Jueces y fiscales son los que más atacan a la libertad de expresión
Instituto Prensa y Sociedad contabilizó 204 agresiones a periodistas en 2011
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Marianela Balbi y Luisa Torrealba, directora y coordinadora de IPYS, ayer al presentar el informe de la organización VICENTE CORREALE
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 13 de abril de 2012 12:00 AM
Pese a que la Constitución establece que todos los ciudadanos pueden expresarse libremente y prohíbe tajantemente cualquier tipo de censura, esta disposición no se cumple a cabalidad en el país; y buena parte de las ocasiones en la que es violada los autores son los jueces y fiscales, aquellos que precisamente deberían asegurarse porque los venezolanos puedan buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin obstáculos.
Así lo revela el último informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión que el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) difundió ayer y en el cual figura que de los 200 casos de violaciones a este derecho fundamental que contabilizaron entre mayo de 2010 y diciembre de 2011, 24 (12%) fueron ejecutados por los tribunales y el Ministerio Público.
Los ministerios, los simpatizantes del presidente Hugo Chávez, los miembros de la Fuerza Armada, las gobernaciones y el Ejecutivo Nacional, en ese orden, continúan la lista de los organismos más señalados de atacar a esta garantía fundamental. Sin embargo, en el primer lugar, con 28 señalamientos (14%), están personas o grupos desconocidos.
Al revisar los tipos de violaciones registradas, las cuales alcanzaron las 433, pues en cada caso se pudieron cometer varias violaciones, se observa que el 50% de los actos de censura fueron ejecutados por el sistema judicial.
"Los jueces y fiscales en lugar de ser garantes del derecho a la libertad de expresión han adoptado decisiones que restringen o limitan la difusión de ciertos contenidos en clara contravención de lo que establece la Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos", afirmó la coordinadora general del IPYS, Luisa Torrealba.
La activista recordó la orden que el Tribunal 12 de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas giró a finales de 2010 a los diarios El Nacional y Tal Cual, a los cuales les prohibió difundir imágenes de hechos violentos.
La decisión la adoptó ante la solicitud que le formulara el Ministerio Público, organismo que consideró que la publicación de fotografías como las del interior de la morgue de Bello Monte, las cuales aparecieron en ambos periódicos, afectaban los derechos de los niños a educarse y criarse en un clima libre de violencia.
En un primer momento la resolución la resolución judicial prohibía a todos los medios difundir informaciones e imágenes sobre hechos violentos. Sin embargo, la misma fue modificada y posteriormente fue derogada, no sin que antes se hubieran producido reacciones en contra de la misma dentro y fuera del país.
Más procesos
En su reporte, el IPYS también denunció un incremento en el número de procesos e investigaciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación social por informaciones publicadas.
A mediados de 2010 se conoció de la condena a cuatro años de cárcel y la multa millonaria impuesta al periodista carabobeño Francisco Pérez, por un artículo de opinión, la cual posteriormente fue anulada.
Torrealba mostró su preocupación por el hecho de que las autoridades no den pasos para derogar los llamados delitos de desacato (vilipendio, difamación e injuria), tal y como lo ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el contrario aprueben nuevas disposiciones legales o administrativas que dificultan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Por último, la activista expresó su preocupación por nuevos tipos de ataques a periodistas y medios como las violaciones a las cuentas de redes sociales y correos electrónicos; y que los mismos no hayan sido castigados.
En el reporte del IPYS figura que la mitad de los periodistas agredidos eran hombres y el 7 de cada diez eran reporteros, fotógrafos o camarógrafos de los diarios y televisoras del país.
Otro dato es que 8 de cada 10 de las víctimas trabajan en empresas de comunicación privadas y el resto en pertenecientes al Estado o comunitarias.
En el informe también figura que Caracas es la zona más riesgosa para ejercer el periodismo, pues fue allí donde más ataques contra periodistas se registraron (112). En segundo lugar se ubica Barinas (12) y en tercero Zulia (9).
Balbi aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las autoridades para que condenen todo tipo de agresión contra trabajadores de los medios de comunicación y para que castiguen los casos que han ocurrido. JFA
Así lo revela el último informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión que el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) difundió ayer y en el cual figura que de los 200 casos de violaciones a este derecho fundamental que contabilizaron entre mayo de 2010 y diciembre de 2011, 24 (12%) fueron ejecutados por los tribunales y el Ministerio Público.
Los ministerios, los simpatizantes del presidente Hugo Chávez, los miembros de la Fuerza Armada, las gobernaciones y el Ejecutivo Nacional, en ese orden, continúan la lista de los organismos más señalados de atacar a esta garantía fundamental. Sin embargo, en el primer lugar, con 28 señalamientos (14%), están personas o grupos desconocidos.
Al revisar los tipos de violaciones registradas, las cuales alcanzaron las 433, pues en cada caso se pudieron cometer varias violaciones, se observa que el 50% de los actos de censura fueron ejecutados por el sistema judicial.
"Los jueces y fiscales en lugar de ser garantes del derecho a la libertad de expresión han adoptado decisiones que restringen o limitan la difusión de ciertos contenidos en clara contravención de lo que establece la Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos", afirmó la coordinadora general del IPYS, Luisa Torrealba.
La activista recordó la orden que el Tribunal 12 de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas giró a finales de 2010 a los diarios El Nacional y Tal Cual, a los cuales les prohibió difundir imágenes de hechos violentos.
La decisión la adoptó ante la solicitud que le formulara el Ministerio Público, organismo que consideró que la publicación de fotografías como las del interior de la morgue de Bello Monte, las cuales aparecieron en ambos periódicos, afectaban los derechos de los niños a educarse y criarse en un clima libre de violencia.
En un primer momento la resolución la resolución judicial prohibía a todos los medios difundir informaciones e imágenes sobre hechos violentos. Sin embargo, la misma fue modificada y posteriormente fue derogada, no sin que antes se hubieran producido reacciones en contra de la misma dentro y fuera del país.
Más procesos
En su reporte, el IPYS también denunció un incremento en el número de procesos e investigaciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación social por informaciones publicadas.
A mediados de 2010 se conoció de la condena a cuatro años de cárcel y la multa millonaria impuesta al periodista carabobeño Francisco Pérez, por un artículo de opinión, la cual posteriormente fue anulada.
Torrealba mostró su preocupación por el hecho de que las autoridades no den pasos para derogar los llamados delitos de desacato (vilipendio, difamación e injuria), tal y como lo ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el contrario aprueben nuevas disposiciones legales o administrativas que dificultan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Por último, la activista expresó su preocupación por nuevos tipos de ataques a periodistas y medios como las violaciones a las cuentas de redes sociales y correos electrónicos; y que los mismos no hayan sido castigados.
En el reporte del IPYS figura que la mitad de los periodistas agredidos eran hombres y el 7 de cada diez eran reporteros, fotógrafos o camarógrafos de los diarios y televisoras del país.
Otro dato es que 8 de cada 10 de las víctimas trabajan en empresas de comunicación privadas y el resto en pertenecientes al Estado o comunitarias.
En el informe también figura que Caracas es la zona más riesgosa para ejercer el periodismo, pues fue allí donde más ataques contra periodistas se registraron (112). En segundo lugar se ubica Barinas (12) y en tercero Zulia (9).
Balbi aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las autoridades para que condenen todo tipo de agresión contra trabajadores de los medios de comunicación y para que castiguen los casos que han ocurrido. JFA
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