Denunció el diputado Carlos Berrizbeitia
"Más de 81 millones de dólares se gastó Hugo Chávez en giras"
Caracas, marzo 31 (Corresponsalía).- El secretario nacional de Proyecto Venezuela, diputado en la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, denunció que el presidente de la República y su comitiva se gastaron 81 millones 482 mil 500 dólares desde 1999; esa cifra equivale a 350 millones 374 mil 750 bolívares fuertes.
Según destacó el parlamentario carabobeño, la gira por cuatro países de Latinoamérica le cuesta a los venezolanos 700 mil dólares, aparte de los 10 millones de dólares que donó Hugo Chávez a un hospital universitario en Uruguay.
"Para este año, en el Presupuesto Nacional está destinada la suma de 9 millones 500 mil dólares para los viajes del jefe de Estado", explicó.
Berrizbeitia rechazó que el Presidente siga "despilfarrando" el dinero de los venezolanos.
Afirmó que Chávez utiliza los recursos nacionales como su chequera personal, para un proyecto geopolítico.
Detalló que con más de 80 millones de dólares se construyen 17 mil viviendas de 60 metros cuadrados, equipadas, por un costo de 200 mil bolívares fuertes, para más de 68 mil venezolanos (cuatro integrantes por familia). Enfatizó que, con esa cantidad de dinero, también se pudieron fabricar 175 escuelas.
"En los últimos seis años, Chávez ha donado al exterior 19 mil millones de dólares, un promedio de más de tres mil millones de dólares por año. Desde 1999, ha pasado 397 días fuera del país y, en este tiempo, sólo en hospedaje pagó 2 mil 587 millones de dólares, y lo más grave es que estos viajes no han reportado beneficios para los venezolanos", declaró.
Más armas y más impuestos
Añadió que Chávez, en toda su gestión, ha gastado 15 mil millones de dólares en compra de armas a Rusia y otros países, y enfatizó que cada dólar que se deja en el exterior se traduce en menos recursos para los venezolanos.
Debido al cierre de la declaración del Impuesto Sobre La Renta (Islr), Berrizbeitia destacó que el 62% de las donaciones que hace el primer mandatario son financiadas por los venezolanos con el pago de sus impuestos.
Regaló a Mujica en Uruguay, al inefable Evo Morales, a Argentina
Manifestó la Abogada Theresly Malavé
"Urge traslado de ex comisarios a un centro asistencial"
Maracay, Marzo 31 (Paola Donatiello Mazzarri).- La defensa de los Comisarios Lázaro Forero e Iván Simonovis, solicitaron ante el Juzgado Primero de Ejecución del Estado Aragua, el traslado de los comisarios a un centro asistencial, basados en la evaluación médico forense en donde les diagnostican un posible cáncer de próstata y una grave afección lumbar, respectivamente.
"El recrecimiento de la próstata, que presenta el comisario Forero, lo mantiene sometido a fuertes dolores y problemas urinarios, esto sumado al padecimiento de cataratas y tensión ocular que podría causarle un infarto, mientras que las enfermedad crónica de la columna padecida por Ivan Simonovis le provoca fallas motoras en sus extremidades, por lo cual la negativa de la jueza constituye una violación a sus Derechos Humanos" indicó Theresly Malavé, defensora de los comisarios.
La defensora de los ex-funcionarios sentenciados a treinta años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002, emplazó a la jueza Lorena Moreno, a que autorice la atención médica requerida con carácter de urgencia, "ya que hasta ahora solamente ha permitido la realización de evaluaciones en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en el Helicoide, que funciona como su centro de reclusión".
De igual forma, la defensa solicita que le sea entregado el texto de la sentencia de la sala de Casación penal del Tribunal Supremo de Justicia que hace 10 meses ratificó la condena, dándole carácter de sentencia definitivamente firme, para así poder acudir a instancias internacionales.
Por otra parte, según lo acordado entre el ministro de Interior y Justicia, Tareck Al Aissami y los huelguistas de la "operación libertad", la defensa también solicitó al juzgado de ejecución, que le sean otorgados los beneficios procesales correspondientes a dos ex funcionarios de la Policía Metropolitana sentenciados por el caso.
Explica Malavé que "los Funcionarios Arube Pérez Salazar, sentenciado a diecisiete años y diez meses de prisión y Marcos Hurtado a dieciséis años y ocho meses, deberían gozar del beneficio de régimen abierto de cumplimiento de la pena, ya sea presentación periódica o confinamiento territorial, en virtud de haber cumplido más de un tercio de la condena que se les impuso, ya que llevan siete años y once meses privados de libertad".
La defensa acudió a la sede del Palacio de Justicia del estado Aragua, acompañada de un grupo de estudiantes que participó en la huelga de hambre frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, para exigir la libertad de presos políticos.
