"Nuevo fondo de prestaciones será estafa para trabajadores"
Dirigentes exigen que la medida sea consultada con los trabajadores. (Foto El Carabobeño)
Adriana Chirinos Castro
Con el nuevo Fondo de Prestaciones Sociales que propuso el presidente Hugo Chávez el día en que anunció el aumento salarial, se “expropiará” el crédito laboral de exigibilidad inmediata que establece la Constitución en el artículo 92, sentenció el coordinador nacional de Trabajadores por la Democracia Social, Pablo Castro. Representantes del gremio rechazan la medida luego de observar los antecedentes del Gobierno. "De prosperar la propuesta, será una estafa para los trabajadores".
Castro aseguró que una decisión tan importante no debe hacerse inconsulta del sector afectado. Agregó que se une a la lista de medidas que rechazan los empleados, en donde también se encuentra la desconocida nueva Ley Orgánica del Trabajo.
Observamos el despilfarro que ha habido en los últimos años por el ingreso petrolero y el Gobierno no ha cancelado las prestaciones sociales de los trabajadores, indicó el dirigente. "No se ha implementado un sistema de seguridad social ni ha habido una política dirigida a promover el empleo. Es una expropiación de las prestaciones”.
El antecedente como el Fondo de jubilación de los trabajadores petroleros, alarma a los empleados. Castro recordó que de allí fueron sacados cinco millones de dólares y aún no se han repuesto.
Froilán Barrios, dirigente nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), catalogó al fondo, de concretarse, como “el atraco del siglo en el mundo entero”. Recalcó que el Gobierno tendría el control del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) al poseer los fondos de seis millones 400 mil trabajadores del sector público y privado. También desconfía del Ejecutivo nacional con sus antecedentes. “No hay que especular cómo sería el comportamiento”.
Barrios recordó que el Estado maneja el Fondo de Empleo, en que le quitan al trabajador un 0,5% y no los “vuelven a ver”, descuentan el 1% por el Fondo de Hábitat y Vivienda, un 4% por el IVSS para que le presten un servicio de salud que nadie usa por lo que deben contratar un HCM. En el caso del sector público hay un Fondo Nacional de Jubilaciones y Pensiones que descuentan un 3%.
La garantía sería nula. Barrios relató que los trabajadores de Alcasa se han tenido que encadenar por pedir adelanto de prestaciones sustentado en la Ley Orgánica del Trabajo y los fondos no están ni en los bancos ni en la contabilidad. “Ese es el futuro que espera ahora a todos los trabajadores”.
Medida peligrosa
José Elías Torres, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, consideró la medida como muy “peligrosa”. Alertó a los trabajadores del sector privado y público tienen que estar muy claros y recordar lo que ha sucedido con el dinero de los fondos que se han establecido en el pasado, especialmente en el sector petrolero, así como el capital represado en la Ley de Política Habitacional.
Ante esto, el dirigente sindical se preguntó cuál sería el destino de los fondos de prestaciones sociales en el cual no habría ningún control, sino el mismo Gobierno que va a pagar y se va a dar el vuelto, por ello recomendó que hay que estar muy pendiente de esa situación. “Esto amerita que el movimiento sindical venezolano se siente en una mesa de diálogo a buscar las vías de solución, para tratar de presionar y lograr defender efectivamente este derecho de los trabajadores y del patrimonio de la familia”.
Anauco: es un gran error
Para el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, la iniciativa del Estado para que maneje en un fondo las prestaciones sociales de todos los trabajadores del país es “un error”.
Parilli señaló que el Gobierno ha tenido experiencia en el manejo de fondos sin ningún tipo de control, ni contraloría, entre ellos reservas internacionales y sus traspasos al Fonden.
El vocero recordó las dificultades que tienen los trabajadores públicos para retirar su parte de las prestaciones de las instituciones públicas, por lo que si se amplía la medida a todos los trabajadores del país pudiera traducirse en inconvenientes más graves. “La nueva idea es una forma de buscar liquidez para alimentar las arcas oficiales”.
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