Fernando Luis Egaña ||
Censura que algo queda
El operativo oficial para censurar las informaciones sobre la presunta contaminación del agua, pone de manifiesto dos realidades principales: una, que en el Estado venezolano la separación de poderes no llega ni a decorativa; y otra, que el imperio de la Constitución es tan etéreo como los controles ambientales que deberían aplicar las autoridades. En efecto, el señor Chávez da una orden política y la “autónoma” Fiscalía General la procesa de inmediato, y un “autónomo” tribunal la transmuta en decisión judicial. Todo en pocas horas para que se destaque mejor la “independencia” de los poderes públicos.
¿Y dónde queda la Constitución con la referida decisión tribunalicia? Su artículo 58 consagra lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a expresar sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”... Más claro no canta un gallo: sin que pueda establecerse censura.
Pero no para el tribunal del caso, porque la notoria decisión exige a los medios impresos, radiales, televisivos y digitales que actúen con extrema responsabilidad (...) en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua, debiendo contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente... En pocas palabras, sólo pueden ser difundidas aquellas informaciones sobre la materia que sean validadas por los organismos competentes o gubernativos. Y si esto no es censura, ¿qué es?
Y además, como los organismos competentes de la “revolución bolivarista” no suelen ser abiertos y confiables en el dominio de la información veraz, entonces la censura se impone con más intensidad. Puede que el ministro Hitcher se sienta tranquilo al beber el agua del chorro, pero la abrumadora mayoría de los venezolanos no, y ahora con la censura menos todavía, porque la falta de información fiable no sosiega sino angustia.
Lo cual plantea una consideración de fondo: con el agua ha pasado lo mismo que con la luz, la seguridad, la vialidad o pare usted de contar en el ámbito de los servicios y funciones del Estado nacional. Lo que con tanto esfuerzo se fue construyendo en la Venezuela del siglo XX, se ha ido desmoronando en el XXI.
Ahora bien, de un día para otro se ha hecho visible el efecto de la censura, en especial en medios impresos, radiales y televisivos, porque los “digitales” son mucho más difíciles de restringir. Muchos medios tratarán la temática de la contaminación hídrica con delicadeza de porcelana china, incluso a pesar de las masivas evidencias de deterioro en la calidad del agua.
Siendo la más notoria, desde luego, la necesidad estatal de establecer la censura al respecto. Si la situación presente del sistema de agua “potable” en Venezuela fuera tan maravillosa como alega el ministro Hitcher, bastaría permitir que instancias técnicas independientes -universidades, ONG ambientales, expertos reconocidos- realizaran verificaciones en los reservorios, plantas y acueductos señalados, y ya está. Pero no hay ni atisbo de eso. ¿Por qué será?
Mientras tanto, la censura ejercerá su efecto corrosivo. En los medios porque intimida y distorsiona el periodismo responsable y crítico. En los usuarios de los medios, porque hace más complicado el acceder a la información veraz y oportuna. Y en el conjunto de la sociedad, porque se continúan demoliendo los derechos democráticos. Censura que algo queda, parece ser la orden de arriba. Y lo que queda se acumula en perjuicio de los venezolanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario