Las víctimas invisibles de la violencia que mató a Facundo Cabral
Tras la muerte del cantautor argentino, los guatemaltecos salieron a las calles para protestar contra la violencia
Facundo Cabral ahora leyenda de la música | William Dumont/El Nacional
Cuando la noticia de la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral ya se conocía en todo el mundo, en San José Acatempa, Jutiapa (oriente de Guatemala), Fidelina Boteo Pérez apenas era llamada para reconocer el cadáver de su esposo, Benedicto Arana Castillo, de 34.
La última vez que ella lo vio, pensó que se despedían sólo por el día. Arana había salido a trabajar en una finca cercana. Poco después, unos labriegos hallaron el cuerpo en un camino de terracería. Tenía un balazo de escopeta en el pecho. No le habían robado nada. Sus pertenencias estaban intactas.
Facundo Cabral, de 74 años, fue una de las 16 personas que murieron violentamente en Guatemala, el pasado 9 de julio (casi el promedio diario). Su caso llamó la atención internacional de nuevo hacia Guatemala, el tercer país más violento de Centroamérica (después de Honduras y El Salvador).
Pocas horas después de que Fidelina Boteo reconociera a su esposo, frente a un restaurante en Morales, Izabal (costa del Atlántico), moría acribillado Julio César Ayala González, de 42, jefe local del comando de campaña del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y funcionario de la municipalidad.
Fue la víctima mortal número 19 relacionada con partidos políticos este año (a dos meses de las elecciones generales del 11 de septiembre próximo). Las circunstancias que llevaron a su muerte, según la policía: una riña.
Estas muertes, la de un policía, otros nueve hombres y tres mujeres, el 9 de julio, compartirían una característica con la de Cabral: fueron ocasionadas con armas de fuego.
Violencia: las causas
Los detonantes de la violencia, aun con la disparidad de circunstancias, residen en al menos dos factores: el nivel de impunidad y la circulación de cerca de un millón de armas no registradas en el país.
Por un lado, se consigue justicia solamente en dos de cada cien casos, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Por otro, la mayor disponibilidad de armas conduce a que ocho de cada diez muertes sean ocasionadas con armas de fuego.
El presidente Álvaro Colom afirma que 40% de las muertes tiene relación directa o indirecta con el narcotráfico.
El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, no descarta que los cómplices de los narcos también se dediquen a extorsionar y secuestrar (entre los delitos más denunciados). Muchas muertes están relacionadas con estos delitos cuando las víctimas no pagan los rescates, o aún después de pagarlos. Un número considerable de las extorsiones es atribuido a las pandillas juveniles.
Consecuencias invisibles
La violencia también genera víctimas no contabilizadas: los desplazados internos. En octubre de 2010, ocho familias abandonaron sus casas en Pueblo Nuevo, Zacapa (frontera con Honduras), por la ola de homicidios.
En las zonas marginales capitalinas, las pandillas extorsionan a comerciantes y cuadras completas de propietarios o inquilinos de residencias. Docenas se van a vivir con familiares en otras zonas porque no pueden pagar la extorsión, ni tienen protección policial.
Juan, un albañil de unos 50 años, quien prefirió no ser identificado, dijo a BBC Mundo que él y cinco miembros de su familia huyeron de su casa durante dos meses.
"Nos pedían 60.000 quetzales (unos US$7.800), y ¿cómo íbamos a conseguir tanto dinero?", pregunta Juan, quien con esfuerzos ya había pagado US$500 que le exigían desde México por su hijo, quien figura entre los emigrantes secuestrados y desaparecidos en ese país en 2010. Juan y su familia no supieron más de su hijo, pero regresaron a su casa cuando el sujeto que los extorsionaba en Guatemala fue asesinado por orden de otro pandillero encarcelado.
Actualmente, la unidad que investiga extorsiones y pandillas sólo tiene 80 investigadores. En promedio, cada investigador maneja unos 150 casos, aunque el número total de policías aumentó en la actual administración. Solamente hay un policía por cada 700 habitantes en el país.
Una de cal, una de arena
El caso de Cabral fue un revés para las autoridades que esa semana tuvieron un éxito inusitado: la captura de tres sospechosos de asesinar a dos candidatos a la alcaldía de San José Pinula (a 20 kilómetros de la capital) tres semanas antes. Uno de los detenidos también era candidato a la misma alcaldía.
Victorias como esta pronto son opacadas cuando hay pocos recursos para reducir la violencia.
El ministro Menocal subraya que "lo incautado al crimen organizado casi triplica el monto de fondos anualmente destinados, del presupuesto nacional, a seguridad".
Pero no todo es asunto de dinero. El embajador de EE UU, Stephen McFarland, recalca la necesidad de mejores controles para depurar las fuerzas de seguridad, un proceso con el cual colaboran su país y México.
No es infundada la renuencia en algunas víctimas de hacer denuncias en la comisaría más cercana, por sospechar que los policías son cómplices de los delincuentes. "En un caso, los extorsionistas pedían (a las víctimas) que les dejaran el dinero de las extorsiones enfrente de la comisaría", dijo un detective policíaco a BBC Mundo.
Cambios perceptibles
Julio Lara cubre nota roja para el matutino Prensa Libre desde hace 12 años, durante los cuales ha visto algunos cambios.
"Los hechos son más violentos (como las decapitaciones), entre las víctimas hay más personas de clase media, y hay más víctimas por hecho violento", explicó Lara a BBC Mundo.
"Lo incautado al crimen organizado casi triplica el monto de fondos anualmente destinados, del presupuesto nacional, a seguridad"
Carlos Menocal, ministro de Gobernación
Algunos victimarios también son más jóvenes. "Ahora se ve a muchachos de 14 a 17 años que no miden las consecuencias de lo que hacen", comentó Lara. "Matan a veces hasta por unos tenis (zapatos deportivos) de marca".
Mientras tanto, Colom admite que los victimarios de Cabral son sujetos con trayectoria criminal, capaces de acorralar con tres vehículos la camioneta Range Rover que conducía el empresario Henry Fariña, y en la que viajaba el cantautor; y de evadir la seguridad privada de Fariña.
Pero estos sujetos también hicieron algo más: recordaron a los guatemaltecos lo vulnerables que son ante la violencia, desde quienes pagan seguridad privada, hasta quienes dependen de las fuerzas de seguridad para protegerse.
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