Nuestros niños de hambre
No siempre, advirtió Maria, fue tan precaria la situación: “Yo coordino la Casa de Alimentación desde el 2004. No son tres días los que tengo en esto. Y puedo decirlo porque lo he vivido: Al principio esto funcionaba bien, y una se alegraba viendo comer completo a niños que nunca habían probado carne en su vida. Pero desde el año 2006 esto se echó a perder…” Apenas tres meses después de habernos dicho eso, ahora María sabe que la carne y el pollo que sus 136 niños extrañaban en sus platos estaban por ahí, pudriéndose en el interior de un contenedor, en algún lugar de la geografía nacional…
No sólo las Casas de Alimentación se han visto afectadas por la escasez de alimentos. Son muchas los planteles en que el “Programa Alimentario Escolar” ha sido restringido o eliminado. De repente, miles de sorprendidas madres vieron llegar sus hijos a casa antes de tiempo, al mediodía. “¿Qué es, muchacho, te ‘jubilaste’? ¿Qué haces aquí tan temprano?”, seguramente preguntó alguna, para escuchar luego la explicación: “No, Má, nos soltaron antes porque no hay almuerzo en la escuela”. En algunas instituciones educativas la situación fue aun peor: El diario La Voz reseñó como en la Escuela Estado Vargas, ubicada en la mirandina población de Santa Lucia, en los Valles del Tuy, el PAE tuvo un abrupto final porque los alimentos que debían convertirse en almuerzo de los niños fueron devueltos a Mercal porque “la harina precocida tenia gusanos, los huevos estaban pasados, las hortalizas y frutas estaban podridas, el queso ya estaba ácido y otros productos tenían cucarachas y excrementos de ratones”…
El caso de los contenedores de PDVAL no puede convertirse en un nuevo episodio de la ofensiva mediática y política de la oposición. Tampoco puede ser asumida por el gobierno como “un errorcito, tu sabes, que se cometió, que le vamos a hacer, pero ya lo estamos corrigiendo”. En realidad el caso de los contenedores llenos de alimentos podridos constituye una clara violación a los derechos humanos de miles y miles de compatriotas pertenecientes a los sectores económicamente más débiles de la población. Resulta evidente, por las monstruosas dimensiones del asunto (más de 120 mil toneladas de alimentos encontrados en mal estado, en más de 3 mil 200 contenedores, por un costo que se estima cercano a los cuatro mil millones de dólares) que esto no puede ser obra de un solo individuo, o de un pequeño grupo de sujetos ineptos.
Pretender convertir este drama en una bandera electoral es hacerle un flaco servicio al país. Intentar ocultar la verdad para “proteger la Revolución” es una claudicación moral gigantesca. Con el caso de los contenedores podridos llegamos, sin darnos cuenta, al límite último de la polarización como excusa.
En realidad el sentido común sugiere que son numerosas las personas e instituciones que debieron interactuar para que algo como esto ocurriera: ¿Quién autorizó la compra de alimentos cercanos a su fecha de vencimiento, en cantidad superior a la capacidad del Estado para almacenarlos y distribuirlos? ¿Quién permitió su almacenamiento en condiciones no idóneas para su conservación y resguardo? ¿Quién ordenó que, ya vencidos los alimentos, estos fueran movilizados para su venta con descuento o para ser distribuidos gratuitamente en operativos proselitistas, como fue denunciado que ocurrió con leche vencida en Aragua? Por último: ¿Quién o quienes dieron la criminal instrucción de quemar o “desaparecer” en basureros estos alimentos en mal estado, convertidos en molestos “cuerpos del delito”?
Las realidades a las que se refieren estas preguntas son graves, muy graves. Pero tan o más grave que esto es que las instituciones que debieran estar buscando las respuestas no solamente no lo hagan, sino que actúen de acuerdo a una pauta orientada a minimizar lo ocurrido, ignorarlo o desviar la atención del público hacia otros temas. El nombre técnico de tal proceder es “encubrimiento”. En eso confían los poderosos sujetos, hasta ahora impunes, implicados en la trama de corrupción de los contenedores podridos. Podridos ellos mismos de poder y prepotencia, siguen exhibiéndose por ahí, con sus escoltas en motocicletas de alta cilindrada, en sus camionetas blindadas y con las franelas rojas “de marca” que suelen usar para ir a las marchas o para salir en televisión...
Pero los centenares de miles de niños y adultos pobres que se quedaron sin comer por esta gigantesca violación a los derechos humanos seguirán esperando que el Presidente de la República (éste que tenemos actualmente, u otro que el pueblo decida darse en libres comicios) decida “exhumar” la verdad, hoy enterrada bajo toneladas de propaganda de uno y otro signo. El pueblo seguirá atento hasta que el Poder, en vez de estar revolviendo de manera irrespetuosa e innecesaria las cenizas del Libertador, use su tiempo y sus recursos para apartar las oscuras y hediondas cenizas de la corrupción a fin de que la verdad resplandezca. La verdad nada más que
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