirio cuando la impresentable presidenta del órgano se paseó durante los funerales de Chávez con un brazalete alusivo a su apoyo al golpe del 04 de febrero de 1992.
Tal actitud es respaldada por la presidenta del TSJ quien no sólo ha reiterado su incondicionalidad a una parcialidad sino que afirma que las papeletas no tienen ningún valor para una verificación, contraviniendo abiertamente lo dispuesto por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tal y como lo observó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en su contundente comunicado.
La crisis se agudiza por el ataque de pánico del que sufre Maduro. Sabe que el cargo le queda inmenso y que carece del liderazgo necesario dentro y fuera de su partido. Su poder es tan precario que no puede ni siquiera tomar decisiones sobre sus colaboradores sin pisar callos. Su único apoyo real es el régimen cubano. De allí su radicalización y su falta de tino en las decisiones políticas que ha tomado, siguiendo las órdenes de un dictador que no entiende el funcionamiento de la democracia.
El espacio natural para dirimir estas controversias es sin duda la AN. No obstante, en un giro sin precedentes en la historia patria, el presidente de ese órgano da la espalda a la voluntad popular y niega el derecho de palabra a diputados que representan a la mitad de la población. Este insólito hecho tuvo como secuela la agresión física a dos de los representantes del sector democrático. Así, el espacio cuya razón de ser es el diálogo civilizado, se convierte en arena de discriminación abierta y dominado por un grupo de "desbocados" -tal y como se autocalificó un amenazante Diosdado Cabello- dispuestos a acabar con la democracia.
La única salida plausible a este Estado provocado por quienes detentan ilegítimamente los poderes públicos es la relegitimación de cada uno de ellos. Si se quiere paz para el país y evitar una confrontación de consecuencias impredecibles, es una obligación indelegable de la AN nombrar un CNE, un TSJ, un Poder Ciudadano imparciales y con alta capacidad técnica.
Cualquiera que lea esta propuesta dirá que es una ingenuidad inaceptable. Puede que sea cierto, eso nos da una idea de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Si no tenemos instituciones independientes, si no se permite ejercer el derecho de libre manifestación pacífica, si no se puede dialogar, si ante la expresión pacífica de ideas se amenaza con la agresión de grupos armados, tendríamos que concluir que no hay democracia. Si no se abren vías de diálogo y participación democrática de quienes representan a más de la mitad del país quedan dos opciones: la confrontación abierta o el sometimiento definitivo del sector democrático. Cuba o Venezuela, usted decide.
@carrillomarcos
mrcarrillop@gmail.com
El fraude
FRANCISCO RIVERO VALERA | EL UNIVERSAL
viernes 19 de abril de 2013 12:00 AM
Fraude, trampa y engaño es lo mismo.
O sea, fraude es la trampa o el engaño de una o más personas con el objetivo de apoderarse de un patrimonio que no les corresponde. Y es un delito.
Hay varios tipos de fraude, pero 3 son grupales: el Procesal, propio de los procesos judiciales o administrativos. El Económico, inherente a las transacciones financieras. Y el Informático, relacionado con "la incorrecta modificación del resultado de un procesamiento automatizado de datos, mediante la alteración de los datos que se introducen o ya contenidos en el ordenador, en cualquiera de las fases de su procesamiento o tratamiento informático, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros". R Casanova.
De los 3, el fraude Informático es el delito con mayor incremento en los últimos tiempos, en parte por el avance electrónico en el manejo de todos los aspectos de la vida social, y en parte por la complejidad en los procesos informáticos, que permite delitos complicados, no tradicionales y difíciles de detectar en ocasiones. Son comunes en la banca, cajeros electrónicos y, recientemente, en procesos electorales con sistemas automatizados.
Los fraudes electrónicos son múltiples. Pero, se pueden resumir en 12 tipos de delitos, según Parker, citado por Saucedo Abogados: por introducción de datos falsos. Método del caballo de Troya o Troyan Horse. Técnica del Salami o rounding down. Superzapping. Puertas falsas o Traps Doors. Bombas lógicas. Ataques asíncronos o asynchronous attacks. Recogida de información residual. Divulgación no autorizada de datos no reservados o data leakage. Acceso a información no autorizada. Pinchado de líneas. Y simulación de situaciones y modelos. La descripción de cada uno de esos delitos, lamentablemente, no será publicado en este artículo por razones de espacio.
Sin embargo, ante la delicada situación de Venezuela con la denuncia de la oposición sobre fraude en las elecciones del 14 de abril, es de interés particular revisar los fraudes electorales.
En este sentido, podemos comenzar recordando 2 aspectos: los fraudes electorales son delitos electrónicos, por estar sustentados en plataformas de informática. Y la lista de técnicas posibles para ejecutar el fraude, es larga. Esto quiere decir que las personas responsables de fraude electoral son delincuentes, que deben ser procesados por las leyes del país. Y que muchas técnicas para cometer fraude electrónico ya se encuentran identificadas.
Por ejemplo, algunas técnicas comunes aparecen publicadas en Fraude Electoral, sección Técnicas, de Wikipedia. Y serían: por suplantación del elector, caída intencional de la red para manipular los resultados, complicidad interna de los organismos electorales para ocultar evidencias del fraude, control de los medios de comunicación para hacer creer que el resultado fraudulento es legítimo, adulteración de las actas de la elección modificando los números de sus resultados reales, cambio del centro de votación sin previo aviso, y 9 delitos más.
O sea, en pocas palabras: el sistema electoral blindado no existe. WikiLeaks.
Pero los vientos de fraude electoral de cualquier país tienen una salida: la revisión de todo el "blindaje" del proceso electoral, con la nueva contabilización de los votos. Y un solo camino: recuperar la confianza de la población electoral y de la comunidad internacional para lograr legitimar el gobierno.
Porque, al fin y al cabo, en palabras de mi pueblo: cuentas claras conservan amistades.
Que así sea.
riverovfrancisco@hotmail.com
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